ÁGUILAS.- El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha pospuesto hasta el primer día de febrero la toma de declaración a los tres funcionarios de la Comunidad Autónoma que se opusieron a la recalificación de los terrenos de la finca La Zerrichera.
Uno de ellos será Remigio Masa, que fue destituido la pasada semana como jefe del servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales. Los otros dos funcionarios son Francisco de Paula Juanes Prats, técnico de apoyo; e Ignacio Rojo Núñez, ingeniero de Montes.
Los tres, junto por su entonces director general, Carlos Brugarolas, firmaron en agosto de 2004 un informe en contra de la recalificación de unos terrenos rústicos dentro de la Red Natura 2000, con protección específica de Lugar de Interés Comunitario y ZEPA.
El informe cerró en un primer momento la puerta al proyecto, reactivado posteriormente sin que mediara otro informe favorable de la Dirección General del Medio Natural.
Por otra parte, el que fue secretario general del PSOE en Águilas, Domingo Martínez, mostró su «sorpresa» al aparecer como imputado según varios medios de comunicación.
Martínez afirma que «a mí nadie me ha notificado ni comunicado nada», y añade que «no tengo nada que temer ni ocultar».
Además, señaló que ya interpuso una querella criminal contra el también socialista Ramón Román, después de que saltara a los medios una información sobre los supuestos cobros ilegales a miembros del partido para que el PSOE local no se opusiera a la recalificación de la polémica finca.
Uno de ellos será Remigio Masa, que fue destituido la pasada semana como jefe del servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales. Los otros dos funcionarios son Francisco de Paula Juanes Prats, técnico de apoyo; e Ignacio Rojo Núñez, ingeniero de Montes.
Los tres, junto por su entonces director general, Carlos Brugarolas, firmaron en agosto de 2004 un informe en contra de la recalificación de unos terrenos rústicos dentro de la Red Natura 2000, con protección específica de Lugar de Interés Comunitario y ZEPA.
El informe cerró en un primer momento la puerta al proyecto, reactivado posteriormente sin que mediara otro informe favorable de la Dirección General del Medio Natural.
Por otra parte, el que fue secretario general del PSOE en Águilas, Domingo Martínez, mostró su «sorpresa» al aparecer como imputado según varios medios de comunicación.
Martínez afirma que «a mí nadie me ha notificado ni comunicado nada», y añade que «no tengo nada que temer ni ocultar».
Además, señaló que ya interpuso una querella criminal contra el también socialista Ramón Román, después de que saltara a los medios una información sobre los supuestos cobros ilegales a miembros del partido para que el PSOE local no se opusiera a la recalificación de la polémica finca.
1 comentario:
Buen artículo de "El Faro":
La batidora de la corrupción
Los escándalos urbanísticos se suceden en la Región desde hace dos años. Los jueces y los políticos se mezclan en un cocktail que ha lanzado municipios como Totana o Los Alcázares a la actualidad nacional
La imagen de una furgoneta policial aparcada en las puertas de un ayuntamiento se está convirtiendo en habitual en la Región de Murcia. Alcaldes detenidos, funcionarios en los juzgados y empresarios se mezclan en una bola de nieve que empezó a rodar el día que se destapó la ‘Operación Malaya’.
Tras el escándalo en el Ayuntamiento de Marbella, la corrupción urbanística saltó al primer plano de la actualidad y la espectacular red que supuestamente ideó el cartagenero Juan Antonio Roca extendió sus tentáculos hasta el municipio de Los Alcázares, donde el presunto cerebro tenía importantes intereses inmobiliarias a través de cuatro sociedades dirigidas por testaferros de su confianza. Al hilo de esta mediática operación en la que también está implicado el promotor cartagenero Tomás Olivo, adornada con la ‘salsa rosa’ que aportan el ex alcalde Julián Muñoz y la cantante Isabel Pantoja, los escándalos urbanísticos han ido saltando en diferentes municipios de la Región.
Los ayuntamientos de Torre Pacheco, Fuente Álamo, Totana y Los Alcázares han sido testigos en menos de un año de cuatro intervenciones judiciales. Los dos primeros han seguido con las declaraciones en el Juzgado de San Javier de sus alcaldes, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa, varios concejales, técnicos municipales y el empresario Facundo Armero, ex socio de la empresa Polaris World que para esclarecer supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. En su investigación, la Guardia Civil recurrió a pinchazos telefónicos antes de requisar numerosa documentación en los ayuntamientos. Este caso, ahora está en manos de la Policía Judicial y fuentes de la investigación apuntan a que en los próximos días podría haber novedades.
Tras el Campo de Cartagena, la acción judicial se trasladó en el mes de noviembre hacia el Guadalentín con el estreno de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los UCO desembarcaron en Totana durante la mañana del 26 de noviembre y registraron varios locales entre ellos la asesoría fiscal de la ex mujer del diputado regional y ex alcalde Juan Morales, expulsado del Grupo Parlamentario Popular. Se ponía en marcha la ‘Operación Tótem’, que hasta la fecha ofrece un balance de quince detenciones en Murcia, Galicia y Madrid de los cuales solo permanece en prisión el actual alcalde, José Martínez Andreo, que ha renunciado a su militancia en el Partido Popular pero que no ha dimitido de su cargo. Durante casi dos meses, la jueza Asunción Navarro con el fiscal José Luis Díaz Manzanera están tratando de esclarecer las oscuras ramificaciones de una supuesta trama de corrupción donde todos los indicios apuntan hacia el ex alcalde y diputado Juan Morales y que aún no ha pasado por los juzgados al escudarse en su condición de aforado. Ahora, con el caso ya en el Tribunal Superior de Justicia en apenas un mes será llamado a declarar y podrá arrojar algo de luz sobre los “supuestos maletines” por reclasificar terrenos en El Raiguero para la construcción de 4.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf.
También en el ojo del huracán se encuentra la tramitación urbanística del plan parcial de La Zerrichera en Águilas donde están imputados altos cargos del Gobierno regional y el alcalde Juan Ramírez. Este proyecto urbanístico desendecadenó en plena precampaña de las elecciones autonómicas una guerra entre el Partido Popular y el Partido Socialista utilizando la corrupción urbanística como una suculenta arma arrojadiza en casi todos los municipios de la Región, con el anuncio casi diario de querellas y apertura de diligencias.
Sobre la mesa hay otros casos como Lo Poyo, Novo Carthago, las obras de Puerto Mayor, la relación entre el ex Jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia y un despacho perteneciente a su familia o el convenio sobre el nuevo hospital del Mar Menor. La corrupción inherente al auge de la construcción también ha llegado a la Región en los últimos años provocando una mezcla explosiva de fiscales, jueces, políticos y empresarios que ha salpicado toda la geografía desde el Guadalentín al Mar Menor.
Publicar un comentario