LORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca, Juan Alcázar Alcázar, no ha admitido hoy a trámite, finalmente, la querella interpuesta hace diez días por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), Manuel López Bernal, en el caso conocido como de La Zerrichera , paraje protegido sito en la diputación aguileña de Tébar, y perteneciente al partido judicial de Lorca.
Alcázar lo hace por, a su juicio, "falta de competencia territorial", y se ha inhibido a favor de los juzgados de instrucción de Murcia por ser el lugar donde se pudieron cometer los presuntos delitos por los que se imputa a cinco altos funcionarios de la Comunidad Autónoma, al alcalde de Águilas y a un concejal del PP.
Esta decisión, o la contraria, era esperada en principio para el próximo jueves por la propia Fiscalía, día cuando estaba también prevista la personación en la causa del conocido abogado murciano Diego de Ramón, en su calidad de presidente del partido UDeRM, si hubiese sido admitida a trámite y, según el propio interesado, "con el ánimo de llegar hasta las últimas consecuencias en cualquier instancia".
El juzgado nº3 de Lorca ya se apresta a remitir al juzgado de Instrucción decano de los de Murcia, para que se proceda a las normas pertinentes de reparto, toda la documentación aportada por López Bernal, al menos que la Fiscalía presente antes de 72 horas un recurso de reforma contra este auto de inhibición dictado esta misma mañana.
Se especula hoy en medios de Colegio de Abogados de Murcia, que los letrados de los implicados tenían pensado sacar de Lorca este caso en base, precisamente, a recursos sobre la incompetencia de la jurisdicción.
En el texto del citado auto se recoge la incompetencia de los juzgados de Lorca para conocer estos presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias y cohecho.
El juez Alcázar esgrime, además, el artículo 18 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal para delitos conexos, y que da preferencia en estos casos a un juzgado del lugar donde se ubique la Audiencia Provincial del territorio donde presuntamente se han cometido.
Entiende el magistrado que "Murcia es el sitio donde se despliegan inicialmente estos hechos, supuestamente constitutivos de delito" y también donde se comete el más grave de todos, el de presunta falsedad en documento oficial, penado con de tres a seis años de prisión.
Además, entiende igualmente que el trámite del acuerdo municipal del ayuntamiento de Águilas también se siguió en Murcia para su posterior aprobación por parte de la Comunidad Autónoma, porque aquellos presuntos delitos determinan, en cualquier caso, los posteriores acaecidos en Águilas.- (NEM)
5 comentarios:
Yo echo de menos una valoración sobre este asunto, ¿beneficiará a las acusaciones particulares el que se resuelva este tema en los juzgados de Murcia?. ¿Zerrichera una patata muy caliente?
Justo lo que quería López Bernal
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, dio por buenos los argumentos jurídicos esgrimidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca y, en este sentido, anunció que no recurrirá el auto de remisión de la querella a Murcia.
Aunque López Bernal, junto con sus colaboradores, había llegado a la conclusión de que los juzgados de Lorca podían ser los competentes para instruir el asunto, por estimar que el primer delito en el tiempo habría sido cometido en Águilas, no está por la labor de rebatir las razones apuntadas por Juan Alcázar. «A esta Fiscalía le da igual el juez que se encargue de instruir la querella; no vamos a poner problemas por esta cuestión». Y añadió: «Si al final le corresponde a Murcia, pues incluso será más cómodo para nosotros, ya que nos ahorraremos tener que estar haciendo viajes hasta Lorca».
Será el Juzgado Decano de Murcia el que, cumpliendo las normas de reparto, envíe la querella a otro juzgado de la capital. éste será el que decida si admite o no a trámite la querella.
De La Verdad
El portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, afirmó, tras la inhibición del juzgado de Lorca para decidir sobre la querella del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia sobre La Zerrichera (Águilas), que "después de que el fiscal jefe haya tenido un año para preparar esta querella, resulta, cuanto menos, llamativo que se haya equivocado de ventanilla".
El alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, deberá prestar una nueva declaración judicial en los próximas días por el caso de la granja ilegal, una vez que el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cieza ha admitido a trámite la denuncia por presunta prevaricación y tráfico de influencias presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ).
El titular de este juzgado, Roberto Fernández Muñoz, incluso ha adoptado ya las primeras actuaciones para la instrucción de este caso, y ha citado a declarar a varios de los imputados.
En concreto, el alcalde, Antonio Tamayo, y la concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Concepción Marín-Blázquez, han sido citados para prestar declaración el próximo viernes, 9 de marzo, según han informado fuentes municipales.
También han sido llamados por el juez Fernández Muñoz para declarar el secretario municipal, Bartolomé Buendía, y el técnico municipal Antonio Bermúdez.
Jefe de Sanidad Animal
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidió el pasado 8 de febrero presentar una denuncia contra el alcalde, la concejal de Urbanismo y dos funcionarios municipales al encontrar indicios de tráfico de influencias y de prevaricación en la autorización de la ampliación de una granja de cerdos que no cumplía en ese momento la normativa vigente.
En la denuncia también aparece como imputado el dueño de la explotación porcina, José Pastor, que además es el jefe de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura. Se da la circunstancia de que José Pastor es cuñado de la concejal de Urbanismo, que a su vez es nuera del alcalde, y hermano de otra edil del PSOE
La investigación de la Fiscalía se inició en febrero del 2006 a raíz de unas informaciones publicadas por La Verdad. Este periódico denunció que el Consistorio ciezano había autorizado la ampliación de una explotación ganadera de José Pastor, que contaba con 1.600 cerdos y carecía de licencia de apertura. A pesar de esta última circunstancia, el alcalde de Cieza dio luz verde a su ampliación hasta las 4.000 cabezas, y ello, aparentemente, sin que tampoco existiera la previa y preceptiva evaluación de impacto ambiental.
IU llegó a presentar una denuncia por prevaricación contra el alcalde y pidió su dimisión, a lo que Tamayo siempre se ha negado.
De La Verdad
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