miércoles, 22 de diciembre de 2010

Modesto Crespo dice que tratará de incorporar más personas de CAM al consejo de administración del SIP

ALICANTE.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, ha asegurado que tratará "en la medida de lo posible" de incorporar "más personas" de la entidad al consejo de administración del SIP que conforman CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

   Modesto Crespo ha realizado estas declaraciones este miércoles tras asistir a la reunión del Pleno de la Cámara de Comercio de Alicante, preguntado por los medios sobre la representación de la caja en el nuevo órgano de gobierno del SIP, donde ha señalado que incorporar a más personas al nuevo consejo "es un futurible" que se tendrá que determinar "por unanimidad por las cuatro cajas".
   Al futuro consejo de administración del SIP se incorporarán por parte de CAM Modesto Crespo, la directora general de la entidad, María Dolores Amorós, Roberto López y el empresario Ginés Pérez.
   "En principio somos suficientes, pero voy a tratar, en la medida de lo posible, de que se amplíe ese consejo para incorporar a más personas, pero eso es algo de futuro que tienen que determinar las cuatro cajas", ha indicado Crespo.
   Así mismo, respecto a la cesión de activos y pasivos de CAM al SIP, Crespo ha indicado que no es una "excesiva cesión de poder", puesto que la entidad "también estará" en el consejo de administración de nuevo banco.
   Además, el presidente de Caja Mediterráneo ha indicado que le gustaría llegar a un acuerdo con los sindicatos de CAM respecto a las cuestiones de personal que plantea la fusión, sobre las que todavía hay "algunos pormenores" que tratar.

UPyD dice que el "despilfarro" del Gobierno regional es "el único responsable de la crisis financiera de la Comunidad"

MURCIA.- El Coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha censurado la política de "derroche" que ha seguido el Gobierno de Valcárcel y la "injusticia de la ley de recortes que este jueves se va a aprobar en la Asamblea Regional", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   De este modo, para Sánchez, "la estrategia consiste en dejar en el ambiente que esto que nos está pasando era inevitable, en crear un estado de opinión que nos lleve a la conclusión de que ellos son los gestores a los que les ha tocado lidiar con una situación muy desagradable de administrar, pero haciendo énfasis en la idea de que ellos no han tenido que ver, que la culpa es de otros".
   Y es que, en su opinión, "hasta ahora, Valcárcel y su gobierno nos han vendido la especie de que todos los problemas de la financiación regional tenían como culpable a Zapatero. Zapatero también es culpable, lo hemos dicho insistentemente desde UPyD, del desinterés del Gobierno central en la exigencia rotunda para que las Comunidades autónomas rindiesen cuentas de la ejecución de sus presupuestos y de su déficit".
   Sin embargo, ha apuntado que "el derroche y el despilfarro de la Región de Murcia sólo tienen como responsable a Valcárcel. El hecho de que la financiación autonómica sea deficiente, no justifica que el gobierno regional haya hecho sus cuentas como si contase con un dinero con el que no contaba".
   Asimismo, ha añadido que "la existencia de esa supuesta situación discriminatoria en la financiación autonómica, en la medida de que no es sobrevenida, no puede explicar la situación de las cuentas públicas de 2010 ni exime del cumplimiento de una gestión del dinero público que ha sido nefasta e irresponsable."
   "Cuando el agua le ha llegado al cuello, pero nunca antes, el Gobierno regional ha obrado de forma similar a como lo hizo el gobierno de Zapatero, adoptando unas medidas brutales e injustas de recorte que afectan a los empleados públicos por segunda vez en 7 meses, y que han provocado la rebaja de sus sueldos entre un 10 y un 12 por ciento", ha aseverado.
   Desde UPyD, ha continuado, "no hemos parado de denunciar los gastos en eventos culturales por encima de las posibilidades económicas del momento, los patrocinios de eventos deportivos sin un retorno asegurado al tejido industrial regional, el incremento, hasta este mismo año, de los presupuestos de la Televisión Autonómica, al tiempo que se rebajaba un 60 por ciento la ayuda al desarrollo o las campañas turísticas de muy dudosa eficacia".
   Finalmente, ha criticado que "se nos dice desde la Comunidad que estas medidas salvaguardan los servicios esenciales de sanidad y educación, como si las condiciones laborales y salariales de médicos y profesores, elementos fundamentales de esas áreas, no tuviesen incidencia en su calidad. El gobierno de Valcárcel se enfrenta ahora a los resultados de una política irresponsable y caprichosa que deja a la Región en una posición de enorme fragilidad y que tiene como paganos, otra vez, a los trabajadores del sector público", ha concluido.

Valcárcel es tachado de 'fascista' por 1.500 funcionarios autonómicos agraviados, que han cercado su casa

MURCIA.- Entre 1.000 y 1.500 funcionarios públicos, según estimaciones de la Policía Local, han cercado esta noche  la casa del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en la Gran Vía, con una pancarta donde se le tacha de fascista, según 'La Verdad', en protesta por los recortes en las condiciones laborales de los funcionarios de la Comunidad que contempla la Ley de Medidas Extraordinarias contra el déficit presentada ayer por el PP.

El presidente lleva varios días visiblemente nervioso, según personas próximas a él, como intuyendo que las próximas semanas puede estar en las primeras páginas de la prensa nacional por eventuales revelaciones de varias investigaciones en marcha que le involucran directamente tras varias denuncias ante Anticorrupción de dos conocidos letrados de Murcia, célebres por su acreditada independencia.

Miles de funcionarios, convocados de urgencia por los sindicatos, han llenado una Gran Vía cortada al tráfico tras abandonar la plaza de San Bartolomé donde se inició la protesta. A Valcárcel, que tenía previsto acudir a la sede de la Cámara de Comercio, en la plaza de San Bartolomé del centro de Murcia, a recibir el premio Destacados de la Cadena Ser, le esperaban empleados cientos de públicos concentrados. Los funcionarios han colgado una pancarta con la leyenda 'Valcárcel fascista' sobre un vehículo que creían el del presidente. 

La protesta ha llevado a los organizadores del acto a suspenderlo, por lo que Valcárcel no ha acudido a la plaza de San Bartolomé. Los funcionarios, convocados por los sindicatos, se han dirigido a la sede del Gobierno regional, cortando la Gran Vía en su marcha hacia San Esteban.

Ante la numerosa presencia de manifestantes, la plaza de San Bartolomé, en donde se han lanzado huevos, se ha quedado pequeña. Por lo que muchos funcionarios han invadido sin previo aviso la Gran Vía, obligando a pararse a numerosos coches, que han sido desviados por la Policía Local.
De especial tensión ha sido la salida de algunos asistentes al acto, como el secretario general de la Consejería de Presidencia y vicesecretario del Partido Popular en la Región, José Gabriel Ruiz, que ha necesitado protección para abandonar la Cámara de Comercio ante el acoso e incluso golpes de algunos empleados públicos que le increpaban.
Junto a él se encontraba el senador popular Pedro Manuel Hernández y Arturo Giménez, militante del PP y ex alto cargo del Servicio Murciano de Salud.

La Gran Vía de Murcia estuvo cerrada varias horas. El grupo mayoritario de manifestantes, entre los que había numerosos sindicalistas y profesores afectados por la eliminación de algunos complementos en sus nóminas, continuó hasta el Plano de San Francisco.

A la altura de la calle Platería otro grupo de personas -cerca de un centenar- se quedó en las inmediaciones del edificio del antiguo Banco Exterior, donde tiene su nueva residencia el presidente regional, y elevó sus soflamas contra los recortes. Allí permanecieron alrededor de media hora.

Una docena de agentes de la Policía Nacional y Local tuvieron que escoltar esta noche a tres altos cargos del PP tras ser golpeados e insultados por varios manifestantes, enervados por las últimas medidas de recorte salarial a los funcionarios adoptadas por el Gobierno regional.

El senador nacional por Murcia Pedro Manuel Hernández López; el secretario general de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, José Gabriel Ruiz, y el ex subdirector de Gestión de Servicios Generales de La Arrixaca y ex director de Gestión del Morales Meseguer, Arturo Giménez, fueron increpados a la salida de la Cámara Oficial de Comercio, donde estaba prevista la asistencia del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en un acto de la Cadena Ser, cuando caminaban por el callejón de San Bartolomé, en Murcia.

Desde aquí hasta la plaza de Santo Domingo les gritaron, les llamaron «fascistas», «sinvergüenzas» e «hijos de puta», les arrojaron botellas de agua, les escupieron y también les arrinconaron, hasta el punto de que los agentes de Policía no lograron impedir que fueran zarandeados y vilipendiados.

La Gran Vía de Murcia estuvo cerrada varias horas. El grupo mayoritario de manifestantes, entre los que había numerosos sindicalistas y profesores afectados por la eliminación de algunos complementos en sus nóminas, continuó hasta el Plano de San Francisco. A la altura de la calle Platería otro grupo de personas -cerca de un centenar- se quedó en las inmediaciones del edificio del antiguo Banco Exterior, donde tiene su nueva residencia el presidente regional, y elevó sus soflamas contra los recortes.

Allí permanecieron alrededor de media hora. El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, desconocía la agresión a los miembros del PP e indicó que la dureza de las medidas anunciadas por el Ejecutivo murciano han levantado los ánimos de la gente, «aunque hay que reprobar cualquier actitud de violencia, eso sí es inadmisible». 

Los líderes sindicales de UGT y CC OO en la Región, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, se encontraban presentes en la protesta, si bien no la encabezaban. Los funcionarios han acudido con emblemas de las organizaciones sindicales pero no con una pancarta tras la que agruparse. También se ha acercado a la concentración de empleados públicos la candidata socialista Begoña García Retegui.

A las 9 de la mañana de mañana se ha convocado una concentración y una manifestación ante la Asamblea Regional de Murcia, en Cartagena, "para impedir que los diputados accedan a votar la ley de recortes", como la denomina la federación regional de Enseñanza de UGT, en el pleno convocado para ello a las 10:30 horas, según ha acordado hoy la Junta de Portavoces de la Cámara legislativa.
"En la Región de Murcia somos más de 22.000 docentes, ¡entre todos tenemos que impedirlo!", añade en su comunicado UGT.
"¡No lo vamos a tolerar!", señalan todos los sindicatos en un comunicado conjunto en el que califican de "atraco" y "agresión brutal a los servicios públicos regionales" la proposición de ley del PP, que pretende ahorrar unos 300 millones de euros a las arcas públicas autonómicas para reducir el déficit público.
Los sindicatos expresan "su indignación por el contenido de esta proposición y las formas desleales y autoritarias en las que se desarrolla", pues, en su opinión, "el Gobierno y el PP de Murcia se ceban con los empleados públicos para afrontar las consecuencias de su mala gestión de la crisis financiera actual, producto de políticas apoyadas en la especulación y el despilfarro".
"Hemos asistido durante años a la mofa de los portavoces del PP murciano al Gobierno central con motivo de las medidas que éste ha puesto en marcha contra el déficit público, y ahora, la proposición que presenta a votación supera en dureza y en formas desleales a todo lo conocido", añaden.
En su opinión, esta propuesta "dinamita 12 años de acuerdos y de mejoras para el colectivo de empleados públicos, basados en la práctica de la negociación colectiva", y dejan a éstos "sin voz para hacer frente a estos atropellos", que "suponen una pérdida de empleos, efecto inmediato de un recorte a los servicios públicos, y no sólo a los intereses particulares de sus empleados".
"Al altísimo precio en forma de desempleo regional se unen estas medidas de atraco al colectivo de empleados públicos de la Región, a los que se les hace pagar una política descerebrada que pretende ocultar con portavoces saltimbanquis la cruda realidad de nuestra situación económica", concluyen Csif, Sterm-Intersindical, Anpe, Satse, UGT y CCOO.

Que Valcárcel dé la cara

La viceportavoz del PSRM-PSOE en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha afirmado que es "inaplazable" que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, "dé la cara en relación con los recortes anunciados por el Gobierno regional y que serán aprobados por el PP en el Parlamento autonómico sin debate este jueves", puesto que, ha reprobado, "lesiona los derechos de los empleados públicos en vez de acabar con el despilfarro".
A su juicio, "ante un recorte de semejante envergadura, sin negociación previa, sin ningún acuerdo, sin ningún tipo de explicación, requerimos a Valcárcel para que se persone en la Asamblea Regional y dé explicaciones a los ciudadanos de por qué ha elegido lesionar los derechos de los empleados públicos en lugar de haber acometido las reformas que la Administración regional".
Entre ellas, ha subrayado, "haber acabado con el despilfarro y con el descontrol del gasto público". Al hilo, García Retegui ha recordado que ninguna CCAA "ha tenido que infringir un daño semejante a sus empleado públicos, ni ninguna lo ha hecho".
Razón por la que ha considerado que si el PP "hubiera hecho los deberes, si hubiera reducido sus chiringuitos públicos, el número de asesores, de personal eventual de gabinete, el descontrol y el despilfarro, los gastos de protocolo, publicidad y propaganda, pues no habríamos tenido que llegar a esta situación".
No obstante, ha manifestado, "una vez aquí, lo que no tiene justificación alguna es que se elija la vía de reducir derechos, porque no se reducen sólo salarios sino también derechos, de los empleados públicos".
Para la viceportavoz socialista, "lo más grave quizá sea la exposición de motivos que da el Gobierno regional, después de casi 16 años gobernando y siendo responsable de la Administración, de por qué se practica la reducción".
"En ella se habla poco más o menos de que el Gobierno regional del PP ha venido manteniendo privilegios a los trabajadores, habla de que los empleados públicos son poco más o menos que vagos y maleantes a los que hay que aplicar ahora un correctivo", ha comentado García Retegui, quien ha resaltado que "la rapidez en el recorte de salarios y derechos a los empleados públicos que se plantea el Gobierno de Valcárcel contrasta con el amplio margen de tiempo que se da para reducir el número de entes y empresas públicas".
De forma que "se incumplen todos los compromisos con el Ministerio de Economía, con la Asamblea Regional y los propios acuerdos del Consejo de Gobierno, pues Valcárcel nos contó hace casi un año que iba a reducir el número de esos entes y de que iba a practicar la austeridad".

El SIP Mare Nostrum inicia su actividad con la obtención de la ficha bancaria

MADRID.- El Grupo Banco Mare Nostrum SA (BMN) --formado por CajaMurcia, CajaGranada, Caixa Penedès y Sa Nostra mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP)-- ha iniciado este miércoles formalmente su andadura con la obtención de la ficha bancaria y la constitución de su consejo de administración, lo que le permitirá operar con normalidad a partir de enero. 

   Según han indicado todas las entidades integrantes en una nota conjunta, después de que en los últimos días las asambleas de las cuatro cajas aprobaran la adaptación del contrato que les vincula, que incluye la mutualización del cien por cien desde el primer año, BMN se presenta como "un grupo sólido, unitario, de gran fortaleza financiera, con una rigurosa gobernanza y con el potencial y la estructura que, actualmente, demandan los mercados". En este sentido, el grupo presentará, en los primeros días de enero, su composición, principales indicadores y estrategia.

   La primera reunión del consejo de administración del Grupo BMN se ha celebrado este miércoles en Madrid, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), bajo la presidencia de Carlos Egea, presidente de CajaMurcia. 

   Las dos vicepresidencias han sido asumidas por Ricard Pagès, director general de Caixa  Penedès, la primera; y Antonio Jara, presidente de CajaGranada, la segunda. Como secretario figura Pablo Miguel Dols, director general de Sa Nostra. 

   El consejo de administración, formado en total por 17 miembros, de los que tres son independientes, está integrado, además, como vocales por Luis González, Ramón Martín, José Manuel Jódar, Joaquín Cánovas, Federico Ros, Ignacio Ezquiaga, Josep Colomer, Manuel Troyano, Joan Caellas y Fernando Alzamora. Los vocales independientes son Luis de Guindos, Josep Manuel Basáñez y Miguel Ángel Cabello. 

   Asimismo, han precisado que el Banco Mare Nostrum SA tiene pendiente únicamente la inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro Especial del Banco de España, según han comunicado todas las entidades en sus respectivas comunicaciones a la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde se ha recordado que el contrato de integración entrará en vigor de forma automática el 31 de diciembre de 2010, aunque la efectividad de las modificaciones incluidas en la adenda al contrato de integración están sujetas a la obtención de determinadas autorizaciones del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España.

   Según lo comunicado a la CNMV, las cajas han constituido el Banco Mare Nostrum SA con un capital social de 18.030.400 euros dividido en 18.030.400 acciones nominativas de un euro de valor nominal cada una, íntegramente suscrito y desembolsado por las cajas. Han precisado que el contrato de integración no contempla ninguna revisión posterior de esas cuotas de participación y tiene una duración mínima de diez años, tras el cual se convertirá automáticamente en indefinido.

   Según la nota conjunta de las entidades, el consejo de administración del nuevo grupo se caracteriza por "la alta cualificación profesional de sus miembros, con una amplia experiencia en el sector financiero --entre ellos, los presidentes y directores generales y ejecutivos de las cuatro cajas de ahorros integradas--, tal y como ocurre con los vocales independientes, que también son reconocidos expertos en el ámbito financiero y empresarial".

   La elección de los 14 consejeros correspondientes a las cajas se ha realizado de acuerdo a las cuotas de participación de las distintas entidades en el nuevo Banco, de forma que CajaMurcia asume un 41 por ciento de la sociedad central; Caixa Penedés un 28 por ciento, CajaGranada un 18 por ciento y Sa Nostra un 13 por ciento. Así, el reparto de consejeros por caja es de CajaMurcia, cinco miembros; Caixa Penedés, cuatro; CajaGranada, tres; y Sa Nostra, dos miembros.

   En la primera sesión del consejo de administración también se han designado a los componentes de la comisión ejecutiva del Grupo BMN, formada por 11 miembros (incluyendo a Luis de Guindos y Miguel Ángel Cabello, como independientes), de los que tres corresponden a CajaMurcia y dos a cada una de las restantes cajas. El consejo del Grupo BMN también ha ratificado al comité de dirección. 

   Asimismo, el consejo de administración de la sociedad central ha acordado el nombramiento de una serie de personas como parte de la primera línea ejecutiva del banco, esto es, Joaquín Cánovas será director general y de negocio; Gonzalo Suárez el secretario general; Jordi Ruiz-Kaiser el director financiero; Francisco García Beato como director de riesgos; Máximo Jaime Alonso como director de planificación y control; Jorge Nadal como director de productos parabancarios; Luis Mendoza como director de recursos humanos y servicios generales; Fulgencio Martínez como director de tecnología, organización y back-office; y María Sánchez como responsable de auditoría interna. 

   El presidente del Grupo BMN, Carlos Egea, manifestó que este miércoles "es un día muy importante en el que se ha constituido el consejo de administración del Grupo", del que destacó "la sobresaliente profesionalidad de todos sus componentes y su amplio conocimiento del mundo económico, financiero y empresarial".

   Carlos Egea subrayó que, desde que se adoptó la decisión de crear el grupo, "hemos ido dando pasos firmes y rigurosos, cumpliendo todos los plazos fijados en el protocolo de integración, lo que nos ha permitido llegar hasta aquí con los deberes hechos".

   En su comunicación a la CNMV, este grupo ha recordado que la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordó apoyar financieramente el proceso de integración de las Cajas mediante el compromiso de suscripción de participaciones preferentes convertibles por un importe de 915 millones de euros.

   De esta forma, la junta general del banco que, con carácter universal, se ha celebrado en el día este miércoles, ha aprobado la emisión de esas participaciones, cuya suscripción y desembolso será realizada exclusivamente por el FROB.

Roca cifra en 1.000 millones de pesetas su patrimonio antes de trabajar en el Ayuntamiento de Marbella

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ha cifrado en 1.000 millones de pesetas -seis millones de euros-- su patrimonio antes de trabajar en el Ayuntamiento y ha asegurado que no tenía "ningún" control "ni mando" sobre los funcionarios públicos del Consistorio, al precisar que estos "están en la órbita del Ayuntamiento y sus jefes directos son el secretario y el alcalde".

   Roca, que ha declarado en el juicio del caso 'Malaya', se ha referido a las imágenes del supuesto cuadro de Miró que se le intervino y de los animales disecados y ha indicado que no se ha podido demostrar que el citado cuadro sea verdadero, precisando, entre otras cosas, que "no ha sido tasado por el Ministerio de Cultura porque duda de su autenticidad". "A estas alturas del partido, nadie es capaz de mantener que Roca tenía un Miró en el baño", ha sentenciado.
   A preguntas de su defensa, ha incidido en que su patrimonio antes de ser director del Plan General marbellí era de mil millones de pesetas y no de la cuantía estimada por los informes policiales de 650 millones de pesetas. En este punto, ha considerado "una puesta en escena" decir que cuando llega a Marbella lo hace con lo puesto.
   Por otro lado, ha precisado que el servicio de disciplina urbanística está dentro del área de Urbanismo "y su jefe es el jefe del servicio jurídico de este área", que era Jorge González, cuya declaración como testigo en una causa por delito urbanístico dio lugar a este procedimiento y con quien ha dicho "tenía muy mala influencia".
   El ex asesor de urbanismo ha afirmado que el trabajo que desarrollaba en Planeamiento era "siempre dirigido a supervisar y preparar documentos del Plan General" y ha añadido que "en ninguna ocasión" ha dictado resoluciones ni tomaba decisiones. "La misión de Planeamiento no era emitir informes vinculantes sino hacer propuestas a la Corporación", ha subrayado.
   En relación con el urbanismo, ha precisado que hay que diferenciar dos etapas, una primera en la que "se trabajó conjuntamente" con la Junta de Andalucía, con la que "la relación era muy fluida", y otra posterior, coincidiendo con la aprobación de la revisión de 1998 por el Ayuntamiento, en la que el entonces alcalde Jesús Gil, "se irrita" y, según ha indicado, "se enfriaron" las relaciones con el Gobierno andaluz y "las reuniones eran más frias".
   También, al igual que hizo en la sesión anterior, ha informado de que no había incompabilidad a la hora de desarrollar su trabajo en sociedades municipales y en sus propias empresas, recordando que su actividad empresarial "ha sido conocida". Preguntado por su letrada sobre si ha tenido a libre disposición caudales públicos, ha señalado que "he tenido caudales públicos pero no a mi libre disposición", ya que, "como apoderado de Planeamiento se remitía el importe de nóminas y facturas" y no se le remitía a Planemiento un presupuesto.
   Por último, Roca ha indicado que sus sociedades "no han escatimado pagos a Hacienda" y ha añadido que si Lispag, sociedad a través de la que se desarrolló la operación, tuviera que tributar en España "se hubiera tributado", pero "lo que se nos dijo es que esta sociedad tenía que tributar en Suiza".

El senador socialista Hurtado en vías para ser juzgado por presunta corrupción

MURCIA.- La Sala de lo Penal del Alto Tribunal se ha declarado competente para encausar al político murciano y senador socialista Manuel Huertado por la contratación, aparentemente ilegal, de las obras de construcción de un complejo deportivo en Ceutí. 

En la resolución, notificada ayer y que está en poder de 'La Verdad', los magistrados Juan Saavedra Ruiz, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca exponen que han estudiado la Exposición Razonada que les remitió la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Molina de Segura, Joaquina Parra, quien ha investigado el caso, y que los hechos que se imputan a Manuel Hurtado «podrían, en principio, ser constitutivos de delitos de prevaricación y falsedad documental, lo cual se establece a los únicos efectos de valorar la consistencia de la imputación».
 
Hasta este momento, Hurtado había logrado eludir su imputación y el paso por los juzgados debido a que, por su condición de senador, disfruta de un fuero especial y sólo puede ser encausado por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Pero, con el paso que acaba de dar este órgano judicial, asumiendo su competencia y apreciando de forma inicial la apariencia delictiva de los hechos, su próxima declaración en calidad de imputado se da por descontada.
 
La instrucción de la causa ha recaído ya en el magistrado Carlos Granados Pérez, que será quien previsiblemente dirija el interrogatorio de Hurtado y decida la suerte última de la causa: si finalmente corresponde archivarla o si abre juicio contra el senador socialista.
 
Los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen a quien fue alcalde socialista de Ceutí durante casi 30 años se produjeron entre los años 2003 y 2004, periodo en que se construyó e inauguró el complejo deportivo 'Juan Antonio Camacho' de Ceutí. El único caso conocido en la historia de la Administración local en que una obra municipal es abierta al público antes de ser formalmente adjudicadas las obras. 
 
Según el relato realizado por la juez de Molina de Segura, que se resume en la Exposición Razonada que emitió el pasado 8 de julio y que este periódico publicó en exclusiva, recoge que en fecha no determinada, pero anterior a diciembre del 2003, Manuel Hurtado encargó verbalmente a una empresa la construcción del complejo deportivo de Ceutí. 
 
En el expediente de contratación de esas obras no constaba, tal y como certificó en el 2008 el secretario municipal, ni la publicación en el BORM de la licitación de la obra, ni acto de apertura de plicas, ni las ofertas presentadas, ni la ficha patrimonial del polideportivo ingresando en el inventario del patrimonio municipal, ni el acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando el pliego de condiciones. Más aún, en el 2003 ni siquiera existía partida presupuestaria destinada a ese proyecto.
 
Pese a todo ello, el 10 de diciembre del 2003 se celebró la inauguración oficial de las instalaciones, que presidió el alcalde y a la que asistieron personalidades y periodistas.
No fue hasta 2004 cuando empezó a documentarse todo el expediente de contratación. La juez incluyó en su escrito algunas declaraciones que parecen inculpar al senador socialista, como la del ingeniero técnico municipal, quien admitió en el juzgado que «una vez terminada la obra se le pidió por Manuel Hurtado que verificase que las obras ejecutadas se correspondían con las facturas aportadas y después se documentó la obra», y añadió que una vez terminada la obra, el alcalde le pidió que documentara el proyecto; que le pareció extraño que se documentara una obra que ya estaba terminada, pero que lo hizo a petición de Hurtado. «Es la única vez que he actuado de ese modo», confesó el técnico municipal.
 
Con esa forma de proceder, no fue hasta el 1 de abril del 2004, cuatro meses después de inaugurado el pabellón, cuando el alcalde de Ceutí y la constructora firmaron el contrato para realizar las obras. El acta de recepción del complejo deportivo se firmó el 11 de octubre del 2004.
 
La juez sostuvo que de la investigación se desprendía que si se redactaron los documentos relativos a la construcción del complejo, todos ellos con fecha posterior a su construcción, fue porque el Ayuntamiento solicitó una subvención a la Federación de Fútbol y necesitaba presentar un expediente. Y acabó la Exposición Razonada con una declaración del secretario municipal, quien admitió: «Creo que no hubo licitación pública de la obra».
 
Será ahora el Supremo quien determine si esos indicios de delito que se vislumbran acaban siendo confirmados y si Hurtado debe responder por ellos o no en un juicio.

El déficit público de la Región impide asumir las trasferencias de Justicia

MURCIA.- Un desacuerdo económico de última hora, a causa de las condiciones impuestas por el Ministerio de Hacienda, ha dado al traste con el traspaso de las competencias de Justicia, cuya gestión estaba previsto que asumiera la Comunidad Autónoma el 1 de enero. 

El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, propuso ayer al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dejar en suspenso el acuerdo de transferencias alcanzado con el Ministerio de Justicia al menos hasta mediados del próximo año, para ver si mejora la situación financiera de la Administración regional o bien Hacienda modifica su postura. 

 El informe preceptivo del Ministerio de Hacienda sobre el acuerdo de traspaso, y que Campos recibió anteayer, incluía una sorpresa. El departamento de Elena Salgado daba el visto bueno a los términos del acuerdo, pero indicaba que podían verse afectados por la disposición adicional 41 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Según dicha disposición, el Ministerio puede bloquear el pago de convenios a las comunidades autónomas que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria los años 2010 y 2011. 

Según interpreta el consejero, esto significa que el Gobierno central puede negarse a abonar los 4,5 millones de euros del pago único para inversiones por el incumplimiento de la Comunidad Autónoma del objetivo del déficit presupuestario para este año, algo que ya da por hecho la propia consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, según 'La Verdad'.
 
El consejero se reunió en Madrid el pasado jueves con representantes del Ministerio de Justicia y acordó que la Comisión Mixta de Transferencias, integrada por ambas administraciones, se reuniera hoy en Murcia para dar carpetazo al proceso, de modo que los decretos de traspaso se aprobaran antes de final de año y Murcia pudiera asumir la gestión a partir de enero.  

Campos, que entró en el Ejecutivo autónomo en septiembre precisamente para gestionar la recepción de la Justicia, tenía todos los flecos cerrados con el Ministerio de Francisco Caamaño. El coste efectivo estaba tasado en unos 70 millones de euros, a los que se sumaban 4,5 millones más para inversiones como pago único y un millón más para mejoras informáticas. 
 
Campos reitera que el acuerdo con el Ministerio «era muy bueno para Murcia», pero que con las nuevas condiciones establecidas por el Ministerio de Economía y Hacienda «sería temerario asumir las competencias». El primero plazo de algo más de dos millones de euros, del total de 4,5 destinados a la mejora de las infraestructuras judiciales, debía abonarse el próximo año. «Esa cantidad es fundamental para nosotros y al día de hoy no era seguro que fuéramos a recibirla», precisa.

El lorquino Andrés Pacheco seguirá como presidente de la Audiencia Provincial

MURCIA.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reelegido al magistrado lorquino Andrés Pacheco como presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, renovando el cargo que ocupa desde octubre de 2005.
 
Pacheco, casado con dos hijas, estudió Derecho en las universidades de Murcia y Salamanca y su primer destino fue en Puertollano como juez de distrito.
Posteriormente, estuvo destinado en Hellín, Huércal-Overa y Lorca. Ya como magistrado desempeñó su cargo en Barcelona, Almería y, finalmente, en Murcia.
El magistrado fue decano de los jueces de Murcia durante seis años y lleva 14 años como magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Foro Ciudadano presenta ‘El otro estado de la Región. Informe 2010" a PSOE e IU


MURCIA.- El Foro Ciudadano ha llevado su ‘Otro informe de la Región’ a instituciones, asociaciones y partidos políticos para acerca su visión y la lectura que ellos hacen de la política, las decisiones y la gestión del Gobierno regional, con el que han sido muy críticos. La candidata socialista a la Comunidad Autónoma, Begoña García Retegui, recibió a una delegación de representantes de esta organización para conocer de primera mano y debatir las consecuencias que de éste informe se derivan, según 'Teleprensa'.

Para la candidata los datos que se recogen son una muestra del retroceso y de la posición distante que mantiene la Región con el resto de comunidades, ya que ha quedado atrasada en materias como educación, sanidad, atención social o economía. Además, éste puede ser una “buenísima alternativa contra la desinformación de la Administración autonómica”.

“Es un documento interesantes, exhaustivo y con un análisis tan profundo que es un libro de cabecera para la clase política de la Región”, ahora “nos toca a nosotros trabajar para ver cómo se puede cambiar esta realidad y cómo se pueden corregir los errores del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel”.

En este sentido, el presidente de Foro Ciudadano, Patricio Hernández, aseguró que es una herramienta válida para que la ciudadanía tenga una visión global de la Región y para que puedan contrastar la versión que se hace desde las administraciones públicas de la Región. 

Además, indicó que es un instrumento necesario en una comunidad en la que los gobiernos, tanto el regional como los locales, son completamente refractarios a la participación de los ciudadanos, en la que estos “básicamente molestan”, y por tanto “se pierde el capital social y la riqueza democrática que significaría tener una participación abierta y estimular el papel de las organizaciones ciudadanas”.

Aseguró que “es penoso ver que nuestra comunidad autónoma va a la deriva y se vacía cada vez más de contenido democrático”.

Por su parte, García Retegui fue muy crítica con el recorte de presupuestos presentado ayer por la consejera de Hacienda, Inmaculada García, en la Asamblea Regional ya que el “PP hace un recorte a los funcionarios para hacer caer sobre ellos el peso de la responsabilidad de no haber hecho una buena gestión desde el Gobierno”. 

Así, confirmó que la jornada de ayer fue "terrible" ya que puso de manifiesto lo que el informe de Foro Ciudadano recoge, y es “la falta de calidad democrática de esta comunidad”, donde “se sustrae el derecho de participación y se toman decisiones unilateralmente sin el apoyo de parlamentarios ni ciudadanos y faltando a sus derechos”.

“Esta es la Región que tenemos y no creo que sea la que se merecen los ciudadanos”.