No tenemos arreglo. La región de Murcia
se ha convertido en una caricatura grotesca de sí misma. Solo así se
puede entender que una de las firmas agrícolas señaladas por el fiscal
en su denuncia por contaminación al Mar Menor, haya recibido
recientemente un premio regional al desarrollo sostenible. Conviene
subrayar que formaba parte del jurado que concedió los premios, entre
otros, el director del IMIDA dependiente de la Consejería de
Agricultura, Luis Navarro.
La empresa en cuestión, según el fiscal,
habría vertido al Mar Menor, a través de la rambla del Albujón, el
equivalente a 316 piscinas olímpicas de agua con salmuera y nitratos sin
tratamiento de ningún tipo. Todas las empresas del grupo premiado por
su contribución al desarrollo sostenible, habrían vertido durante cinco
años el equivalente a 1.400 piscinas olímpicas de agua contaminada al
Mar Menor donde, lamentablemente, ha dejado de nadar el caballito de
mar, aunque el delegado del Gobierno, Bernabé, va diciendo que «a
efectos de la vida biológica, está sano».
De secano a regadío.
El
Mar Menor no tiene espera, pero tendrá que esperar al 1 de febrero de
2018 para disponer de una Ley Integral de Medidas Urgentes cuyo trámite
parlamentario se presenta arduo, pese a la dura denuncia del fiscal,
porque sus señorías andan enredados con los matices. Y es así porque los
populares ya han advertido de que «no van a facilitar que prosperen
iniciativas que aumenten el riesgo de romper el equilibrio entre la
agricultura, el turismo y el ecosistema de la laguna», como si el
equilibrio no se hubiese ido al traste hace años precisamente por la
inacción de unos y la voracidad de otros.
Basta con hacer un recorrido por
determinadas zonas de la región de Murcia para comprobar que muchas
áreas que antes de 1998 eran de secano se han transformado en regadío y
que donde había faldas de monte, mediante roturación y aterrazado, hay
ahora grandes extensiones de regadío, especialmente en el campo de
Cartagena; aunque legalmente no está permitido porque, ya en 1986, el
Real Decreto Ley 3/86 sobre Medidas Urgentes para la ordenación de
aprovechamientos hidráulicos en la cuenca del Segura, alertaba en su
preámbulo de la «existencia de una grave sobreexplotación en numerosos
acuíferos hidráulicos en la cuenca del Segura» y de «un déficit muy
importante en muchas zonas regables».
La filosofía de ese Real Decreto
Ley era, y sigue siendo, no dar nuevas concesiones de agua a nadie salvo
excepciones mínimas relacionadas con acuíferos aislados.
En el
campo de Cartagena se ha pasado en los últimos años de un cultivo de
secano típico del Mediterráneo, cereales o algunos árboles frutales, a
los cultivos de regadío que, obviamente, necesitan mucha más agua como
los árboles frutales y las hortalizas y subraya el fiscal en su denuncia
«la desmesurada e incontrolada roturación del campo de Cartagena para
fines agrícolas y la consecuente ampliación de regadíos ha supuesto un
aumento de más de 20.000 hectáreas sobre las inicialmente previstas,
considerándose al menos ese número en situación de ilegalidad».
Una
aseveración rápidamente contestada por el consejero de Agricultura,
Francisco Jódar, que no sabe de dónde saca esa cifra el fiscal porque
dice que «es imposible que haya tal número de hectáreas de regadío
ilegal».
Y es ´imposible´ porque Jódar conoce el truco del
almendruco y sabe que a cuenta de los sucesivos planes de cuenca del
Segura se han venido amnistiando con carácter retroactivo prácticamente
todos los regadíos ilegales aunque la ley no permite la creación de
nuevos regadíos o ampliación de los ya existentes ni siquiera a cuenta
del agua desalada.
La versión oficial que ofrece la Confederación
Hidrográfica del Segura, CHS, es que «no ha habido amnistía, sólo una
normativa que permite la posibilidad de regularizar regadíos no
inscritos creados antes del plan de cuenca 2009-2015 y al año 1998,
dependiendo de si son regados con aguas desaladas o con recursos
propios». ´Regadíos no inscritos´, curioso eufemismo para regadío
ilegal.
Unidades de Demanda Agraria.
Supuestamente,
el regadío neto en la cuenca del Segura debería haberse mantenido
prácticamente inalterable, pero no ha dejado de aumentar a cuenta de las
denominadas UDAS o Unidades de Demanda Agraria que delimitan las zonas
brutas regables de la cuenca del Segura creadas en 1998.
Así es como el
organismo de cuenca justifica que donde ayer había olivar, hoy hayan
plantado naranjos o alcachofas y, por tanto, no se pueda hablar de
regadío ilegal. «Basta con que esté dentro del perímetro de la UDA y que
no suponga aumento de la demanda de agua», dicen desde el organismo de
cuenca.
Por eso dicen con tanta seguridad desde Confederación y desde la
consejería de Agricultura que no hay regadíos ilegales, aunque
realmente no han dejado de aumentar como asevera el fiscal porque todo
regadío sin concesión de agua es ilegal esté dentro o fuera de una UDA y
perjudica gravemente al que sí riega y produce legalmente, sobre todo, a
los pequeños agricultores.
Por otra parte, cómo nos vamos a
creer que no aumenta la superficie en producción si el propio ministerio
de Agricultura reconoce que las necesidades de agua para riego han
crecido en 105 hectómetros en los últimos años. Por otra parte las UDAS,
como el camarote de los hermanos Marx, han ido engullendo la mayoría de
roturaciones ilegales que se han producido de tal forma que muchos
regadíos de hecho se han transformado en regadíos de derecho aunque no
dispongan de concesión de agua porque se encuentran en una zona
delimitada como regable.
Solo han tenido que comprar el agua porque
siempre ha habido gente dispuesta a venderla y tuberías enterradas para
transportarla. Es esclarecedor comprobar cómo han ido cambiando los
perímetros de las UDAS a cada vuelo de avioneta y todo lo que dentro de
ellas se ha transformado en regadío.
La cota 120.
Y
luego está la cota 120 del campo de Cartagena que, según admiten los
lugareños, «ha sido el coladero de muchos regadíos»; y admito que se ha
convertido en una especie de sudoku porque cuanto más pregunto por ella,
menos entiendo ya que las respuestas que recibo son contradictorias. La
CHS dice que la cota 120 «se creó antes de la llegada de las aguas del
trasvase y posteriormente se incluyó en la zona regable del acueducto
mediante resolución del organismo del cuenca».
Sin embargo, desde la
Comunidad de Regantes de Cartagena aseguran que la cota 120 «no riega
del trasvase sino de recursos de la cuenca y la reutilización porque no
tiene concesión de agua del trasvase», aunque los lugareños con parcela
en esa cota dicen que riegan con agua del acueducto del Tajo.
La cota
120 es una franja gigantesca de regadío (más de 11.000 hectáreas) junto
al Mar Menor que seguro resulta muy interesante al fiscal jefe Díaz
Manzanera porque se creó mediante una resolución de agosto de 1986
(varios años después del trasvase) firmada por el entonces presiente de
la CHS, Emilio Pérez Pérez por la que autorizaba «en precario y de
manera provisional» a la comunidad de regantes de Cartagena a plantar
hortalizas (nunca árboles frutales) en esa franja de terreno.
Una gran
extensión de terreno donde se plantan árboles frutales desde 2004
gracias a otra resolución del entonces presidente de Confederación,
Fuentes Zorita, quien levantó la prohibición de plantar cultivos
permanentes aunque éstos generen inmediatamente derechos de agua y
tienen prioridad en caso de sequía.
Esa autorización en precario
que ampliaba la zona regable del trasvase del campo de Cartagena no se
publicó en ningún Boletín Oficial del Estado. No consta orden
ministerial. Bastó una autorización firmada por un presidente de
Confederación. Tampoco aparece la cota 120 en el mapa de regadíos del
trasvase que el Sindicato de Regantes tiene colgado en su página web.
Esa resolución de agosto de 1986, en su punto cuarto, dice textualmente:
«Dado su carácter de provisional y en precario, la presente
autorización podrá ser revocada y dejada sin efecto por esta
Confederación Hidrográfica cuando estime que existen causas para ello».
Una duda: ¿La falta de agua y la contaminación del Mar Menor no son
razones suficientes?
Las asociaciones ecologistas no dejan de
denunciar roturaciones ilegales de secano en regadío que la consejería
de Agricultura reiteradamente minimiza. Las últimas denuncias
registradas este año 2017 advierten de grandes roturaciones en La Murta,
Marina de Cope y Sucina y algunas de ellas afectan a zona ZEPA, motivo
por el que una de ellas ha sido puesta en manos del fiscal por parte del
ayuntamiento de Murcia. Entre todas suman alrededor de cuatrocientas
hectáreas de secano roturadas para plantar y regar cítricos u hortalizas
con la tranquilidad de quien sabe que, como mucho, pagará una multa y,
posiblemente, podrá alegar que está dentro del perímetro de una UDA.
En
los últimos cinco años la CHS ha abierto un millar de expedientes por
regadío ilegal, más de la mitad en el campo de Cartagena ¿Cuántos han
impuesto sanciones realmente coercitivas? ¿Cuántos han acabado en manos
del fiscal por usurpación de caudales públicos? ¿Cuántos de esos
expedientados han sido obligados a devolver el terreno a su estado
original?
Los agricultores esperan como agua de mayo la apertura
de doscientos pozos de sequía en el campo de Cartagena. Les adelanto que
el Ministerio no está por la labor porque no hay donde verter la
salmuera y los nitratos y menos ahora que la fiscalía está exigiendo
medidas cautelares. Por eso las declaraciones de impacto ambiental de
esos pozos están en manos del ministerio desde hace cuatro o cinco meses
pendientes de la autorización definitiva.
No es que el presidente de la
CHS, Miguel Ángel Ródenas, tenga manía a los agricultores y quiera
fastidiarles la vida. La decisión compete al Ministerio cuya secretaria
de Estado de Medio Ambiente, María García, en la última reunión del
Consejo Nacional del Agua, recibió a Ródenas con un afectuoso abrazo del
que debieron tomar buena nota los representantes de los regantes que
horas antes habían exigido su cese con una manifestación por las calles
de Murcia en defensa del agua que prometió Rajoy, que vuelve a Murcia
por Navidad.
Una manifestación que, como muchas otras, no va a servir
para nada porque como ha dicho el presidente del Sindicato Central de
Regantes, SCRATS, Lucas Jiménez «lo único que hoy en España se puede
consensuar en materia hídrica es que el agua es H2O».
(*) Periodista y jefa de Informativos en Murcia de Onda Cero
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/12/23/uda-almendruca/885030.html
