La deuda hipotecaria de familias y promotores alcanzó en 2006 los 911.376 millones de euros tras crecer un 23,3% interanual, la menor tasa desde octubre de 2003, según los datos ofrecidos ayer por la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Ese saldo vivo –lo que queda por pagar– supone un nuevo récord histórico pero su comportamiento respecto a 2005 deja entrever que el ‘boom’ inmobiliario comienza a desacelerar tras años de crecimientos desbocados. La AHE, que representa a bancos, cajas (líderes del sector) y al resto de entidades financieras, cree que el mercado ha tocado techo.
A lo largo del pasado año se firmaron hipotecas nuevas por valor de 172.042 millones de euros o, lo que es lo mismo, 471 millones de euros prestados cada día. Las entidades otorgaron una media de 15.334 millones (y sus correspondientes intereses) al mes. Un promedio que si se mantiene haría saltar la barrera del billón de euros en créditos hipotecarios vivos el próximo mes de julio.
Pero, sin embargo, algo parece haber cambiado. Hace justo un año, la AHE dio a conocer los datos de 2005. Fue el ejercicio más expansivo desde 1980 y terminó con un incremento del crédito concedido del 26,9%. Un ritmo idéntico al que registraron los meses de enero y febrero de 2006 y que, sin embargo, se fue apagando poco a poco desde entonces.
El enfriamiento tiene sus razones. Por un lado, el elevado precio de la vivienda, que dificulta no sólo la compra sino también la venta de los pisos. El ‘tsunami’ inmobiliario español elevó sobremanera los precios de los materiales de construcción y, aunque parezca una paradoja, hizo daño a los márgenes de los promotores. Precios por las nubes que hasta entonces no habían frenado el ímpetu general. Y entonces apareció el factor decisivo: el euribor.
Al calor de las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), el indicador comenzó una imparable escalada. A lo largo de 2006 se disparó un 1,1%. Una cantidad pequeña, pero que ha puesto en apuros a muchos de quienes se hipotecaron al límite para comprar su casa contando con que los largos plazos de sus contratos (30, 40 o incluso 50 años) les permitirían vivir desahogados. Y llegaron las revisiones de los contratos.
Un punto de euribor puede suponer 1.200 euros más al año en un crédito medio. Cantidad suficiente para preocupar a algunas familias. Lo peor está por llegar. En un reciente informe de su Servicio de Estudios, BBVA advirtió que la revisión de las hipotecas (lo que afecta al 6% del conjunto de los préstamos) será mucho más dura en los meses del próximo verano, cuando los diferenciales del euribor respecto a un año antes alcancen valores máximos. Por ahora, la referencia de ocho de cada diez contratos, supera ya el 4,1%.
A lo largo del pasado año se firmaron hipotecas nuevas por valor de 172.042 millones de euros o, lo que es lo mismo, 471 millones de euros prestados cada día. Las entidades otorgaron una media de 15.334 millones (y sus correspondientes intereses) al mes. Un promedio que si se mantiene haría saltar la barrera del billón de euros en créditos hipotecarios vivos el próximo mes de julio.
Pero, sin embargo, algo parece haber cambiado. Hace justo un año, la AHE dio a conocer los datos de 2005. Fue el ejercicio más expansivo desde 1980 y terminó con un incremento del crédito concedido del 26,9%. Un ritmo idéntico al que registraron los meses de enero y febrero de 2006 y que, sin embargo, se fue apagando poco a poco desde entonces.
El enfriamiento tiene sus razones. Por un lado, el elevado precio de la vivienda, que dificulta no sólo la compra sino también la venta de los pisos. El ‘tsunami’ inmobiliario español elevó sobremanera los precios de los materiales de construcción y, aunque parezca una paradoja, hizo daño a los márgenes de los promotores. Precios por las nubes que hasta entonces no habían frenado el ímpetu general. Y entonces apareció el factor decisivo: el euribor.
Al calor de las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), el indicador comenzó una imparable escalada. A lo largo de 2006 se disparó un 1,1%. Una cantidad pequeña, pero que ha puesto en apuros a muchos de quienes se hipotecaron al límite para comprar su casa contando con que los largos plazos de sus contratos (30, 40 o incluso 50 años) les permitirían vivir desahogados. Y llegaron las revisiones de los contratos.
Un punto de euribor puede suponer 1.200 euros más al año en un crédito medio. Cantidad suficiente para preocupar a algunas familias. Lo peor está por llegar. En un reciente informe de su Servicio de Estudios, BBVA advirtió que la revisión de las hipotecas (lo que afecta al 6% del conjunto de los préstamos) será mucho más dura en los meses del próximo verano, cuando los diferenciales del euribor respecto a un año antes alcancen valores máximos. Por ahora, la referencia de ocho de cada diez contratos, supera ya el 4,1%.
Julio Díaz de Alda
3 comentarios:
El Gobierno regional no descarta asumir las competencias urbanísticas de Los Alcázares.
Jara exige a Valcárcel que acabe también con “los convenios urbanísticos a la carta” de los municipios del PP
El Gobierno regional no descarta retirar las competencias de Urbanismo al Ayuntamiento de Los Alcázares (gobernado por el PSOE) una vez conocido el sumario de la operación Malaya, que deja clara la relación con esta trama de corrupción urbanística. El portavoz del Ejecutivo murciano, Fernando de la Cierva, afirmó ayer que es una posibilidad que barajan, “aunque no se ha tomado una decisión en firme”.
De la Cierva aseguró que en el caso de Los Alcázares la trama de corrupción está probada porque así consta en el sumario de la ‘Operación Malaya’. Las operaciones urbanísticas de Juan Antonio Roca, cerebro de la trama corrupta, han llegado hasta el municipio murciano. El Gobierno regional no descarta la posibilidad de retirar dichas competencias al consistorio, algo de lo que ya hay precedentes en dos comunidades autónomas como en el caso de la Junta de Andalucía –se los retiró a Marbella–.
Por su parte, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, exigió al presidente Valcárcel que intervenga y también le quite las competencias urbanísticas en municipios como Murcia, Cartagena, Cieza, Mazarrón, San Javier, Totana, Alhama, Caravaca, Águilas, Torre Pacheco, donde el ‘modus operandi’ es el pelotazo, los convenios urbanísticos a la carta, y los tratos de favor a amigos y a dirigentes del PP.
El concejal de Urbanismo de Los Alcázares, Alfredo Blanco, afirmó no entender por qué iban a retirar las competencias. “No encuentro razones para hacer esto ya que en este Ayuntamiento no existe delito urbanístico alguno ni procesos ilegales”, aseveró.
Indicó además que para quitar las competencias urbanísticas al Consistorio, “tendrá que haber alguna apreciación, previamente, de algo que se haya hecho mal” e insistió en que en Los Alcázares no se ha hecho ninguna modificación que no haya sido aprobada por la Comunidad Autónoma, “ya que nosotros no tenemos nuestras propias normas subsidiarias, sino que nos atenemos a la legalidad, pues no se ha hecho nada más que lo que permite la Ley”, insistió.
"El Faro"
Los ciudadan@s toleran la corrupción porque aún no alcanza a comprender que los políticos no son héroes admirables e inaccesibles, sino sólo representantes (formales, más bien) de la vecindad, a los que se paga para que gestionen los servicios públicos que ésta les demanda y, por lo mismo, responsables de la recta y eficaz administración del dinero público, así como de la honrada defensa de los intereses ciudadanos; gestores, en suma, a los que por consiguiente se les puede y debe pedir cuentas. El español medio todavía no ha llegado a la conclusión de que el político que utiliza las potestades públicas que él mismo le ha conferido en beneficio propio y en perjuicio de la colectividad, le ha traicionado en su confianza. El sacrificado contribuyente no ha reparado en que la corrupción le cuesta el dinero, que la paga él en definitiva cual si fuera un nuevo impuesto, pues ha de sufragar los servicios públicos que le presta una Administración cada vez más cara por desproporcionada, ineficaz y perversa. El consumidor no ha caído en la cuenta de que se hipoteca la vida pagando una vivienda tres veces más cara de lo que sería justo, porque la corrupción mediante en el sector la ha encarecido en igual proporción.
Cuando se produzca esta toma de conciencia por parte de la ciudadanía, ésta se tornara necesariamente beligerante contra esos políticos desalmados y manipuladores que la están esquilmando. Porque al cabo sólo nos preocupa aquello que nos afecta al bolsillo.
DECÁLOGO CONTRA LA CORRUPCIÓN
1. Pacto de Estado contra la corrupción. Por aquí habría que empezar, pues supondría el reconocimiento de la gravedad del fenómeno y la necesidad de afrontarlo. Lo han de suscribir partidos políticos e instituciones públicas representativas de todos los estamentos oficiales. Se trataría de diseñar una estrategia a corto, medio y largo plazo y de asumir compromisos y acuerdos para su plasmación en el BOE. No ha de faltar el compromiso firme entre partidos de excluir de la vida pública a los cargos afectados fehacientemente por la práctica corrupta. Sólo así la clase política se hará creíble ante la ciudadanía y los poderes económicos serán conscientes del nuevo orden de cosas.
2. Democracia interna en los partidos políticos. La Ley de partidos políticos se ha de modificar a fin de garantizar legalmente el acceso de los militantes capacitados a los cargos de responsabilidad interna, institucionalizándose en el seno de los partidos el proceso de primarias para la confección de las listas electorales, y haciendo posible la transparencia financiera de los mismos.
3. Nuevo régimen de financiación de partidos. Frente al deficiente régimen actual, censurado todos los años, de forma impenitente y vana por el Tribunal de Cuentas, se impone una reforma legal que reduzca los recursos económicos procedentes de la financiación pública, haga más transparente la financiación privada, extreme las obligaciones contables de los partidos y refuerce la fiscalización y control de sus cuentas.
4. Creación de Juzgados especializados. Con jurisdicción exclusiva y excluyente en la instrucción y posterior enjuiciamiento de todos aquellos procedimientos penales referidos a delitos contra la Administración, la Hacienda Pública, la ordenación del territorio o el medio ambiente. La represión de la corrupción ganaría así en calidad, celeridad y homogeneidad.
5. Implantación de Códigos de conducta en los Ayuntamientos. Para moralizar la vida pública frente a la generalizada falta de ética de nuestros gobernantes. Es absolutamente necesario diferenciar claramente entre la responsabilidad política y la penal; de este modo, sería perfectamente compatible la existencia de un Código Penal, esencialmente coactivo, con otro de conducta, que definiera comportamientos y actitudes, estableciendo sanciones complementarías de índole no penal, inclusive el cese en el cargo.
6. Reforma del sistema electoral municipal. En un triple sentido: de una parte, para ampliar el régimen de incompatibilidades de alcaldes y concejales; de otro lado, para limitar el número de mandatos de los corporativos; en tercer lugar, a fin de implantar las listas abiertas y la elección directa de Alcalde.
7. Reforma de la legislación de Régimen Local. Se hace indispensable extremar el control de legalidad sobre la actividad municipal y el económico financiero sobre el gasto; reducir drásticamente los supuestos de contratación directa de obras, servicios y suministros; dignificar la función pública local, poniendo coto a la designación ilimitada de personal de confianza y al abuso de la figura del concurso en detrimento de la oposición libre.
8. Racionalización de la gestión urbanística. Del gran espacio escénico de la corrupción municipal hay que desterrar la socorrida e interesada figura del convenio urbanístico (sobre todo en el ámbito del planeamiento). Asimismo, se ha de devolver al Pleno la facultad de aprobación, en primera instancia, de todos los instrumentos urbanísticos (con reserva expresa a la Administración autonómica de la aprobación definitiva de los mismos). Se ha de controlar rigurosamente la inversión de los ingresos procedentes del patrimonio municipal del suelo.
9. Reforma de la legislación penal. Para agravar las penas previstas para los delitos que tienen que ver con la corrupción. No es de recibo que un Alcalde condenado por prevaricación administrativa pueda ser parlamentario nacional o autonómico; o que el concejal de urbanismo que haya promovido la concesión ilícita de una licencia urbanística sea simplemente inhabilitado y condenado al pago de una multa; parece ridículo, en fin, teniendo en cuenta la gravedad e importancia de la materia electoral (médula espinal del sistema democrático) que se pueda penalizar con un mes y un día de prisión y multa de 180 € la conducta de alguien que haya comprado el voto de los electores.
10. Educación en los valores democráticos y ciudadanos. De un lado, formando al ciudadano, en todos los niveles educativos, en una moral de la convivencia más solidaria. En segundo lugar, desde los medios de comunicación, creándose opinión beligerante contra las prácticas corruptas, a fin de concienciar a la ciudadanía de que la corrupción es un mal negocio, que atenta siempre contra sus legítimos derechos e intereses y, sobre todo, contra la salud de la democracia que con tanto esfuerzo pretendemos consagrar en España.
( Publicado en Diario IDEAL de Granada, Almería y Jaén, edición de 6-02-07)
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