¿Caldo? Dos tazas. Si alguien pensaba que iba a tener algún efecto centrar la campaña electoral, e incluso la interminable precampaña que fue, en las acusaciones de corrupción, se equivocaba de medio a medio. No sólo no ha tenido repercusión alguna, sino que si la ha tenido ha sido favorable para quienes se encuentran bajo la lupa de la justicia. Las sospechas de actuaciones ilícitas actuando como elementos dinamizadores del voto.
Veamos Águilas, por empezar con el que, a día de hoy, el caso Zerrichera como indiscutible protagonista, es el asunto más grave de los investigados y aquél en el que se concentran las más graves sospechas contra cargos públicos y candidatos en la Región (prevaricación, falsedad en documento, tráfico de influencias, cohecho...). Pues bien, los imputados, entre ellos el hasta ahora alcalde Juan Ramírez, y cabeza de lista del PP en la localidad, no sólo no han visto mermado su apoyo electoral, sino que han visto aumentado el respaldo (los populares han pasado de nueve concejales a diez). Lo mismo que ha ocurrido con los ediles que fueron expulsados del PSOE por este oscuro asunto -con Pedro Gil a la cabeza- y que fundaron un partido (MASD) que ha sacado tres ediles. Y, para más inri, los socialistas de Ramón Román, que iban de denunciantes de la corrupción y del tráfico de maletines, han perdido apoyo: pasan de siete a seis concejales.
COMO ROCA POR SU CASA
Si miramos en el otro extremo ocurre tres cuartos de lo mismo. En Los Alcázares, donde las ramificaciones de la Operación Malaya le han costado el cargo a los dos últimos alcaldes, los socialistas Juan Escudero y José Antonio Martínez Meca -ambos figuraban ahora en la lista del PSOE, aunque lejos de los puestos de salida-, los ciudadanos han vuelto a dar un respaldo absoluto a esta formación (repite los nueve ediles) Y el PP, que había sido el denunciante de los supuestos casos de corrupción, crece, pero de forma insuficiente.
Un recorrido por el espectro político-judicial nos lleva a conclusiones muy similares, por no decir idénticas, en todos los casos. En Cieza, un candidato popular por dos veces encausado, Antonio Tamayo, revalida su mayoría absoluta. En Cartagena, con el caso Lo Poyo en la Fiscalía y recorriendo las páginas de la prensa regional y hasta nacional durante meses, la lista popular reedita los exitosos resultados de anteriores comicios.
Y hasta en Torre Pacheco, localidad natal del candidato socialista Pedro Saura y escenario del ya famoso voto del retranqueo, el PSOE ha visto reforzarse sus apoyos (pasa de 4 a 5 concejales), aunque siga a años luz de la lista vencedora: PP, con 13 ediles.
Sólo en Alhama de Murcia, donde en meses pasados se vivió una crisis política sin precedentes a cuenta de algo en apariencia tan alejado entre sí como unas oposiciones a conserje y una macrourbanización de Polaris World, el PP se lleva un revolcón (baja de 9 a 6 ediles), baja el PSOE (pasa de 6 a 5), se mantiene IU (2) y entran en escena formaciones independientes que abren la puerta a posibles pactos de todo tipo. También la edil rebelde, Teresa Rodríguez, ha salido trasquilada: su nuevo partido (UCL) no ha obtenido representación alguna.
Y así, hasta el infinito.
¿QUÉ HA OCURRIDO?
Corren, como cantaba Golpes Bajos, malos tiempos para la lírica. Los versos, la utopía, los sueños y los valores, al margen de los de la Bolsa, cotizan a la baja. Un hecho que quizás sirva para encontrar algún sentido a cuestiones tan prosaicas como buscar sentido a algunos resultados de estas elecciones municipales y autonómicas. ¿Es posible que las sospechas de enriquecimiento ilícito de algunos gobernantes, que la aparente confusión de lo privado y lo público, que las acusaciones de tráfico de influencias o cohecho -ninguna otra más grave en el caso de los cargos públicos-, que las aparentes relaciones con tramas mafiosas como la Malaya, que el supuesto favorecimiento de amigos o familiares, que la política de la especulación y el pelotazo..., es posible que todo eso no tenga reflejo alguno en las urnas? Pues lo es. Así, al menos, lo parece.
Porque de todo lo anterior, de esos presuntos casos de corrupción en las administraciones autonómica y local -en ayuntamientos de uno y otro signo político-, es de lo que más se ha hablado durante meses, por no decir años. Un debate sobre la corrupción por el que ya se había pasado en elecciones generales -fundamentalmente, las de 1996, que le costaron el poder al PSOE-, y que se ha llevado ahora, por vez primera, a los comicios en apariencia más cercanos al ciudadano: los que deciden los gobiernos locales y autonómicos. Y la conclusión es que no ha tenido el menor impacto. Nada. Rien de rien. Nothing.
ALTO SENTIDO DE LA JUSTICIA
¿Por qué? Podrían apuntarse varias razones. La primera, que los españoles tienen tan alto sentido de la justicia que llevan hasta el extremo el principio de presunción de inocencia y defienden, de esta forma, que cualquier candidato es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y que el hecho de ser sospechoso, querellado, encausado, imputado o encartado en cualquier causa penal no lo hace ni mejor ni peor que cualquiera con una inmaculada hoja de servicios.
Otra razón, menos idealista, apuntaría a que la democracia ha alcanzado su madurez, a que los españoles nos hemos olvidado de lo que costó construirla y consolidarla, a que nos hemos convencido a nosotros mismos de que por más que sea el mejor de los sistemas políticos no deja de ser imperfecto, a que nos hemos desencantado, a que hemos dejado de creer que a la política se llega por vocación de servicio y a que ya sólo votamos con el bolsillo -la economía va como un tiro-, en vez de hacerlo con el corazón o la conciencia.
LA VIRTUD DE MONTESQUIEU
Lejos quedarían ya, pues, aquellos años en los que los gobernantes -alguno todavía en activo- garantizaban el más duro y vergonzante destierro para todo aquél que hiciese «no ya algo ilegal, sino siquiera algo contrario a la moral», o en los que Enrique Tierno sostenía que los bolsillos de los políticos tenían que ser de cristal -muchos no tienen ahora bolsillos, sino sociedades mercantiles-, por no hablar de los tiempos de Montesquieu, que sostenía que no había otro principio de un gobierno democrático que no fuese la virtud. Pero esto son teorías.
Veamos Águilas, por empezar con el que, a día de hoy, el caso Zerrichera como indiscutible protagonista, es el asunto más grave de los investigados y aquél en el que se concentran las más graves sospechas contra cargos públicos y candidatos en la Región (prevaricación, falsedad en documento, tráfico de influencias, cohecho...). Pues bien, los imputados, entre ellos el hasta ahora alcalde Juan Ramírez, y cabeza de lista del PP en la localidad, no sólo no han visto mermado su apoyo electoral, sino que han visto aumentado el respaldo (los populares han pasado de nueve concejales a diez). Lo mismo que ha ocurrido con los ediles que fueron expulsados del PSOE por este oscuro asunto -con Pedro Gil a la cabeza- y que fundaron un partido (MASD) que ha sacado tres ediles. Y, para más inri, los socialistas de Ramón Román, que iban de denunciantes de la corrupción y del tráfico de maletines, han perdido apoyo: pasan de siete a seis concejales.
COMO ROCA POR SU CASA
Si miramos en el otro extremo ocurre tres cuartos de lo mismo. En Los Alcázares, donde las ramificaciones de la Operación Malaya le han costado el cargo a los dos últimos alcaldes, los socialistas Juan Escudero y José Antonio Martínez Meca -ambos figuraban ahora en la lista del PSOE, aunque lejos de los puestos de salida-, los ciudadanos han vuelto a dar un respaldo absoluto a esta formación (repite los nueve ediles) Y el PP, que había sido el denunciante de los supuestos casos de corrupción, crece, pero de forma insuficiente.
Un recorrido por el espectro político-judicial nos lleva a conclusiones muy similares, por no decir idénticas, en todos los casos. En Cieza, un candidato popular por dos veces encausado, Antonio Tamayo, revalida su mayoría absoluta. En Cartagena, con el caso Lo Poyo en la Fiscalía y recorriendo las páginas de la prensa regional y hasta nacional durante meses, la lista popular reedita los exitosos resultados de anteriores comicios.
Y hasta en Torre Pacheco, localidad natal del candidato socialista Pedro Saura y escenario del ya famoso voto del retranqueo, el PSOE ha visto reforzarse sus apoyos (pasa de 4 a 5 concejales), aunque siga a años luz de la lista vencedora: PP, con 13 ediles.
Sólo en Alhama de Murcia, donde en meses pasados se vivió una crisis política sin precedentes a cuenta de algo en apariencia tan alejado entre sí como unas oposiciones a conserje y una macrourbanización de Polaris World, el PP se lleva un revolcón (baja de 9 a 6 ediles), baja el PSOE (pasa de 6 a 5), se mantiene IU (2) y entran en escena formaciones independientes que abren la puerta a posibles pactos de todo tipo. También la edil rebelde, Teresa Rodríguez, ha salido trasquilada: su nuevo partido (UCL) no ha obtenido representación alguna.
Y así, hasta el infinito.
¿QUÉ HA OCURRIDO?
Corren, como cantaba Golpes Bajos, malos tiempos para la lírica. Los versos, la utopía, los sueños y los valores, al margen de los de la Bolsa, cotizan a la baja. Un hecho que quizás sirva para encontrar algún sentido a cuestiones tan prosaicas como buscar sentido a algunos resultados de estas elecciones municipales y autonómicas. ¿Es posible que las sospechas de enriquecimiento ilícito de algunos gobernantes, que la aparente confusión de lo privado y lo público, que las acusaciones de tráfico de influencias o cohecho -ninguna otra más grave en el caso de los cargos públicos-, que las aparentes relaciones con tramas mafiosas como la Malaya, que el supuesto favorecimiento de amigos o familiares, que la política de la especulación y el pelotazo..., es posible que todo eso no tenga reflejo alguno en las urnas? Pues lo es. Así, al menos, lo parece.
Porque de todo lo anterior, de esos presuntos casos de corrupción en las administraciones autonómica y local -en ayuntamientos de uno y otro signo político-, es de lo que más se ha hablado durante meses, por no decir años. Un debate sobre la corrupción por el que ya se había pasado en elecciones generales -fundamentalmente, las de 1996, que le costaron el poder al PSOE-, y que se ha llevado ahora, por vez primera, a los comicios en apariencia más cercanos al ciudadano: los que deciden los gobiernos locales y autonómicos. Y la conclusión es que no ha tenido el menor impacto. Nada. Rien de rien. Nothing.
ALTO SENTIDO DE LA JUSTICIA
¿Por qué? Podrían apuntarse varias razones. La primera, que los españoles tienen tan alto sentido de la justicia que llevan hasta el extremo el principio de presunción de inocencia y defienden, de esta forma, que cualquier candidato es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y que el hecho de ser sospechoso, querellado, encausado, imputado o encartado en cualquier causa penal no lo hace ni mejor ni peor que cualquiera con una inmaculada hoja de servicios.
Otra razón, menos idealista, apuntaría a que la democracia ha alcanzado su madurez, a que los españoles nos hemos olvidado de lo que costó construirla y consolidarla, a que nos hemos convencido a nosotros mismos de que por más que sea el mejor de los sistemas políticos no deja de ser imperfecto, a que nos hemos desencantado, a que hemos dejado de creer que a la política se llega por vocación de servicio y a que ya sólo votamos con el bolsillo -la economía va como un tiro-, en vez de hacerlo con el corazón o la conciencia.
LA VIRTUD DE MONTESQUIEU
Lejos quedarían ya, pues, aquellos años en los que los gobernantes -alguno todavía en activo- garantizaban el más duro y vergonzante destierro para todo aquél que hiciese «no ya algo ilegal, sino siquiera algo contrario a la moral», o en los que Enrique Tierno sostenía que los bolsillos de los políticos tenían que ser de cristal -muchos no tienen ahora bolsillos, sino sociedades mercantiles-, por no hablar de los tiempos de Montesquieu, que sostenía que no había otro principio de un gobierno democrático que no fuese la virtud. Pero esto son teorías.
(De "La Verdad")
1 comentario:
¿Quién iba a pensar que esto iba a pasar?. Pues nadie.
Nunca he votado.. y este año menos, ya que no veía a ningun candidato libre de pecado, limpio y poluto, y que vaya con mano firme ante la corrupción, no ya de otros partidos, si no dentro de su propio partido.
Cada vez son más las personas que dependen de la corrupción y el urbanismo. Esas mismas que votan a aquel partido que les dá trabajo, aunque ese trabajo no sea trigo limpio. Una región que se basa en ello y vé que sin ese sustento habrían miles de personas en el paro, ven como la burbuja inmobiliaria podría afectarse y por miedo deciden darle de nuevo la mayoría a estos señores de la corrupción.
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