Los murcianos, que poco pueden hacer ante la escalada -salvaje, a veces- de precios en los alimentos básicos (trigo, leche, pollo, etc), están, sin embargo, realizando una huelga silenciosa de consumo, pareja a la del resto de España, desde hace varias semanas. La menor recaudación de Hacienda en concepto de IVA corrobora plenamente esta situación.
Las compras han descendido -productores y comercios han empezado a notar la falta de alegría gastadora- al compás que el IPC nacional se dispara a cotas del 3,6%... y subiendo. Dentro de una semana nos llevaremos, probablemente, un susto estadístico en la Región. No es extraño que las encuestas más recientes revelen una profunda caída de la confianza ciudadana en la economía y que haya serias dudas sobre las perspectivas de crecimiento, incrementadas por la crisis hipotecaria norteamericana, que brota y rebrota, por la desaceleración inmobiliaria española, por el repunte del paro, etc.
El continuo aumento de los precios, que parece responder en buena medida a razones especulativas, ha sido denunciado desde hace tiempo por agricultores, ganaderos y consumidores, sin que hasta el momento ni el Gobierno central ni los periféricos hayan hecho gran cosa por frenar la escalada. El vicepresidente Pedro Solbes, responsable de la cosa económica, ha mostrado públicamente su sorpresa por el alza del IPC de octubre en nueve décimas. Las amas de casa, en cambio, consideran, con cierta sorna, que el ministro debe haber estado muy ocupado en la elaboración de los Presupuestos del Estado durante las últimas semanas, comiendo en su despacho, por lo que anda un tanto desorientado y sin escuchar ninguna queja familiar por el encarecimiento de la cesta de la compra.
Los inspectores de la recién creada Comisión Nacional de la Competencia, que llega con años de retraso, podrán constatar los abusos de muchos intermediarios, darán fe del profundo malestar en la calle, levantarán actas de precios exagerados, pero su actuación sancionadora llega tarde y será limitada. Las posibles medidas para evitar el descontrol inflacionario, tan dañino para la economía (disminución de exportaciones, incrementos añadidos de costos, incluídos los salariales, malestar social, etc) no se agotan con la actuación inspectora, ni se reducen al ámbito del Gobierno central. ¿Qué están haciendo José Pablo Ruiz Abellán, consejero de Consumo, e Inmaculada García, responsable de Economía, para frenar el desmadre de precios en la Región?
Los usuarios, con sus denuncias, y los agricultores y ganaderos con sus protestas, demandan más iniciativas, así como una firme actuación antes de que el caos sea aún mayor. El bienestar de los ciudadanos está en juego, los electores reclaman iniciativas, el país no puede permitirse el lujo de volver a las andadas inflacionarias y tirar por la borda lo que tanto hemos tardado en conseguir. Es hora, pues, de que los políticos den una respuesta urgente y convincente.
www.laverdad.es
Las compras han descendido -productores y comercios han empezado a notar la falta de alegría gastadora- al compás que el IPC nacional se dispara a cotas del 3,6%... y subiendo. Dentro de una semana nos llevaremos, probablemente, un susto estadístico en la Región. No es extraño que las encuestas más recientes revelen una profunda caída de la confianza ciudadana en la economía y que haya serias dudas sobre las perspectivas de crecimiento, incrementadas por la crisis hipotecaria norteamericana, que brota y rebrota, por la desaceleración inmobiliaria española, por el repunte del paro, etc.
El continuo aumento de los precios, que parece responder en buena medida a razones especulativas, ha sido denunciado desde hace tiempo por agricultores, ganaderos y consumidores, sin que hasta el momento ni el Gobierno central ni los periféricos hayan hecho gran cosa por frenar la escalada. El vicepresidente Pedro Solbes, responsable de la cosa económica, ha mostrado públicamente su sorpresa por el alza del IPC de octubre en nueve décimas. Las amas de casa, en cambio, consideran, con cierta sorna, que el ministro debe haber estado muy ocupado en la elaboración de los Presupuestos del Estado durante las últimas semanas, comiendo en su despacho, por lo que anda un tanto desorientado y sin escuchar ninguna queja familiar por el encarecimiento de la cesta de la compra.
Los inspectores de la recién creada Comisión Nacional de la Competencia, que llega con años de retraso, podrán constatar los abusos de muchos intermediarios, darán fe del profundo malestar en la calle, levantarán actas de precios exagerados, pero su actuación sancionadora llega tarde y será limitada. Las posibles medidas para evitar el descontrol inflacionario, tan dañino para la economía (disminución de exportaciones, incrementos añadidos de costos, incluídos los salariales, malestar social, etc) no se agotan con la actuación inspectora, ni se reducen al ámbito del Gobierno central. ¿Qué están haciendo José Pablo Ruiz Abellán, consejero de Consumo, e Inmaculada García, responsable de Economía, para frenar el desmadre de precios en la Región?
Los usuarios, con sus denuncias, y los agricultores y ganaderos con sus protestas, demandan más iniciativas, así como una firme actuación antes de que el caos sea aún mayor. El bienestar de los ciudadanos está en juego, los electores reclaman iniciativas, el país no puede permitirse el lujo de volver a las andadas inflacionarias y tirar por la borda lo que tanto hemos tardado en conseguir. Es hora, pues, de que los políticos den una respuesta urgente y convincente.
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