Conforme el cierre de la frontera sur se estrecha y se torna más hermético para contener los flujos migratorios del continente africano, se abren nuevas rutas por parte de los migrantes en el intento de acceder a la fortaleza europea. Es así como Murcia queda posicionada en la frontera, hecho realzado en los últimos meses con el incremento de la llegada de pateras desde Argelia y Marruecos.
A sabiendas de la rentabilidad electoral que tiene la explotación de la imagen de un “asedio inmigrante de ilegales”, los dirigentes del gobierno autonómico no han dudado en magnificar esta cuestión con declaraciones salidas de tono. La exageración del tratamiento de este hecho –a través del recurso a metáforas bélicas o catastrofistas como “invasión” o “avalancha”- desliza progresivamente un mensaje a la opinión pública de criminalización de la inmigración denominada “ilegal”.
Se empieza así y se termina como Coalición Canaria y su nueva propuesta aprobada a trámite en el Senado con el apoyo del PP-CIU-PNV (el pasado 4 de diciembre de 2006) y que va a pasar al Congreso pronto, la cual viene a proponer una vuelta de tuerca dura contra los “sin papeles” (eliminando cualquier vestigio de garantismo de sus derechos mínimos), casi como la Ley de Extranjería de 1985.
Seguramente la población murciana se sentirá muy protegida y segura con los dispositivos de cierre de frontera cada vez más sofisticados y los centros de internamiento de inmigrantes u otras medidas de excepción. Pero también habría que preguntarse por la pérdida de calidad democrática que implica esta vulneración cada vez más intensa de los derechos humanos, y en la cual se arrojan por la borda derechos como el de asilo a los refugiados que un día fueron el símbolo de la solidaridad y tolerancia de las democracias europeas.
Es necesario subrayarlo: el problema no radica en luchar contra la inmigración “ilegal” y mucho menos interiorizar sus derechos, sino apostar por una verdadera democratización de la frontera, abandonando las políticas de cierre restrictivo y reconociendo el derecho a la movilidad con plenos derechos garantizados.
Los sucesivos procesos de regularización de trabajadores inmigrantes de 2001, 2002 y 2005 han ido desactivando la gravedad del problema de la existencia de miles de personas excluidas de la ciudadanía. ¿Qué número de inmigrantes indocumentados a fecha de hoy puede estimarse en la Región de Murcia tras el último de proceso de regularización? Según el Padrón Continuo de Habitantes de 2007, los inmigrantes extranjeros eran 200.264 (a fecha de 1 de enero de 2007). A 31 de diciembre de 2006, el Ministerio del Interior contabilizaba 160.390 Permisos de Residencia, lo que supone que 40.574 residentes se encontraban en situación irregular. Es decir, un 20% de los extranjeros residentes carecía de permiso de residencia y trabajo, una proporción inferior a la media española (que se sitúa en el 32,6%).
Esta proporción de irregulares, aunque alta, ha descendido respecto a años anteriores. Es el principal efecto positivo que cabe adjudicar al proceso de normalización de trabajadores inmigrantes extranjeros que se cerró en junio de 2005. Los inmigrantes de origen latinoamericano y europeo son los que mayormente concentran las cifras más altas de inmigración indocumentada. Frente al imaginario social, y a pesar de la alarma suscitada en los últimos meses por el impacto mediático de la llegada de “pateras” a la costa murciana procedentes de Marruecos y Argelia, lo cierto es que los inmigrantes indocumentados de origen africano son una ínfima minoría.
El grueso de la inmigración indocumentada residente en la Región de Murcia entra por carretera o aeropuerto. De hecho es mínima la que entra en patera (como muestran los bajos porcentajes de inmigración indocumentada de origen africano existente en Murcia y en España). Focalizar el problema en la “invasión de las pateras” tiene una clara intencionalidad política: la de criminalizar y vulnerabilizar a todo un colectivo. La cuestión central es la vulnerabilidad extrema del inmigrante indocumentado. Alguien que prácticamente carece de derechos de ciudadanía y que se ve impelido a vender su fuerza de trabajo en las densas redes de la economía sumergida murciana.
Las noticias de situaciones de sobrexplotación laboral de inmigrantes indocumentados que se suceden periódicamente en los medios de comunicación, evidencian una dimensión central del problema de la que apenas se habla: la abundante economía sumergida murciana, y la más extendida aún economía del trabajo precario, requiere de mano de obra vulnerable, que se adapte a las irregularidades que caracterizan a esas economías de arraigo profundo en Murcia. La cuestión no está en cerrar fronteras, sino en reconocer derechos.
A sabiendas de la rentabilidad electoral que tiene la explotación de la imagen de un “asedio inmigrante de ilegales”, los dirigentes del gobierno autonómico no han dudado en magnificar esta cuestión con declaraciones salidas de tono. La exageración del tratamiento de este hecho –a través del recurso a metáforas bélicas o catastrofistas como “invasión” o “avalancha”- desliza progresivamente un mensaje a la opinión pública de criminalización de la inmigración denominada “ilegal”.
Se empieza así y se termina como Coalición Canaria y su nueva propuesta aprobada a trámite en el Senado con el apoyo del PP-CIU-PNV (el pasado 4 de diciembre de 2006) y que va a pasar al Congreso pronto, la cual viene a proponer una vuelta de tuerca dura contra los “sin papeles” (eliminando cualquier vestigio de garantismo de sus derechos mínimos), casi como la Ley de Extranjería de 1985.
Seguramente la población murciana se sentirá muy protegida y segura con los dispositivos de cierre de frontera cada vez más sofisticados y los centros de internamiento de inmigrantes u otras medidas de excepción. Pero también habría que preguntarse por la pérdida de calidad democrática que implica esta vulneración cada vez más intensa de los derechos humanos, y en la cual se arrojan por la borda derechos como el de asilo a los refugiados que un día fueron el símbolo de la solidaridad y tolerancia de las democracias europeas.
Es necesario subrayarlo: el problema no radica en luchar contra la inmigración “ilegal” y mucho menos interiorizar sus derechos, sino apostar por una verdadera democratización de la frontera, abandonando las políticas de cierre restrictivo y reconociendo el derecho a la movilidad con plenos derechos garantizados.
Los sucesivos procesos de regularización de trabajadores inmigrantes de 2001, 2002 y 2005 han ido desactivando la gravedad del problema de la existencia de miles de personas excluidas de la ciudadanía. ¿Qué número de inmigrantes indocumentados a fecha de hoy puede estimarse en la Región de Murcia tras el último de proceso de regularización? Según el Padrón Continuo de Habitantes de 2007, los inmigrantes extranjeros eran 200.264 (a fecha de 1 de enero de 2007). A 31 de diciembre de 2006, el Ministerio del Interior contabilizaba 160.390 Permisos de Residencia, lo que supone que 40.574 residentes se encontraban en situación irregular. Es decir, un 20% de los extranjeros residentes carecía de permiso de residencia y trabajo, una proporción inferior a la media española (que se sitúa en el 32,6%).
Esta proporción de irregulares, aunque alta, ha descendido respecto a años anteriores. Es el principal efecto positivo que cabe adjudicar al proceso de normalización de trabajadores inmigrantes extranjeros que se cerró en junio de 2005. Los inmigrantes de origen latinoamericano y europeo son los que mayormente concentran las cifras más altas de inmigración indocumentada. Frente al imaginario social, y a pesar de la alarma suscitada en los últimos meses por el impacto mediático de la llegada de “pateras” a la costa murciana procedentes de Marruecos y Argelia, lo cierto es que los inmigrantes indocumentados de origen africano son una ínfima minoría.
El grueso de la inmigración indocumentada residente en la Región de Murcia entra por carretera o aeropuerto. De hecho es mínima la que entra en patera (como muestran los bajos porcentajes de inmigración indocumentada de origen africano existente en Murcia y en España). Focalizar el problema en la “invasión de las pateras” tiene una clara intencionalidad política: la de criminalizar y vulnerabilizar a todo un colectivo. La cuestión central es la vulnerabilidad extrema del inmigrante indocumentado. Alguien que prácticamente carece de derechos de ciudadanía y que se ve impelido a vender su fuerza de trabajo en las densas redes de la economía sumergida murciana.
Las noticias de situaciones de sobrexplotación laboral de inmigrantes indocumentados que se suceden periódicamente en los medios de comunicación, evidencian una dimensión central del problema de la que apenas se habla: la abundante economía sumergida murciana, y la más extendida aún economía del trabajo precario, requiere de mano de obra vulnerable, que se adapte a las irregularidades que caracterizan a esas economías de arraigo profundo en Murcia. La cuestión no está en cerrar fronteras, sino en reconocer derechos.
2 comentarios:
EL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP EN TORRE PACHECO PAGÓ VARIOS MILLONES DE PESETAS AL ABOGADO DEL ALCALDE
POR DECRETO DEL ALCALDE SE DESIGNA ABOGADO A PARDO GEIJO EL DÍA 9 DE JULIO, POCO DESPUÉS DE LOS REGISTROS EN EL AYUNTAMIENTO, Y EN SEPTIEMBRE SE LE ABONAN MÁS DE CINCO MILLONES DE PESETAS EN CONCEPTO DE ADELANTO DE HONORARIOS
El abogado penalista murciano, José Pardo Geijo, quien actúa como letrado del alcalde de Torre Pacheco en las diligencias penales 878-2007 está cobrando sus honorarios con cargo a las arcas públicas desde que, con fecha 9 de julio, el propio alcalde lo designara mediante la firma de un decreto en el que se indica que Geijo sería 'el abogado defensor de la alcaldía'. El decreto de julio se firma, apenas unos días después de que el juzgado número 4 registrara el Ayuntamiento y se llevara del mismo decenas de expedientes (unos 150) que afectaban a diferentes asuntos, entre otros, del ámbito urbanístico.
Una actuación judicial similar se produjo también por las mismas fechas en el Ayuntamiento de Fuente Álamo.
La juez de San Javier, que estuvo presente en las diligencias practicadas en Pacheco, ejecutó el primer registro con fecha 19 de junio y quince días después, la alcaldía, por decreto, había contratado a uno de los penalistas más exclusivos de la Región; pese a que el Consistorio dispone de abogados externos que actúan en defensa de los funcionarios, el alcalde no llevó al juzgado al mismo letrado que los trabajadores.
La juez de San Javier actuó en virtud de una investigación puesta en marcha meses antes, en la que se realizaron, entre otras acciones, varias escuchas telefónicas, alguna de las cuales han sido oídas en el juzgado por imputados del caso y, sobre las que aportaremos datos muy pronto. La juez, además, ordenó que el alcalde de Torre Pacheco prestara declaración como imputado, así como varios concejales, funcionarios y, al menos, un empresario. Contra muchos de los imputados, además, se han dictado medidas cautelares tales como ir a firmar cada quince días al juzgado; por lo que -según fuentes judiciales- disfrutan de una libertad limitada.
En los próximos días pueden producirse nuevas declaraciones e, incluso, iniciarse nuevas causas en relación con la gestión municipal del referido consistorio.
Tras la designación como abogado de Pardo Geijo, en el mes de septiembre, concretamente en la Comisión de Gobierno del día 11 de septiembre, los dirigentes municipales del Partido Popular aprobaron, con cargo a la partida 226.03, el pago de 34.800 euros a José Pardo Geijo, en concepto de 'ADELANTO DE HONORARIOS DILIGENCIAS PREVIAS NUM.878/2007'.
Este es el mismo letrado, según el diario "La Verdad", de Murcia, que el PP pretende emplear para dirigir un grupo de asesores con el fin de establecer estrategias de defensa ante los casos en los que la Justicia está actuando y en los que están implicados cargos del Partido Popular.
Como se recordará, en la actualidad, permanece en prisión el actual alcalde de Totana, Martínez Andreo; situación que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Murcia y que, sin embargo, tres magistrados confirmaron. Aunque Valcárcel ha tratado de quitarle importancia al asunto en diferentes declaraciones.
En las próximas semanas está previsto que presten declaración otros cargos políticos del PP y no se descarta, según las fuentes consultadas en el ámbito de la Justicia que se abran nuevas diligencias por asuntos que se han desvelado en las últimas semanas.
Chema Gil
Este debate sobre la corrupción hay que tenerlo en la casa de todos los murcian@s, es decir, en la Asamblea Regional. Solicitar una sesión o intervención específica donde todos puedan expresarse como vecinos también, así como en todos los medios de comunicación que se presten. El objetivo, que no se escuche solamente a los "defensores del buen nombre de PP". No es posible que en un país democrático un alcalde encarcelado quiera seguir siendolo o que un ex alcalde y aún diputado no renuncie a su acta para no ser juzgado. Y esto hay que justificarlo en aras de la buena gobernabilidad de Totana con todas las alegaciones que se presentaron en su día contra el Plan Urbanístico de dicho pueblo. Por otra parte, con los impuestos de todos los vecinos y murcianos no se pueden pagar salarios a presuntos delincuentes económicos ni a sus abogados. ¡Debe quedar bien claro!. El problema está en que el gobierno regional no asume responsabilidades políticas, y no en el drama personal del alcalde como nos presenta "La Verdad". Las plataformas ciudadanas junto a la oposición política deben intervenir más bien pronto que tarde en el foro más adecuado, en la Asamblea Regional. Valcárcel y todos los diputados allí representados tienen que escuchar a los ciudadanos que se manifiestan contra la corrupción y exigen respuestas acordes con las circunstancias: EXPULSIÓN, DIMISIÓN, RENUNCIA A LAS ACTAS DEL ALCALDE ENCARCELADO Y EX ALCALDE Y DIPUTADO JUAN MORALES Y SUSPENSIÓN DE SUS SALARIOS, COSTEADOS CON LOS IMPUESTOS DE LOS VECINOS Y TODOS LOS MURCIANOS. ASÍ COMO UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE CONTROLE DE DÓNDE SALE LA FINANCIACIÓN DE ESE TRIBUNAL PARALELO O GRUPO DE ANÁLISIS CREADO POR EL PP PARA FRENAR ACTUACIONES JUDICIALES. ¿QUIÉN PAGA A LOS ABOGADOS DEL PP?
Elena
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