Este gobierno no debe durar ni un día
más. La organización de presuntos malhechores que lo sostiene no
solamente carece de plan o proyecto para el país sino que su horizonte
es puramente penal. En la medida en que no están ya procesados, sus
miembros más destacados saben que pueden estarlo en breve. El hecho de
que el gobierno esté en funciones no quiere decir nada porque aun en funciones, está banda de supuestos chorizos se las ingeniará para seguir robando.
Mariano
Rajoy, el de los sobresueldos, se aferra a la poltrona como la
garrapata al pescuezo del can. Realmente, su función es la de un okupa
contumaz. No quiere salir de La Moncloa ni a tiros. Pero tampoco trata
de legitimar su continuidad porque, con su política de no hacer nada, no
escuchar, no atender a razones, no dar ruedas de prensa, no rendir
cuentas, no responder a las preguntas, cada vez se configura más como un
gobierno golpista. Cualquier parecido entre este gobierno de corruptos y
otro normal en un país de nuestro entorno es pura coincidencia.
A
través de la ratita hacendosa que tiene en la vicepresidencia, Mariano
"Sobresueldos" pretende innovar el derecho público europeo y la
acrisolada Teoría del Estado, a base de sostener la falacia de que,
siendo el Parlamento nuevo, el gobierno no está sometido a control del
legislativo, sino solo al de los tribunales. Es la habitual mezcla de
leguleyería y estupidez que caracteriza a estos gobernantes.
Ningún
gobierno de ningún sistema parlamentario puede estar jamás al margen del
control parlamentario salvo quizá algún caso de estado de alarma,
excepción o sitio y aun así es problemático. En cuanto al control
jurisdiccional también es obvio: todas las instituciones públicas están
de suyo sometidas al control de legalidad de los tribunales. No hace
falta decirlo.
Hace
falta, en cambio, averiguar qué trama el gobierno que, como todos los
gobiernos, tiene tendencia a abusar de sus poderes, especialmente si,
como es el caso, los tiene tasados y reducidos a asuntos de trámite.
Precisamente por eso, el interés de la ciudadanía es que rinda cuenta
detallada de todos sus actos. Para impedir sus demasías.
Rajoy,
cuyo carácter arbitrario y despótico ha quedado de manifiesto en esta
legislatura, tiene muy mal perder y supedita los intereses colectivos a
sus resentimientos y malos humores. Parece que ahora se ha enfadado con
el Rey seguramente porque este no lo ha vuelto a proponer como
candidato. De tal modo, solo despacha con Felipe VI por teléfono y,
dentro de poco, se referirá al Monarca como "esa persona de la que usted
me habla".
Que
Rajoy se lleve bien o mal con el Rey no es asunto de gran interés, pero
que sepa actuar en relación con otras instituciones del Estado es
obligatorio. Ya sabemos que tiene a Puigdemont sentado en la boca del
estómago, pero eso no le exime de llamarlo por teléfono para interesarse
por el accidente del autobús que ha traído a España al primer ministro
italiano, Renzi. Y héteme aquí que el gobierno no sale a recibir al
italiano, pretextando que es una visita privada, pero presiona a
Puigdemont para que tampoco la Generalitat reciba al mandatario
italiano.
Es urgente terminar con la pesadilla de este gobierno. Es prioridad absoluta. Así parecen reconocerlo Sánchez e Iglesias.
Lo reconocen, pero no hacen nada. Han quedado para hablar el próximo 30
de marzo. No hoy mismo, que estarán celebrando el jueves santo. Van a
dejar pasar la llamada Semana Santa seguramente haciendo las estaciones.
Y,
mientras tanto, la gente a merced de estos desalmados que, viéndose ya
perdidos, ultiman sus fechorías, borran los discos duros, ocultan
pruebas. A saber lo que estarán haciendo en los ministerios y la
presidencia del gobierno. Cuando Aznar se marchó, no dejó ni una brizna
de información. Estos seguirán su ejemplo y, a juzgar por cómo responden
a las peticiones de los tribunales, todavía dejarán menos.
Realmente,
si el Parlamento no quiere verse ninguneado y escarnecido por un
gobierno que se niega a dar cuenta de sus actos, deberá actuar con
decisión. Ese recurso al Tribunal Constitucional firmado por todos los
grupos parlamentarios planteando un conflicto de competencias, parece
ser eso. Pero solo lo parece. Al plantear un conflicto de competencias,
el Parlamento se pone a la escasa altura del gobierno e, implícitamente,
a su nivel.
De órgano del Estado a órgano del Estado, si hay un
conflicto de competencias, se recurre al Tribunal Constitucional.
Correcto. Pero apocado, timorato, acobardado, burocrático. El Parlamento
no es un órgano del Estado al nivel del gobierno; es el órgano supremo
de poder del Estado, en cuanto depositario de la soberanía popular. El
gobierno es una especie de comisión del Parlamento, un delegado suyo y
no puede plantear conflicto de competencias porque su obligación es
acatar las órdenes del Parlamento.
Plantear
un conflicto de competencias es aplazar la cuestión sine die y permitir
que el gobierno siga haciendo de las suyas. Si el Parlamento quiere
realmente resolver este problema de forma tajante y rápida, que presente
una moción de censura. Al ser votada por toda la cámara excepto los
diputados del PP, el gobierno saltaría en cinco días y, en su lugar
habría otro que, probablemente presidido por Pedro Sánchez, a
continuación tendría que buscar estabilidad con una política de pactos
so pena de verse obligado a convocar elecciones.
Hay
quienes dicen que, en la situación actual, el Parlamento no puede
presentar una moción de censura. Olvidan que el que está en funciones es
el gobierno y no el Parlamento. Este está legal y perfectamente
constituido en pleno uso de sus atribuciones, una de las cuales, es
presentar una moción de censura al gobierno, sin distinción de si está
en funciones o en defunciones.
El problema es que, si este gobierno carece de escrúpulos, la oposición carece de valor.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED