jueves, 5 de octubre de 2023

Carlos Amoedo, profesor de Derecho Administrativo: "Sin precinto, estaríamos hablando de responsabilidad penal directa"


MADRID.- La Cadena SER  ha preguntado a Carlos Amoedo Souto, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, por el proceder administrativo del Ayuntamiento de Murcia respecto a las discotecas Teatre y Fonda Milagros

¿Cómo puede funcionar una discoteca sin autorización y decreto de cese de actividad?

"Es bastante sorprendente que, por los datos que estamos conociendo, no sepamos todavía cuál ha sido el problema para que un acto administrativo de paralizar una actividad por carecer de la licencia, no haya sido ejecutado en tiempo y forma. Ya sea la Policía Municipal o el servicio local de aperturas correspondiente. 

Cuando hay una orden de paralización de la actividad, se tiene que precintar el local. Si hay que restaurar la legalidad se tramita, pero el hecho de que funcione sin licencia entraña unos riesgos mayores. Son actividades que conllevan riesgos para las personas", ha señalado el experto. 

¿Puede tener seguro una discoteca que sin autorización?

"Probablemente ese sea uno de los caballos de batalla para saber quiénes son los responsables patrimoniales y civiles por todas las muertes que se han provocado. Uno de los requisitos para conseguir una licencia de actividades es que haya una póliza de responsabilidad civil que pueda respaldar los posibles daños. Desconocemos la anatomía de todo este expediente. 

Se impone una máxima transparencia en el Ayuntamiento de Murcia y lo necesario es que se ponga el expediente inmediatamente encima de la mesa para analizar la trazabilidad administrativa", ha añadido Amoedo.

¿Responsables municipales?

"Hay dos posibles responsabilidades: una del ayuntamiento por haber contribuido con su omisión de los comportamientos administrativos debidos a la provocación del daño, pero además de la responsabilidad civil subsidiaria, hay también una posible responsabilidad penal directa a los funcionarios que hayan causado arbitrariamente esa falta de ejecución del acto administrativo por una prevaricación por omisión. 

Si se puede demostrar que la falta de precinto se debe a una irregularidad o arbitrariedad manifiesta, estaríamos hablando de responsabilidad penal directa", ha asegurado el experto sobre las posibles consecuencias sobre funcionarios locales.

El Ayuntamiento de Murcia reconoce que hay más locales con orden de cierre y cese de actividad y anuncia que los revisará


MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha reconocido este jueves que hay más locales del municipio como Teatre y Fonda Milagros sobre los que pesa una orden de cierre y cese de actividad y que están abiertos, por lo que ha anunciado que procederá a una revisión y se actuará, en primer lugar, en la zona de Atalayas y Mariano Rojas, lo que supondrá "un refuerzo de inspección de licencias".

El Ayuntamiento de Murcia comenzó ayer una ronda de inspecciones en locales de ocio nocturno de gran aforo en las zonas de Atalayas y Mariano de Rojas que tienen órdenes de cierre para, en el caso de que continúen abiertos como ocurría con las discotecas incendiadas, proceder a su precinto.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez. "Murcia está conmocionada y entendemos que todos los esfuerzos que se hagan para esclarecer estos hechos son necesarios", ha asegurado Pérez. También ha anunciado nuevos protocolos para que "nunca jamás vuelva a ocurrir" una tragedia similar.

Rebeca Pérez, que no especificó cuántos locales tienen una orden municipal de cese de actividad, si bien reconoció que éstas afectan a todo tipo de negocios y “con una casuística diversa”, no solo al ocio nocturno.

Además, Pérez dijo desconocer por qué el expediente de cierre de Teatre no siguió “el avance lógico”, que habría sido el de precintar el local tras la visita que un inspector hizo en octubre de 2022, e insistió en que el objetivo es ahora determinar si hay otros expedientes en la misma situación, con órdenes de cierre que no han llegado a ejecutarse.

Desde el lunes el municipio revisa todos los expedientes pendientes de cierre y a partir de este jueves se realizarán visitas a todos los locales. Comenzando por los negocios relacionados con el ocio. Ha advertido del precinto de todos los que incumplan la normativa.

Por el momento, no se ha dado a conocer el número de locales que se encontraría en esta situación, pero ha asegurado que se actuará al respecto, puntualizando, al hilo, que desconoce por qué razón siguió ejerciendo su actividad Teatre S.L. pese a tener decretado un acta de cierre por Inspección.

Sobre la decisión conocida a última hora de la tarde del alcalde José Ballesta de apartar a los funcionarios que intervinieron en el expediente sobre 'Teatre Murcia S.L.' en 2022, ha explicado que "desde que arrancaron los trabajos de la comisión de vigilancia interna se ha estimado conveniente proceder por cautela apartar a los funcionarios que intervinieron directamente en este expediente".

Sobre si se les ha suspendido de empleo y sueldo o se les ha asignado otra tarea a los trabajadores que llevaban el expediente de Teatre, ha indicado que "se ha apartado de esa responsabilidad que ostentaban hasta el momento", tras lo que ha advertido que "no se descarta tomar otro tipo de medidas y puede ésta no ser una cifra definitiva de personas, puede variar la cifra".  

Por su parte, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, consideró que el Ayuntamiento de Murcia fue “lo suficientemente claro y rotundo en cuanto a la transparencia y en cuanto a depurar responsabilidades” respecto a los incendios de las discotecas de la zona de Atalayas.

Por ello, mostró su confianza en cómo está llevando el Consistorio esta situación. “Depurarán responsabilidades”, zanjó en un contacto con los medios al ser preguntado por este asunto.

Este jueves las familias de los trece fallecidos están comenzando a recibir  los cuerpos de las víctimas después de que la titular del juzgado de Instrucción nº 3haya emitido las autorizaciones de entrega de los 13 cadáveres tras ser plenamente identificados. Mientras que el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Murcia ha tomado declaración ya a una veintena de testigos.

Las familias de siete de los trece fallecidos en el incendio de las discotecas han solicitado la repatriación de los cuerpos a sus países de origen (Nicaragua, Colombia y Ecuador) mientras que las otras seis descansarán en cementerios de Murcia, Caravaca de la Cruz y Molina de Segura. 

Además, desde el pasado domingo, el consistorio de Caravaca de la Cruz, donde vivían cuatro de las víctimas, se ha volcado con la causa y ha facilitado alojamiento a 61 personas en un hotel de la ciudad y ha costeado la llegada de los seres queridos de los fallecidos desde Valencia, Zaragoza, Gran Canaria y Marsella (Francia), además de otros nueve vuelos desde Sudamérica. Este viernes a las 16:00 horas se celebrará en la localidad un funeral conjunto. 

El sindicato UGT se ha pronunciado comunicando su voluntad de personarse como acusación popular en la investigación judicial por los incendios. Reclama intensificar las laborales de control y vigilancia y una mayor intervención de la Inspección de Trabajo y de los servicios de inspección de las Administraciones públicas, para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.

Murcia es de las pocas CCAA sin ley de espectáculos públicos, lo que provoca "inseguridad" al sancionar discotecas. Un catedrático gallego de Derecho Administrativo, Carlos Amoedo Souto, recuerda que el Gobierno regional ha impulsado en dos ocasiones una normativa para subsanarlo, pero fueron rechazadas por la Asamblea de Murcia, en Cartagena. 
 
El Ayuntamiento Murcia congela todas las tasas municipales y los precios públicos para 2024
 
En otro orden de cosas,  el Ayuntamiento de Murcia actualizará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de circulación y el de actividades económicas (IAE) en un 5,9%, mientras que bajará el de Obras, Construcciones e Instalaciones (ICIO) un 0,25% y congelará tasas y precios públicos.

Así se recoge en el borrador de las nuevas ordenanzas fiscales para 2024 que se han aprobado este jueves en la reunión de la Junta de Gobierno municipal, y que deberán ahora pasar por el pleno para su aprobación definitiva.

Según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Hacienda, José Francisco Muñoz, el objetivo de las medidas contenidas en las ordenanzas es el de mantener y mejorar los servicios públicos, y el modelo llevará aparejado un paquete de medidas de “racionalización y contención del gasto” para equilibrar unas cuentas municipales que acumulan con remanente negativo de 32 millones de euros.

En cuanto a la subida de los tres impuestos principales (IBI, Vehículos e IAE), Muñoz ha resaltado que se actualizarán con el IPC del último ejercicio, y no de la serie histórica, lo que habría supuesto una subida de del 12,9%, frente a la planteada del 5,9%.

De esa manera, según el edil, el recibo del IBI aumentará de media unos 4 euros al mes (48 euros anuales), por lo que “Murcia continuará con uno de los recibos más bajos de España”.

Como novedad, la ordenanza fiscal del próximo ejercicio deberá recoger la obligación del ayuntamiento de aplicar la tasa estatal de residuos y suelos contaminados que el Gobierno central ha derivado a las entidades locales.

Para reducir la carga sobre los contribuyentes, ha dicho el edil, Murcia reducirá en un 7,48% el coste del total del servicio municipal de recogida de basuras y limpieza viaria.

En cuanto a los tributos que bajarán, lo hará el ICIO, que será un 0,25% menor, pasando del 4 al 3,75%, lo que ahorrará unos 2 millones de euros a los contribuyentes, ha dicho.

La ordenanza mantendrá todas las bonificaciones a familias y empresas que ya están en vigor, que suponen que las arcas públicas dejen de ingresar unos 14 millones de euros cada año.

En cuanto a las tasas y precios públicos de los servicios municipales, se mantendrán congelados durante el ejercicio 2024.

Unos 62.000 funcionarios de la Región mejorarán un 0,5% su salario 
 
Por otra parte, unos 62.000 funcionarios de la Región mejorarán un 0,5% su salario de este 2023.

Este aumento del salario, que se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 enero de este año, se debe al acuerdo que el pasado año suscribieron entre el Gobierno central y los sindicatos de las Administraciones públicas para el periodo 2022-2024. El Ejecutivo central, actualmente en funciones, dio luz verde a esta medida el pasado martes. 

El incremento retributivo está vinculado a la evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en los últimos 12 meses. Inicialmente para este 2023 se acordó una subida salarial del 2,5%, que ahora se ve incrementada en medio punto adicional,

La medida afecta a unos 90.000 funcionarios, de los que 62.000 trabajan para la Comunidad Autónoma. El resto son unos 13.200 de la Administración central y unos 16.500 funcionarios municipales.

Su aplicación en la Región ha recibido el 'ok' del Consejo de Gobierno, reunido este jueves. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha informado del inicio de los trámites para aplicar la subida salarial adicional del 0,5% para los 62.000 empleados públicos. Supondrá un desembolso de más de 17,2 millones de euros para la Administración regional.

La mejora de las condiciones laborales, explican desde la Comunidad, "está íntimamente ligada a la calidad del servicio público y tiene como objetivo contar con una Administración cada vez más moderna y eficiente y más orientada a las necesidades de los ciudadanos".

Murcia, de las pocas CCAA sin ley de espectáculos públicos, lo que provoca "inseguridad" al sancionar discotecas


MURCIA.- A falta de que se diriman responsabilidades penales tras la investigación por parte del juzgado de instrucción nº 3 de los de Murcia, repasemos qué dicen las leyes autonómicas sobre los locales de ocio y cuáles son las competencias de las Administraciones.

Qué dice la normativa murciana sobre la regulación específica para discotecas 

La Región de Murcia tiene asumida la competencia en materia de espectáculos públicos desde 1992, como el resto de comunidades autónomas según indica el Ministerio de Interior. Sin embargo, frente a la mayoría de autonomías presenta un déficit regulatorio en la materia sobre la normativa de la discotecas en Murcia, según explica el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad da Coruña, Carlos Amoedo. 

“No se ha aprobado una ley general que regule la intervención administrativa sobre espectáculos y actividades recreativas” en Murcia.

A falta de una normativa específica sobre licencias de discotecas en Murcia, Amoedo reconstruye el desarrollo administrativo en esta materia:

  • Ley 4/2009, de protección ambiental integrada. Es la ley de referencia en la Región de Murcia que regula las licencias de cualquier actividad. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cartagena o el de Torre Pacheco se acogen a esta legislación para delimitar las cuantías y las sanciones. Por el momento, el Consistorio de Murcia no ha contestado sobre cuál es su mecanismo de sanciones.

El artículo 151 de esta norma estipula las sanciones “sujetas a autorización ambiental autonómica”. Establece como “infracción muy grave” el ejercicio de una actividad sin licencia “siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas”. En este caso, impone multas que van desde los 100.001 euros hasta el millón de euros. 

Aunque, en la práctica, es la ley en la que se basan los ayuntamientos para imponer sanciones a locales sin licencia, Amoedo matiza que “existe un problema de inseguridad jurídica”. Para el catedrático, las actividades de discoteca no solo tienen impacto ambiental, sino también sobre seguridad, que es un título interventor distinto. 

Por ello, el legislador introdujo la disposición adicional duodécima de la Ley 4/2009, redactada en la Ley 2/2017 de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. Que no incluye un apartado específico de infracciones y sanciones. “De ahí el limbo legal”.

Para el experto, que los ayuntamientos estén aplicando la Ley 4/2009 como normativa para sancionar discotecas sin licencia en Murcia responde a un escenario de inseguridad jurídica. “La determinación de infracciones y sanciones para una materia debe estar clara y expresamente regulado en norma con rango de ley. Las aplicaciones analógicas están expresamente prohibidas”.

Los intentos por incorporar sanciones específicas por actuar sin licencia

Ha habido dos intento fallidos de incorporar sanciones específicas a la normativa de discotecas en Murcia, como recuerda el experto. La primera fue en 2019. La segunda fue a través del Decreto-ley 3/2022, de 22 de septiembre, que fue derogado por la Asamblea de Murcia mediante acuerdo del Pleno de 19 de octubre de 2022, por 23 votos frente a 22. 

Esta norma disponía en su artículo 6, como infracción muy grave:

  • “La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias sin título habilitante” 
  • “La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente”

En opinión del catedrático, las decisiones políticas en este campo “no han sabido responder adecuadamente a los riesgos objetivos de una actividad muy vulnerable, y que se ha reflejado tristemente en este terrible incendio”.

El Ayuntamiento de Murcia: sin competencia para aprobar sanciones

Ante esta falta de normativa específica sobre discotecas y sus sanciones por su incumplimiento, el Ayuntamiento de Murcia se limita a proceder a ordenar el cierre de los locales que no tienen licencia. “Los ayuntamientos no tienen competencia para aprobar infracciones y sanciones en materia de espectáculos públicos, que es competencia autonómica (requiere de ley, por el art. 25 de la Constitución)”, indica. 

Sin embargo, los ayuntamientos sancionan “con una especial inseguridad jurídica, fruto de la mala técnica legislativa” según el experto consultado. En cualquier caso, Amoedo destaca que “la herramienta más segura para un Consistorio es la clausura de actividades por falta de licencia”. 

Para este caso concreto, “el Ayuntamiento de Murcia es responsable de las órdenes que dicta, ¿por qué no fue la Policía a precintar el recinto del local?”, se pregunta el catedrático. Y este es el quid de la cuestión sobre el que podría girar la instrucción penal más allá de los dueños de los locales o promotores de las fiestas, según el catedrático: “Determinar quién es el responsable (público) de que no se haya precintado un local que carecía de licencia de la administración”.

El empresario jumillano José García Carrión investigado en la Audiencia Nacional por varios presuntos delitos


MADRID.- El empresario jumillano José García Carrión Jordán, presidente de la compañía que lleva sus apellidos, declarará el próximo diciembre como investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental. No obstante, la firma se desmarca de estas acusaciones y sostiene que colaborará para "constatar que toda la actividad se ha realizado al amparo de la legalidad vigente".  

La empresa García-Carrión defiende la legalidad de sus actuaciones a la hora de comercializar sus vinos con la Denominación de Origen Valdepeñas. 

La empresa de origen jumillano rechaza así los delitos por los que está siendo investigada en la Audiencia Nacional, que la acusa de comercializar como crianza, reserva y gran reserva unos caldos que, según se investiga, no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble.

"García Carrión cuenta con la trazabilidad de todos sus vinos y con las auditorias legalmente exigibles y certificadas por organismos independientes que acreditan la correcta elaboración y comercialización de sus vinos bajo la Denominación de Origen Valdepeñas", asevera la empresa.

De hecho, la compañía vinícola afirma que fue ella quien denunció, junto con los agricultores, estos hechos que ahora investiga la Audiencia Nacional donde García Carrión aparece como investigada junto a la bodega Félix Solís

En este sentido, la firma jumillana incide en que "lleva proponiendo desde hace más de cuatro años de manera reiterada medidas de transparencia para la Denominación de Origen Valdepeñas que los Tribunales de Justicia han respaldado e implantado", y cita tanto el auto del 19 de noviembre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia de Valdepeñas como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 17 de abril de 2023.

"García Carrión niega cualquier participación y responsabilidad en los hechos investigados", concluye.

Acusaciones por estafa y publicidad engañosa

Será el 4 de diciembre de este 2023 cuando José García Carrión tendrá que acudir a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez  José Luis Calama, que está investigando estos presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.

Cabe recordar que fue en abril de 2021 cuando el magistrado admitió a trámite mediante un auto una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro -así como sus administradores- comercializaron como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella". 

Desde entonces, apunta el juez, ha recibido informes policiales, documentación de las mercantiles investigadas y de otras entidades e instituciones.

El juez señala que, al igual que con el anterior grupo de investigados, la documentación presentada, así como obtenida a través del Consejo Regulador, de la entidad certificadora Liec Agroalimentaria y de trece mercantiles compradoras, "pone indiciariamente de manifiesto que García Carrión SA y Grupo Vinartis SA y José García Carrión también habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella".

Apunta además que la comparación entre los datos de declaración de aptitud proporcionados por estos investigados y la cantidad de vino comercializado a trece sociedades del territorio nacional pone de manifiesto que, en relación con los caldos con mención gran reserva 2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos, existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros comercializados por la bodega en el periodo de 2017 a 2019.

En cuanto a su capacidad productiva, los datos evidencian, advierte el magistrado, un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado, "lo que constituye otro importante indicio de la comisión de los hechos imputados, ya se parta de los dispares datos facilitados por el consejo regulador, entidad certificadora, e investigados".

Una guerra entre dos familias

Primero acabó con el consejo regulador y luego con la Asociación Interprofesional que heredó sus funciones. Y ahora, el presunto fraude masivo en la venta de vino con Denominación de Origen de Valdepeñas, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha), ha acabado con los máximos ejecutivos de Félix Solís y García Carrión citados a declarar en la Audiencia Nacional.

Un informe interno del consejo regulador calculaba ya en 2020 que había casi 14 millones de litros que se habían comercializado como crianzas o reservas en el mercado por parte de las distintas bodegas más de los que realmente se habían declarado. Estaban mal etiquetados y la calidad no se correspondía con la real. Era vino del año.

Pero, ¿cuál fue el origen del problema?, se pregunta elEconomista. Todo comenzó como una batalla entre las dos grandes familias del mundo del vino en Castilla-La Mancha: los García Carrión y los Solís. 

Los primeros encabezados por José García Carrión y los segundos por Felíx Solís, ambos presidentes y propietarios con una presencia muy destacada en el sector pero con personalidades completamente contrapuestas, que suman continuas denuncias, demandas y querellas cruzadas entre si, acusándose de querer controlar tanto el consejo regulador, ya desaparecido, como a la propia denominación de origen, una de las mayores de toda España, que ha quedado ahora con la imagen muy deteriorada.

El grupo bodeguero García Carrión, muy conocido por ser el dueño de la marca Don Simón, fue el primero, junto a las organizaciones agrarias, en denunciar una situación de irregularidad y denunciar a su competidor, lo que hizo estallar por los aires al propio consejo regulador.

El problema es que la denuncia acabó volviéndose también en su contra. La Fiscalía de Ciudad Real dio traslado mediante un escrito a la Audiencia Nacional en el que se aseguraba que "durante la investigación preprocesal se ha podido acreditar que las irregularidades que se denuncian no sólo han podido ser cometidas por el operador directamente denunciado, D. Félix Solís o sus bodegas o empresas de comercialización" y que "los expedientes de investigación de la Consejería de Agricultura han puesto de relieve que se dan irregularidades en más bodegas".

El informe del consejo regulador, de hecho, así lo acreditaba. "Existen diferencias muy significativas que indican (...) que habría vinos que han salido al mercado, bajo las indicaciones crianza, reserva y gran reserva, que han sido declarados a la Denominación de Origen de Valdepeñas como vinos embotellados sin mención de envejecimiento".

Por tanto, decía el consejo, "cabe suponer que ha existido un incumplimiento de lo establecido en la Ley del Vino y en el pliego de condiciones de la DO Valdepeñas, sobre los periodos de envejecimiento".

Así, en abril de 2021 el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió  a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía y decidió investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro -así como sus administradores- habían comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo deenvejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella". 

En definitiva, que como mucho eran vino joven o del año.

La implicación de la Junta

Calama tomará declaración este 23 noviembre al consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, como testigo. Además, según el auto se le pedirá que entregue "el expediente que se hubiera podido realizar en cuanto a la producción y elaboración de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas en sus distintas categorías entre los años". 

Un mes más tarde, el 4 y el 11 de diciembre, será el turno de José García Carrión y de Félix Solís. 

La gravedad del caso acabó no solo con la propia liquidación del consejo regulador, sino también con su heredera, la Asociación Interprofesional. Los productores decidieron en 2021 abandonarla y su presidente, Carlos Nieto, mano derecha de Félix Solís, contra el que García Carrión se había querellado por manipulación de documentos. Aunque la DO Valdepeñas no desapareció quedó bajo el control de la consejería de Agricultura y, eso sí, herida de muerte.

Subvenciones bajo sospecha

Y por si fuera poco, todo ello salpica, además, al Gobierno autonómico. Y es que Félix Solís puso en marcha el mayor almacén de barricas del mundo con el apoyo financiero de la Junta de Castilla-La Mancha, a pesar de la investigación abierta contra la compañía. 

Las obras fueron denunciadas por García Carrión ante el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Consejería de Medio Ambiente de la región, "por no contar con el informe previo de evaluación ambiental, que es obligatorio conforme a la legislación autonómica y estatal en esta materia", aunque todo quedó finalmente archivado.

Las dos compañías, tanto García Carrión como Félix Solís, han emitido ahora sendos comunicados en los que muestran su disposición a colaborar en todo con la justicia, pero niegan las acusaciones.

Las empresas se defienden

García Carrión recuerda así que fue ella quien "denunció, junto con los agricultores, los hechos que investiga la Audiencia Nacional" e insiste en que "cuenta con la trazabilidad de todos sus vinos y con las auditorías legalmente exigibles y certificadas por organismos independientes que acreditan la correcta elaboración y comercialización de sus vinos bajo la DO Valdepeñas".

La compañía que preside José García Carrión insiste en que "desde hace más de cuatro años lleva proponiendo de manera reiterada para la Denominación de Origen medidas de transparencia que los tribunales han respaldado e implantado". 

De hecho, un auto de 19 de noviembre de 2020 de un juzgado de primera instancia de Valdepeñas y una sentencia de 17 de abril de este año del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le dieron la razón.

Félix Solís asegura, por su parte, que "como miembro de la DO Valdepeñas durante sus más de 70 años de historia, la empresa ha estado firmemente comprometida con el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones de la denominación de origen, que garantizan la alta calidad y trazabilidad de nuestros vinos". 

"Las supuestas discordancias que se investigan entre las cantidades de vino comercializadas entre 2017 y 2019 y lo reflejado en las declaraciones de aptitud de dicho periodo, se justifican, entre otros motivos por no haber tenido existencias de vino en almacenes, extremo que será acreditado en este proceso de instrucción", concluye la bodega. 

Los cultivos ecológicos ocupan ya el 32% de la superficie agrícola de la Región


LORCA.- El 32 por ciento de la superficie agrícola regional se destina ya a cultivos ecológicos, un porcentaje que sitúa a la comunidad murciana por delante de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que fija para dentro de siete años que más del 25 por ciento de la superficie de cultivo sea para productos ecológicos.

Se trata del mayor porcentaje de suelo para cultivos ecológicos de todo el país, por lo que la Región puede “sentirse orgullosa”, ha dicho este miércoles en Lorca el director general de Producción Agrícola, Juan Pedro Vera, que ha sido el encargado de inaugurar en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) las terceras jornadas de agricultura ecológica que se celebran en el municipio.

En las jornadas se han reunido a expertos universitarios en botánica, ingenieros agrícolas, técnicos de consumo e investigadores del ámbito agroalimentario y Vera ha animado a los participantes a trabajar para que la Región de Murcia “siga siendo pionera” en la agroecología.

Más del 50 por ciento de los cultivos ecológicos de la Región corresponde a frutos secos, que suman más de 80.000 hectáreas entre la agricultura convencional y la que está libre de productos químicos.

La mitad de la producción de agricultura ecológica es para el mercado nacional y el resto para mercados exteriores, ha dicho el director general, que ha resaltado que el consumo de este tipo de productos va en aumento dentro de la Región de Murcia.

Los productores de agricultura ecológica “son cada vez gente más joven, porque incluye técnicas novedosas que a veces cuesta trabajo implantar” a los agricultores más veteranos y el único factor limitante al que se enfrenta ahora este tipo de cultivo es el del precio de los productos, que suele ser menos competitivo.

El concejal de Agricultura de Lorca, Ángel Meca, ha dicho que las cooperativas agrícolas del municipio ya tienen divisiones de producción ecológica y que en el municipio, además de frutos secos como almendra y pistacho, también se trabaja de forma creciente en la producción de hortalizas.

El índice de producción industrial en la Región cae un 11,1% en agosto, el tercer mayor descenso anual por CCAA


MURCIA.- La producción industrial descendió en la Región de Murcia el pasado mes de agosto un 11,1% respecto al mismo mes del año anterior, la tercera mayor caída por comunidades autónomas, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, ha descendido un punto y una décima por encima de la tasa interanual registrada en julio. Para el conjunto de España esta tasa se situó en el -3,6%, un punto y medio por debajo del anterior registro.

Analizando los datos según los distintos destinos de los bienes, las repercusión más importante sobre esta evolución interanual de la producción industrial la encontramos en la energía, con -10,131 puntos tras registrar una tasa interanual del -21,2%.

En el mismo sentido repercuten los bienes de consumo no duradero (-0,802 puntos), y los intermedios (-0,760 puntos) tras reducirse interanualmente su producción en un 3,1% y un 3,6%, respectivamente.

Por otro lado, los bienes de equipo y los bienes de consumo duradero ven incrementada su producción en términos anuales, con incrementos del 11,1% y del 10,5%, y repercusiones sobre el índice general de 0,450 y 0,117 puntos.

La actividad industrial que más ha influido en la evolución de la tasa interanual del IPI ha sido la de suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado; y refino de petróleo, con una repercusión de -10,083 puntos y un descenso en su índice de producción del 24,9% en los últimos 12 meses.

Las siguientes ramas más relevantes con descensos en su repercusión son la industria de la alimentación y la fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (-0,622 y -0,293 puntos), tras descender sus producciones en términos interanuales en un 2,9% y un 23,5%.

En sentido contrario, con repercusión positiva cabe citar el grupo otras industrias que presenta una repercusión de 0,339 puntos y una tasa de variación del 23,8%.

En cuanto a otras ramas de actividad cuya producción ha tenido una variación interanual destacable, independientemente de su peso en la evolución del índice general, destaca la evolución de la confección de prendas de vestir, cuya producción crece un 16,3% respecto a agosto de 2022 y la reparación e instalación de maquinaria y equipo con una variación del 15,1%.

En sentido opuesto encontramos los mayores descensos junto a la rama de suministros de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado; refino de petróleo ya comentada, en la industria del cuero y del calzado (-23,3%) y la fabricación de bebidas (-13,7%).

El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar la energía presenta una tasa del -1,9% respecto a agosto de 2022, cuatro puntos y seis décimas por debajo de la tasa interanual registrada en julio.

Mejora de competitividad fiscal

La Región de Murcia es la comunidad que más mejoró su competitividad fiscal en el último año, con una valoración de 6,28, con lo que ha subido cuatro posiciones en el ranking hasta colocarse en la sexta posición, ya que concluyó la reforma escalonada aprobada en 2019 que rebajaba los tipos impositivos aplicables en todos los tramos de renta.

Se trata de datos del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) realizado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, de Estados Unidos.

Las exportaciones de frutas y hortalizas de la Región se disparan un 9,6% en la primera mitad de 2023


MADRID.- Las exportaciones de frutas y hortalizas de la Región de Murcia crecieron un 9,6% durante la primera mitad de 2023, alcanzando entre enero y junio unas ventas totales por valor 1.915 millones de euros. 

Son datos que ha ofrecido el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en su visita a la Feria Fruit Attraction de Madrid, en la que la Comunidad participa con un total de 111 empresas entre productores, exportadores, cooperativas e industria auxiliar.

El jefe del Ejecutivo regional señala este evento de Madrid como uno de los mejores del mundo del sector del campo. 

El presidente considera que los agricultores murcianos son los mejores embajadores de la Región, y por eso expresa su pleno apoyo al sector que produce el 25 por ciento de las frutas y hortalizas que se exportan en España con tan sólo el 3 por ciento del agua del país.

Por destinos, Alemania sigue siendo el mercado preferente para las exportaciones de la Región, con 595 millones de euros en ventas durante los primero seis meses de 2023, y con un incremento del 15,5 por ciento con respecto al año anterior. Por detrás se encuentran Francia y Reino Unido.