Valcárcel es el máximo responsable de que la Región "se encuentre al borde del abismo", según el PSRM

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha asegurado este martes que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, es el máximo responsable de que la Región "se encuentre al borde del abismo". 

   García Retegui ha valorado en rueda de prensa la "nefasta" gestión del Gobierno de Valcárcel tras la salida del consejero Salvador Marín y la entrada de Juan Bernal en el Ejecutivo regional.

   En este sentido, mostró su confianza en que Juan Bernal no sea "el lastre definitivo que arrastre a la Región al fondo, pues sus avales no son precisamente los mejores para la Región de Murcia".  

   La portavoz socialista agregó que el anterior consejero Salvador Marín "sale poco menos que huyendo del Gobierno regional, después de haber dejado a la Región en una situación aún más complicada de la que la dejó su antecesora Inmaculada García, que nos había situado poco menos que al borde del abismo".

   Pero esta responsabilidad, añadió, "no es sólo del ex consejero de Economía, sino que el máximo responsable es del presidente Valcárcel, por no coordinar ni dirigir".

   Begoña García recordó la trayectoria de Juan Bernal, consejero entre los años 1995-2003 y responsable de una ley del Suelo y un modelo "especulativo" que contribuyó a que las consecuencias de la burbuja inmobiliaria sean hoy mucho más graves en la Región.

   De la época de gobierno de Juan Bernal es también la Ley de Financiación "que más daño ha hecho a las Cuentas regionales, aprobada en 2001, con unas transferencias de Sanidad que ahogaron a la economía regional".

   Igualmente, apostilló, "Juan Bernal fue el que perdonó la deuda histórica que la Asamblea había aprobado reclamar al Gobierno de España".

   García Retegui hizo alusión, asimismo, a la faceta de Juan Bernal en la empresa privada, concretamente, en Halcón Food, empresa desaparecida y el Consejo de Administración de la CAM.

   "Por eso esperamos que esos no hayan sido los avales para ser nombrado por el presidente Valcárcel, al tiempo que le deseamos que tenga mayor éxito y sea consciente del legado que recibe", indicó.

   García Retegui apostilló que el Partido Socialista lleva mucho tiempo exigiendo criterio político y unas directrices económicas claras y contundentes para trazar el camino a la salida de la crisis. Para ello desde el PSOE se ha venido pidiendo, ante la reiterada ausencia de Valcárcel, una vicepresidencia económica potente.

   "No lo hemos conseguido y parece que tengamos que esperar unos meses. Creemos que este tema no tiene espera, pues cada día perdido es sinónimo de más destrucción de empresas y más paro en la Región", concluyó.

UPyD asegura que se ejecutan obras de ampliación en el aeropuerto de San Javier

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha afirmado que se están ejecutando obras de ampliación, de envergadura, en la zona de salidas de la terminal del aeropuerto de San Javier.

   Sánchez considera que no se debería seguir invirtiendo más en la ampliación de  una instalación que pudiera dejar de utilizarse en un corto periodo de tiempo.

   "El Ministerio de Fomento, a través de AENA, debería explicar cuál es el alcance de esas obras y el motivo por el que se acometen cuando ya se ha anunciado que San Javier dejará de prestar servicio como aeródromo civil en el momento en que opere Corvera", ha señalado.

   El coordinador de UPyD cree que, sobre todo, en un momento de grave crisis y de dificultades económicas de las cuentas públicas, "hay que ser especialmente escrupuloso a la hora de gastar".

   A su juicio "resultaría inexplicable y escandaloso que se hiciesen una costosas obras en un edificio que va a dejar de funcionar unos pocos meses después. Sería otro caso más de despilfarro irresponsable por parte de las Administraciones Públicas".

   Por ese motivo, Rafael Sánchez ha pedido que se explique y aclare si existía auténtica necesidad de las obras, y si no es así, qué ha motivado su ejecución.

El PSOE de Lorca denuncia que la Comunidad "mantenga retenido el 96% de las ayudas recibidas del Estado"

LORCA.- La concejal socialista del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha denunciado públicamente que la Comunidad "mantenga retenido el 96,75 por ciento de las ayudas recibidas del Estado, por un importe de más de 9 millones de euros, en diferentes partidas ingresadas en las arcas de la Comunidad desde el mes de agosto pasado". 

   "Queremos pensar que el presidente Ramón Luis Valcárcel no está utilizando este dinero de los lorquinos para sanear las arcas de la Comunidad y que, por tanto, ha de estar ingresado en las cuentas autonómicas", ha aseverado la edil, quien considera que los intereses "deben redundar en beneficio de los lorquinos y no beneficiar a la Comunidad".

   Y es que, ha insistido Casalduero, "no deja de llamar la atención que el nuevo comisionado para Lorca, nombrado el 31 de diciembre, aún no haya visitado la ciudad y tan solo haya recibido en una ocasión al alcalde, Francisco Jódar, el pasado día 19 de enero".

   En su opinión, "esta forma de actuar del nuevo Comisionado genera desconfianza sobre la implicación del nuevo Gobierno central en los problemas de la localidad".

   Los acuerdos que contiene la moción son, por un lado, que la Comunidad "haga llegar a Lorca, a la mayor brevedad posible, la parte de las ayudas aprobadas por la Comisión Mixta, correspondientes a la misma, así como la parte correspondiente al Gobierno central, que ya han sido ingresadas en las arcas del Gobierno regional".

   Además de que el Ayuntamiento de Lorca inste al Gobierno central a que "renuncie al resarcimiento de los gastos de emergencia que éste financió a raíz de los seísmos, para lo cual vendrán destinados 21 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, y que ese dinero venga destinado a la reconstrucción de la ciudad y sea ingresado por el Gobierno central directamente en las arcas del Ayuntamiento, sin que tengan que pasar por el filtro de la Comunidad".

   Igualmente, que el Ayuntamiento de Lorca inste al Gobierno central a que "mantenga la oficina del Comisionado del Gobierno".

   Por todo ello, ha exigido al alcalde de Lorca que "cumpla con su mandato de representar los intereses de la localidad y de los lorquinos por encima de cualquier otra cosa".

Sevilla considera que "no tiene sentido que Fomento paralice el AVE porque está ya entrando a Murcia"

MURCIA.- La denominada 'autovía del bancal', en concreto el tramo Zeneta-Santomera, no correrá riesgo alguno ante la previsión de futuros recortes del Ministerio de Fomento, al igual que desde el Gobierno murciano se considera que "no tiene sentido" que se paralice la llegada del AVE a Murcia, prevista para 2014, puesto que "ya está entrando".

   Así lo ha manifestado el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, quien ha dejado entrever que el tramo de Zeneta-Santomera "no tiene por qué verse afectado por los recortes del Ejecutivo de la nación".

   "Se ha manifestado la urgencia de hacerla y creo que el Gobierno la atenderá, dado que no es lógico que una autovía, que es vía de comunicación imprescindible que conecta el músculo de Murcia con el Mar Menor, esté sin terminar", ha apostillado.

   La ministra, Ana Pastor, "comentó que hay obras que están en marcha y no se pretende renunciar a ellas, sobre todo siendo un acuerdo con la Comunidad y el Estado en la que la administración regional ha ejecutado su parte". En este sentido, ha aseverado, la autovía "no tiene ningún riesgo".

   Igualmente intención de Pastor es que el AVE llegue a Murcia en 2014, según ha recordado el consejero, que entiende que "no tiene sentido que el AVE que está entrando a Murcia, con gran parte de la obra hecha, se paralice".

    Para concluir, ha hecho referencia a las principales apuestas de su departamento para este año que pasan, entre otras, por trabajar en la conservación de carreteras, solucionar cuestiones relativas al Corredor Mediterráneo, que el AVE también llegue a Lorca, y las apuestas por el Arco Norte y Noroeste, entre otras.

Presentan mociones contra el paso de dos oleoductos bajo las aguas del Cenajo

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha presentado en los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia una moción para que, desde los respectivos Plenos municipales, se haga público el rechazo de éstos al actual trazado del oleoducto Cartagena-Puertollano, que pasa bajo las aguas del embalse del Cenajo.

   Un rechazo, explican, que ya ha sido expresado de forma unánime por el Ayuntamiento de Cieza, y al que la organización ecologista entiende deberían sumarse el resto de ayuntamientos de la Región dada la importancia de este asunto.

   En la moción presentada se recuerda que "el embalse del Cenajo es la reserva de agua dulce más importante de toda la cuenca del Segura, ya que abastece a ésta de agua para regadío, y también para consumo humano de cerca de un millón de personas".

   Por lo que, subrayan, "un vertido de petróleo en este embalse podría tener consecuencias sociales, económicas y medioambientales gravísimas para el conjunto de la Región".

   A finales de los noventa Repsol construyó una primera conducción del oleoducto Cartagena-Puertollano, y actualmente ultima la puesta en marcha de una segunda tubería, lo que "duplicará el volumen de producto petrolífero que va a pasar diariamente bajo las aguas de un embalse situado, además, en una zona de riesgo sísmico", explican.

   Ecologistas en Acción destaca el hecho de que informes técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) llevan tiempo advirtiendo que debe evitarse el cruce del embalse por el "riesgo de contaminación de las aguas para abastecimiento humano y regadío" en el caso de producirse una rotura. Y que sin embargo se haya autorizado ese trazado a Repsol.

   La organización ecologista pide con esta moción, a los ayuntamientos de la Región, que emprendan las actuaciones necesarias ante el Gobierno regional y de la Nación, para que se saquen los oleoductos del embalse del Cenajo "dado el grave riesgo social, económico y medioambiental que supone su existencia".

El alcalde de Lorca advierte que será el primero en emprender medidas de fuerza "si el diálogo falla"

LORCA.- El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha asegurado este martes que será el primero en emprender medidas de fuerza si el "diálogo falla", pero ha abogado por dar tiempo a que el actual Gobierno de la nación "cumpla su compromiso, ya que apenas lleva un mes".

   Jódar ha salido al paso de las críticas vertidas por los socialistas, en las que se le acusa de "estar al lado de su partido en lugar de con los lorquinos", a lo que ha replicado argumentando que "es de risa que el PSOE venga ahora con esas, sobre todo porque los lorquinos les conocen ya".

   "Estos socialistas son los que ayer criticaban hasta la saciedad el Plan Lorca y lo tachaban de invento del PP, y ahora lo exigen a voz en grito", ha aseverado Jódar, para continuar recordando que "son los que defendían al anterior delegado del Gobierno a pesar de que estaba ofreciendo un trato humillante a las cuestiones del terremoto y los que antes, con el PSOE en el Gobierno, llamaban a la calma y a la serenidad y ahora, con el PP en el Gobierno, apuestan por la crispación y el enfrentamiento".

   Sobre las críticas de IU en el sentido de que da muestras de "flaqueza", el alcalde ha señalado que "antes de hablar de flaqueza IU debería observar sus últimos resultados electorales en Lorca, entonces entenderán lo que es flaqueza y debilidad".

   Por todo ello, ha dejado claro que seguirá trabajando para "conseguir las ayudas que los lorquinos necesitan". "Lo que quiero es que me dejen trabajar, que es como se pueden solucionar los problemas. Yo digo lo mismo ahora con Rajoy que antes con Zapatero, que hay que agotar la vía del diálogo antes de emprender manifestaciones y crispar a los ciudadanos", ha sentenciado.

IU-Verdes atribuye el cambio de consejero a la "desorientación" del PP ante la crisis

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha achacado el cambio de consejero al frente de Economía y Hacienda a "la desorientación e incapacidad" del PP para atajar la "dura crisis económica" que atraviesa la Comunidad, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Según Pujante, la salida de Salvador Marín y su sustitución por Juan Bernal "pretende dar la impresión de que algo cambia aunque en el fondo no cambie", porque las políticas económicas del nuevo consejero van a ser las mismas que se han llevado a cabo hasta ahora.

   Ha indicado que la pretensión del presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, es "huir de la debacle económica en la que está dejando a la Región", al aplicar medidas de recorte que "conducen de forma inevitable al empeoramiento de la situación".

   En este sentido, ha recordado que hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido que los recortes presupuestos que aplican los estados de la zona euro contribuirán a agravar aún más las presiones recesivas.

   Pujante ha afirmado que las recetas económicas de PP y PSOE han provocado un "círculo vicioso de más penuria económica" porque afectan a la capacidad de consumo de la ciudadanía y limitan la obtención de ingresos por parte de las administraciones públicas.

Fomento estudia soluciones con el sector de autopistas para evitar la quiebra de algunas vías

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha iniciado ya los contactos con el sector de las autopistas para tratar de solventar el riesgo de quiebra que actualmente afrontan las sociedades concesionarias de algunas de estas vías de pago.

   Así lo indicó el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, quien reconoció que se trata de un problema que "no es fácil de resolver".

   "No tenemos aún una decisión tomada, estamos estudiándolo y hablando con el sector, no es fácil de resolver", declaró el 'número dos' de Fomento.

   "Hemos tenido reuniones tanto con asociaciones, como con sociedades, y lo estamos estudiando", insistió Catalá tras el acto de toma de posesión de varios altos cargos del Ministerio y presidente de entes y empresas públicas dependientes de este Departamento.

   Fomento aseguró recientemente que cuenta con margen para poder ayudar a atender sus obligaciones financieras a las concesionarias de autopistas "pese a los recortes", en referencia a la reducción de 400 millones de euros que el Gobierno realizó en el presupuesto del Ministerio para otorgar créditos participativos a las autopistas con problemas económicos y financieros.

   Un grupo de autopistas están a la espera de la consecución de dichos créditos para refinanciar deudas con los bancos, reequilibrar sus cuentas y evitar así un concurso de acreedores. Entre estas vías figuran las radiales de Madrid, la que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Ocaña, la Cartagena-Vera y la Madrid-Toledo.

   Estas autopistas, en su mayoría controladas por las grandes constructoras cotizadas, se han visto afectadas por un volumen de tráfico muy inferior al inicialmente estimado y por los sobrecostes de las expropiaciones que realizaron para su construcción.

El Ayuntamiento de Murcia garantiza los 144 puestos de trabajo de Latbus y crea cinco líneas

MURCIA.- El concejal de Tráfico y Transportes, Javier Iniesta, ha convocado esta mañana a los representantes del comité de empresa de Latbus para confirmarles que en el nuevo pliego de condiciones se especifica la subrogación de los 144 trabajadores actuales de la empresa.

    Así, Iniesta ha garantizado que todos ellos continuarán empleados con la nueva empresa que resulte concesionaria del servicio de autobuses.

   De esta forma continúan las reuniones informativas sobre el borrador del pliego de condiciones para la contratación del servicio de autobuses que se inició el pasado viernes con la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación.

   El borrador del pliego de condiciones se basa en la creación de cinco líneas de autobús, según han informado fuentes municipales. Se trata de la línea circular de doble sentido, el Rayo 14, Rayo 17, Rayo 20 y Rayo 80.

Holcim reduce a 141 los trabajadores afectados por el ERE, pero mantiene el cierre de 23 plantas

MADRID.- Holcim España ha reducido desde 151 hasta 140 el número de empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en España, que representarán así al 40% de la plantilla total, en virtud del acuerdo alcanzado con los represantes de los trabajadores.

   El ajuste diseñado por el grupo para su actividad en España mantiene, no obstante, el cierre de 23 plantas de hormigón, del total de 56 con que cuenta en el país, según informaron fuentes sindicales.

   Holcim indemnizará a los afectados por el ERE con treinta días por año trabajado (frente a los veinte días que inicialmente ofreció la empresa), con un máximo de 22 mensualidades. Además, lo complementará con una paga lineal de 2.000 euros para formación y reciclaje de estos empleados.

   El ajuste de la filial española del grupo suizo queda ahora pendiente del pertinente examen de la autoridad laboral correspondiente.

   El grupo suizo Holcim atribuye su decisión al descenso de la demanda de hormigón en España como consecuencia del parón constructor y a la competencia desleal que presentan "empresas piratas" que operan en el sector.

   No obstante, el ajuste sólo afecta a la actividad de hormigones, con lo que queda fuera el resto de actividades que la compañía realiza en España (áridos, cemento y mortero).

Antes de junio se tipificarán como delitos infracciones en la gestión pública

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, la reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

   Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha precisado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere presentar, habrá otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.

   "La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha defendido la 'número dos' del Gobierno.

   En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".

   Según ha dicho, se trata de que aquellos gestores que "irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, lleven a cabo una gestión deficiente" respondan ante los ciudadanos y "si es necesario, ante la justicia".

   Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones".

   En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno" y que ha fijado en la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones o el deber de "sigilo en las informaciones de que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley".

   La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto".

   Por ello, ha defendido que esta ley "marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos", porque incrementará la trasparencia, y reforzará "la responsabilidad de los gobernantes".

   Sáenz de Santamaría ha asegurado que ya se ha comenzado a trabajar sobre el texto y han comenzado las consultas con la sociedad civil. En concreto, ha asegurado que ha habido reuniones "con las distintas asociaciones promotoras de la transparencia y el buen gobierno".

   La vicepresidenta ha adelantado que con esta ley y otras medidas que abundarán en el mismo camino el Gobierno quiere que España forme "parte activa" de la propuesta que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Brasil, Dilma Rousseff, impulsaron en julio de 2010 en Nueva York, conocida como 'Iniciativa mundial para un Gobierno Abierto'.

   Para ello, ha explicado que España deberá suscribir un compromiso de transparencia, presentar un plan de acción estatal abierto a consulta pública y aceptar la evaluación externa del cumplimiento del proyecto, además de cumplir con "estándares mínimos" en asuntos como transparencia fiscal, publicidad de los ingresos y bienes de los cargos públicos y participación de los ciudadanos.

   Sáenz de Santamaría también ha avanzado otros cambios que el Gobierno quiere impulsar en aras de la transparencia, a través de la Ley en la que ya trabaja. En concreto, ha anunciado que se creará un 'Portal Digital de la Transparencia' al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información.

   Según ha dicho, será "una verdadera ventanilla de información de la Administración General", que sólo tendrá como limitaciones de acceso una "lista cerrada" de asuntos relacionados con cuestiones como la seguridad nacional o el derecho fundamental a la protección de datos.

   A través de este portal, ha dicho, los ciudadanos podrán conocer, por ejemplo, "a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos".

   En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno quiere "armonizar las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos cargos", de manera que sean "las máximas" para todos.

   Además, ha avanzado cambios en el Boletín Oficial del Estado y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que también pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia.

   Por lo que se refiere al BOE, ha apuntado que se buscará un boletín "más personalizado", a través de "mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas", que respondan a "las necesidades individuales de los interesados".

   Respecto al CIS, ha dicho que se quiere avanzar en "una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social" y ha precisado que, para ello, se ampliarán las bases de datos del centro y se incorporarán "estudios de otros centros o institutos.

Rosa Díez: al Gobierno le interesa más "evitar tensiones" que controlar el déficit

MADRID.- La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha asegurado que parece que al Gobierno "le interesa más evitar tensiones con sus barones territoriales" que controlar el déficit en las comunidades autónomas porque lo "primero" que debería de haber hecho es pedirles "sus presupuestos".

   "En la legislatura pasada no se tomaron las decisiones que se debían de tomar pero es que en esta tampoco. El primer Consejo de Ministros que se celebró lo primero que tenía que haber decidido es pedir a las comunidades que desviaran los presupuestos. Parece que le importa mas evitar tensiones con sus barones territoriales que responder a la necesidad de 47 millones de ciudadanos", ha denunciado hoy en una entrevista en TVE.

   En este sentido, Díez se ha preguntado por qué el Gobierno no hace lo mismo que hace la Unión Europa con sus Estados miembros, es decir, "controlar el presupuesto antes de que se apruebe y pedir permanentemente un control y un cumplimiento".

"Parece absurdo y es completamente necesario. La primera decisión debía haber sido pedir a las autonomías los presupuestos", ha señalado.

   Según Díez, el Gobierno actual es igual de responsable que el anterior de no abordar el cumplimiento del déficit de manera efectiva, ya que aunque fue Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el que, a su juicio, no tomó decisiones y no alertó a los ciudadanos de la situación, "a sabiendas de lo que se estaba produciendo", el de Mariano Rajoy tampoco está tomando decisiones "para enfrentarse de verdad con el problema".

   No obstante, ha aclarado que aunque los ciudadanos tienen interés en saber "quién tiene la culpa" y que "está bien hacer el diagnóstico para evitarlo y que no se vuelva a producir", lo importante , a su parecer, es "tomar medidas" para solucionar el problema, algo que, ha apuntado, no está haciendo el PP.

   Asimismo, ha señalado que aunque son las comunidades autónomas "las que más déficit han generado", esto se ha debido a que "no se les ha impedido que lo generaran". 

"Si desde el Gobierno se hubieran controlado los presupuestos antes de que se aprobaran y si no se les hubiera dado más dinero en anticipos que lo que se sabía que iban a recaudar, no hubiéramos llegado a esta situación", ha afirmado.

   Preguntada sobre si hay que rebajar el cumplimiento del objetivo de déficit, Díez ha asegurado que "si se revisan las expectativas de crecimiento, también hay que revisar el déficit y el plazo para cumplirlo", al tiempo que ha advertido de los costes que puede suponer cumplir con dichas exigencias, algo que, tal y como ha recordado, el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que tiene previsto hacer.

   "La pregunta es cuánto nos va a costar cumplir en términos de más destrucción de empleo y de más recesión. El Gobierno ha dicho que se va a cumplir sí o sí, el problema es a qué precio. Gobernar es decidir, y va a haber que decidir", ha aseverado.

   Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso ha matizado que para atajar esta situación, además de controlar el techo de gasto en las comunidades autónomas, es preciso "garantizar una cierta redistribución", porque están haciendo recortes "sin ningún tipo de control", lo que lleva, ha alertado, "a que se profundice cada vez más en la desigualdad"

. "Además del techo hay que garantizar una cohesión para que los derechos fundamentales estén garantizados para todos los españoles", ha defendido.

   Por ello, Díez ha abogado por "repensar el modelo territorial del Estado, con un criterio nacional y general, y pensando en el interés de todos los ciudadanos", ya que, aunque "ha servido para mucho durante todos estos años", hoy ha demostrado ser, a su juicio, "inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico".

   "Eso hay que repensarlo. Por eso nosotros venimos sosteniendo que España necesita reformar su modelo territorial. No creo que se trate de que las Comunidades que no tienen dinero para gestionar competencias las devuelvan. Hay que caminar hacia un modelo Federal Cooperativo en el que el Gobierno tenga competencias que hoy no tiene como la Educación y la Sanidad, como competencias exclusivas e indelegables", ha explicado.

   En esta misma línea, ha manifestado que es necesario llevar a cabo un proceso de "fusión de municipios" porque muchos de ellos son pequeños y al no tener capacidad para prestar servicios, obligan a mantener las Diputaciones provinciales, las cuales, según su criterio, "hay que suprimirlas todas".

   Dicho esto, ha subrayado que es "urgente" iniciar un debate sobre esta cuestión, ya que si se abordara podría conseguirse un ahorro que ha cifrado en unos 15.000 millones de euros, "que podrían dedicarse al déficit, además de a prestar mejores servicios a los ciudadanos".