sábado, 1 de febrero de 2020

Un patético por inoperante López Miras empieza a dar boqueadas culpando a otros de su incompetencia


MURCIA.- El presidente del PP de la Región de Murcia, un ya patético y sin rumbo, Fernando López Miras, ha esgrimido hoy "la discriminación, maltrato, la asfixia y la estrategia clara que el Gobierno socialista tiene con la Región de Murcia, con la lealtad y servilismo del PSRM", para desviar la atención ante su propia incompetencia política para resolver los graves problemas que se acumulan en la Región.

"El PSOE cree que le hace daño al PP, pero a la que perjudica es a la Región de Murcia", porque "está menoscabando su imagen", señala López Miras, que siente que los murcianos están siendo "objeto de ataques si precedentes", dice como cortina de humo para esconder las vergüenzas de este lorquino sin currículo profesional e inmaduro para la gestión pública.
En este sentido, el boqueante líder del PP murciano cree que "en esta época, es cuando más se necesita al PP", ha dicho sin empacho y sin rubor una vez más creyendo que todavía puede seguir engañando a una sociedad desencantada y que no le otorgó la victoria electoral.
López Miras se ha referido a la intervención de la Cuentas de la Región de Murcia por parte del Gobierno central y se ha preguntado, "¿acaso es justo que Murcia tenga los mismos objetivos de déficit y deuda que las CC AA que reciben 1.000 millones más?", como si eso no tuviera que ver con la grave situación actual de déficit creciente -más de 10.000 millones de euros- de la Comunidad Autónoma de Murcia, agravada desde su llegada a San Esteban. 
Ha anunciado luego que llevarán a los tribunales al Ejecutivo de Pedro Sánchez y que seguirán bajando impuestos pese a la "asfixia" del Gobierno central, en un alarde tanto de populismo barato como de impostura. 
Y como guinda, a estas alturas ha anunciado "un proyecto que se va a desarrollar los próximos meses" y que tiene como protagonista a la Región de Murcia, "para mostrar al resto de la sociedad cuál es la Murcia que queremos".
Y que se concretará en la Convención Regional del PP que se celebrará el 28 de marzo. 

Unidas Podemos denuncia "presiones ambientales insostenibles que deterioran a pasos agigantados" el Parque de Calblanque


MURCIA.- Tras que la Dirección General de Medio Ambiente ha informado de vertidos contaminantes con metales pesados, plaguicidas y nitratos al litoral de Calblanque a través del emisario municipal, desde Unidas Podemos IU Equo han exigido que se abra de inmediato una investigación interna y que se sancione, si procede, a la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR), responsable del arreglo y mantenimiento del emisario, una labor que en 2018, a la vista de los resultados, se hizo de manera deficiente.

Asimismo, han pedido a las administraciones que hagan efectivo, de manera inmediata, el decreto de suspensión de la actividad, emitido por Medio Ambiente, para que la Comunidad de Regantes Arco ponga punto final a los vertidos de la desaladora, "unas malas prácticas propias de la agroindustria que ya han herido de muerte al Mar Menor".
Desde la coalición consideran además que el deterioro de las aguas y el litoral de Calblanque, al igual que sucede con otros espacios naturales, "es producto de una combinación letal: un modelo económico depredador de nuestros recursos, que arrasa con todo a su paso, y unas administraciones que miran para otro lado y que no hacen mínimamente bien su trabajo, como prueban los arreglos a medias del emisario o que no se realizaran los controles regulares que exige el Programa de Vigilancia Ambiental".
Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha finalizado subrayando que "Calblanque es el único espacio natural protegido que nos queda. Y las malas prácticas y delitos, que no se controlan ni sancionan por parte de las administraciones responsables, están deteriorando el espacio a pasos agigantados".
"Además de tener que hacer frente a la especulación y de recibir más turistas y paseantes por el estado del Mar Menor, nuestro parque es un auténtico vertedero (que contiene restos de obras pública y hasta tubos de amianto), pero también está siendo víctima de la agroindustria, de la minería, del urbanismo mal planificado...Víctima en general de un modelo que desprecia la naturaleza, la considera un obstáculo o sólo la tiene en cuenta como medio de hacer negocios", ha concluido.

El nuevo aeropuerto de Murcia supera al de Almería en su primer año de vida


ALMERÍA.- El nuevo aeropuerto internacional ‘Juan de la Cierva’ de Murcia ha conseguido superar al de Almería -que es casi el único de la red que no tiene nombre- en su primer año de vida, según desvela hoy La Voz de Almería

Situado en Corvera, a 25 kilómetros de la capital en dirección a Cartagena, el aeródromo murciano ha superado el millón de pasajeros (1,1 millones), desde que abrió operaciones el pasado 15 de enero de 2019. Mientras, el aeropuerto de El Alquián, en el mismo periodo, se ha quedado varado en los 978.997, un 1,3% menos que en 2018. 

Consagrada su denominación al inventor del autogiro, la terminal murciana abrió sus instalaciones sustituyendo la operativa civil de San Javier y anunciando en su promoción, como área de influencia, destinos del Levante almerienses como San Juan de los Terreros, Vera y Mojácar. 

Aunque para estas localidades turísticas el aeropuerto almeriense está más cerca -entre 100 y 120 kilómetros, frente a los 150 a Corvera- parece que parte del botín de usuarios, Murcia lo podría haber obtenido en nuevos clientes en la zona levantina de la provincia almeriense.

Corvera es una concesión administrativa de la Comunidad de Murcia a Aena y, según sentencia del pasado mes de mayo, a partir del millón de pasajeros, la concesionaria deberá abonar a la Comunidad 0,84 euros por viajero. 

Esto supone que la Región de Murcia ingresará, en el primer año de funcionamiento, un montante global de más de 900.000 euros. 

Corvera se ha beneficiado de rutas inéditas hasta la fecha en la Región y que, según el ente gestor, nunca se hubieran producido en el antiguo aeródromo de San Javier, por ejemplo, los vuelos con Asturias, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Bilbao y Barcelona.

El aeropuerto de Almería ha volado contra corriente durante 2019 y ha descendido tanto en número de pasajeros como de operaciones de tráfico aéreo respecto a 2018. Esta bajada se produce a pesar de que los aeródromos de la red de Aena en España cerraron el año pasado con más de 275,2 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 4,4% respecto al año anterior y el mejor registro de su historia.

El aeródromo almeriense también ha sido el único de Andalucía en descender, tanto en número de pasajeros como de operaciones de tráfico aéreo. 

Aunque el de Jerez de la Frontera también ha bajado en viajeros respecto a 2018 (un 1,2%), ha registrado 54.505 operaciones, un 6,5% más. 

En la comunidad autónoma andaluza también se han batido récords, con 30.763.079 viajeros en 2019, un 7,4% más que en 2018; y 300.657 operaciones, casi un 6% más que el año anterior. 

Los datos andaluces más espectaculares se han registrado en el aeródromo de Málaga, que casi ha alcanzado los 20 millones de pasajeros, que se han incrementado en un 4,4% respecto a 2018, y más de 144.000 operaciones.

Almería se sitúa en quinta posición en Andalucía en cuanto a número de viajeros y operaciones, después de Málaga, Sevilla (con más de 7,5 millones de pasajeros) Granada (1,2 millones) y Jerez (1,1 millones de viajeros). 

Muy por detrás están el aeropuerto de Córdoba (de tercera categoría), con 10.642 pasajeros, aunque con un aumento de casi el 29% respecto al año anterior; y el helipuerto de Algeciras, con 37.714 viajeros (+20.8%).

La bajada de pasajeros del aeropuerto almeriense en 2019 se produce a pesar de que en el primer semestre había superado los datos, del mismo periodo en 2018, superando los obstáculos por las quiebras de dos compañías aéreas: ‘Primera Air’, que puso en peligro los vuelos escandinavos; y ‘Germania’, con la que se perdieron las rutas a Alemania, así como la considerable disminución de vuelos de Jet2.

Nuevo ataque al campo: en Almería hay una “grave explotación” a los trabajadores

ALMERÍA.- La situación de los trabajadores del campo en Almería genera a menudo una controversia que traspasa las fronteras no solo provinciales, sino también nacionales. A principios del mes de noviembre fue la cadena árabe Al Jazeera (1) la que levanto la voz de alarma al asegurar en un reportaje audiovisual que dentro de los invernaderos almerienses "muere gente".

Ahora, tan solo unos meses después, las críticas llegan desde Reino Unido, uno de los principales receptores de productos hortofrutícolas de los campos almerienses con una exportación de más de 280 millones de euros, y desde donde la revista 'Ethical Consumer' ha lanzado un mensaje de advertencia a todos aquellos supermercados multinacionales que venden productos llegados desde los invernaderos del sur de España.

De este modo, la revista advierte a sus lectores con un mensaje nítido en una de sus publicaciones digitales: "Desde 2011 se conoce la grave explotación de los trabajadores migrantes en la región de Almería, en el sur de España. Entonces, ¿por qué los supermercados y los certificadores agrícolas del Reino Unido siguen sin resolver los problemas en la región?". 

Y denuncian: "Las prácticas de empleo aún son inadecuadas en algunas granjas dada la naturaleza de la fuerza laboral, que comprende en gran parte a los trabajadores migrantes del norte de África".

La muerte

Una idea sobre la que ahonda la información de la revista de Reino Unido: "Se conocen graves problemas de los derechos de los trabajadores en Almería desde 2011: se han recibido reiterados informes de barrios marginales, salarios bajos ilegales", aseguran antes de llegar incluso a asegurar que muchos de estos trabajadores encuentran la muerte bajo el plástico almeriense: "Incluso la muerte de varios trabajadores locales por exposición a productos químicos peligrosos", señalan.

Asimismo, el artículo ataca con dureza a una compañia almeriense sobre la que no desvela su nombre y a la que culpa de obligar a los trabajadores a poner "en peligro" su vida con el uso de productos químicos. "Este hombre se ha derrumbado tres veces", dice un trabajador, Mohammed, sobre su compañero. “Lo han obligado a rociar [productos químicos agrícolas en los cultivos], o salir. Si se niega, lo sancionarán ".

Por último, desde Ethical Consumer señalan que esta empresa "anónima" toma represalias sobre aquellos trabajadores que levantan la voz. "Hosein se quedó con cicatrices en sus muñecas y manos de su trabajo durante los meses intermedios. Le dijeron que comenzara a limpiar los canales en el techo del invernadero, afirma, donde le cortaron y rascaron las manos con cables", recoge el artículo.


Andalucía aumenta las ayudas a los invernaderos

SEVILLA.- Los invernaderos andaluces van a recibir unas ayudas por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo sostenible que van a alcanzar los 12,7 millones de euros. Esta ayuda va dirigida a la mejora del rendimiento y sostenibilidad de estas explotaciones agrarias.

Aunque el presupuesto inicial era de diez millones, hace unos días, el Gobierno andaluz sumaba 2,7 millones más a la partida presupuestaria, con el objetivo de atender a un mayor número de solicitudes.
Estas ayudas se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y prevén cubrir hasta el 50% de la inversión, aunque también está contemplada la posibilidad de aumentarse en función de las circunstancias, como en el caso de los jóvenes agricultores.
Cada instalación puede optar a un gasto máximo subvencionable de 120.000 euros, pero si se trata de construcción de invernaderos podrá ascender hasta los 200.000. 
Los beneficiarios serán agricultores, agrupaciones y comunidades de bienes de explotaciones agrarias de la comunidad autónoma andaluza y con ese dinero se podrán incorporar instalaciones con un mejor diseño, más productivo y de mayor eficacia energética.
En la provincia de Granada, la costa acapara la mayor superficie de este tipo de instalaciones, y junto con Baza, Las Alpujarras y Alhama suman 3.122 hectáreas. 
En Almería, donde se concentra la mayor parte de la producción agrícola mediante invernaderos en Andalucía, hay 32.048 hectáreas repartidas entre el Campo de Dalías, Campo de Níjar y Bajo Andarax, Bajo Almanzora, Campo de Tabernas, Río Nacimiento y Alto Andarax. 
En Málaga se concentran en las zonas de Vélez-Málaga y Centro Sur-Guadalhorce, con una superficie de invernaderos de 776 hectáreas.
Por su parte, en Andalucía occidental destacan las superficies destinadas a invernaderos en la provincia de Cádiz, con 893 hectáreas entre Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, principalmente, así como Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Rota, Medina Sidonia y Arcos de la Frontera, y en la provincia de Sevilla hay 316 hectáreas repartidas por los municipios de Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Utrera, Aznalcázar, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Alcalá de Guadaira.

Los productores murcianos no creen que el Brexit afecte a corto plazo a las exportaciones agrícolas

LORCA.- Reino Unido se va de la Unión Europea este 31 de enero y, con la salida de este país, también deja el mercado comunitario uno de los principales destinos de los productos hortofrutícolas españoles y, por supuesto, también de la Región de Murcia, según Radio Lorca. 

A pesar de la incertidumbre en torno al Brexit, las exportaciones de frutas y hortalizas al Reino Unido fueron creciendo a lo largo del pasado año. En noviembre de 2019, la última cifra disponible, esas exportaciones habían aumentado un 5% y llegaban casi a 1.600 millones de euros en todo el país. Son cifras de Fepex, que espera que el ejercicio acabe con un cierre de 1.700 millones de euros.
Sin embargo, el acuerdo para la salida, sin un "Brexit duro", ha tranquilizado mucho a los productores y a sus clientes en las islas británicas. Como también apuntan desde Apoexpa, la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y otros Productos, ya en las negociaciones para esta salida comunitaria, las propias instituciones británicas dejaron a las frutas y hortalizas fuera del listado de productos que serían grabados con aranceles.
La preocupación, en el corto plazo, pasa sin embargo por los contratiempos burocráticos y administrativos a los que se pueden enfrentar los productos que se exportan a las islas en las aduanas. 
"Puede haber algún problema, aunque la autoridades inglesas nos han asegurado de que están por la labor de que no se produzcan y que los envíos y las entregas si produzcan como hasta ahora", dice Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa.
Por delante, la Unión Europea y Reino Unido tienen once meses para negociar un nuevo acuerdo que regule las relaciones comerciales entre ambas partes. Las negociaciones no van a ser fáciles, es lo que adelanta Fernando Gómez, director de Proexport, la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia:  "Reino Unido ahora va a tener libertad para negociar con otros países y la Unión Europea tendrá que estar atenta a qué concesiones se hacen a esos países o qué trabas ponen a los productos europeos".
Por eso, aún cree que pueden prolongarse más allá de ese 31 de diciembre que hay de fecha límite. "Creo que es imposible, pero todo puede suceder", dice Gómez, que recuerda que otros tratados comerciales como el que se cerró con Canadá requirió cinco años de negociaciones.

El TSJ avala la declaración de BIC de la Sierra Minera Cartagena-La Unión acordada en 2015

CARTAGENA.- El Tribunal Superior de Justicia avala la declaración como Bien de Interés Cultural de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, acordada en Consejo de Gobierno de 7 de octubre de 2015, según fuentes de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

La sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por dueños de terrenos de la Sierra Minera contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 10/10/2016 desestimatorio del recurso de reposición interpuesto por la demandante contra el Decreto número 280/2015, de 7 de octubre, por el que se declara bien de interés cultural con la categoría de sitio histórico la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, confirmándose el acto recurrido por resultar conforme a derecho.
Juan Antonio Lorca, secretario autonómico de Cultura de la Región de Murcia ha dicho que "la nueva sentencia del TSJ deja en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que se niega a apoyar la recuperación del patrimonio de la Región de Murcia con mentiras". 
Juan Antonio Lorca ha recordado que "el pasado mes de noviembre, el entonces ministro de Cultura en funciones, José Guirao, indicaba que la Sierra Minera de Cartagena y La Unión no podía recibir ayudas estatales para su recuperación, procedente del denominando '1,5 % cultural', porque este patrimonio no contaba con figura de protección. Es más, invitaba al Gobierno regional a que hiciese los deberes en la protección de su patrimonio".
Lorca afirma que "la nueva sentencia del TSJ demuestra que la Comunidad Autónoma hizo sus deberes y que la Sierra Minera cuenta con la máxima protección y es Bien de Interés Cultural, categoría de Sitio Histórico, desde su declaración en 2015".
"Una vez más, los tribunales dan la razón a la Consejería de Educación y Cultura y refuerza el trabajo y profesionalidad de sus técnicos en la protección del patrimonio. Desde la Comunidad Autónoma se solicita al Gobierno central que se comprometa con el patrimonio de la Región de Murcia y su recuperación y espera que el nuevo ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, no genere polémicas estériles con mentiras como su antecesor por puro interés partidista", ha dicho el secretario autonómico de Cultura de la Región de Murcia.
Finalmente, Juan Antonio Lorca ha comentado que "el patrimonio, su recuperación y protección es trabajo de todos y fundamental para preservar el legado cultural para el disfrute de las futuras generaciones. La sentencia el Tribunal Superior de Justicia demuestra una deslealtad y discriminación más del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el millón y medio de murcianos".

Usuarios sanidad pública: "Es muy problemática la situación de Lorca"


LORCA.- Desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, consideran que la situación de Lorca es "muy problemática". 

Así lo ha afirmado en Radio Lorca la portavoz del colectivo. Para Teresa Martín, una de las principales necesidades es reducir las listas de espera de consultas con especialistas, que son actualmente las más largas de la Región.
Asimismo, la portavoz de la asociación de usuarios considera "absolutamente necesaria" la puesta en marcha de un nuevo centro de salud en Lorca, con el objetivo de asumir a la mitad de los pacientes del centro de atención primaria de San Diego. 
El nuevo centro se ubicaría en el barrio de San Cristóbal y ayudaría a descongestionar el existente en la zona, que cuenta con más de 30.000 usuarios. 
Según Martín, este centro está tan saturado que los profesionales no pueden atender a sus pacientes con normalidad.
En cuanto al Centro de Alta Resolución proyectado en Águilas, Martín ha lamentado que el Gobierno regional "lleva tres años dedicando partidas presupuestarias a este centro, que luego no llegan".
Del nuevo gerente del Área III de Salud del Guadalentín, Enrique Casado, la asociación de usuarios espera que mejore la gestión.

El Gobierno de España crea la mesa de diálogo agrario


MADRID.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado hoy la creación de la mesa de diálogo agrario entre el Gobierno y las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA) para estudiar las medidas que son necesarias llevar a cabo para asegurar el futuro de la agricultura y ganadería españolas.

Esta mesa de diálogo agrario muestra el espíritu y la voluntad de diálogo del Gobierno de España para trabajar junto al sector en la búsqueda de soluciones a los temas que más preocupan a agricultores y ganaderos, como han dejado patente estos días en diversas manifestaciones. 
En el ADN del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está el diálogo y el trabajo conjunto, ha señalado el ministro.
Es preciso trabajar todos juntos, unidos, apostando por el diálogo para encontrar la mejor solución, según el ministro, y por eso ha convocado el próximo lunes, día 3, la primera reunión de la mesa de diálogo agrario en la que se fijará el método de trabajo, el calendario de los encuentros, así como los temas a abordar.

El PSOE de Lorca homenajea al alcalde socialista Fernando Chuecos, en el 80 aniversario de su fusilamiento

LORCA.- En la plaza que lleva su nombre en las Alamedas, la Agrupación Socialista Lorquina rindió un sencillo homenaje a quien fuera ultimo Alcalde de la república, Fernando Chuecos Reinaldos, en el 80 aniversario de su fusilamiento en la tapia del cementerio de San Clemente.

El acto contó con la presencia del Secretario General de la Agrupación, Diego José Mateos, que cerró los discursos. 
El maestro, Juan Antonio Fernández que glosó la biografía de Chuecos, el escritor Pedro Guerrero que recitó un fragmento de la poesía que Eliodoro Puche dedicó al alcalde socialista, de la Secretaria de Memoria de Histórica de la Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE, Toñi Mendez Espejo y de miembros de la familia del homenajeado.
Al finalizar las intervenciones, Mateos y la familia de Fernando Chuecos colocaron un centro de rosas rojas junto a la placa que da nombre al lugar..
Mateos destacó en su intervención que “en estos momentos de tensión política corresponde a los socialistas poner la serenidad que dan 140 años de historia para recordar que en democracia cabemos todos”.

Ciudadanos estudia expedientar a sus ediles de Alicante tras votar contra el castellano

ALICANTE.- Los cinco concejales de Cs Alicante votaron en el pleno municipal de Alicante junto con PSPV-PSOE, Unidas Podemos y Compromís que Alicante es una ciudad de «predominio lingüístico valenciano» en plena polémica por la ley de Plurilingüismo de los nacionalistas (Vicent Marzà) en Educación, el requisito lingüístico en la futura ley de la Función Pública de los socialistas (Gabriela Bravo) y después de que su portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, acabase de llegar de las instituciones europeas donde defendió los derechos lingüísticos de los alumnos en la Comunidad Valenciana al considerar que la ley educativa «vulnera el derecho fundamental a la libertad».

El cabreo en amplios sectores del partido y en asociaciones de padres afines ante la decisión de los cinco concejales alicantinos era manifiesto en las redes sociales. Algunos dirigentes abogaban por la apertura de un expediente informativo o disciplinario para saber qué había pasado y que medidas se podrían tomar contra los concejales alicantinos por romper la principal línea ideológica de un partido que nació contra las imposiciones del nacionalismo en Cataluña
Y es que ese mismo días se celebró una asamblea del partido en la ciudad a la que acudieron la mayor parte de afiliados de la provincia y donde se puso de manifiesto por parte de sus protagonistas la ruptura de disciplina de voto.
El Mundo se puso en contacto con el responsable provincial de Acción Institucional del partido para comprobar si había consigna de votar diferente, a favor de declarar (con un declaración institucional nula a efectos prácticos pero importante a efectos simbólicos), quien sin embargo, manifestó que él dio el 'ok' al voto en contra. 
Según explicó, después de que el principal asesor del partido en el Ayuntamiento le leyese una enmienda con al que estaba de acuerdo.
Puestos en contacto con este asesor afirmó que sí que él leyó esa enmienda al responsable institucional pero que ya no está su poder y que procedía del área de Cultura, que es donde se justificó que no se quisiese votar a favor de declarara a la ciudad de Alicante de predominio castellanohablante.
Desde el área de Cultura, no obstante, se negó la existencia de ninguna enmienda y se justificó el voto junto a socialistas, podemitas y nacionalistas en que se había retirado la moción original de Vox de derogar la Ley de Uso del valenciano (1983) y que se había quedado sólo en la declaración de «predominio lingüístico». 
En este sentido argumentaron desde esa Concejalía que en 30 años de vigencia de la legislación «nadie había puesto en duda» que la ciudad de Alicante pertenece ala zona de predominio lingüístico valencianoparlante. También señalaron que el propio concejal Antonio Manresa hizo un «encendido» rechazo de la ley de Plurilingüismo de Marzà en su turno de palabra.
Así las cosas no queda claro si hubo o no hubo enmienda que justificase el rechazo a la moción de Vox. Lo que sí quedó claro es que los cinco concejales de Cs ni siquiera se abstuvieron en el punto, sino que conscientemente votaron a favor de declarar que la ciudad de Alicante es «de predominio lingüístico valencianoparlante», algo que menos a ellos extrañó a propios y ajenos.
Al parecer, uno de los dirigentes más «cabreados» con la «ruptura ideológica de su partido en la ciudad de Alicante», fue según su entorno más cercano, el propio Cantó que trabaja ya para llevar a 50 representantes de la sociedad cilvil al Parlamento y el Consejo de Europa en defensa de la libertad de elección de los padres de la lengua vehicular con la que educar a sus hijos. 
Esas mismas fuentes confirman que con la «inseguridad ideológica» provocada por los ediles de Alicante lo que único se hace es alejar a la ciudadanía de un partido «que hasta ahora tenía las cosas muy claras». 
A las puertas de una nueva manifestación. Desde este sector se manifestó que el área de Institucional en Valencia, superior jerárquica de la de Alicante que ayer dijo lo contrario, no se había dado el 'ok' a los concejales de Alicante y que por tanto habían roto la disciplina de voto.

NUEVA MANIFESTACIÓN CONTRA EL PLURILINGÜISMO: EL 7 DE MARZO
El Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, participado por Concapa, la Fapa Gabriel Miró y la asociación Idiomas y Educación ha convocado la nueva manifestación contra el Plurilingüismo en la ciudad de Alicante para el próximo día 7 de marzo de 2020 a las 18 horas.
Los padres, dijeron, quieren que se reconozca la libertad de elección de lengua, reconocido en el artículo 27 de la Constitución y el artículo 26.3 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, recordando que no hay país de nuestro entorno en el que los niños no puedan recibir la educación en su lengua materna, si se trata de la lengua común y oficial del Estado.
Por su parte también el jueves tuvo lugar en Almoradí la segunda reunión de la plataforma Ampas Vega Baja. La plataforma está compuesta por representantes de AMPAS, padres y madres preocupados por la educación de sus hijos y por las consecuencias negativas que va a traer consigo la implantación del plurilingüismo en su comarca.
Algunas están federadas, otras no, pero con esta Plataforma se pretende dar voz a toda la comunidad educativa, dejando al margen otras cuestiones de carácter burocrático.
En la actualidad ya cuentan con representantes y asociaciones de los 27 municipios que conforman la Vega Baja.
Los asistentes valoraron de manera muy positiva la manifestación que tuvo lugar el pasado día 18, en cuyo éxito tanto colaboró Ampas Vega Baja. «La presencia en las calles de Orihuela de más de 20.000 ciudadanos de nuestra comarca es un hecho que la Conselleria de Educación no puede pasar por alto. El mensaje que lanzamos ese día fue claro: no queremos que nos impongan una ley de plurilingüismo que es lesiva para nuestros hijos, especialmente para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, entornos familiares difíciles, escasez de medios culturales y económicos a su alcance. Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de que los alumnos aprendan lenguas, valenciano e inglés, pero no a costa de perder conocimientos en otras materias que forman parte del currículo y que también son decisivas para su formación».
En la reunión se fijó una hoja de ruta de actuaciones a llevar a cabo durante las próximas semanas, con el objetivo de conseguir que esta Ley no se implante en Secundaria y deje de aplicarse en los centros de primaria que ya la están llevando a cabo, ya que como explicó a El Mundo Gracia Martínez, los problemas llegarán dentro de dos años cuando en Primaria también se eleven los porcentajes de idiomas a las asignaturas troncales.
Entre estas se encuentra la participación en la próxima manifestación que contra la Ley del Plurilingüismo tendrá lugar en la ciudad de Alicante.

Los vecinos del Centro solicitarán indemnizaciones individuales al Ayuntamiento de Alicante por no aplicar la ZAS

ALICANTE.- Los vecinos del Centro Tradicional retoman su campaña reivindicativa frente a los molestias por ruido asociadas a la actividad hostelera y a los locales de ocio concentrados en el entorno de la calle Castaños y adyacentes. 

La asociación que los agrupa celebró este martes una reunión extraordinaria, con cerca de un centenar de asistentes, en la que se acordó iniciar los trámites para la presentación de escritos de reclamación de indemnizaciones de manera individual ante lo que los residentes consideran falta de respuesta del Ayuntamiento frente a la sentencia que condena a acordar la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en el barrio.
En concreto, los asesores legales de la asociación habrían calibrado la reclamación a la que podría acogerse cada residente en una suma de 3.000 euros en respuesta a los daños morales ocasionados, al no haber adoptado medidas tendentes al cumplimiento de esa sentencia. 
Durante la asamblea, se puso de manifiesto que "hasta la fecha el Ayuntamiento no está ejecutando la sentencia que le insta a declarar zona ZAS", por lo que, según han precisado portavoces del colectivo a través de un comunicado, "si no se vieran los resultados en fechas próximas, se tomarán las medidas jurídicas que correspondan para requerir al Ayuntamiento a que ejecute la sentencia".
En esta línea, según las mismas fuentes, el asesor jurídico de la asociación incidió en que el recurso presentado por el Ayuntamiento frente a la sentencia de primera instancia "es independiente de su aplicación" y que, "en caso de que prospere, el Ayuntamiento podrá revocar lo que tenga aplicado". 
Así, según el mismo comunicado, "se animó a los vecinos, a rellenar un impreso de demanda al Ayuntamiento, pidiendo en ella 3.000 euros por daños y perjuicios morales". En principio, la intención del colectivo vecinal es que cada residente dispuesto a reclamar pueda registrar esos impresos de reclamación en el Registro municipal a partir del mes de febrero.
El equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs, dio inicio al expediente para tramitar la declaración de ZAS en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo a finales del mes de diciembre. 
Hasta el momento, según fuentes municipales consultadas, se estaría recabando informes sectoriales a todos los departamentos afectados, entre los que se incluyen Seguridad, Urbanismo, Ocupación de Vía Pública y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Murcia trabaja en 25 proyectos de inversión por valor de 25 millones de euros procedentes de la UE

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia se encuentra trabajando actualmente en un total de 25 proyectos municipales financiados con fondos procedentes de la Unión Europea por un valor de 25.587.735,07 euros. La financiación de estos proyectos es responsabilidad de la Concejalía de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, que dirige Mercedes Bernabé, a través del Servicio de Programas Europeos del consistorio.

La inversión recibida se enmarca dentro de dos de las grandes estrategias lideradas por la corporación municipal: la Estrategia DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) Murcia IT, Innovación + Tradición, que dispone de un presupuesto global de 17.588.716,25 euros, y la estrategia Murcia Smart City, con el proyecto 'MiMurcia: Tu Ayuntamiento Inteligente, Cercano, Abierto e Innovador', que cuenta con un presupuesto de 7.999.018,82 euros.
Ambas estrategias financian dos modelos de ciudad, el modelo territorial y el modelo inteligente, recogidos en la Estrategia Murcia 2020, como resultado de las mesas de trabajo del Consejo Social de la Ciudad del mandato anterior.
Por un lado, la Estrategia DUSI contempla proyectos de inversión en diferentes líneas estratégicas. Cabe destacar la movilidad sostenible, con la implantación de carriles bici en el municipio y obras de peatonalización de Alfonso X El Sabio.
De vital importancia ha sido también la línea de valorización de los elementos patrimoniales urbanos, con proyectos como la ampliación del Centro de Interpretación del conjunto Arqueológico de la Muralla de Santa Eulalia, la ejecución del Itinerario Turístico de la Muralla de Murcia y sus Puertas, la rehabilitación y puesta en uso de la fase I la antigua prisión provincial o la remodelación del Palmeral de la Paz, así como la rehabilitación del módulo 1 y 2 del Cuartel de Artillería.
La Estrategia DUSI incluye también las actuaciones que se están desarrollando con el proyecto Murcia Río en su tramo urbano, con la adecuación de la mota derecha del río para uso recreativo y la revegetación de la mota izquierda o el Paseo Fluvial Rio Segura. Otras actuaciones destinadas a la revitalización de barrios son las que se están llevando a cabo en El Carmen y la Paz en el marco del proyecto AND Urbano.
Por otro lado, el proyecto 'MiMurcia: Tu Ayuntamiento Inteligente, Cercano, Abierto e Innovador' será la plataforma para acercar al ayuntamiento a la ciudadanía, personalizando la información del ciudadano en función de su contexto, localización y momento.
El proyecto contempla también el desarrollo de una plataforma TIC que permita cambiar el paradigma de la comunicación entre ciudadano y ayuntamiento, de forma que la institución ponga a disposición del usuario sus diferentes servicios y fuentes de información para hacerle llegar, en cada momento, la información que necesita y acorde al tipo de interacción que desee.
Ambos proyectos están financiados en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente al periodo 2014-2020.

El SEF lanza más de 200 cursos en febrero para formar a casi 3.000 parados y ocupados

MURCIA.- La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha programado para el mes de febrero un total de 202 cursos de formación del SEF, que contarán con la participación de 2.841 alumnos. Todavía se encuentra abierto el plazo de inscripción en la mayoría de estas acciones, para lo que es necesario ponerse en contacto con las entidades que los imparten.

La oferta de cursos puede ser consultada en la sección 'Busco un curso' de la web del SEF o en el portal talentomurcia.es, donde los interesados encontrarán información pormenorizada y datos de contacto.
En total, serán 52.000 horas de formación que abordarán las competencias y habilidades de 22 familias profesionales con el fin de, por un lado, incrementar las opciones de inserción de las personas desempleadas y, por el otro, mejorar la cualificación y el posicionamiento en el mercado laboral de los trabajadores ocupados.
Los cursos se celebrarán en 25 municipios de la Región, con los 50 de Murcia a la cabeza, seguidos de los 26 de Cartagena y los nueve de Alhama de Murcia. Uno de los cursos más demandados por los alumnos, el de 'Docencia de la formación profesional para el empleo', es impartido este mes en Cartagena, Murcia y Torre-Pacheco, y permitirá en un total de cinco cursos que 75 desempleados obtengan la cualificación suficiente para ejercer como profesores de acciones formativas.
Los cursos de formación de química son actualmente los más eficaces en la Región de Murcia de cara a una inserción laboral posterior, según refleja el último informe trimestral 'Inserta' elaborado por el SEF.
Así, el 66,7 por ciento de estos alumnos son contratados durante el periodo de seis meses siguientes a la finalización de la acción formativa, un dato que está más de 24 puntos por encima del de inserción general en el conjunto de sectores, que es del 42,2 por ciento.
A continuación, son los cursos de fabricación mecánica los que tienen una mayor relación con la contratación posterior (un 64,9 por ciento). 
En tercer lugar se encuentran los cursos de energía y agua, con una tasa de inserción del 64,4 por ciento; seguidos por los del sector de la industria alimentaria (61,5 por ciento) y los de seguridad y medio ambiente (54,7 por ciento).
El director general del SEF, Aurelio Morales, subrayó que "esta formación se ha programado teniendo en cuenta los requerimientos actuales del mercado de trabajo, y con el objetivo de que sean altamente eficaces para la inserción laboral posterior. Además, la mayoría de estas acciones formativas conducen a la obtención de un certificado de profesionalidad".
A mediados de febrero arrancará uno de los cursos con mayor nivel de inserción, concretamente el de 'Organización y control de ensayos no destructivos', englobado en la familia profesional de la química. Esta acción es impartida por el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena y tiene abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de febrero.
Las familias profesionales con mayor número de cursos en febrero son administración y gestión (41), servicios socioculturales a la comunidad (27), comercio y marketing (21), sector agrario (11) y hostelería y turismo (10). También se ofrece formación para colectivos específicos, como trabajadores ocupados en empresas de economía social, parados de larga duración o jóvenes emprendedores, con contenidos adaptados a sus perfiles.
Los alumnos que participan en acciones formativas para desempleados reciben una ayuda de transporte público urbano e interurbano de hasta 1,5 euros por día de asistencia. Cuando no existe medio de transporte público entre el domicilio habitual del alumno y el del establecimiento formativo, pueden recibir una ayuda en concepto de transporte en vehículo propio por importe máximo de 0,19 euros por kilómetro.
Los participantes también perciben una ayuda por manutención de 12 euros por día lectivo, siempre que la distancia entre las localidades del domicilio del alumno y en la que se desarrolle la formación sea superior a 50 kilómetros.
También existe una ayuda por alojamiento y manutención de hasta 80 euros por día natural, disponible cuando los desplazamientos no puedan efectuarse diariamente antes y después de las clases.

La web del Archivo General de la Región permite acceder a 274.000 documentos y un millón de imágenes

MURCIA.- El Archivo General de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura, permite, a través de su página web, el acceso a 274.000 documentos y a casi un millón de imágenes consultables en línea.

El conjunto de fondos y colecciones que custodia el Archivo supera los 400, entre públicos y privados, con documentos datados entre los años 1284 y 2019. Asimismo, son relevantes sus fondos fotográficos, que superan el millón y medio de imágenes, y las colecciones musicales, con partituras de numerosos autores murcianos.
El pasado año se mantuvo el ritmo en la incorporación de nuevos usuarios al Archivo General. Así, fueron más de 300 nuevos usuarios los que se registraron y solicitaron sus servicios, tanto de forma presencial como vía web.
El número de usuarios atendidos en la sala de consulta del Archivo se mantiene por encima de los 1.600 y las consultas presenciales más demandadas son las relativas a los fondos notariales (64 por ciento), los fondos de prisiones (13 por ciento), los de la Diputación Provincial (4,7 por ciento) y los del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza (3,6 por ciento).
El sitio web del Archivo recibió en 2019 un total de 131.171 accesos (un 6 por ciento más que el año anterior) con un total de 1.328.712 páginas consultadas (lo que supone un incremento del 17 por ciento respecto a 2018). Se produjo un aumento de los visitantes únicos, que alcanzaron los 64.436 y, un año más, se ha incrementado el tiempo medio de cada visita, que alcanza los 6:55 minutos por conexión.
Por origen geográfico, las visitas nacionales se mantienen, llegando al 90 del total y se registra un incremento en el número de accesos desde las principales ciudades, encabezadas por Madrid y Barcelona.
El director general de Bienes Culturales, Rafael Gómez, aseguró que "todo esto indica que el nivel de conocimiento y aceptación de la web, tanto en las localidades de nuestra Región como en el resto de España, se consolida un año más".
El Archivo General cuenta desde hace años con una Carta de Servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades y de medir la satisfacción de sus usuarios. Según los indicadores recopilados, el pasado año se mantuvo el plazo medio de respuesta a las consultas a distancia de los usuarios, fijado en un día, y nunca se incumplió el plazo marcado para responder.
Por otro lado, la satisfacción de los usuarios de la sala de investigación continúa por encima del objetivo marcado en la Carta de Servicios, alcanzando la cifra de 3,78 sobre 4, superando a las de los dos años anteriores. La media de satisfacción de los usuarios de las actividades culturales del Archivo también supera el objetivo marcado (3,79 sobre 4).
Gómez destacó que "estos buenos datos responden al buen hacer del personal que trabaja día a día en el Archivo General de la Región de Murcia, haciendo que se convierta en uno de los órganos competentes en la protección y fomento de nuestro riquísimo acervo cultural".
Por lo que se refiere a la atención a los archivos administrativos, el plazo de puesta a disposición de préstamos de expedientes a las Administraciones regional y estatal desciende por debajo de un día de media. 
En este apartado, los préstamos más demandados son los realizados por la Consejería de Fomento e Infraestructuras (33 por ciento), por la Jefatura Provincial de Tráfico (25 por ciento) y por los Juzgados (10 por ciento).
Y es que el Archivo General colabora activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El pasado año esta cooperación se tradujo en más de diez operaciones de recuperación de documentos, entre las que destacaron especialmente la segunda fase de la 'Operación Autogiro', que permitió localizar e intervenir un conjunto de fotografías, documentos, planos y bocetos del inventor Juan de la Cierva Codorníu.
También la 'Operación Clarisas', con la recuperación de más de 90 documentos históricos de la Región de Murcia y de otras regiones de España, o la reciente recuperación del Privilegio rodado por el que el rey Alfonso X el Sabio concedía los límites a la diócesis de Cartagena (1266).

La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Daniel García Madrid, ex alcalde de Pacheco

MURCIA.- El fiscal ha pedido diez años de inhabilitación para empleo o cargo público al exalcalde de Torre Pacheco Daniel García Madrid y el exconcejal de Urbanismo Santiago Meroño, que van a ser juzgados esta semana en la Audiencia Provincial por un delito de prevaricación por la presunta adjudicación a dedo de varios contratos para la redacción de proyectos técnicos de obras.

En la causa figuran también como acusados el que fuera interventor municipal Miguel Pérez, para el que se piden diez años de inhabilitación, así como los cinco arquitectos a los que se encargaron aquellos contratos, que se enfrentan a una solicitud de condena de ocho años de inhabilitación.
Las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que tanto el entonces alcalde como el concejal de Urbanismo se aprovecharon de sus cargos para, supuestamente, adjudicar los proyectos técnicos a los arquitectos sin cumplir la normativa contenida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Y añaden que acudieron a la figura del contrato menor, por ser menos exigente en sus requisitos y gozar de mayor libertad en su adjudicación.
Dice también la acusación estatal que en ocasiones acudieron incluso al encargo verbal, lo que está prohibido.
En cuanto al papel del interventor, la fiscalía indica que se le considera también autor del mismo delito, en comisión por omisión, porque por su cargo estaba obligado a ejercer un control de legalidad de los contratos, lo que, presuntamente, no hizo.

La Fiscalía estudia si las quemas suponen un delito contra el medio ambiente

MURCIA.- La Fiscalía de de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estudiará si las quemas agrícolas son constitutivas de delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente, según informa la Plataforma #StopQuemasMurcia, quienes han presentado al fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel de Mata, material relevante y documentación recopilada suficiente para justificar el inicio de una investigación.

Las quemas agrícolas incumplen la ley de Residuos, la reciente resolución firmado por cuatro Direcciones Generales de la Comunidad Autónoma y hasta el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia, que es del año 2003.
El humo de las quemas dispara los niveles de contaminación por partículas (como las PM10), y esto tiene efectos negativos para la salud de quienes lo respiran.

Prohibirlas no las ha evitado

Murcia es uno de los municipios más afectados por este tipo de quemas, no en vano está rodeada de huerta. El Ayuntamiento aprobó en el Pleno del mes de julio por unanimidad una moción presentada por Podemos-Equo, en la que se incluían medidas para acabar con las quemas agrícolas. Pero no han cesado.
Como tampoco lo han hecho pese a las sanciones impuestas o que están en tramitación. En 2017 se incoaron 44 expedientes; en 2018, 67 expedientes; y este año, hasta noviembre, 117.

Cieza y las heladas

El Defensor del Pueblo ha requerido al Ayuntamiento de Cieza y a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia que informen sobre la aplicación de la resolución conjunta que prohíbe la quema de balas de paja contra las heladas, y en la que se establecen también duras restricciones sobre el uso de otros combustibles, con el objetivo de proteger la salud de la población.
Esta actuación por parte del Defensor del Pueblo responde a la nueva documentación remitida por Ecologistas en Acción, y en la que se denuncia la permisividad de estas administraciones ante las quemas anti-heladas a pesar de su prohibición, y de las recomendaciones de las autoridades sanitaras regionales para que se impidan este tipo de prácticas, por el elevado riesgo que supone para la salud de la población.

Barones del PSOE se suman a la rebelión del PP contra Hacienda por el IVA

MADRID.- Comunidades gobernadas por el PSOE se suman a las amenazas e, incluso, denuncias que ya están presentando contra el Ministerio de Hacienda regiones como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia por el impago de un total de 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de diciembre de 2017, según publica El Mundo

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya había advertido de que si no recibía los 130 millones que demanda acudiría a la vía judicial, y dio de plazo hasta la reunión que su consejo de Gobierno llevará a cabo el próximo 4 de febrero. Y en las últimas horas, el Ejecutivo del Principado de Asturias, liderado por el sanchistaAdrián Barbón, ha hecho lo propio.
"Esos recursos pertenecen a nuestra región y no renunciamos a ellos. Buscamos una salida mediante el diálogo o el formato que el ministerio considere oportunidad, pero que implique que vamos a recibir esos recursos. Y si no es así, no descartamos la vía administrativa o la judicial", explicó este martes la consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba. Lo hizo sin ser preguntada por ello y en un acto en el que este punto no estaba previsto en el orden del día, lo que evidencia el nivel de preocupación existente por parte de su gobierno.
"Ese mismo día, por la mañana, enviamos la segunda carta al Ministerio de Hacienda por esta cuestión. La primera fue en diciembre, y ahora le hemos remitido una segunda profundizando en aspectos técnicos y reiterando que se trata de la segunda carta", explican fuentes de esta Consejería, que también abren la puerta a compensar los fondos a través de una flexibilización del déficit. "Pero sí, si no recibimos de alguna forma esos fondos [alrededor de 75 millones], nos planteamos todas las opciones, incluida la de acudir a los tribunales", añaden. 
De hacerlo, Asturias seguiría los pasos de Cataluña y Madrid, que fueron las primeras comunidades en denunciar, así como los de Andalucía, que concretará la amenaza que ya la pasada semana hacía el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. "Son 537 millones de euros, mucho dinero para Sanidad, Educación o Dependencia. Está claro que ese dinero se lo ha quedado el Gobierno y que son 2.500 millones más que tiene para hacer sus políticas", explicaba recientemente a este periódico el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo.
"Hacienda arrebata el dinero a las comunidades y lo hace para mejorar sus cuentas. Nosotros ya lo vimos claro en octubre del pasado año y denunciamos", incidía el responsable de la Hacienda madrileña, Javier Fernández-Lasquetty. Ambos, Lasquetty y Bravo, se reunieron precisamente esta semana en Madrid para, entre otras cosas, perfilar la línea de actuación conjunta contra Hacienda.
En la Xunta de Galicia el hartazgo e indignación van incluso más allá porque, según explican, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a Alberto Núñez Feijóo, ya en 2018, que recibiría los 200 millones que reclama.
Se sienten traicionados y privados de unos fondos que, en muchos casos, están ya presupuestados y gastados. "Le prometió que lo solucionaría y lo hizo", replican desde el ministerio. "Pero el PP lo impidió cuando votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019".

2017, el origen

Y es que el origen de esta situación, afirman en Hacienda, se encuentra en una decisión del ex ministro Cristóbal Montoro, y la falta de solución es responsabilidad también del Partido Popular. En ningún caso de la gestión del Gobierno socialista ni de la actual responsable del ministerio y también portavoz del Ejecutivo. 
"Montoro introdujo un cambio normativo por el que se hizo patente que, en 2017, las comunidades solo ingresaron 11 meses de IVA. Para solucionarlo, se introdujo un cambio normativo en las cuentas de 2019", explican.
Pero al decaer las cuentas decayó también la medida, "y lo que no es posible es cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio que ya ha sido liquidado". Esto es, que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de abonar los 2.500 millones a los que asciende la reclamación total.
Y tanto es así que Montero explicó en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros que es un dinero "que no existe" y no dudó en pedir una reflexión a los presidentes autonómicos para que no fomenten con sus denuncias "el España nos roba o el Gobierno nos roba".

Salario mínimo y desigualdad entre autonomías

MADRID.- La renta per cápita de una economía puede expresarse como el producto de la productividad media por trabajador y la tasa de empleo (definida como el porcentaje de la población total que cuenta con una ocupación). Dicho de otra manera, la renta per cápita de una sociedad puede aumentarse o bien logrando que cada trabajador produzca más o bien fomentando que haya un mayor porcentaje de personas que están produciendo dentro de esa sociedad, según El Confidencial.

Por ejemplo, la renta per cápita de España en 2018 ascendió a 25.727 euros, debido a que su productividad aparente por trabajador fue de 62.200 euros y su tasa de empleo, del 41,74%. La región más rica de España fue Madrid, con una renta per cápita de 35.041 euros, la cual podía descomponerse en una productividad por trabajador de 77.188 euros y una tasa de empleo del 45,9%, mientras que la más pobre fue Extremadura, con una renta per cápita de 18.769 euros, descomponible en una productividad por trabajador de 52.857 euros y una tasa de empleo del 35,9%.
Las cifras son relevantes, porque ponen de manifiesto una realidad que muchas veces pasa desapercibida: las diferencias de renta per cápita entre regiones españolas se deben tanto a las brechas de productividad como a diferencias en las tasas de empleo: por ejemplo, si Extremadura mantuviese su tasa de empleo en el 35,9% pero elevara su productividad hasta alcanzar la media de España, su renta per cápita pasaría de 18.769 euros anuales a 22.329 euros; si, en cambio, mantuviese su productividad y elevara su tasa de empleo hasta la media española, su renta per cápita ascendería a 22.062 euros. 
Así pues, la convergencia regional requiere de políticas que contribuyan a elevar tanto la productividad como la empleabilidad de las regiones más pobres.
Sucede que en los últimos 70 años, los diferenciales de productividad entre autonomías se han ido estrechando pero, en cambio, los diferenciales en la tasa de empleo o se han mantenido inalterados o incluso han empeorado. 
Y, en este sentido, acaso se crea que la muy importante brecha en la tasa de empleo se debe esencialmente al distinto perfil demográfico entre las regiones ricas y las regiones pobres: a saber, la España vaciada se ha quedado sin población joven en edad de trabajar que, en cambio, ha terminado emigrando y concentrándose en las zonas más prósperas del país. Pero este diagnóstico solo nos señala una parte muy parcial del problema.
Y es que la tasa de empleo (definida, según ya hemos dicho, como población ocupada entre población total) puede expresarse como el producto de tres ratios: la tasa de población en edad de trabajar sobre la población total (este sería el componente demográfico), la tasa de actividad (qué porcentaje de los que pueden trabajar está dispuesto a hacerlo) y la tasa de ocupación (qué fracción de los que quieren trabajar cuenta con un empleo). 
Pues bien, la tasa de población en edad de trabajar fue, en 2008, del 62,4% en el caso de España, del 65,5% en el caso de Madrid y del 60,4% en el caso de Extremadura.
A su vez, y como las tasas de actividad no fueron muy distintas entre sí (79% en el caso de España, 79,9% en el de Madrid y 77,9% en el de Extremadura), el porcentaje de la población total que estaba dispuesto a trabajar fue del 49,2% en España, del 52,3% en Madrid y del 47% en Extremadura. 
Pero donde se produjeron las diferencias más importantes fue en la tasa de ocupación, la cual no es más que el espejo de la mucho más conocida e ilustrativa tasa de paro: en 2018, esta última era del 15,35% en España, del 23,8% en Extremadura y del 12,27% en Madrid. Dicho de otro modo, aunque Extremadura tuviera el mismo porcentaje de población activa de España (49,2%), su tasa de empleo solo aumentaría del 35,9% al 37,5% (y, por tanto, su renta per cápita solo crecería de 18.768 euros a 19.820); en cambio, si tuviera su tasa de paro (12,27%), su tasa de empleo pasaría a ser del 39,8% (y, por tanto, su renta per cápita se elevaría desde 18.768 euros a 21.044 euros).
En 2019, la tasa de paro de Extremadura ha cerrado en el 23,48% (una minoración de apenas 32 centésimas respecto a su media del 18), España ha concluido con una del 13,78% (una caída de 1,57 puntos) y Madrid, con una del 9,99% (una reducción de 2,28 puntos). La tasa de empleo, pues, ha pasado del 35,9% al 36,33% en Extremadura; del 41,74% al 42,6% en España, y del 45,9% al 47,7% en Madrid: por eso, salvo que la productividad extremeña haya aumentado mucho más que la madrileña (cosa poco probable), en 2019 habremos tenido divergencia, y no convergencia, entre la renta per cápita de estas dos regiones (y también entre Extremadura y el conjunto del país): la España vaciada tendrá incentivos para vaciarse un poco más.
El fenómeno merece una reflexión, toda vez que cabe sospechar que las diferencias de empleabilidad entre regiones tienen mucho que ver con el establecimiento de una legislación laboral homogénea para todas ellas: en la medida en que esto supone fijar un mismo coste mínimo de contratación para todas las autonomías, dificulta la generación de empleo en las regiones menos productivas con respecto de las más productivas. 
El problema no es solo el salario mínimo (aunque, con unos índices de Kaitz tan altos en algunas regiones, ya resulta difícil ignorar su influencia sobre las barreras de generación de empleo), sino en general toda la regulación laboral que determina la globalidad de los costes laborales y, por tanto, se torna relativamente más gravosa para unas regiones que para otras.
En una España donde (con buen criterio) se apuesta por la descentralización administrativa y regulatoria, sería muy deseable que la legislación laboral (o, al menos, algunos elementos clave de la misma: como el salario mínimo, el coste del despido o la negociación colectiva) también se descentralizara a las autonomías para que estas pudieran adaptar su marco regulatorio a las condiciones reales de su mercado local de trabajo. 
Pretender diseñar el régimen laboral de toda España desde la provinciana visión de la hiperproductiva región de Madrid solo contribuirá a perpetuar las desigualdades territoriales en el país (algo que, por cierto, también ha sucedido en Italia).

La Batalla de Valencia se libra en Alicante


VALENCIA.- Que el rédito político que tiene en la actualidad la confrontación identitaria valenciano-castellano en la ciudad de Valencia tiende al cero es bien sabido por la derecha. Por eso, la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, y el adalid de Ciudadanos, Toni Cantó, se han cruzado toda la comunidad autónoma -geográficamente muy alargada- para encender pasiones en el sur del sur, en la Vega Baja, como vimos hace unos días en la manifestación de Orihuela contra la Ley del Plurilingüismo. La Batalla de Valencia resucita para librarse, en esta ocasión, en Alicante, se escribe en La Vanguardia.

Este jueves ha llegado a la capital, a la ciudad de Alicante. A la misma que aún mantiene mucha toponimia en valenciano, como los barrios de El Pla del Bon Repós, el Raval Roig o Rabassa, la Serra Grossa, el Himno de Alicante o el Himno de les Fogueres de Sant Joan, o la coca amb tonyina típica de las fiestas.
Pese a ello y a tener el estatus de cooficial, se han llevado al pleno del Ayuntamiento de Alicante dos declaraciones institucionales que buscan dejar de fomentar esta lengua: la primera, presentada conjuntamente por PP y Cs en la que han pedido a la Generalitat Valenciana “que garantice el derecho de los padres a la elección de la lengua vehicular en la educación de sus hijos, derogando los artículos” de la Ley de Plurilingüismo.
La segunda, más incendiaria, la ha propuesto Vox y ha pedido “la derogación” de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) de 1983 y, “subsidiariamente, su modificación” para sacar a Alicante de la zona de predominio lingüístico valenciano y su inclusión en la lista de municipios de predominio lingüístico castellano (la primera parte la han suprimido en el momento del debate).
En la ciudad de Alicante el valenciano no es un problema, aunque su uso en la calle sea muy bajo. Así quedaba reflejado en el informe Coneixement i ús del valencià publicado por la Conselleria de Educación en 2015. En él, además, se exponía que en la región de Alicante el 65,9% entiende el valenciano “bastante bien” o “perfectamente”, mientras que el 44,1% lo sabe hablar.
Además, ofrecía el dato de que los encuestados de la región de Alicante opinaban que el valenciano debería hablarse menos en un 17,3%, igual en un 41,7% y más en un 35,1%. Es decir, que el porcentaje de personas que preferirían mayor uso de la lengua autóctona es mayor que el de quienes apostaban por reducirlo.
El aprendizaje del valenciano en las aulas alicantinas no supone un problema sin la agitación de las banderas identitarias. Quizás se deba a que hay una alta probabilidad de que los hijos e hijas acaben haciendo su vida, en un futuro, fuera de la ciudad, en otras comarcas o en la vecina València, donde el valenciano está más presente y conocerlo puede ayudar a profundizar relaciones personales y a tener más oportunidades laborales. También, lógicamente, si optan a puestos de la Administración Pública, como en la docencia, donde fue precisamente el PP quien introdujo la obligatoriedad de acreditar el valenciano.
En el debate en el hemiciclo de la primera propuesta, se han alineado los postulados de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), PP, Cs y Vox. En sus planteamientos se han pronunciado los argumentos del “derecho a decidir la lengua vehicular” de la enseñanza, “sectarismo” e “imposiciones lingüísticas”.
Julia Llopis (PP) ha recordado que el Estatut obliga a “conocer” cualquiera de las lenguas cooficiales -castellano y valenciano- y el “derecho a usar la lengua que cada uno quiera”. Además, ha atacado al conseller Vicent Marzà por no “importarle” otras cuestiones como el abandono escolar, aunque ayer miércoles destacó que ese asunto precisamente había bajado cuatro puntos.
Igualmente le ha recriminado no ocuparse de las aulas prefabricadas: “Queremos que quiten barracones, que construyan colegios”. Muchas de las clases provisionales se levantaron durante el gobierno del PP a través de la empresa pública Ciegsa, gestión que hoy está en los tribunales por presunto desvío de dinero.
Sobre la Ley de Plurilingüismo, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Cs), ha tildado de “chantaje lingüístico” que se establezca un mínimo de clases en castellano, en valenciano y en inglés. “Coartan las libertades y autonomías de los centros. Pedimos que se declare inalienable el derecho de los padres a elegir en qué lenguas quieren que estudien sus hijos”, ha defendido.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha argumentado que el conocimiento del valenciano ayuda a la “equidad” y el de Unides Podem, Xavier López, que “la exención no ha hecho más que aumentar la brecha de oportunidades respecto a quienes sí que han estudiado en valenciano”. Por su parte, el socialista Manuel Marín ha criticado que “la segregación de lenguas” que aplicó el PP “en la educación no ha funcionado”.
Como ha defendido la portavoz de La Cívica-Alacant en valencià, Anna Esteve, “dominar el uso de las dos lenguas abrirá puertas al alumnado”. “
Chavales de Villena se sienten estafados cuando descubren que les han escondido parte de su cultura y que no tienen las mismas facilidades que los de Elche”, ha dicho en referencia a la exención lingüística a la que se pueden acoger los centros de ese municipio. Igualmente, ha recordado que el bilingüismo, el aprendizaje y uso continuo de dos lenguas, especialmente en los niños, tiene “beneficios probados científicamente”.
Sobre la propuesta de Vox de sacar el municipio de Alicante de la zona valencianohablante -que permitiría a los centros escolares acogerse a la exención, es decir, no dar ni una sola asignatura de valenciano- el concejal Mario Ortolá, del partido ultraderechista, ha afirmado que la LUEV “miente” porque en Alicante “no se habla valenciano” y ha pedido “que se adapte a la verdad”.
 “Estamos convencidos que una ley tan importante, aunque a mí no me gusta y cuando tengamos suficiente poder la modificaremos, no se puede hacer sin contar con nadie”, ha espetado.
“Su discurso de odio hacia el valenciano no lo podemos desligar de su odio hacia el colectivo LGTBi. Es un pack que pretende crispar. Aquí nunca hemos tenido problemas con el valenciano, excepto en casos extremos. Desgraciadamente, aquí, en este ayuntamiento, están los casos extremos. Quieren volver a la sociedad en blanco y negro, la del No-Do, la del hábleme en cristiano, la de la mujer en casa, la de la ley de vagos y maleantes”, ha lamentado Bellido.
El edil de Compromís ha señalado que la propuesta es “profundamente anti-alicantina” porque implica “dividir Alicante” y “separarla de su historia”. “Som fills del poble -en alusión al himno alicantino- señores de Vox. Señores de PP y Ciudadanos, apoyar esta iniciativa es escupir en el escudo de Alicante. Sería una traición y una estupidez insuperable”, ha añadido.
Por su parte, Antonio Manresa (Cs), ha anunciado su oposición a la propuesta así: “Buscan volver a la guerra. No necesitamos una guerra con la lengua. Nunca hemos tenido ningún problema con el valenciano, yo lo entiendo perfectamente. El único que tenemos es la imposición en la Vega Baja”. En la misma línea, el PP ha defendido que “el conflicto del valenciano” lo ha “creado” el Botànic por la Ley de Plurilingüismo.
Sanguino (PSPV) ha recordado que Alicante dobló la población “entre 1950 y 1965”: “Acogimos a todo el mundo”. 
“Imagínese que en un futuro acogemos a gente que no habla ninguna de nuestras dos lenguas y se dice de adaptarse a la nueva realidad, dejando de impulsarlas. ¿Se imaginan que Gabriel Miró o Carlos Arniches dejaran de ser nuestro patrimonio cultural? El castellano tendría los días contados en Alicante escuchando hoy al portavoz de Vox”, ha recriminado al partido ultraderechista, y ha zanjado: “La libertad ha de basarse en proteger un legado histórico”.
La declaración institucional ha quedado rechazada por los votos en contra de Cs, PSPV, Unides Podem y Compromís; solo ha contado con los votos a favor de Vox y PP. La Batalla de València busca terrenos a priori más cómodos.

Los camiones 'invaden' las áreas de servicio de la AP-7 en Castellón

 Área de servicio de La Plana

CASTELLÓN.- Como era previsible, la liberalización de la AP-7 ha provocado un considerable aumento del volumen de tráfico, sobre todo de camiones, que utilizan este vial para sus rutas de forma mayoritaria, como ya informó Mediterráneo. Y un efecto colateral de esta tendencia es que las áreas de servicio de la provincia, situadas a la altura de Burriana, la Ribera de Cabanes y Benicarló, se colapsen en las horas nocturnas, lo que obliga a muchos vehículos a tener que aparcar incluso en los viales de acceso a estos espacios.

Esa es la situación que viven en el área de descanso de la Plana desde el pasado 1 de enero. «No he visto cosa igual en todos los años que llevo trabajando aquí», sentencia una de las empleadas. La presencia de camiones, sobre todo en la franja horaria que va desde las 20.00 a las 7.00 horas, es constante, y aparcan «por todos lados». Como por ejemplo en el vial de acceso, «con el grave peligro que ello comporta», o incluso en un camino que los propios trabajadores utilizan para acceder directamente al recinto.

Comunicados
«Se comunican a través de las radios. El que está llegando para cenar y dormir pregunta a otros camioneros si el párking está lleno y, si lo está, aparcan en el arcén directamente, en un sitio que no está permitido», relata otra empleada. Hay que recordar que, por ley, los conductores tienen la obligación de parar tras una cierta cantidad de kilómetros recorridos.
Fuentes policiales consultadas por el diario Mediterráneo indican que tras unos primeros días en los que se advirtió a los conductores de que estacionar en los viales de acceso, además de estar prohibido, es peligroso, se están interponiendo ya denuncias para erradicar esta tendencia.

Más clientes 
Una situación parecida viven en el área de Benicarló. A ambos lados de la carretera los camiones llenan los párkings y desde el restaurante ubicado en este espacio confirman que han tenido un aumento significativo de clientes. Iordanca, una camionera búlgara que llega de Holanda y que recorre medio mundo, muestra su satisfacción por la liberalización de la AP-7, ya que es «una ruta muy buena».
En la otra área de servicio de la autopista, situada en la Ribera de Cabanes, desde la gasolinera confirman a este periódico que el consumo se ha disparado en los últimos días. «Por ahora lo llevamos bien, pero hay peligro de que esto se colapse, sobre todo en el tramo horario de la tarde-noche», indican. En este sentido, fuentes policiales prevén que el volumen de tráfico vaya incluso a más durante los próximos meses.

Predicción
Esta situación ya fue advertida hace unos meses desde la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera (ACTM). Por ello solicitaron al Gobierno central que a lo largo de la AP-7 se construyan áreas de descanso públicas, al igual que hay en otras autopistas españolas, para ampliar los espacios en los que los conductores pueden parar.

El Gobierno de Sánchez bloquea un crédito de 320 millones para la recuperación del Mar Menor por bajar impuestos

MADRID.-El Ministerio de Hacienda no ha autorizado a la Región de Murcia -a la que tutela por haberse adherido al FLA- a recibir un préstamo de 320 millones de euros para invertir en la recuperación del Mar Menor porque en esta Comunidad Autónoma se ha bajado el impuesto de sucesiones.

Es una argucia contable para que el Gobierno regional negocia un préstamo de hasta 320 millones con el BEI para la recuperación del Mar Menor

El Gobierno de Murcia ha pedido al Gobierno central un mayor endeudamiento que no compute en déficit a través del BEI, con quienes está terminando de cerrar las condiciones de estos préstamos específicos para actuaciones exclusivamente dedicadas al Plan de Vertidos Cero.

"Si el Gobierno central no pretende aplicar este Plan, que lo digan claramente pero que nos den una opción a cambio", ha reclamado el consejero de Hacienda de Murcia Javier Celdrán.

Celdrán aseguró que ya estaría «prácticamente preconcedida» esa línea de crédito con un interés bajo, tras los contactos mantenidos; y solo faltaría, por tanto, el visto bueno a dicha operación por parte del Estado, aspecto este que acaba de bloquear el Gobierno de Sánchez.

Nuevas pruebas de la cascada de kilómetro y medio que llenó el Mediterráneo en dos años


MADRID.- Un artículo publicado en la revista Earth-Science Reviews ha arrojado luz acerca de hecho que sucedió hace 5,3 millones de años. Fue una entrada masiva de agua del océano Atlántico que provocó el llenado del Mediterráneo, que por aquel entonces estaba parcialmente desecado. Y la entrada de agua fue a través de una cascada gigante de 1,5 km de longitud, según ha difundido 20 Minutos

El artículo lo han elaborado un grupo de investigadores entre los que se encuentran científicos españoles del CSIC. Han encontrado evidencias de la llamada megainundación del Zancliense bajo las aguas del Mar de Alborán, un cuerpo de sedimentos de 35 km de longitud que se acumuló junto a un volcán submarino.
Hace 6 millones de años, la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo se cerró a la altura de lo que hoy es Gibraltar. Esto provocó que la cuenca mediterránea se desecara de forma parcial, bajando de 1.300 a 2.400 metros. 
Un millón de años después recuperó su nivel, al entrar una masa de agua por el Estrecho que inundó la cuenca occidental y posteriormente y a través del estrecho de Sicilia, la oriental, acabando así con la llamada Crisis de Salinidad del Messiniense.
"Los depósitos sedimentarios que hemos identificado son compatibles con esa gran inundación. Se trata de un cuerpo sedimentario alargado que se acumuló a sotavento de la inundación gracias a la protección que ejerció el edificio volcánico ante la fuerza del flujo de agua proveniente del Atlántico", dice Daniel García-Castellanos, del CSIC y primer autor del artículo.
Esta acumulación de sedimentos tiene un grosor máximo de 163 metros y tiene 7 km de amplitud. Está dispuesto en paralelo a un canal erosivo de 390 km de longitud que unía el Golfo de Cádiz y la Cuenca de Argelia, pasando por Gibraltar. En la cuenca de Alborán se dividió en dos para salvar un volcán, alrededor del cual se acumularon los sedimentos que se han hallado ahora.

El Brexit debe hacer reflexionar y rectificar a Sánchez / Pablo Sebastián *

El Reino Unido acaba de abandonar la Unión Europea que pierde un gran muy importante país que regresa, despreciando el tiempo global en que vivimos, a la soledad del viejo orgullo imperial del que ya no queda nada. 

Pero Europa sigue, más debilitada pero más compacta y ligera. Pero sin el habitual freno de mano de Inglaterra y segura de su rumbo y compromisos democráticos, de libertades y bienestar a sabiendas, y ahora con mayor motivo, del riesgo que hoy encarnan los nacionalismos y los populismos extremos de nuestra tiempo. 

Como los que a izquierda y derecha tenemos en España (Podemos y Vox) de la mano o en contra de los nacionalismos soberanistas y anti democráticos de Cataluña y País Vasco. Los aliados de un PSOE, ahora venido a menos democráticamente, que antepone la presidencia de Pedro Sánchez al interés general y nacional del país, tirando por la borda de esta temeraria travesía los buenos años de convivencia y progreso de la Transición. 

Los mismos demonios que han sacado el Reino Unido del corazón de la Europa, por la que Inglaterra combatió en defensa de la democracia, la paz y la libertad, son ahora en esta España incierta los compañeros de viaje hacia ninguna parte del Gobierno de Pedro Sánchez. 

El Presidente al que el Pablo Iglesias bolivariano ya envenena en nuestra política exterior, mientras el ministro Ábalos mezcla cabriolas y mentiras. El mismo Sánchez al que delincuentes golpistas y enemigos de la unidad de España, como Oriol Junqueras, Quim Torra y Carles Puigdemont, humillan y maltratan mientras se pelean entre ellos y pregonan sin recato su intención de repetir el golpe de Estado catalán del 27-O de 2017. 

El espectáculo que ha ofrecido el Palacio de La Moncloa el pasado jueves, con su retahíla de comunicados y rectificaciones y el payaso Gabriel Rufián instalado en el puente de mando del país y dictando a Sánchez lo que debe hacer, es una escena deprimente nunca vista en una democracia europea.

Y, a la vez, es el prólogo o el ‘entremés’ que precede a un drama chusco y sin grandeza shakesperiana alguna que se anuncia, pasen y vean, como una astracanada e imparable tormenta destructiva de cuanto encuentre a su paso. 

Empezando por un PSOE que parece dispuesto a inmolarse con su jefe, ¡el rojo y ‘superviviente’ Sánchez! -lo prueba el patético ‘mea culpa’ de Susana Díaz- como si de una secta clientelista e hipnotizada se tratara. 

Pero ¿qué tienen que ver Junqueras, Puigdemont y Torra con la democracia, la izquierda y el progreso? Y ¿qué broma de tan mal gusto es esa con la que Sánchez justifica su ambición personal diciendo que él arreglará el ‘conflicto político’ catalán, cuando todos sabemos que el único problema que existe en Cataluña es el continuo incumplimiento de la legalidad? Como lo acaba de denunciar el Tribunal Constitucional. 

La epidemia de las mentiras con las que el soberanismo catalán alimentó su intento de golpe de Estado ya inunda o silencia las filas del PSOE y primeros despachos del Gobierno y La Moncloa, por donde deambula ese tal Rufián vestido de bombero torero, para apagar los fuegos que amenazan el infame pacto de la investidura sellado por Sánchez y Junqueras y en cuya segunda parte, los Presupuestos, llegarán los indultos de los golpistas para pagar el alquiler de los votos de ERC. 

Los ingleses se han ido de Europa cantando el himno de ‘Dios salve a la Reina’ (que buena falta le hace visto el lío familiar) la que, por cierto, tanto amaba el Brexit porque siempre pensó que Europa dañaba su condición de soberana. Pero el tiempo y las anunciadas rupturas de Escocía e Irlanda del Norte (que reducirán el Reino Unido a Inglaterra y Gales) y el muy probable deterioro económico y social de este país que espera a los ingleses acabará demostrando que la ruptura ha sido un gran error. 

Inducido por los populistas y nacionalistas ingleses dos camadas de anti cuerpos de la democracia, la paz y la libertad como las que en España acompañan a Pedro Sánchez en su ciega cabalgada autocrática sin que nadie desde el PSOE o de su entorno lo baje del caballo y le pida, porque aún está a tiempo, reflexión y rectificación.


(*) Periodista