CARTAGENA.- El grupo ACS negocia con la Comunidad Autónoma la venta de la desaladora
de Escombreras. Así lo han confirmado esta mañana los directivos del
grupo que han comparecido en la comisión parlamentaria de la Asamblea Regional que investiga la construcción y
puesta en marcha de dicha infraestructura.
Aunque dicha comparecencia ha sido secreta,
diputados de los distintos grupos parlamentarios han informado que el
director financiero de ACS, Cristóbal González, y los directivos de
Hydro Management, Miguel Caballero y Eugenio Lorente, han confirmado que
hubo negociaciones para traspasar la titularidad de la planta.
Tras su intervención, los parlamentarios han echado en falta más precisión por parte de los directivos para conocer el estado de las negociaciones y las cifras económicas que se barajan.
En
ese sentido, el diputado de Podemos, Antonio Urbina, ha asegurado que
sigue habiendo una "deuda importante" con los bancos internacionales y
que lo único que se ha pagado hasta ahora son intereses de la deuda a falta de abonar el crédito que se solicitó para su construcción.
Según
Urbina, la Comunidad habló de pagar unos 60 millones más la subrogación
del crédito, aunque en su día las empresas que gestionaban la planta le
solicitaron 91 millones más la subrogación de los créditos pendientes.
Podemos cree que la Comunidad "ya ha tenido pérdidas" y ha hecho pagos por la desaladora que superan los 100 millones de euros "que es lo que en su día costó la planta".
Advierten
que ya se han pagado 101 millones en concepto de alquiler de la planta
más unos 24 millones de mantenimiento, cifras que sumarían el coste real
de la planta que alcanza los 108 millones, según asientos contables.
Según dicen, el crédito que se pidió fue de 90 millones, cifra que quedaría por abonar.
"La desaladora ya está pagada y hay que ser muy duros en la
negociación", reitera. Además de eso, según el socialista Jesús Navarro,
para ACS la desaladora de Escombreras "es un problema que están
deseando quitarse de encima".
El diputado regional ha recordado que de momento solo se han pagado intereses de la misma.
Apunta que la deuda ascendería a 87 millones de euros más intereses,
del préstamos que se solicitó a Banesto, más un préstamo del Ministerio
de Industria de unos 4 millones de euros que es sin intereses.
Barajan que el coste de la obra se sitúa en los 130 millones, lo que englobaría la desaladora más las obras de conducción de agua a los distintos municipios.
Navarro añade que los representantes de Banco Santander, que han comparecido por videoconferencia y a puerta cerrada, han hablado de unos 95 millones de euros de préstamo.
El
socialista también ha informado de que en la comisión se han enterado
que una empresa del grupo ACS ha comprado una compra de la deuda porque
Hydro Management no se está haciendo cargo de la misma.
"Ahora la
Comunidad tiene una deuda no solo con Hydro Management, sino también con
otra empresa, que podría reclamarlo por la vía judicial como hizo ACS",
dice.
En caso de que finalmente se compre la desaladora, los
responsables de ACS sí que han asegurado que el dinero que ya se ha
pagado contaría a la hora del precio final, tal y como ha indicado Navarro.
Por
parte del PP, Juan Luis Pedreño ha negado que la desaladora fuera a
costar 600 millones de euros. El popular se ha escudado en declaraciones
de los responsables de ACS, según las cuales advierten que se está
negociando.
"No han aclarado la cifra porque están en
negociaciones, han confirmado que todo lo que ha pagado la Comunidad se
descontará de la negociación final", destaca.
En la comisión
también ha comparecido esta mañana el director del Puerto de Cartagena,
José Pedro Vindel, que ha hablado sobre la autorización que se otorgó para la toma de agua en la dársena de Escombreras.
Ha
defendido su posición de que esa toma de agua se realizara siempre
fuera de la dársena para evitar "cualquier accidente" que pudiera darse.
Vindel
ha recordado que se concede que la toma de agua se realice dentro y que
cuando se acaba la concesión, Hydro Management solicita una prórroga de la misma y se le concede con la condición de que coloquen la toma fuera de las aguas del puerto.
Asimismo, Vindel ha dudado saber si la empresa seguía captando agua o no mientras no se prorrogó la autorización para hacerlo.
"Supongo
que seguirían tomando agua", añade al tiempo que afirma que aunque el
acta de recepción del cajón de captación se firmó "hace poco" sí que se
autorizó con efectos retroactivos al año 2013, que es cuando acabó la
concesión.
Por último, ha informado de que la prórroga acaba en diciembre de este año,
pero que la empresa ya ha presentado un proyecto por valor de unos siete
millones de euros para hacer la toma de agua fuera de la dársena con un
plazo de ejecución de unos tres meses aproximadamente.
Los
últimos en comparecer en la comisión han sido dos extrabajadores de
Tedagua, empresa que realiza el mantenimiento de la planta y que
pertenece a ACS.
Uno de ellos, Antonio Mullois, ha asegurado que
no tienen ninguna vinculación con el "mal funcionamiento de gestión de
la planta" y ha desmentido que se hubiesen modificado los medidores de arsénico. "Nosotros hemos trabajado dentro de los parámetros que se nos marcaban", indica.
Al parecer, durante su comparecencia, los representantes de ACS han manifestado la voluntad de readmitir a los trabajadores despedidos en caso de que los juzgados den la razón a los exempleados.
