La alta velocidad ferroviaria es, con diferencia, la
infraestructura de transporte en la que más fondos públicos se han
invertido en los últimos años en España. El AVE ha cumplido
recientemente los 25 años.
En este tiempo se han invertido, según Adif,
nada menos que 51.175 millones de euros, lo que supondría una media de
más de 1.100 euros por español. Y esta cifra se refiere sólo al importe
que ha supuesto la infraestructura, sin incluir, por tanto lo invertido
por Renfe en la compra del centenar de trenes AVE con que cuenta para
explotarla.
Hoy en día hay serias dudas sobre la sosteniblidad económica,
ambiental y social del AVE, y en su conjunto requeriría de una profunda
revisión, que se debería concretar en una auditoría independiente. El
desarrollo del AVE se ha hecho sin planificación global, a golpe más de
decisiones políticas que de necesidades reales.
Algunos años se ha invertido en AVE una cantidad equiparable a la que se recortaba, por otro lado, en partidas sociales.
Por ejemplo, el primer recorte aplicado por Zapatero en su ‘decretazo’
de mayo de 2010 suponía 15.000 millones de euros durante dos años, y la
inversión en AVE en esos mismos dos años fue de 11.400 millones.
Son conocidos los servicios de AVE que se han tenido que cerrar
porque, con un coste económico disparatado, daban servicio a menos de 10
pasajeros. Sin embargo, ha trascendido menos el tremendo despilfarro
–además de su fuerte impacto ambiental y territorial– de muchos de los
nuevos corredores de alta velocidad en los que se sigue enterrando el
dinero que se nos recorta por otros lados.
De hecho no es de extrañar que países más ricos que España como
Suecia, Finlandia Noruega… no tengan ninguna línea de alta velocidad,
aunque sí disponen de una amplia y eficiente red de ferrocarriles.
Otro caso, y por quedarnos más cerca: el Tribunal de Cuentas
portugués decidió no asignar fondos a la línea de alta velocidad que
conectaría Madrid con Lisboa, porque “no defiende el interés público y
de los contribuyentes portugueses”. Mientras, en España vamos a gastar
más de 2.600 millones de euros en la línea.
Luego está la tremenda disparidad en la asignación de presupuestos comparando con otras líneas de ferrocarril. Ha
habido años que el AVE se ha llevado 150 veces más fondos que las
cercanías, a pesar de que cada día viajan 30 veces más pasajeros en
cercanías que en AVE.
Una muestra clara de en qué tipo de pasajeros
están las prioridades del Gobierno. Y eso sin contar las líneas
de ferrocarril convencional abandonadas y cerradas, pese a la
reclamación social de que vuelvan a ponerse en marcha. En los
Presupuestos Generales del Estado de 2016 se destinaron todavía 3.500
millones para la construcción de nuevas líneas AVE y apenas 150 millones
para nuevas líneas de trenes cercanías.
El coste la Y vasca
La llamada ‘Y vasca’ no se escapa de esta situación general: cuando
el Gobierno vasco y el Central acordaron la construcción del AVE vasco,
el presupuesto previsto fue de 4.178 millones de euros, de los que casi
un 40%, 1.642 millones, los adelantaría la Administración vasca, para
descontarlos después vía Cupo. Una pequeña parte, 118 millones,
procederían de fondos europeos y el grueso de la operación
correspondería a Adif, con algo más de 2.500 millones por asumir.
Sin
embargo esos presupuestos ya están desfasados, y hoy se estima que el
coste superará los 6.000 millones cuando finalice en 2023. La desviación
es, por tanto, notable, y justifica un informe específico del Tribunal
de Cuentas.
Las obras de la denominada ‘Y vasca’, según un informe entregado al
Parlamento vasco por la consejera competente en materia de Transportes,
Arantxa Tapia, acumulan 263 millones de sobrecoste con respecto al
presupuesto de adjudicación en los tramos que construye el Gobierno
vasco en Gipuzkoa tras una encomienda de gestión por parte del titular
de la infraestructura, la sociedad pública estatal Adif. El denominado
“presupuesto vigente líquido” es de 1.838,59 millones frente a los
1.699,81 estimados inicialmente, que se redujeron a 1.575,30 merced a
las mejoras económicas ofrecidas por las contratistas.
Con estos números, la Administración ha puesto un 16,71% más de fondos
públicos con respecto a lo contratado y un 8,16% más si lo que se toma
como referencia es lo presupuestado. Un total de 263 millones en
sobrecostes. Ni uno solo de los 17 tramos en que se divide el corredor
guipuzcoano ha cumplido su presupuesto.
Además, ha de tenerse en consideración también que tras más de medio año
de investigación secreta, la Fiscalía de Álava, apoyada por la
Ertzaintza y por la Guardia Civil, tipificó el pasado mes de marzo como un
posible caso de “prevaricación, fraude en la contratación, malversación
de caudales públicos y falsedad en documento oficial” el millonario
sobrecoste registrado en las obras de construcción del tramo Beasain
Este de la ‘Y vasca’, terminadas hace ya un lustro.
Estos trabajos tuvieron un sobreprecio del 16% respecto al presupuesto
original y del 23% respecto al precio de adjudicación del contrato a la
UTE compuesta por las empresas Dragados, Iza, Ossa y Campezo.
Todo ello debería invitar a la reflexión, y es que la actual huida hacia
delante del Gobierno impulsando nuevas líneas de AVE carece de sentido.
Las líneas de AVE ya construidas suponen un lastre económico
muy importante, por ello es necesario repensar el futuro de esta
infraestructura que sólo ha demostrado, en sus 25 años de existencia,
ser insostenible económica, social y medioambientalmente.
(*) Ecologista y político
