¿Qué ha pasado en Pilar de la Horadada?

El trasfondo de la moción de censura, que hoy ha prosperado finalmente en el curso del pleno municipal extraordinario del colindante ayuntamiento alicantino de Pilar de la Horadada, hunde sus raíces en la vecina Región de Murcia y, más concretamente, en La Unión, Murcia y Cartagena. La radical posición en contra de un inminente macroproyecto urbanístico por parte de la dirección regional socialista terminó por condicionar casi a la fuerza el anterior criterio, decididamente a favor, del alcalde ahora saliente, Ignacio Ramos (arriba en la foto), renuente desde siempre a acatar las directrices de su partido en materia urbanística, hasta no asistir a ninguna reunión convocada al efecto por la ejecutiva regional del PSPV.

Los relevantes hombres de negocios y conocidos especuladores murcianos Alfonso García, Mariano Roca Meroño y Luis del Rivero, presidente de “Sacyr-Vallehermoso”, parecían aguardar tras la cortina a un nuevo consistorio más maleable, para sus particulares intereses de urbanizar 2.600.000 m2 de terreno rústico plantado de cítricos y regados con agua de pozos propios traída desde “El Chopillo”, en Moratalla, por el río Segura y los canales secundarios del trasvase del Tajo. La imaginación popular habla de sobornos millonarios entre quienes han aceptado vender su voluntad y hasta cree ver en la operación al antiguo usurero oriolano, Agustín Pérez Espinosa, hoy en la órbita de “Cajamurcia” al cobrar un sueldo vitalicio.

El PAI (Plan de Actuación Urbanística “Lo Romero”), en la parte suroeste del término municipal, lindando con San Pedro del Pinatar, ha sido la manzana de la discordia para acabar de un tajo con el tercer mandato consecutivo de mayoría absoluta del alcalde socialista, el almeriense Ignacio Ramos, a manos de los seis concejales del PP, con José Fidel Ros al frente y nuevo alcalde, dos tránsfugas del PSOE y un concejal independiente, aduciendo su mala gestión. Otros siete concejales socialistas han votado en contra mientras un segundo independiente se ha abstenido. El censurado aduce como intención oculta, los intereses particulares de sus censuradores.

Aunque la nueva mayoría niega el verdadero trasfondo urbanístico de esta crisis político-institucional y sus portavoces declaran que esta misma semana el PAI “Lo Romero” quedará sobre la mesa en otro pleno y a expensas de la nueva ley estatal del suelo hasta después de las próximas elecciones municipales del 27 de mayo de 2007, el PSPV-PSOE se mantiene alerta para denunciar cualquier maniobra extraña ante el fiscal anticorrupción de la Audiencia Provincial de Alicante, Felipe Briones, e impedir así la tramitación legalmente dudosa de entre 5.200-5.500 viviendas, más un campo de golf, muy cerca del norte del Mar Menor y a un paso del aeropuerto de San Javier.

Los terrenos a recalificar, dentro del ámbito hídrico de la Cuenca del Segura, están por encima de la cota 120 y no tienen derecho a riego con aguas del trasvase Tajo-Segura como sí sucede, en cambio, en otras 110.000 hectáreas de las provincias de Murcia y Alicante. La Vega Baja encierra unas 25.000 hectáreas de terreno agrícola con ese derecho e igualmente pendientes de una auditoria del Ministerio de Medio Ambiente para saber el verdadero uso actual de las aguas públicas. Desde el año 2001, el cambio de uso en ese suelo agrícola concreto se ha incrementado en un 75% por mor de las muy cuestionadas leyes regionales del suelo de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, bajo gobiernos ambas del PP, y que han permitido planificar hasta el año 2030 por encima de un millón de nuevas viviendas.

Sólo en los 45 municipios de la provincia murciana se habían firmado, hasta el pasado 31 de diciembre de 2005, un total de 286 convenios urbanísticos sobre suelo rústico y al margen de los vigentes planes generales de ordenación urbana. Pero ningún responsable municipal corrupto o sus corruptores se encuentran todavía en prisión provisional tal como ocurre ya en las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla, Baleares y Canarias.

Tras las próximas elecciones municipales/autonómicas y las nuevas leyes de Bases de Régimen Local y de las Haciendas Locales, el Gobierno espera hacer casi imposible esta proliferación de corrupción urbanística generalizada en ambas comunidades autónomas con independencia del signo de los gobiernos municipales. No es ningún secreto que esa corrupción salvaje obedece a que constructores y promotores inmobiliarios han pagado comisiones millonarias a políticos y funcionarios para asegurarse un trato de favor.

Un régimen de incompatibilidades muy severo, una mayor transparencia sobre permutas y convenios, así como un registro público de concejales tránsfugas en el Ministerio de Administraciones Públicas, serán la antesala para reforzar las competencias municipales y que se correspondan con su financiación en un proceso que debe hacer aumentar la participación ciudadana en la gestión local al tiempo que se establecen claramente las funciones del gobierno y pleno municipal.

Sin embargo, las nuevas competencias de los ayuntamientos no se podrán ejercer mientras no dispongan de la financiación adecuada y las comunidades autónomas se comprometan con el Gobierno del Estado a presentar proyectos regionales de ley para redefinir convenientemente esas competencias y su financiación, conforme a la reforma que se espera en 2007 de la Ley de Haciendas Locales vigente desde el año 2003 tras la ya prevista de la Ley de Bases de Régimen Local, que data de 1985.