MURCIA.- La tempestad en torno a la corrupción urbanística no traído, ni mucho menos, la calma. Tras la irrupción en el panorama informativo de los casos de La Zerrichera (Águilas), Tótem (Totana), Ninette (Los Alcázares) y el de los ayuntamientos de Fuente Álamo y Torre Pacheco, aún sin nombre policial, la Justicia tiene entre manos otros once casos, de mayor o menor importancia, que se enmarcan en la misma polémica, según "La Opinión".
Pero, además, en los últimos días se ha reactivado otra investigación judicial en Fortuna, que no tiene que ver con el urbanismo, pero que afecta de forma directa al alcalde, Matías Carrillo, acusado ante el juez por una ex edil de su propio partido, el PP, de comprar votos en las elecciones municipales de 2003.
En total, el número de ayuntamientos de la Región de Murcia que están pendientes de investigaciones judiciales o de los fiscales es de catorce. En esta suma se incluiría a los que están inmersos en asuntos judiciales, aunque el tema de fondo no sea la corrupción urbanística, como son: el citado de Fortuna o el de Alcantarilla, donde el primer edil está acusado de un delito ambiental con una petición de cárcel de seis años.
Además y con un asunto completamente alejado del quehacer diario del ayuntamiento está el de Ojós, donde el alcalde, Francisco Salinas, fue detenido por corrupción de menores.
Estos son, municipio a municipio, los casos que se están investigando por denuncias de los partidos de la oposición, especialmente el PSOE e IU-Los Verdes.
Hay que tener en cuenta que el PP gobierna en 32 ayuntamientos, mientras que el PSOE lo hace en 10. El panorama político se completa con el pacto socialista-popular en Alhama y Ceutí, y con los independientes al frente de Ojós.
ABANILLA: El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos, solicitados por el grupo municipal socialista de Abanilla, han sido falseados, para lo que citó a declarar el pasado 11 de enero y en calidad de imputados, al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia José Enrique Pérez González.
Este funcionario fue el redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denuncia la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.
ARCHENA: El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las en principio programadas, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se haya terminado de urbanizar .
CIEZA: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros.
Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.
MAZARRÓN: El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia lo denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales del partido que dirige el ex alcalde Domingo Valera para que sus ediles apoyaran al equipo de Gobierno del PP. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico.
VILLANUEVA DEL SEGURA: El alcalde, José Luis López de Ayala, fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.
ULEA: El alcalde, José Bolarín Cano, fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad del suegro del primer edil.
SAN JAVIER: El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha presentado un recurso.
MURCIA: Hay al menos dos causas abiertas. La primera atañe a un arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, en excedencia. La Fiscalía lo denunció por supuestamente favorecer a la empresa de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. Bajo sospecha está también el convenio urbanístico para el desarrollo del norte del municipio.
MULA: El ex edil de Urbanismo Leandro Pérez de los Cobos fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos de su propiedad.
PUERTO LUMBRERAS: Un juzgado de Lorca investiga una de las dos denuncias presentadas por socialistas de la anterior corporación. El alcalde, Pedro Antonio Sánchez, acudió de forma voluntaria a declarar y sólo tuvo que responder durante 15 minutos a las preguntas del abogado del PSOE. Juez y fiscal no preguntaron.
CARTAGENA: Esta semana ha transcendido que la Fiscalía ha citado a declarar a tres funcionarios de la Consejería de Desarrollo Sostenible dentro de las investigaciones sobre la tramitación del proyecto Novo Carthago, que prevé la construcción de 7.000 viviendas junto al Mar Menor.- (EPI)
Pero, además, en los últimos días se ha reactivado otra investigación judicial en Fortuna, que no tiene que ver con el urbanismo, pero que afecta de forma directa al alcalde, Matías Carrillo, acusado ante el juez por una ex edil de su propio partido, el PP, de comprar votos en las elecciones municipales de 2003.
En total, el número de ayuntamientos de la Región de Murcia que están pendientes de investigaciones judiciales o de los fiscales es de catorce. En esta suma se incluiría a los que están inmersos en asuntos judiciales, aunque el tema de fondo no sea la corrupción urbanística, como son: el citado de Fortuna o el de Alcantarilla, donde el primer edil está acusado de un delito ambiental con una petición de cárcel de seis años.
Además y con un asunto completamente alejado del quehacer diario del ayuntamiento está el de Ojós, donde el alcalde, Francisco Salinas, fue detenido por corrupción de menores.
Estos son, municipio a municipio, los casos que se están investigando por denuncias de los partidos de la oposición, especialmente el PSOE e IU-Los Verdes.
Hay que tener en cuenta que el PP gobierna en 32 ayuntamientos, mientras que el PSOE lo hace en 10. El panorama político se completa con el pacto socialista-popular en Alhama y Ceutí, y con los independientes al frente de Ojós.
ABANILLA: El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos, solicitados por el grupo municipal socialista de Abanilla, han sido falseados, para lo que citó a declarar el pasado 11 de enero y en calidad de imputados, al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia José Enrique Pérez González.
Este funcionario fue el redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denuncia la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.
ARCHENA: El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las en principio programadas, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se haya terminado de urbanizar .
CIEZA: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros.
Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.
MAZARRÓN: El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia lo denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales del partido que dirige el ex alcalde Domingo Valera para que sus ediles apoyaran al equipo de Gobierno del PP. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico.
VILLANUEVA DEL SEGURA: El alcalde, José Luis López de Ayala, fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.
ULEA: El alcalde, José Bolarín Cano, fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad del suegro del primer edil.
SAN JAVIER: El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha presentado un recurso.
MURCIA: Hay al menos dos causas abiertas. La primera atañe a un arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, en excedencia. La Fiscalía lo denunció por supuestamente favorecer a la empresa de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. Bajo sospecha está también el convenio urbanístico para el desarrollo del norte del municipio.
MULA: El ex edil de Urbanismo Leandro Pérez de los Cobos fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos de su propiedad.
PUERTO LUMBRERAS: Un juzgado de Lorca investiga una de las dos denuncias presentadas por socialistas de la anterior corporación. El alcalde, Pedro Antonio Sánchez, acudió de forma voluntaria a declarar y sólo tuvo que responder durante 15 minutos a las preguntas del abogado del PSOE. Juez y fiscal no preguntaron.
CARTAGENA: Esta semana ha transcendido que la Fiscalía ha citado a declarar a tres funcionarios de la Consejería de Desarrollo Sostenible dentro de las investigaciones sobre la tramitación del proyecto Novo Carthago, que prevé la construcción de 7.000 viviendas junto al Mar Menor.- (EPI)
4 comentarios:
La Opinión ha realizado una información demasiado parca de la situación. En azogue.net hay bastante más. El fondo de la cuestión no es solamente el judicial, sino si se considera la vivienda como derecho o como negocio. Y si es el medio ambiente y el bolsillo de todos los perjudicados necesarios para que 4 hagan su negocio, entre ellos bancos y cajas, además de mucho sinverguenza de guante blanco. Este es el debate de fondo, muchísimo más importante, que subyace detrás de toda esta historia que ya dirán los jueces en qué queda. Claro que todavía algunos piensan que van a poder sacar tajada y por esto siguen apoyando estos movimientos especulativos-destructivos de nuestro patrimonio común.
Estamos hablando de delincuencia económica, de ladrones de cuello blanco. Por tanto, la cuestión de fondo, quienes pueden parar los pies a los especuladores que juegan con el patrimonio natural de todos los murcian@s, sigue siendo la justicia. Que nadie quede impune, los jueces tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley; al mismo tiempo que deberían castigar ejemplarmente la corrupción, así como exigir se nos devuelva el dinero robado especulando.
Los periodistas juegan un papel importante a la hora de denunciar y concienciar a la opinión pública sobre la corrupción, pero no pueden sentar a banqueros y/o empresarios, políticos, etc. en los banquillos.
Así lo veo, Elena
Una ley a medida de la especulación. El Consejero Benito Mercader prepara sin ningún tipo de empacho 2 reformas legislativas para "ayudar" a desatascar lo que él llama "nuevos desarrollos". Todos sabemos lo que es eso, y que obviamente da pánico pensar en lo que prepara este Sr. Parece que no se quedó a gusto con la supresión de ciertos requisitos como la evaluación estratégica ambiental de los proyectos. El Sr. Mercader actúa como la zorra que vigila en el corral de las gallinas. Una auténtica verguenza de consejero. Su estilo dialéctico y su cinismo no tiene límites para por los caminos más torticeros despacharse a gusto con lo que queda de Región y manipular a su antojo el lenguaje. Ya se dice por ahí. Consejería de Desarrollo S.O.S.tenible.
Los murcianos, desgraciadamente, vamos a pagar muy caro la proliferación de corrupciones.
Para esta clase de "pandemias" el único antídoto eficaz, visto lo visto, es la Justicia.
Jueces libres y valientes apoyados por todo el aparato de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicio de inspección de Hacienda y todos cuantos medios sean suficientes para descifrar y desvelar la "ingeniería económica de la opacidad y el chanchullo".
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