"El País" revela trascripciones de las grabaciones telefónicas de la Guardia Civil en Totana

MADRID.- La investigación judicial sobre una trama de corrupción en el municipio murciano de Totana permitió descubrir las maniobras del alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, del PP, para ocultar una operación urbanística irregular. Las conversaciones del regidor, grabadas por orden judicial, destapan sus gestiones para maquillar un contrato adjudicado a dedo a un amigo, revela hoy el periódico "El País".

El contenido de las grabaciones obra en las diligencias judiciales -secretas- abiertas sobre la trama de corrupción urbanística. En algunas grabaciones, el alcalde de Totana conversa con su antecesor, Juan Morales, y en otras, con Laura Bastida, la secretaria del Ayuntamiento de esta localidad murciana de 25.000 habitantes.

La juez que instruye el caso decretó hace días orden de prisión provisional sin fianza para el alcalde, al que interrogó sobre la venta de unas parcelas del polígono industrial y sobre sus conversaciones telefónicas, entre ellas, alguna relacionada con el promotor gallego también detenido en la operación.

La investigación ha revelado que el regidor, en connivencia con la secretaria municipal, falsificó un documento público [un convenio urbanístico] para evitar que un juez de Totana le sentase en el banquillo por prevaricación. La oposición municipal había denunciado en el juzgado que el Ayuntamiento había adjudicado a dedo a un amigo del alcalde, las obras de un colegio público de la localidad.

Al pedir el juzgado el expediente municipal sobre las obras del colegio, hechas en 2006, Martínez, que ya entonces había sustituido en la alcaldía a Juan Morales, ideó falsificar un convenio y llevarlo al juez para simular que la adjudicación era legal y no a dedo, según la investigación. Para ello habló con la secretaria municipal, que era la que tenía que dar fe de la existencia del documento, y con su amigo y promotor de la obra. Los tres aceptaron fingir un convenio, pero la secretaria se equivocó y puso como fecha del mismo el año 2007. Antes de firmar, el promotor inmobiliario se dio cuenta del error y llamó al alcalde:

-¡Cómo habéis puesto fecha de 2007, si la obra se hizo en 2006! -espetó el constructor al alcalde, quien entonces, comienzos de este año, ya tenía el teléfono intervenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Martínez Andreo comentó a su amigo que no se preocupase, que hablaría con la secretaria. Y eso hizo:

-Rompe lo que has hecho y haz copias nuevas, pero con fecha de 2006.

La secretaria cambió la fecha y el alcalde, que había sido citado como imputado por este hecho, acudió al juzgado con el falso convenio.

Sobre este asunto declaró como testigo su antecesor en el cargo, Juan Morales, en la actualidad diputado autonómico del Partido Popular y otro de los implicados en la trama de corrupción de Totana. Morales, en una conversación con Martínez, comentó:

-Menos mal que he dicho que ese convenio estaba por ahí, que si no, se os cae el pelo a todos...

Pese a las evidencias telefónicas, en su declaración ante la juez, el alcalde lo negó todo.

Otro de los supuestos favoritismos que pesan sobre Martínez consiste en que ordenó al jefe de la policía local, Alfonso Canales, ex brigada del Ejército de tierra, a que ayudase a un amigo suyo al que la policía local había detenido por circular ebrio y en sentido contrario. Este amigo del alcalde fue detenido un viernes y citado para el correspondiente juicio rápido un lunes. Canales lo tenía complicado, ya que sus policías habían enviado al juzgado el atestado para el juicio.

No obstante, el jefe de la policía conocía a un funcionario, se presentó el sábado en la sede judicial y le pidió el atestado con la excusa de que había en error en el ticket del alcoholímetro y éste había marcado una tasa de alcohol excesiva. Canales se llevó las diligencias, las introdujo en una caja fuerte, y no las devolvió al juzgado, según la investigación. La Guardia Civil las intervino cuando efectuó el registro en el Ayuntamiento de Totana al hilo de la corrupción urbanística.

Éste es el motivo por el que fue detenido el jefe de la Policía Local, que también está imputado en las diligencias del caso Totana. Canales declaró a la juez que lleva el caso que había actuado así porque se sintió coaccionado por el alcalde, quien, según explicó en el juzgado, le pidió que hiciera lo necesario para que su amigo no fuera a juicio por ese motivo ni le pasara nada. En su declaración, el alcalde comentó que no coaccionó a Canales, sino que se limitó a decirle que hiciera lo posible por esa persona.

Martínez, Morales y la secretaria Bastida están implicados en la que cabe considerar como una segunda fase de la trama que han destapado los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil especializados en delitos urbanísticos. Los tres están acusados de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

Se les investiga, además, por operaciones irregulares con suelo industrial a través de la empresa municipal Proinvitosa. A través de esta firma municipal -encargada de gestionar el suelo industrial de Totana- los tres habrían favorecido a empresarios amigos suyos. ¿Cómo?

Vendiéndoles terrenos municipales a bajo precio y bajo determinadas condiciones que luego los amigos incumplían ante la pasividad de estos cargos municipales. Es en el marco de la investigación de Proinvitosa cuando la secretaria advierte al alcalde sobre una de las operaciones realizadas: "Se nota a una legua que esto es un pelotazo".

Mientras los amigos del alcalde se forraban, otros empresarios pujaban por suelo sin éxito, según la investigación. El Ayuntamiento les decía que no quedaba suelo aunque era mentira.

Las conversaciones delatoras

- Las obras de un colegio. En la investigación judicial por la adjudicación de obras de un colegio por parte del alcalde a un amigo suyo, las conversaciones grabadas por orden judicial descubren los movimientos del regidor para impedir que el juez descubriera lo realmente ocurrido. El alcalde maquina con su secretaria la redacción de un documento público, un convenio urbanístico, para justificar el encargo de las obras.

Pero el promotor al que se adjudicó el proyecto, advierte que el documento prefabricado no sirve:- "¿Cómo habéis puesto fecha de 2007, si la obra se hizo en 2006?".El alcalde intenta resolver la chapuza y llama a su secretaria:- "Rompe lo que has hecho, haz copias nuevas, pero con fecha de 2006".Con este arreglo intentó salvar el apuro.

Polígono industrial bajo sospecha

- La venta de un polígono industrial. La investigación judicial de la trama de corrupción destapó una venta supuestamente fraudulenta de suelo público destinado a un polígono industrial. El alcalde habría vendido a unos amigos suyos vendió parcelas públicas por un precio muy por inferior al de mercado con la condición de que cumplieran una serie de requisitos. Los propietarios no los cumplieron y revendieron el suelo a un precio muy superior al de compra.

En las conversaciones grabadas por orden judicial, la secretaria del alcalde saca sus propias conclusiones sobre la operación de venta de suelo municipal:- "Se nota a una legua que esto es un pelotazo". Promotores ajenos a esta operación quisieron comprar suelo. El Ayuntamiento les aseguró que no quedaban parcelas libres.- (PRISA)