ALMERÍA.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería ha pedido diez meses de prisión para el empresario murciano Tomás Olivo por un presunto delito de desobediencia al incumplir dos órdenes judiciales de paralización de obras en una finca privada adyacente al centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar (Almería).Según el escrito de calificaciones del Ministerio Público, Olivo -presidente de General de Galerías Comerciales, promotora de la superficie comercial- prosiguió con la ejecución de obras en la finca privada hasta su conclusión definitiva en enero de 2004 a pesar de que en febrero de 2002 el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Roquetas de Mar dictó un auto urgiendo a la inmediata suspensión de las mismas.
Además de desoír esta orden judicial, Olivo hizo caso omiso según la Fiscalía a la sentencia en firme que dictó en el mismo sentido algo más de un año después la sección segunda de la Audiencia Provincial, en la que se acordó nuevamente la confirmación de la orden de paralización de obras.
Según el escrito, el empresario murciano, además de no frenar el muro que estaba construyendo en la finca privada, procedió a la instalación de un bordillo de tipo no remontable, que quedó situado en el área que debía retranquearse según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial almeriense.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 2 de Roquetas de Mar (Almería), ha dictado un auto en el que se declara apertura de juicio oral contra Olivo -quien se enfrenta por el mismo delito a una petición por parte de la acusación particular de un año de cárcel- al considerar que en las actuaciones que obran en poder del órgano judicial "aparecen méritos suficientes" para exigirle responsabilidad criminal.
El auto acuerda remitir las actuaciones en "el momento oportuno" al Juzgado de Lo Penal, competente para el conocimiento y fallo de esta causa.
La decisión judicial contra el empresario imputado tanto en la "operación Malaya", en Marbella (Málaga), como en el caso del parque comercial Nevada, de Armilla (Granada), se ha producido después de que el Juzgado de Instrucción nº1 de Roquetas de Mar dictase en febrero de este año una providencia en la que fijaba en un mes el plazo para que General de Galerías Comerciales y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar procedieran al derrumbe del muro construido en la finca privada.
Además, durante el pasado mes de marzo la sección primera de la Audiencia Provincial ratificó otra sentencia del citado juzgado en la que se establecía la demolición de una tubería del Gran Plaza que también invadía los terrenos privados situados a la espalda de la superficie comercial.
En estos momentos el TSJA dirime además un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra un auto dictado por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería en el que se estableció la no ejecución de la sentencia por la que el Alto Tribunal andaluz declaró previamente la nulidad de la licencia de apertura del Gran Plaza al haberla concedido el Ayuntamiento de Roquetas sin los perceptivos informes favorables de la Administración.- (EFE)
(Audiencia Provincial de Almería)
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