La Comisión Pro-Río ha calificado el informe de de la Fiscalía de Murcia sobre el robo del agua en la Cuenca del Segura como “un disparate jurídico, con argumentaciones contrarias a los informes del propio Ministerio del Medio Ambiente”.
Según Pro-Río, el Fiscal Jefe reconoce en su informe la existencia del robo del agua: “de los expedientes estudiados resulta evidente la existencia de usurpaciones del agua”, dice. También que “durante largos años la gestión de la Confederación Hidrográfica (la actual también) ha sido nefasta en lo que atañe a la evitación del uso ilegal del agua en toda la Cuenca del Segura.
Ni ha habido comparecencia de imputados ni han existido diligencias indagatorias que permitan negar la existencia de un mercado negro del agua en la cuenca, según Pro-Río. Antes al contrario, “el fiscal ha admitido de forma categórica, la existencia de un robo continuado de caudales públicos y privados, siendo siempre determinados grupos los que finalmente resultan beneficiados ilícitamente por el expolio del agua de la cuenca del Segura”.
Los miembros de la asociación que preside el profesor oriolano Muñoz Grau (en la fotografía inferior) denuncian desde esta organización que “la CHS ha consentido y continúa consintiendo conductas ilegales, calificadas de robos de agua por la Fiscalía de Murcia y de Madrid, siendo muy significativo a nivel de instrucción, que la dejación de funciones y falta de medios alegada, beneficie siempre a determinados grupos económicos denunciados por la Fiscalía de Madrid. La alegada e incierta falta de medios nunca puede justificar conductas ilegales en un Estado de Derecho”.
Añaden que, “en contra de lo manifestado por el Fiscal de Murcia, sí existen “resoluciones activas manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico”, como se puede comprobar en Informes de la propia CHS de 10 de Marzo de 2005, respecto a inscripciones de pozos, con total vulneración de la Ley de Aguas respecto a la finca El Chopillo, regadíos de Mula y otros señalados en dicho Informe de la Comisaría de Aguas”.
Los expedientes examinados por la Fiscalía de Madrid acreditan de forma muy explícita y con referencias administrativas concretas en autos, la existencia de una trama de personas y sociedades privilegiadas que ostentan el monopolio del uso ilegal del agua en la cuenca, insisten. La falta de medios, escandalosamente, supone siempre un trato de beneficio económico y permisividad activa para estos grupos. La CHS sí actúa y tiene medios para perseguir las infracciones administrativas de menor entidad efectuadas por quienes no pertenecen a los grupos económicos denunciados por la Fiscalía de Madrid.
EXIGENCIA DERIVADA DEL INFORME DE LA FISCALIA DE MADRID Y DE LA FISCALIA DE MURCIA
Pro-Río exige que la CHS, adopte de forma inmediata todos los medios administrativos y jurídicos para que los robos de caudales cuya existencia ha confirmado plenamente la Fiscalía de Murcia, cesen de forma inmediata y sean devueltos al Río Segura los caudales ilícitamente usurpados mediante pozos ilegales que detraen las aguas del Segura y del Pantano del Cenajo, así como las aguas sustraídas a sus legítimos titulares. “La CHS conoce perfectamente por medio de las denuncias de la Policía Fluvial y de la Guardia Civil la situación de los pozos ilegales y quienes explotan ilegalmente las aguas robadas, debiendo ordenar urgentemente el hormigonado y cierre definitivo de los pozos denunciados”, señalan.
“Es evidente, una vez más, que en Murcia no resulta posible la investigación de las actuaciones ilegales denunciadas por la Fiscalía de Madrid, que habrá de ser investigada y enjuiciada por otras instancias judiciales de carácter nacional y supranacional”.
La alegada “apatía de los funcionarios”, casualmente siempre concurre a favor del robo de agua para casos muy concretos y no puede en ningún caso justificar la ilegalidad permanente, el beneficio de unos y la ruina de aquellos que no pertenecen al grupo de los privilegiados denunciados por la Fiscalía de Madrid, denuncian desde Pro-Río, para quienes “las personas desposeídas de sus legítimos derechos deben recobrarlos de inmediato, dada su condición de agricultores que se están viendo obligados a vender sus tierras a causa de la situación económica en la que los ha sumido la actuación ilegal de la CHS”.
La CHS debe declarar de oficio nulas de pleno derecho las inscripciones de aguas efectuadas a favor de los grupos privilegiados que se benefician del agua que se roba a otros, y clausurar los pozos ilegales. Si la Fiscalía de Madrid y ahora la de Murcia, dictaminan que se están robando caudales, ante esta situación de ilegalidad, “la CHS debe responder urgentemente ante toda la sociedad, restituyendo la legalidad jurídica usurpada por la apatía de sus funcionarios públicos, y exigirles las responsabilidades establecidas por la legislación vigente”.
Finalmente, Pro-Río considera que “la apatía de los funcionarios públicos que conlleva a la impunidad del robo de las aguas de la cuenca del Segura, no tiene cabida en un Estado de Derecho. El Fiscal debe investigar la identidad de los funcionarios “apáticos” y qué causas les llevan a reservar su apatía únicamente en beneficio de los grupos denunciados por Madrid como monopolistas del usos ilegal del agua y del mercado negro del agua en la cuenca del Segura”.
8 comentarios:
Del trasvase Tajo-Segura al "mercado negro" del agua
Mientras se pedía fecha de caducidad al trasvase, el Gobierno de Murcia aprobaba el interés regional de un complejo con 24 hoteles, 11.000 viviendas, cinco campos de golf y 10 de fútbol.
Desde que el ser humano puebla la Tierra numerosos han sido los combates para hacerse con el control de sus recursos. En el siglo XXI la gran disputa es el agua. La continua amenaza de sequía no escapa a los gobernantes de esta época que buscan sin cesar soluciones que la impidan. En España, el principio constitucional de la solidaridad entre las CCAA obliga a las regiones ´ricas´ en agua a ceder a aquellas que padecen escasez. El problema surge cuando dicho agua no se utiliza para lo que se ha cedido y además, se produce un "mercado negro". Una situación que bien le puede sonar a CLM, una región que cede agua a Murcia a través del trasvase Tajo-Segura desde 1979 para que los murcianos rieguen sus huertas.
Sin embargo, dicho trasvase sirve para mucho más que para regar cultivos. Desde su inauguración y según un estudio de la Universidad de Murcia la superficie ilegal de regadíos surgida en la región "se cuenta por decenas de miles de hectáreas". Entre ellas podrían citarse, como ejemplo, las correspondientes al Paraje de las Lamparillas en el término municipal de Fortuna (Murcia), propiedad de la mercantil Gestimur y Áridos Torralba. Según una denuncia de Ecologistas en Acción, en dicha zona, que se encuentra catalogada por el Ayuntamiento como un área de secano, se realizí la puesta en regadío de 70 hectáreas y se construyó un embalse con capacidad superior a los 50.000 hectómetro cúbicos, contraviniendo la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente al no realizarse la evaluación de impacto medioambiental necesaria, entre otras normativas.
Marina de Cope
A las más de 4.000 hectáreas de regadíos que por año se incrementan abasteciéndose ilegalmente del Segura a través de un presunto "mercado negro" del agua, según el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve, habría que sumar el incesante incremento en la construcción de urbanizaciones y campos de golf sobre la famosa ´tierra de yeso´ de la región murciana. El último coletazo en este sentido lo dio el Consejo de Gobierno de Murcia cuando declararó el complejo turístico "Marina de Cope" como de Interés Regional y fijó su ejecución, que deberá iniciarse en el plazo de dos años.
"Marina de Cope" está promovido por la Consejería de Turismo de Murcia y, según el Gobierno regional murciano iba “a ser el complejo turístico más grande de Europa". Abarcaría 20,7 millones de metros cuadrados en los que se construiríann 24 hoteles y apartahoteles, con un total de 10.924 plazas turísticas; 10.968 viviendas residenciales, y una marina interior con 2.000 puntos de amarre. Habría cinco campos de golf, diez campos de fútbol, diez áreas deportivas por cada unidad residencial y una zona de hípica.
Además se construirían diez zonas comerciales, un hipermercado, diez zonas de ocio, salas de fiestas, casino y parques de atracciones y acuático.
Un ´megaproyecto´ que necesitaría de agua y que concentra todas las expectativas en una sola pregunta: ¿De dónde van a obtenerla?...
Robo del agua
Mientras que el Gobierno y los ayuntamientos murcianos aprueban proyectos turísticos sin parangón, el "mercado negro" del agua existente en torno al Segura es un hecho probado, cuando la jefa jurídica de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), María Vicenta Oliveros, denunció, antes de morir en un accidente de tráfico, irregularidades en el uso del agua al TSJ_de Madrid. Tras iniciarse la investigación oportuna, el fiscal jefe del TSJ de Madrid, Manuel Moix Blázquez, derivó a la Fiscalía murciana todas las diligencias practicadas por su fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, sobre supuestos robos de agua en el Segura cometidos entre 1983 y 1996, porque no había funcionarios de la Administración del Estado con sede en Madrid implicados en el caso. Por contra, sí constaban personas con residencia en Murcia.
Sin embargo, Moix, en su decreto del 19 de febrero, señaló que del contenido de las diligencias iniciadas por el fiscal instructor de Madrid se extrae que pueden "existir indicios de que determinadas conductas investigadas pudieran subsumirse en diversos tipos penales" y al igual que hizo Valerio en su informe, instó al Gobierno de Murcia a depurar las posibles responsabilidades entre los funcionarios de la CHS que estuvieran implicados en tomar caudales de forma ilegal para ser vendidos presuntamente, con el correspondiente fraude a Hacienda, a agricultores y urbanizaciones.
Regadíos ilegales
Y es que, según hizo constar el fiscal madrileño de medio ambiente, que utiliza en su investigación numerosas denuncias planteadas en los últimos años por asociaciones y organizaciones de agricultores, ratificadas en muchos casos por la investigación de la Guardia Civil, hay creado "un mercado negro del agua" en el que "grupos económicos" quitan ilegalmente el recurso a sus verdaderos dueños, regantes con derechos concesionales, para vendérselo posteriormente a precios muy elevados, con el presunto consentimiento de la CHS. El caudal fraudulento sería derivado a la construcción de urbanizaciones y campos de golf.
Imputados
En un principio, en el informe se implicó directamente al ya ex presidente de la CHS, Juan Cánovas, al ex comisario de Aguas, José Alemán, y al ex alto cargo Gerardo de la Cruz.
Después, las imputaciones por presunto uso ilícito de agua se extendieron a siete grupos económicos murcianos más, entre ellos, a los grupos empresariales de Mariano Roca Meroño, al del magistrado murciano y sus hermanos, Espinosa Rueda Jover, al grupo Hernández Zamora, al heredamiento de Aguas de Mula, cuyas instalaciones inauguró el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y a tres sociedades agrícolas de transformación, La Forja, Carche-Raspay y Abemar.
Una lista que a los que se les acusó de robar 60 millones de metros cúbicos de agua al año para regar 8.500 hectáreas de Murcia, Alicante y Almería, cifrando el mercado negro del agua en 18 millones anuales de euros, parte de los cuales se ocultarían a Hacienda. Si bien, la magnitud total "de agua robada", podría ascender, según se ha publicado, a los 200 millones de metros cúbicos al año, destinados a regar 30.000 hectáreas ilegales.
Gran parte de la información sobre el “Robo del Agua” en la Cuenca del Río Segura fue entregada a la Fiscalía de Madrid por la jefa de los Servicios Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, María Vicenta Oliveros, y por el jefe de prensa de esta institución, Antonio Bernabé. Se da la circunstancia de que ambos fallecieron -junto a un hijo de seis años de Bernabé- en un terrible accidente de tráfico en la N-II cuando viajaban a Madrid. En la capital tenían una cita con la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La muerte de los dos funcionarios creó una enorme consternación en círculos de la investigación de estos casos, ya que el testimonio de Oliveros se antojaba clave para esclarecer ambos caso
LOS CAZAPRIMAS DEL AGUA
Las investigaciones sobre el saqueo del Segura se originaron como consecuencia de presuntas irregularidades en la captación de agua y ampliación irregular de regadíos en un paraje clave, El Chopillo, en la comarca del noroeste de Murcia. Aquí están las últimas reservas y acuíferos de una cuenca fluvial tan castigada como la del río Segura.
Una denuncia sobre supuestas irregularidades para obtener fondos de la Unión Europea al implantar regadíos en una zona devastada por un incendio intencionado dio pie a una investigación que se lleva a cabo desde la fiscalía especial de Medio ambiente y Urbanismo de Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Están imputados hasta el momento los propietarios de esta finca, entre ellos el terrateniente y constructor Mariano Roca Meroño, el magistrado del cuarto turno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Mariano Espinosa de Rueda, y sus hermanos (ver Interviú número 1.364, de junio de 2.002).
El presunto fraude, según los limitados expedientes remitidos por el Ministerio de Agricultura al juzgado, rebasa los 600 millones de pesetas. Se da la circunstancia de que el Ministerio de Agricultura olvidó enviar al juzgado los expedientes relativos al magistrado, según informa a Interviú una fuente judicial. Ante la advertencia del Juez, Agricultura ha reconocido su inexplicable error.
Varios cazaprimas aparecen entre los denunciados ante la Confederación Hidrográfica del Segura por abusos con el agua, precisamente lo que provocó las pesquisas en El Chopillo, respaldadas por 97 denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
La plataforma Pro-Río dice que "los únicos procesos judiciales con éxito se producen fuera de Murcia"
¿Mató alguien a Vicenta y a Bernabé, o se mataron ellos solitos por ir a tanta velocidad en el "Mercedes"? Surge la duda razonable. Lo peor es lo del hijo de Bernabé y el dolor de la madre.
La investigación de la Guardia Civil de Madrid sigue abierta y todavía con ciertos interrogantes mecánicos. Por cierto, pocos días antes el vehículo de Vicenta fue revisado en un taller ¿pirata? utilizado habitualmente por la flota oficial de la CHS en Murcia.
¿Fatalidad, casualidad, imprudencia u homicidio? El tiempo lo aclarará.
EL ESTATUTO DE CLM SIRVE AL PARTIDO POPULAR PARA MANTENER SU ESTRATEGIA DE DESPISTE HACIA LOS CIUDADANOS
Cuando un gobierno no tiene nada que ofrecer a los ciudadanos suele aplicarse con excesivo celo en labores de propaganda y maquillaje en un intento por desorientar a los electores para que no se descubra lo evidente, una gestión gris e incompetente de quienes no dan más de sí y piden a gritos el cambio al banquillo. Algo parecido debe sucederle a un Ramón Luis Valcárcel demasiado empeñado en montar bronca y en darle titulares dictados a los conocidos popularmente como diarios del régimen, La Verdad y La Opinion, que no desaprovechan la más mínima ocasión para culpar de todos los males endémicos de los murcianos a Jose Luis Rodríguez Zapatero, al que todavía los poderes fácticos no le perdonan que ganase unas elecciones democráticas en marzo de 2004.
Esta semana el diario de Vocento daba en el gusto a las tésis de Ruiz Vivo y nos regalaba en portada un titular más propio de los medios de la conferencia episcopal que de un medio de comunicación al servicio de la información y del interés público al que se deben por la indigente cantidad de dinero en subvenciones que reciben de la Comunidad Autónoma por medio de nuestros impuestos, los de los votantes del PP pero también de aquellos que no comparten las políticas neoconservadores del Partido Popular. Lo sensato cuando uno le hace la cama a ciertos resortes del poder o apuesta por una opción determinada es reconocerlo públicamente y no engañar a los ciudadanos. Pero niegan la mayor porque quieren estar en misa y replicando. Solo hay que ver el titular en cuestión (y otros tantos a diario) para darse cuenta de que algo huele muy mal en los medios de comunicación murcianos.
"Barreda anuncia el fin del trasvase del Tajo y Zapatero no lo desmiente", este es el titular más significativo que nos pueden ofrecer aquellos que por su excesiva complaciencia con el poder están perdiendo a diario cientos de lectores. La intención es evidente y la pintura en la diana tiene todos los numeros de sugerirnos subliminalmente que "esos rojos malos" vuelven a la carga para cargarse nuestro futuro como región, después de otros capítulos muy laureados como "España se rompe" o "el Tripartito con ETA gobierna España".
El servicio público se convierte en servicio partidista cuando nos topamos con prácticas de este tipo en nuestra prensa supuestamente independiente que alardea no tomar parte por nadie ni por nada, cosa que no me parece mal si se sigue de un ejercicio de sinceridad hacia los ciudadanos. No cuela por ejemplo que cualquier sospecha de corrupción en Los Alcazares sea presentada a bombo y platillo dedicándole reporjates amplios y portadas varias mientras que casos mucho más evidentes (o si quereis "tan evidentes" de la misma trama") son minusvalorados y silenciados mediáticamente.
Pero volvamos al tema concreto. Leyendo entre lineas el titular de La Verdad podemos resumir el mensaje con un margen de error reducido: Barreda nos va a quitar el agua del Tajo y lo hará con el beneplácito de un Zapatero empeñado en arruinar a la Región solo dos años después de enviarnos al tercer mundo con la derogación del trasvase del Ebro; lectores, Zapatero es el culpable de lo que pueda pasar en el futuro porque es cómplice los malvados planes de Barreda, Maragall y Carod Rovira". No se rian aunque les parezca disparatado, ese es el efecto deseado y lo que van a pensar irremediablemente miles de lectores ansiosos de su ración diaria de naftalina y otros estómagos agradecidos que no viene al cuento citar.
No importa que el Congreso de los Diputados vaya a enmendar todos estos proyectos porque nuestra Constitución es impecable en claridad en el tema de la unidad de cuencas. Hace unos meses este diario ejerció de vocero complice de las tésis que apuntaban que el Estatuto Catalán impedía un trasvase del Ebro con la complicidad de Zapatero. Semanas después tras el trámite de las Cortes, con el voto del PSOE se anulaban esos artículos y quedaba por los suelos el mensaje apoalíptico del Partido Popular murciano de supuestas cesiones a los catalanes (para muchos, sinónimo de "diablos" "ladrones" o "peligrosos proterroristas"). No hubo marcha atrás o reconocimiento alguno desde el gobierno regional a pesar de un continuo bombardeo de acusaciones e insultos hacia el presidente del gobierno. Esta vez no será diferente el resultado y el Estatuto manchego saldrá retocado y limpio como una patena.
Algunos medios de comunicación están desbarrando y traicionando su editorial por la presión a la que se ven somentidos desde el poder económico y político. Hemos llegado a un punto de no retorno peligroso que empuja hacia extremos peligrosos con insistencia a la opinión pública. Nada como escuchar media horita a Federico Jimenez Losantos mientras se pasa revista al diario La Verdad para darse cuenta de que le quitamos el sueño al presidente de gobierno y al resto de comunidades convirtiéndonos en el centro de sus vidas y quehaceres cotidianos; menos mal que tenemos a los Valcárcel, De La Cierva y Vivos que mantienen nuestra dignidad a raja tabla, ¿eh? ¡Lo que nos respetan en el resto de comunidades, en Bruselas y en medio mundo gracias a estos santos benditos! ¡Pregunten pregunten que es lo que piensan de nosotros más allá de la frontera regional, pregunten!
El asunto no es baladí si nos atenemos a los hechos y a lo que en mi pueblo todavía llamamos "sentido común", que bastaría para demostrar la banalidad del titular y el plumero de quienes imitan e instigan los argumentarios del respetado Ruiz Vivo. Los señores de La Verdad hubiesen deseado que Jose Luis hubiese levantado la mano mientras Barreda estaba en pleno discurso para matizarle que lo que estaba diciendo era inconstitucional y que no se podía hacer, que sus bemoles son los que mandan; entonces ambos se enzarzarían bajo el asombro de los allí asistentes en un debate sangriento que crisparía el ambiente como La Cope manda (recurso favorito del PP, no lo pueden remediar) y conseguiría que en San Esteban los hombretones que en tan buen lugar han dejado nuestra imagen por todos los rincones del país se cubran de orgasmos para todos porque ya no hará falta volver a vestir al santo para darle un paseillo tipo siglo XV.
No señores de Vocento. El sentido común nos dice que en un mitin electoral los candidatos no van a enzarzarse en aquellas cuestiones que no comparten, esto es algo que a nadie debería extrañar y a ustedes menos, que aplican un doble rasero según de quien se trate. Porque entonces podríamos comparar el caso en cuestión con otros en los que los actores son bien distintos pero el resultado es similar, con el consiguiente mutis por el foro de sus siempre dispuestas plumas azotadoras.
Sin ir más lejos Mariano Rajoy hace unos días no censuró en Toledo las manifestaciones de Maria Dolores De Cospedal en contra del trasvase del Tajo al Segura, en un mitín de características similares al de Zapatero con Barreda; nada cambia salvo los actores. Desde los atriles de La Verdad no hubo titular, ni tirón de orejas alguno, si no que les pareció normal y sensato que no se tiraran de los pelos delante de los militantes, entre otras cosas porque da muy mala imagen y resta credibilidad a esa unidad de la que se empeñan en hacer gala y que no se cree ni el más radical de los suyos. Aquel día no vimos tampoco (o no se conoce) nota de prensa alguna de Ruiz Vivo o de De La Cierva pidiendo una rectificación a la candidata del PP por CLM, ni declaración incendiaria del osado Cerdá soltando sus peculiares perlas (cada vez que abre la boca nos hunde un poco más en las simpatías que nos dispensan los demás).
Muy mal le deben ir las cosas a Ramón Luis Valcárcel cuando calla ante los despropósitos de sus compañeros de partido, esos mismos que en su día dijeron que "a Murcia agua ni para beber" y que ayer votaron a favor del fin del trasvase para 2015. Mientras vemos a Jose Ramón Jara enfrentarse a las posiciones de sus compañeros manchegos nuestro presidente hace mutis por el foro y se pierde en discursos banales, faltos de contenido y puramente demagógicos. Porque uno pierde la credibilidad cuando muerde a los que visten de rojo pero se achanta con los que van de azul, la manía de regañar a los hijos de los demás y malcriar a los tuyos.
La culpa siempre es del vecino y nosotros no tenemos nada ver, ese es el argumento estrella de quien se empeña en torpedear cualquier acuerdo futuro con otras comunidades. Porque darse golpes en el pecho alardeando de murcianía (y quitandosela a los socialistas como la Consejera García) no tiene credibilidad si luego los hechos desmontan la parafernalia y la puesta en escena. Como dijo Juan Ramón Calero, curiosa forma de pedir solidaridad a otras regiones insultándolas y llamando a sus dirigentes insolidarios y antiespañoles, curiosa forma de exigir responsabilidad cuando eres incapaz de hacer la más mínima autocrítica hacia los tuyos.
La Ley del Embudo dice: para los amigos el lado ancho, para los enemigos el lado estrecho. El diario La Verdad y todo el coro de complices de la estrategia de hipnosis masiva orquestada desde los despachos de San Esteban aplican a diario ya con naturalidad (en sus comienzos les daba oportuna vergüenza) este principio elemental en cualquier práctica periodística desleal y partidista al margen de sus verdaderos clientes, los lectores. Los ciudadanos afortunadamente los han calado y la respuesta ha sido contundente: "no compro ese papel porque me toma el pelo".
http://lasombradevalcarcel.blogspirit.com
Zapatero justifica las presiones nacionalistas a los jueces por la «libertad de crítica»
LUIS AYLLÓN. MADRID
El presidente del Gobierno no sólo eludió ayer mostrarse crítico con la presión ejercida por el lendakari Juan José Ibarretxe sobre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), sino que, en la práctica, defendió la reacción del jefe del Ejecutivo vasco ante la decisión de los jueces de imputarle por la reunión que mantuvo el 19 de abril del pasado año con dirigentes de Batasuna.
José Luis Rodríguez Zapatero compareció en el Palacio de la Moncloa en rueda de prensa conjunta con el presidente de México, Felipe Calderón, que ha realizado una visita oficial a España de dos días de duración.
Al ser preguntado por los periodistas por la manifestación celebrada el pasado lunes en Bilbao, con participación de PNV, EA, IU y Aralar, en apoyo al lendakari, que hoy debe comparecer ante el TSJPV, Zapatero afirmó que «el respeto a las decisiones judiciales es una buena manera de contribuir al funcionamiento adecuado del Estado de Derecho», y señaló que el Ejecutivo «siempre ha actuado con ese principio».
Sin reproches
No obstante, el presidente manifestó, a renglón seguido, que «el Estado de Derecho permite la libertad de expresión y la libertad de crítica, que nadie puede impedir, porque está también en la Constitución y en las leyes». «Cada uno -agregó- adopta la postura que cree conveniente; tenemos ejemplos de todos los colores, pero me remito a lo que el Gobierno hace, que es el respeto permanente a las decisiones judiciales». En cualquier caso, Zapatero eludió pronunciar reproche alguno a la forma en que desde el Gobierno vasco se han expresado en la calle esas críticas, algo que el presidentel del PP, Mariano Rajoy, sí ha considerado inaceptable en un Estado de Derecho.
El presidente del Gobierno tampoco quiso incomodar a Juan José Ibarretxe cuando se le preguntó si considera oportuno que el lendakari se reúna con Batasuna tras el atentado del 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas, tal y como hizo sólo unos días después de la acción con la que la banda terrorista rompió su «alto el fuego». Pese a esa reunión y a que el lendakari anunció ayer mismo que tenía intención de seguir manteniendo ese tipo de encuentros, Zapatero dijo que «no hay que entrar en valoraciones de futuro, que ni se han producido ni hay ningún anuncio de que se vayan a producir».
El jefe del Ejecutivo indicó que mantiene su esperanza en que los partidos democráticos estén unidos contra el terrorismo y aseguró que no desea polemizar ni con Rajoy ni con ningún otro dirigente político, después de que el líder del PP haya afirmado que la manifestación del próximo sábado en Madrid convocada por el Foro Ermua mostrará que el Gobierno sólo puede pactar con los grandes partidos y no con Batasuna. «Yo estoy concentrado -aseveró Zapatero- en combatir el terrorismo y acabar con ETA y con la violencia».
Respaldo de Calderón
El presidente del Gobierno recibió en la misma rueda de prensa el apoyo del jefe del Estado mexicano. Felipe Calderón manifestó, de manera clara, su «reconocimiento y respaldo de las acciones emprendidas por Zapatero en la lucha contra el flagelo del terrorismo». De esa forma, se desmarcó de las declaraciones hechas por Manuel Espino, el presidente de su formación política, el Partido de Acción Nacional (PAN), en las que señaló que «al crimen hay que combatirlo y no dialogar con él, como hace Zapatero».
Además, el mandatario mexicano se comprometió a seguir colaborando con España en las extradiciones de presuntos miembros de ETA que se le pidan, «siempre y cuando esté dentro del cauce de la ley de México».
De "ABC"
El fiscal jefe tampoco ve delito en los pozos de la finca El Chopillo
Se remite a una sentencia anterior que dictaminó que no secaron la fuente de la finca colindante en Moratalla Pro Río de Orihuela señala que fue López Bernal quien instó al fiscal Valerio a investigar a la Confederación
M. BUITRAGO/MURCIA
El fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, tampoco ha apreciado indicios de delito contra el medio ambiente que guarde relación con la explotación de los pozos de la finca El Chopillo, en Moratalla. La investigación sobre este finca ha ido paralela a la del presunto robo de agua en la cuenca del Segura, y los pronunciamientos de los tribunales no han encontrado materia delictiva.
En su escrito solicitando al juez el archivo de la causa contra los ex altos cargos de la Confederación, el fiscal jefe destaca que «por lo que atañe a los pozos de la finca El Chopillo, a los que se achaca la sequía de la finca La Architana, es preciso decir que la legalidad de los mismos fue resuelta por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Murcia; y que practicadas las oportunas peritaciones, en nada afectaba a la fuente Architana».
La Comisión Pro Río de Orihuela, que ha actuado durante estos años como acusación contra la Confederación, pidió ayer en un comunicado el cese del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal. Propone al fiscal general del Estado que «sea apartado de todos los procesos relacionados con el robo del agua en la cuenca del Segura». El portavoz de Pro Río, José Antonio Muñoz Grau, añade que archivar el caso de El Chopillo «es escandaloso y grave».
Apuntó en un comunicado que «ha tenido conocimiento de fuentes muy cercanas al proceso en la Fiscalía de Madrid, que fue precisamente el señor Bernal quien ayudó a doña María Vicenta Oliveros para que se entrevistara con el fiscal de Medio Ambiente de la capital [Emilio Valerio] y pusiera a su disposición toda la documentación que acreditaba el robo del agua en la cuenca del Segura». Pro Río remitió una copia de la carta de Valerio en la que hace referencia a López Bernal, según éste. «Nos parece escandaloso que el fiscal que ayuda en el inicio del proceso sea ahora precisamente el que desimputa a la cúpula del la Confederación y archiva el caso de El Chopillo», señaló ayer.
Ecologistas en Acción, por otra parte, recordó ayer que «siguen abiertos varios procedimientos sancionadores y penales por robos de agua», en relación al archivo pedido por el fiscal. Para esta organización, el fiscal «ratifica la situación de irregularidades en las aguas subterráneas, el descontrol y mala gestión de la Confederación», como ha denunciado reiteradamente. López Bernal ha pedido en su escrito que se investigue por separado, en los juzgados correspondientes, las denuncias por extracciones ilegales de agua.
De "La Verdad"
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