sábado, 30 de diciembre de 2006

El abogado Diego de Ramón denuncia en Europa la competencia desleal de "Caja Murcia" y la CAM


El abogado murciano Diego de Ramón, fundador del nuevo partido Unión Democrática de la Región de Murcia y su virtual candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones de mayo de 2007, ha denunciado la regresiva situación de la obra social y, en consecuencia, la supuesta competencia desleal de “Caja Murcia” y la CAM, al menos ante la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (en la fotografía superior), el Consejo Económico-Social de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Asociación Europea de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Asociación Española de Banca Privada.

En su escrito, remitido a todas esas instancias, y más referido a situaciones concretas de “Caja Murcia”, De Ramón sostiene que cada año se reduce la cantidad proporcional dedicada a obras sociales mientras aumenta la inversión crediticia a modo de los bancos. El citado abogado en ejercicio afirma taxativamente que las cajas de ahorro son un instrumento financiero en manos políticas “bajo la pantalla de prestaciones sociales que no se corresponden en proporcionalidad con sus altos y grandes beneficios, gozando de todos los privilegios, hasta el punto de eximirse del pago de licencia fiscal del impuesto de Cajas”. El letrado destaca la necesidad de quitar a las Cajas esa dependencia política regional porque “el interés político se basa, en toda su época de gestión y control, en la renovación de sus órganos de dirección”.

La denuncia prosigue diciendo que “las Cajas gozan de privilegios institucionales propios de su nacimiento en las comunidades autónomas donde operan, no tienen juntas de accionistas pero sí despachos y órganos de control administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda”. A continuación De Ramón sostiene que las Cajas deberían dedicar ahora en la Región de Murcia casi mil millones de euros al año pero se pregunta: “¿Cuánto de ese dinero va a prestaciones sociales, cuánto dinero va a engrosar el capital social de la Caja (en referencia a “Caja Murcia”), haciéndola cada vez más grande a costa del capital social y disminución de inversiones sociales, cuánto dinero se deja de fondos de reserva y quién aprueba finalmente el capítulo de grandes inversiones a grupos inmobiliarios”. En el escrito afirma que “la idea ahora de las Cajas es igualar a las entidades bancarias en su salida al exterior para estar junto a los empresarios y, por tanto, apartándose de su verdadero fin social, instrumentándose como fin industrial financiero”.

De Ramón señala como dudosos fines sociales el Día de la Región y la Semana Grande de “Caja Murcia” pero se pregunta en el escrito quién aprueba las inversiones sociales, en qué se invierte y cuánto, de nuevo, quién aprueba los capítulos de la inversión de préstamos superiores a 50 ó 100 millones de euros en concesiones de créditos a grupos inmobiliarios y si están de acuerdo con la política del Banco Central Europeo, así si son examinados por el Banco de España (al que ha pedido las actas de las últimas inspecciones en “Caja Murcia”) u órganos de gestión externas a las Cajas sobre análisis de riesgos, informes de recuperación en caso de crisis ó impago, tasaciones, garantías exigidas a esos grupos inmobiliarios y avales solicitados para cubrir los fondos de reserva.

A su juicio, “falta justificar socialmente el equilibro entre obra social con eficacia y altos rendimientos, por parte de órganos de fiscalización y gestión exterior a ellas mismas” y en nombre de su partido solicita a la Dirección General de la Competencia en Bruselas que nuestras “cajas apliquen el mismo porcentaje de beneficios que aplican los bancos a sus accionistas (después de gastos, fondos de inversión y reservas propias) en prestaciones sociales de sus fundaciones o cuotas participativas, no la actual política de crecer a costa de la disminución de esas prestaciones y con operaciones financieras cuyo análisis de inversión o concesión de préstamos no respaldan los créditos multimillonarios, en proporción a los propios particulares, a sociedades cuyo capital social no llega a las proporciones del crédito o los instrumentos inmobiliarios con sus resultados están faltos de seguridad en proporcionalidad con el crédito concedido, si se verificase por el Banco de España o la Asociación Española de Banca”.

Precisamente en el escrito dirigido a la AEB, le comunica el propósito de su partido, la UDRM, de asumir las competencias bancarias la Comunidad Autónoma de Murcia y que sea la Asamblea Regional el órgano político que decida el porcentaje anual dedicado a fines sociales y en igualdad de trato a la propia banca privada al objeto de equilibrar y “para erradicar la competencia desleal que se ejerce actualmente por parte de las Cajas” al aplicar una política competitivo-financiera a costa de la disminución de los fines sociales.

En otro escrito dirigido a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón señala a las cajas de ahorro como agentes de las grandes operaciones inmobiliarias, donde se apuntan las corrupciones por concentración de grandes cantidades de dinero y se impulsa por sociedades donde el capital social dista mucho de llegar a los 100 millones de euros. “Las Cajas, debido a su gran dependencia política, dirigen sus inversiones de forma aislada o en créditos sindicados, siendo poco relevante las garantías que exigen a las sociedades a las que dejan el crédito para comprar suelo. Deben estar debidamente consensuadas teniendo en cuenta su capital social”.

El letrado murciano sugiere a la Benemérita que investigue, a través de sus unidades especializadas destacadas en el Banco de España, la concentración de capitales, sobre los fondos de inversión o reserva que garanticen el posible impago de dichos créditos. Y termina diciendo en ese escrito: “Allí donde no existen grandes financiaciones, no existe corrupción o prevaricación de políticos y entidades financieras o Cajas”.

Según Diego de Ramón, no le consta que la CAM ni “Caja Murcia” hayan presentado todavía en el Banco de España un protocolo de autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero para, de acuerdo con la Tercera Directiva de la Unión Europea en ese sentido, comunicar al SEPBLANC cualquier operación sospechosa, identificar a los autores y el origen del dinero.

Posteriormente a estos escritos del líder de UDRM, han entrado varias preguntas de IU en la Asamblea Regional para saber en sede parlamentaria cuestiones relacionadas con “Caja Murcia” y, más concretamente, con su actividad mercantil respecto a bienes raíces.

8 comentarios:

Anónimo dijo...

LO PEOR ESTÁ POR LLEGAR

Es justo exigir responsabilidades fiscales y penales a la Consejera de Hacienda, por apoyar e incentivar el fraude de las Cajas de Ahorro, al desviarse de los objetivos para los que fueron creadas.

Cajamurcia tiene que cambiar de rumbo y dejar de utilizar el dinero de los murcian@s para beneficio de los intereses del PPRM y su colegas constructores de Polaris World y CIA. No perdamos de vista, sin embargo, que lo peor está por venir, dicen desde el Observatorio por la Sostenibilidad.

En este sentido, a la Consejera de Economía y Hacienda hay que seguir desenmascarándola, por los compromisos adquiridos con los empresarios y banqueros en los casos de La Zerrichera, en Lo Poyo y con tantos otros programados en la mayoría de los Aytos. de la Región, tal y como se anuncia hoy en el diario "El País":

"Vivimos el boom especulativo más largo e intenso de la España moderna, que ha impulsado una ola de corrupción y afecta a la población con menos recursos económicos", asegura Fernando Prats, arquitecto y urbanista. "Nunca ha habido más viviendas y más cara, con crecimientos de precios del 160%, y menos oferta residencial a precios asequibles. El acceso a nuevas viviendas ha exigido, a quienes han podido hacerlo, elevar el endeudamiento familiar en el país en un 348% durante la última década", añade.

Los informes, los expertos y las pruebas que aportan, coinciden en que no se trata de algo puntual, sino de una tendencia, además, preocupante. "El consumo de cemento o la demanda de viviendas indican que todavía se puede mantener esta evolución no deseada y se seguirá ocupando la primera línea de costa con desarrollos urbanísticos y se seguirá construyendo en zonas protegidas, a no ser que se modifique la legislación y se dictaminen una serie de restricciones al aumento de la superficie artificial", afirma el coordinador del Informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España, Fernando Prats.

"Lo peor está por aflorar: los compromisos de los nuevos crecimientos, vía planeamiento municipal, pueden llegar a triplicar o cuadruplicar la capacidad residencial actual, porque en este ciclo especulativo la expansión inmobiliaria no se produce sólo a través de urbanizaciones ilegales sino a través de los nuevos planes urbanísticos de los ayuntamientos" (...).

Elena

Anónimo dijo...

Estas son palabras ( y hechos) mayores. Como que nadie se lanza a hacer comentarios. La caseta de López Rejas en La Paz tiene novedades muy interesantes que se conocerán donde es pertinente (y aquí, por supuesto, cuando sea posible).

Anónimo dijo...

se dice López Entrerejas.

Anónimo dijo...

Y Ramon Luis Vasalacárcel

Anónimo dijo...

Están apareciendo datos muy interesantes sobre algunos supuestos "Pobres" de La Paz, y sus verdaderos intereses alrededor del hombre de paja LR.

Anónimo dijo...

Cuando este suelte todo lo que sabe, algunos murcianos van a montar en cólera y a pedir que ruede alguna cabeza, que se cree muy lista, con desprecio a la inteligencia de algunos de sus paisanos, comenzando por don Diego de Ramón y terminando por algun emigrante de nuevo cuño.

Anónimo dijo...

¿Alguien habló alguna vez del calvo de la baraja? Es el momento de ir al fiscal-jefe y sugerirle que investigue a fondo al "comodín" de toda esta farsa, tan manipulada y presuntamente criminal.
Hay que evitar que los extremistas de la derecha se apoderen de los recursos que son de todos los ciudadanos.La democracia debe actuar sin más espera.

Anónimo dijo...

Cambiar al propietario del sillón presidencial de Enagás puede no ser una batalla fácil para Gas Natural. La compañía gasista promueve actualmente la sustitución de Antonio González-Adalid por Antonio Llardén, uno de sus dos representantes dominicales en Enagás, con el beneplácito del Gobierno, según fuentes del consejo de la empresa.
Sin embargo, este movimiento no cuenta con la bendición del resto de accionistas de referencia de Enagás. Según ha podido saber este periódico, Bancaja, Cajastur, de Caja de Ahorros del Mediterráneo, con un 15% del capital del gestor del sistema gasista, junto a Caja Granada, Caja Castilla-La Mancha y Caja Murcia, que controlan un 5% conjunto a través de Sagane Inversiones, están dispuestas a dar la batalla para evitar un golpe de mano, con el que Gas Natural obtendría el control tácito de Enagás.
Actualmente, la compañía que preside Gas Natural posee el 5% del capital del gestor del sistema gasista -la máxima participación que la legislación permite a una compañía- y tiene ocupados dos de los 16 asientos de su consejo -uno con Llardén y el otro con su presidente, Salvador Gabarró-.
Las cajas de ahorros expresan abiertamente su descontento por la brecha abierta por Gas Natural y aunque se reconocen en minoría frente a la órbita de influencia de la compañía gasista y del Ejecutivo dentro del consejo de Enagás, se declaran dispuestas a intentar frenar el relevo presidencial.
En este sentido, las mismas fuentes aseguran que tras sondear a los miembros del consejo del gestor del sistema gasista, «el desencuentro es muy fuerte, aunque Gas Natural logrará imponerse».
Las cajas de ahorros cuentan con cuatro votos dominicales y «dos de los consejeros independientes no son favorables al relevo». Según ha podido saber este periódico, estos dos miembros independientes son David Álvarez Mezquíriz y José Riva Francos. El primero es consejero delegado de Eulen además de consejero de Bodegas Vega Sicilia y de El Enebro. Riva Francos ocupa el cargo de vicepresidente del grupo Suardiaz al tiempo que es consejero de Red Eléctrica y de Logista.
Junto a la compañía gasista, que cuenta con dos votos dominicales, se alinean, en cambio, «entre cinco y seis» miembros independientes, «gracias, en parte, a la intromisión del Gobierno a favor del cambio».
Estas sumas darían un apoyo a la permanencia de González-Adalid de cuatro votos frente a los siete u ocho que arrastraría Gas Natural, contando con las abstenciones de Riva Francos, Álvarez Mezquíriz y alguna otra como, por ejemplo, la de Luis Navarro Vigil consejero dominical propuesto por British Petroleum en ejercicio de sus derechos por el 5% del capital de Enagás que ostentaba hasta más o menos un mes.
Actualmente, la filial de la petrolera británica no tiene ya presencia en el gestor del sistema gasista y, según fuentes del sector, «es probable que ante una votación optara por la abstención».
Fuentes cercanas al consejo de Enagás explican que éste no es el primer desencuentro de las cajas de ahorros con Gas Natural, ni «con la línea de actuación del Gobierno». Según explican, las entidades critican que «la retribución de la actividad gasista se mantuviera elevada hasta que, casualmente, la (empresa) de Gabarró hubo reducido su parte al 5%».
Las mismas fuentes esperan que de la próxima reunión ordinaria de los administradores de Enagás salga una decisión sobre el cargo de González-Adalid «bien en un sentido, bien en otro». El encuentro aún no ha sido convocado, pero estiman que es «muy probable» que la fecha escogida resulte el miércoles 24 de enero. Según explican, la deliberación sobre la propiedad del sillón presidencial de la compañía no figurará como uno de los puntos del orden del día, pero se tratará al inicio del consejo ante la «bola de nieve» formada al respecto. En consecuencia, los consejeros emitirán un comunicado «bien respaldando a González-Adalid, bien comunicando su sustitución», indican.