TOTANA.- En el Pleno del Ayuntamiento de Totana celebrado en la noche de hoy, los 12 concejales del PP, han impedido que se debata una moción de IU + Los Verdes, para constituir una comisión especial de investigación, para estudiar los Convenios Urbanísticos que fueron negociados por el anterior alcalde, hoy diputado del Partido Popular e investigado en la Operación Tótem, Juan Morales Cánovas.
La Coalición de IU+Los Verdes considera en un comunicado que "la Corporación debe tener conocimiento si en el transcurso de esas negociaciones han podido exigirse o pagarse comisiones ilícitas a los Promotores, dado que se está jugando con el dinero de todos los totaneros. Convenios como el de Las Cabezuelas investigado por el Juzgado número 2 de Totana y que contempla más de 5.000 viviendas en una zona protegida; el de Manuel Martínez Ortuño, con 5.023 viviendas en el Raiguero Alto; así como los de Nuaria (5.040 viviendas), Santiago Martínez Esparza (1.039), Fontana de Lébor (1.740) y otros. Son operaciones urbanísticas con grandes intereses especulativos, que deben ser transparentes en las negociaciones que se han llevado a cabo para su aprobación".
Desde IU + Los Verdes, no se comprende la actitud del PP para negarse a debatir estos temas, cuando Totana está en la “picota”, "por responsabilidad de los que han cobrado, supuestamente, comisiones ilegales a cambio de aprobar convenios. Es sospechoso que no se quiera entrar en la gestión de Juan Morales, por los anteriores miembros del Gobierno Municipal. Si lo que se pretende es dejar en buen lugar la Institución municipal, lo correcto es investigar los procesos y saber si los promotores conveniantes, han pagado cantidades que no se hayan visto reflejadas en las cuentas públicas".
Unas cuentas públicas, que, según IU+Los Verdes "en 2006, preveían recaudar 42.178.218 euros y que solo fueron capaces de ingresar 21.000, dejando un desfase de más de 42 millones. Esta gestión económica del Partido Popular, puede llevar a la quiebra al Ayuntamiento de Totana en un plazo muy corto de tiempo".
Por otra parte, el PSOE de Totana asegura en otro comunicado que la plataforma ‘Por el buen nombre de Totana’ “sólo está integrada por allegados al PP, muchos de ellos defendiendo exclusivamente intereses particulares, que no representan en absoluto a la inmensa mayoría de los totaneros”.
Añade el comunicado que “si alguien ha manchado o dañado la imagen de Totana ha sido el PP y los imputados en el caso Tótem”.
Respecto a las críticas realizadas por el PP de Totana, el PSOE responde que en lo que se referían a una condena de siete concejales socialistas en la anterior legislatura, “lo relevante es que fueron condenados por decir la verdad, adelantándose a los acontecimientos, ya que era claro lo que estaba ocurriendo en el Ayuntamiento”.
Desde el PSOE se preguntan “cómo tiene el PP la indecencia política de comparar una condena por decir la verdad, con la trama de corrupción que se ha destapado en Totana con 13 imputados y el alcalde en la cárcel”.
El PSOE de Totana critica que PP no mencionase que el ex alcalde socialista Alfonso Martínez Baños “fue absuelto de todos los cargos en el caso de la Balsa Vieja”.
Desde el PSOE de la localidad quieren denunciar asimismo, “la hipocresía del Partido Popular, que por una parte pide que se deje trabajar a la justicia y por otra la acusan de supuestas torturas y de detenciones sin garantías procesales”.
En opinión del PSOE, “el PP de Totana debe de serenarse al igual que toca a sus cargos públicos bajar los niveles de crispación y dejar trabajar a la Justicia sin presiones de una vez por todas”.
Añade el comunicado que “el PP ha puesto el ventilador e intentan salpicar a todo el mundo: policías, jueces, fiscales, medios de comunicación y a la oposición”.
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Rosique considera que el dictamen del CES sobre la Zerrichera pone en evidencia al Gobierno regional
Un dictamen emitido por el Consejo Económico y Social (CES) sobre el plan de gestión de la sierra de Almenara «pone en evidencia», tal y como ayer expresó la diputada regional socialista Teresa Rosique, «que el Gobierno regional retrasó deliberadamente su aprobación para no obstaculizar la reclasificación urbanística de La Zerrichera».
Según Rosique , en este dictamen se recuerda que la zona está comprendida dentro de la Red Natura y que el territorio está afectado tanto por una ZEPA en su totalidad, como por un LIC en el 80% de su área.
La catalogación de la zona, no ha sido el único aspecto matizado por la diputada socialista. Rosique, además, recordó que el plan de gestión de la sierra de Almenara está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, con un presupuesto de 834.924 euros, de los que una cifra superior a los 77.000 euros está destinada a la elaboración del mencionado plan. Un plan que, señala la diputada, debería haberse presentado en junio de 2004 y, por el momento, se encuentra en fase de tramitación.
Guardado en un cajón
Tras evocar ese presunto atraso en la elaboración del plan, Rosique ha subrayado, asimismo, que el Gobierno regional ya tenía elaborado el borrador del plan antes de la reclasificación que se produjo a principios del año 2005, pero afirma que «lo tuvo guardado en un cajón hasta finales del año pasado».
Para Rosique, el CES considera «que el planificador urbanístico habrá de decidir la clasificación del suelo sin contrariar los contenidos del plan de gestión, pues de hacerlo infringiría directamente las disposiciones de la normativa estatal básica».
Una posición que la diputada comparte. Rosique asegura que el dictamen del consejo refuerza la denuncia realizada por el propio partido socialista respecto a la reclasificación urbanística de la Zerrichera.
El pasado 19 de diciembre, el CES emitió, por unanimidad, su dictamen preceptivo sobre el futuro decreto del plan de gestión de la ZEPA de la sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope, en el que señala que la zona no es urbanizable según la legislación y el régimen de protección especial inherente a la Red Natura 2000.- (EFE)
El PSOE ve «inaudito que el PP defienda a los corruptos en lugar de perseguirlos»
El PSOE considera «insólito y escandaloso» que el Partido Popular haya creado un grupo de análisis formado por destacados cargos del partido -con el asesoramiento de abogados de primera fila- para hacer frente a las denuncias por corrupción a las que se enfrenta en diversos ayuntamientos de la Región.
«Jamás pensé que todo un ex delegado del Gobierno, como José Joaquín Peñarrubia, o alcaldes como el de Puerto Lumbreras podrían llegar a trabajar para desmontar actuaciones judiciales; es inaudito e inadmisible que un partido democrático defienda a los corruptos en lugar de perseguirlos», denunció José Ramón Jara, portavoz del PSRM-PSOE.
El portavoz del PSRM-PSOE se preguntó «por qué el PP hace estas cosas; ¿qué temen u ocultan?». Jara explicó que «nadie está libre de tener un sinvergüenza en sus filas, pero lo inaudito es que en lugar de echarlos se dediquen a actuar contra la Justicia, lanzando supuestas conspiraciones judeo-masónicas, como si los jueces y fiscales estuviesen a sueldo del PSOE. Una de dos, o están tan descerebrados que creen que los jueces se inventan las imputaciones, o no les importa que militantes suyos cometan delitos».
Además, se preguntó «cómo es posible que, según las informaciones publicadas, los abogados contratados por el PP estén asesorando al letrado de Morales. ¿No lo habían expulsado del grupo parlamentario?». José Ramón Jara advirtió al Partido Popular de que «está perjudicando a la Justicia con su actitud, porque en lugar de colaborar con ella en la persecución del delito se dedican a ponerle obstáculos para beneficiar a los acusados de corrupción».
(De "La Verdad")
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