El Banco Popular tampoco quiere tratos con Egea

MADRID.- Aunque Banco Mare Nostrum (BMN), fruto de la unión de Caja Murcia, Caja Penedés, Sa Nostra y Caja Granada, persigue fusionarse con el Banco Popular, la entidad presidida por Ángel Ron no está interesada en esta operación, por lo menos de momento. Hoy por hoy la adquisición de la entidad presidida por Carlos Egea no conlleva ayudas públicas, ya que BMN es FROB 1, recuerda 'Hispanidad'.

Al parecer, el presidente de BMN, el murciano Carlos Egea, y el del Banco Popular, el gallego  Ángel Ron, habrían mantenido ya algún contacto en las últimas fechas,  según el periódico 'Ideal", de Granada, sin resultados positivos hasta hoy mismo, reconocieron fuentes próximas al grupo bancario, que admiten la existencia de otros contactos paralelos con diversas entidades de crédito.
Desde BMN se mantiene como mejores opciones para la creación de un nuevo grupo bancario, las de Unicaja y Kutxa Bank (las cajas vascas), con quienes también han hablado sin concretar nada.

Pero la percepción del Popular podría cambiar en dos semanas, y es que el ministro De Guindos ha afirmado este miércoles que dentro de quince días se conocerá el resultado de la auditoría realizada por las dos consultoras -Oliver Wyman y Roland Berger- sobre la situación de las entidades financieras españolas. Así, el Ejecutivo esperará a su dictamen para tomar alguna decisión nueva sobre el sector.

De todas maneras, CX continúa siendo la primera opción del Popular. Lo malo, en este caso, es que sus rivales son el BBVA y el Santander, que ya han mostrado su interés en múltiples ocasiones. Por eso, Ron no descarta volver a contactar con La Caixa, pero sólo si la operación CX no llega a buen puerto y la situación del Popular, tras la adquisición por sus propios medios del Pastor, y las nuevas exigencias del Gobierno, le ‘obligan’ a hacerlo.
"Popular descarta cualquier tipo de inyección de capital público", asevera el banco, tras recalcar que ya ha incorporado los cambios regulatorios actuales y provisiones aceleradas en los libros del sector inmobiliario y de particulares.
   Además, sostiene que ya cumple con los requisitos de capital de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) en junio y de las autoridades españolas sin problemas y alcanzará el 10,8% en 2013.
    Pese a estas importantes provisiones, el banco prevé generar unos beneficios de 905 millones de euros en los dos ejercicios, y "significativamente mayores" en 2014, gracias a la generación de ingresos ordinarios y extraordinarios.
   Concretamente, calcula que obtendrá un beneficio neto de 325 millones en 2012, lo que supone un descenso del 32% en relación a los 480 millones del año anterior, y espera ganar 580 millones en 2013, lo que arrojará un crecimiento del 78,5%. 
   El Popular también acometerá un agresivo plan de venta de activos con el que prevé obtener plusvalías de 2.000 millones de euros en  2012 y 2013, entre las procedentes de la venta del 51% de popular-e, y de sucursales e inmuebles adjudicados.
   Sobre la ampliación de capital anunciada en octubre 2011 con la adquisición del Pastor por importe de 700 millones de euros, Popular avanza que se llevará a cabo en nueve meses o un año.
   En este escenario, la política de dividendos del banco se mantendrá sin variación, con un 'pay out' del 50%, con lo que se destinará la mitad de la ganancia a la retribución al accionista.

El Banco Popular constituirá de forma voluntaria una provisión de 2.800 millones de euros por créditos de la cartera no inmobiliaria, de hipotecas, empresas y consumo, a partir de un escenario estresado.
   Estas provisiones permitirán cubrir una pérdida esperada del 7,9% de dicha cartera de 79.000 millones de euros, según el plan de negocio 2012-2013 remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   "Popular incorpora en sus planes dotaciones por encima de la pérdida esperada contempladas en los modelos avanzados para las carteras de empresas no inmobiliarias y particulares", destaca el banco que preside Ángel Ron.
   Así, para cubrir eventuales pérdidas en su cartera de créditos,  la entidad dedicará un total 10.100 millones de euros, de los que 7.300 millones corresponden a las exigencias de los dos últimos decretos de saneamiento aprobados por el Gobierno.
   Popular especifica que cumplirá con las exigencias de los decretos de saneamiento por el sector inmobiliario aprobados en febrero (4.000 millones de euros) y en marzo (3.300 millones) en un periodo de dos años con sus propios recursos.

La producción industrial en la Región de Murcia crece un 4,8% en abril

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de abril de 2012 creció un 4,8 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registra un descenso del 8,2 por ciento, según el Índice de Producción Industrial (IPI) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   El sector que más ha influido en el aumento interanual de la producción industrial en la Región de Murcia es el de la energía con una variación del índice respecto al mismo mes del año anterior del 135,2 por ciento y una repercusión en el índice general de 12,239.

   En sentido contrario, presentan repercusiones negativas la producción de bienes de consumo no duraderos con un -11,0 por ciento y una repercusión de -4,285, la producción de bienes intermedios con una variación interanual de -4,2 por ciento y una repercusión de -1,655, los bienes de consumo duradero con un -19,5 por ciento y un -1,047 de repercusión y, por último los bienes de equipo con una tasa de -5,5 por ciento y repercusión de -0,400.

   En el análisis por ramas de actividad, la mayor repercusión positiva la registra el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo con un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 135,6 por ciento y una repercusión de 12,256.

   Se registran las mayores repercusiones negativas en la industria de la alimentación con una tasa interanual de -8,0 por ciento y una repercusión de -2,273 seguida de la fabricación de otros productos minerales no metálicos con una variación de -43,9 por ciento y un -1,418 de repercusión

   Se observa que las ramas de actividad que más han aumentado su producción con respecto al mes de abril del año anterior son el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo (135,6 por ciento) y la industria del cuero y el calzado (48,6 por ciento).

   Presentan, por otro lado, las mayores variaciones interanuales negativas la fabricación de otros productos minerales no metálicos con un -43,9 por ciento y la industria textil y de la confección con un -30,3 por ciento.

   El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar el grupo de la energía presenta una variación de -8,2 por ciento respecto al mes de abril de 2012.

Los contratistas de obra pública denuncian nuevos impagos de administraciones públicas a partir de enero de 2012

MURCIA.- La Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia ha detectado que "algunas" administraciones públicas no están pagando las certificaciones de obra corrientes emitidas desde el 1 de enero de 2012, y sospecha que las empresas proveedoras no van a ver satisfecha la deuda "en mucho tiempo", puesto que no confía en el desarrollo de un nuevo plan de pagos.

   Se trata de un hecho de "gravedad extrema" que los contratistas exigen corregir a las administraciones públicas, según ha demandado el presidente de la Cámara, Luis Ramón Fernández, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al vicepresidente de la Junta Directiva, Enrique Fernández-Delgado, y el secretario de la entidad, José María Riquelme.

   A pesar de que el Gobierno central está ejecutando los planes de pagos puestos en marcha y cumpliendo los plazos, los contratistas creen que no va a haber más planes de este tipo, por lo que reivindican a partir de ahora "el pago puntual y estable" de todas las certificaciones de obra, algo que "ya se ha incumplido en los primeros cinco meses del año", según Fernández.

   En cualquier caso, ha remarcado que, si las administraciones públicas incumplen el pago en 2012, las empresas "son libres" de tomar medidas y de "asumir los riesgos que crean convenientes", ya que estos impagos son "un hecho gravísimo" que aboca los negocios "al cierre y al despido de trabajadores".

   "No invito a nadie a acudir a la Justicia, cada empresa es libre", ha puntualizado Fernández, quien ha recordado que "también ha habido empresas que se han adherido al plan de pagos y otras que han optado por la vía judicial". No obstante, ha añadido que, con la ley en la mano, las empresas pueden apelar "a la ley de contratos, que exige el pago en 30 días, o de morosidad, que amplía el plazo a 45 días".

   Fernández no ha querido especificar el montante que alcanzan estos impagos ni ha señalado las administraciones que han incumplido la ley en estos primeros meses de 2012, algo que a su juicio "corresponde a las empresas destapar", aunque se ha remitido a "las administraciones que incumplieron en 2011", entre las que ha citado tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos.

   No obstante, ha destacado que el Plan de pago a proveedores se ha comenzado a ejecutar la semana pasada, algo que ha considerado de "vital importancia", pero ha reiterado su denuncia sobre la imposición que supone "la renuncia a los intereses de demora", que podrían ascender a unos 300 millones de euros para los proveedores de la Comunidad Autónoma.

   Esta cifra resulta de retraer el ocho por ciento que supone el interés a los 2.700 millones de euros de deuda que tenía contraída la Comunidad Autónoma y multiplicarlo por los dos años de atraso que arrastraban los proveedores por término medio en el cobro de sus facturas.

   Por otra parte, Fernández ha lamentado que, últimamente, se están produciendo "suspensiones de varias licitaciones de obra pública, tanto de la Comunidad Autónoma como de los ayuntamientos" que alcanzan un importe de unos 50 millones de euros, y ha citado como ejemplo, "sin ir más lejos", las obras de las costeras de la ciudad de Murcia.

   Ha estimado que sólo la paralización de las costeras, que ya habían sido licitadas, van a suponer una pérdida de dos millones de euros para las 298 empresas que se habían presentado al concurso, por el coste de los avales técnicos y de los proyectos, entre otras cosas, mientras que el Ayuntamiento habrá gastado un millón de euros.

   En esta misma tesitura se encuentran, según Fernández, el auditorio de Cehegín que supone un coste de 12 millones de euros, así como diversas obras en Torre Pacheco y en Lorca que ya estaban licitadas y se han paralizado.

   A pesar de la disminución de la inversión por parte de las administraciones públicas y la supresión de determinados proyectos, la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia aumentó sus asociados en 2011 con diez nuevas empresas adheridas, algo que Fernández ha considerado "hasta raro".

   De hecho, del total de 85 asociados a la Cámara, Fernández ha explicado que puede haber 20 ó 30 en situación de concurso de acreedores por la situación económica, lo que "no quiere decir que tengan comprometida su viabilidad".

   Como consecuencia de la situación de crisis económica, la Cámara de Contratistas ha detectado un mayor número de empresas ajenas al sector de las obras públicas y no especializadas que acceden a las licitaciones de las administraciones.

   Ha remarcado que hace dos años hubo una reforma legal en materia de contratación pública por la cual, todas las obras cuyo importe no supere los 300.000 euros, no requieren la clasificación administrativa para poder licitar.

   Este hecho puede dar lugar, por ejemplo, a que empresas no especializadas puedan concursar en proyectos de rehabilitación del patrimonio histórico artístico algo que, según denuncia públicamente, está sucediendo en Lorca, donde la "ausencia de exigencia" está haciendo que cualquier compañía "pueda optar a intervenciones muy especializadas".

   A la vista de esta coyuntura y en base a sus previsiones, Fernández no ve "signos de recuperación de aquí a final de año", y pone en duda que la recuperación llegue en 2013, tal y como "afirma todo el mundo". 

"Sería deseable, pero tengo dudas razonables", ha zanjado.

   Para lograr la recuperación, el presidente de los contratistas ha insistido en pedir a las administraciones públicas "que ejecuten sus partidas de inversión" y que no suspendan proyectos, al tiempo que ha demandado a las entidades financieras "que aceleren las posibilidades de conceder créditos y sean más flexibles".

   Por lo que respecta a los indicadores más reseñables en el ámbito de la obra pública, la Región de Murcia, tras dos años liderando los descensos absolutos y porcentuales de licitación, queda en 2011 en un término medio en cuanto a reducción de inversiones, si bien sigue presentando unas cifras "tremendamente desalentadoras".

   En concreto, la Comunidad Autónoma registró un 45,8 por ciento menos de inversión que en 2010, con el consiguiente efecto de arrastre sobre la industria auxiliar y de materias primas y materiales del sector.

   La inversión total ascendió a 250,10 millones de euros, cuya menor cuantía "hace que este subsector prolongue una situación muy delicada, con grave riesgo de destrucción del tejido regional de pymes que se dedican a la obra pública, y que se acentuará por la falta de inversiones de las administraciones en los próximos cinco años".

   El descenso en la inversión no se reparte por igual entre el conjunto de las administraciones, pues mientras los ayuntamientos lo lideran con un 81,9 por ciento menos (44,08 millones de euros), la Comunidad Autónoma arroja un porcentaje de descenso del 51,5 por ciento (59,40 millones de euros), y el Gobierno central lo disminuye un 52,7 por ciento, con una cifra licitada de 146,63 millones.

El PSOE denuncia que Palacios con el desmantelamiento del Rosell está "incumpliendo" el mandato de la Asamblea

CARTAGENA.- La diputada regional socialista, Teresa Rosique ha denunciado que la consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios con su actuación en el Rosell "está incumpliendo la resolución que la Asamblea Regional aprobó en 2010, y que a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista fue respaldada por unanimidad de toda la Cámara". 

   En dicha resolución, los tres grupos parlamentarios pedían al Gobierno regional que el Rosell se mantuviera como segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general; "algo que a la consejera le trae al pairo".

   Rosique ha participado de tal forma esta mañana, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, en la concentración de trabajadores, convocada por los sindicatos del sector sanitario público.

   Para la diputada "esta falta de respeto institucional de Mª Ángeles Palacios a una resolución aprobada por la Asamblea, cobra mucho sentido ahora que vuelve a celebrarse el Debate sobre el Estado de la Región y en el que se volverán a aprobar resoluciones que el Gobierno regional debe asumir y cumplir".

   "La consejera de Sanidad pretende hacernos comulgar con ruedas de molino; ahora quiere hacernos creer que con el nuevo hospital es suficiente para garantizar las necesidades de la población de esta área de salud, cuando no hace mucho mantenía todo lo contrario", ha declarado.

   Al tiempo que ha recordado que la consejera reconoció con anterioridad al desmantelamiento del Rosell, que exclusivamente con el nuevo hospital no se solucionaba el problema que teníamos y que era necesario mantener el Rosell con una capacidad de 330 camas y 8 quirófanos de cirugía mayor ambulatoria.  

   Para el PSOE, la Consejería está llevando a cabo este desmantelamiento "mintiendo y sin transparencia. Desde la Consejería y desde la dirección del Área de Salud, pese a todo, persisten en que no se cierra, cuando el desmantelamiento es casi total".

   Teresa Rosique ha advertido que los problemas que el desmantelamiento del Rosell van a producir se están empezando a ver ya, con la saturación del servicio de Urgencias del nuevo hospital de Santa Lucía.

   Por último ha explicado que con su presencia, el Grupo Parlamentario Socialista ha querido dejar constancia de su oposición y rechazo al desmantelamiento del hospital del Rosell, al entender que dicho hospital es necesario para resolver el déficit hospitalario del Área de Salud de Cartagena.

PSOE Murcia denuncia que los vados en pedanías "cuestan hasta cinco veces más que en la ciudad"

MURCIA.- El concejal del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Murcia, Juan Patricio Castro, lamenta una vez más "el afán recaudatorio y discriminatorio de la ordenanza sobre vados impuesta por el PP a los vecinos de pedanías, quienes pagan hasta cinco veces más por este concepto que aquellos que viven en la ciudad". 

   El edil socialista explica que mientras un vecino que aparca en un garaje situado en la Gran Vía, en el cual entran unos 40 vehículos (de media) y con una puerta de cuatro metros (es lo máximo) paga al año 13,83 euros, uno de pedanías paga 80 euros de media anual por cochera.

   "Se produce una doble discriminación, una entre garajes colectivos e individuales y otra entre centro y pedanías", reitera el concejal del PSOE, quien denuncia que el cobro de esta tasa solo se fundamenta en el "afán recaudatorio de la edil de Hacienda", Isabel Martínez Conesa, "para justificar unas cuentas municipales que no cuadran".

   Para el alcalde de Javalí Viejo, José Francisco Navarro, "esta tasa es absolutamente discriminatoria para la gente de pedanías que, además de pagar bastante más por el mismo concepto, nunca recibe los mismos servicios y prestaciones por parte del Gobierno local por el hecho de no vivir en la ciudad".

   Por su parte, Castro insiste en que se trata de una "medida fuera de lugar" en esta época de dificultades económicas, por lo que vuelve a pedir a la edil de Hacienda que rectifique y frene su afán recaudatorio porque así "no se solucionan los problemas".

   Además reclama igualmente "que se paralice este proceso y se modifiquen las ordenanzas fiscales para que esta tasa sólo la paguen aquellos ciudadanos de pedanías que usan la cochera para aparcar sus coches, a estos últimos se les debería quitar la retroactividad si pagan de forma voluntaria".

   "La responsable de Hacienda no debe seguir exprimiendo esta ordenanza con el único objetivo de sangrar aún más los bolsillos de los ciudadanos que viven en pedanías", finaliza.

Sindicatos y organizaciones presentan más de 10.000 firmas de la ILP por la dación en pago y alquiler social

MURCIA.- Los sindicatos CCOO y UGT, así como la Plataforma de Afectados por Hipotecas de la Región, han presentado este miércoles en el registro de la Delegación del Gobierno un total de 10.500 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y alquiler social. Tienen hasta el 31 de octubre para recoger 500.000 firmas y que el Congreso debata la dación en pago.

   Los pliegos de firmas se encuentran en las diferentes sedes de las entidades, pudiendo encontrar esa información en la página web 'www.quenotehipotequenlavida.org', con posibilidad de la firma electrónica con el DNI electrónico o el certificado digital, donde esta mañana tenía registradas cerca de 65.000 firmas, según ha comentado el miembro de la Plataforma, Paco Morote.

   No obstante, independientemente de los pliegos oficiales que se hagan para la recogida de firmas, se realizarán anexos con las mismas características para que aquellos extranjeros no nacionalizados puedan también firmar, ya que la ley no recoge que este colectivo pueda participar en la ILP.

   En esta línea, Morote ha explicado que el acto de hoy "es la primera fase de la entrega de firmas que se vienen recogiendo desde el 21 de abril en Murcia".

   Al hilo, ha destacado que "en mes y medio se han recogido 9.525 firmas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cartagena, Yecla y Murcia con la colaboración de Consumur, La Intersindical e IU". A éstas hay que sumar las recogidas por CCOO y UGT.

   Desde la Plataforma han acudido al Registro de la Delegación del Gobierno "para presentar, de forma pacífica y democrática, esta ILP contra una ley que violenta a las familias al ser expulsadas de sus casas por culpa de una crisis que no han provocado".

   Morote ha calificado de "canallada" lo ocurrido ayer en Las Torres de Cotillas, donde consiguieron paralizar un desahucio. Se trataba de una vivienda que "se la había adjudicado un particular por 37.000 euros y después por 150.000 euros pasó a ofertársela a la familia".

   Al mismo tiempo, ha denunciado públicamente una "sensación de inseguridad jurídica que promueve la Administración de Justicia, ya que en los últimos tiempos ya no señala los desahucios con fecha lugar y hora, sino que los da en un plazo de 15 días y lo que se genera ante las familias es una sensación de angustia, porque no saben en qué momento se producirá este hecho".

   Por ello, ha anunciado su intención de pedir una entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, dado que "se ha mostrado partidario de la dación". En esa cita, reclamará que los órganos judiciales que practican este método "dejen de hacerlo, porque es inconstitucional y antijurídico".

   La Plataforma está realizando talleres dirigidos a atender a las personas que así lo solicitan y que se encuentran en esta situación. "Se les hace ver, ha explicado, que no son culpables de la situación que están viviendo, les hacemos ver que son estafados y vemos qué situación jurídica tiene cada uno de los casos y después negociamos, si lo requiere, con el banco o le hacemos presión".

   Semanalmente acude una media de 35 personas, según ha comentado Morote, quien ha cifrado en 68 el número de desahucios que han conseguido paralizar.

   Por su parte, Charo González, responsable de Mujer, Política Social e Inmigración de CCOO, ha precisado que desde CCOO se han recogido un millar de firmas, por lo que no ha dudado en afirmar que esta iniciativa "está teniendo muy buena acogida".

   Desde UGT, la responsable de Relaciones Institucionales, Manuela Hernández, ha advertido que "esto acaba de empezar", ya que tienen la intención de "recoger el doble de lo que hemos presentado hasta ahora".

Una tesis doctoral de la UMU señala un descenso en la calidad del semen de los jóvenes del sureste español

MURCIA.- Una tesis doctoral realizada en la Universidad de Murcia por Lidia Mínguez Alarcón ha calculado un descenso del 3 por ciento anual de la concentración espermática en jóvenes universitarios del sureste español. 

   La concentración espermática y el recuento total de espermatozoides móviles de los jóvenes del estudio, estudiantes universitarios de la Región de Murcia nacidos después de 1987, está por debajo de los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

   Este descenso es incluso mayor que el calculado para Europa por la directora del Centro de Epidemiología Reproductiva de la Universidad de Rochester (EEUU), Shanna Swan, que lo ha fijado en el 2,3 por ciento, según explican fuentes de la institución docente.

   La autora encontró en su investigación una asociación positiva entre un consumo importante de antioxidantes -criptoxantina, vitamina C, licopeno y beta-caroteno- y el recuento total de espermatozoides móviles, de manera que el volumen seminal se vio incrementado por un alto consumo de vitamina C, beta-caroteno y licopeno.

   Por ello, la tesis se pregunta en sus conclusiones si las recomendaciones diarias actuales de ingesta de vitamina C podrían estar subestimando los requerimientos de ésta en relación con la calidad seminal.

   Por el contrario, no se halló correlación entre la concentración de ninguno de los metales pesados (plomo, cadmio y mercurio) medidos en sangres total, plasma sanguíneo y plasma seminal.

   La tesis doctoral fue dirigida por los profesores Alberto Torres y Jaime Mendiola, de la Universidad de Murcia, y José Juan López Espín, de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).

La indignación cunde en Murcia entre los periodistas y trabajadores de los medios

MURCIA.- Más de 400 profesionales de los medios de comunicación de la Región de Murcia han perdido su puesto de trabajo en los últimos cinco años, según informó ayer la representante de la sección sindical de CCOO en la televisión autonómica 7 Región de Murcia, Beatriz Romero, quien reveló estos datos en una concentración en la plaza de la Universidad de Murcia que tenía como lema 'Quieren acabar con todo y no quieren que lo contemos' a la que asistieron decenas de periodistas y profesionales de la comunicación de la Región, según informa 'El Pajarito'.

Afirmó Romero que, desde 2009, se han despedido a más de 400 personas, entre empleos directos e indirectos, del mundo de la comunicación regional y se han cerrado medios como 'El Faro', 'Intereconomía' y 'Punto Radio', mientras que otros medios de masas han quedado en la mínima expresión, caso del gratuito '20 minutos', con un redactor en la Región.

Romero aseguró además que muchos periódicos, radios y televisiones están "a merced" de grupos empresariales cuyos intereses están en conflicto con los intereses de los medios, de ahí que sea necesario, en su opinión, un foro de debate para hacer frente a esta situación. La representante de la televisión autonómica también defendió el derecho de los ciudadanos a una información "veraz, objetiva y plural", así como la importancia de un puesto de trabajo "digno", con el que los profesionales puedan "vivir" y con condiciones salariales acordes con el puesto que ocupan.

Recordó además que un 20% de los medios de comunicación en la Región de Murcia o han desaparecido o están "en la cuerda floja", y resaltó la situación del sector en España, ya que en el último trimestre se han perdido más de 1.600 puestos de trabajo, convirtiéndose así en uno de los sectores más castigados por la crisis.

Por su parte, el representante de CCOO en centro territorial de RTVE en Murcia, Jesús Sánchez, advirtió que la situación de crisis en el sector de la comunicación puede provocar un "retroceso democrático" en España, sobre todo con el continuo "goteo de ERE, las rebajas de las condiciones salariales y la negociación de convenios colectivos indignos". Sánchez instó asimismo a los "compañeros" periodistas de la Región a "abandonar" una rueda de prensa donde no se admitan preguntas, y mencionó la existencia de "un apagón informativo" en el medio en el que él trabaja.

Concentración ante la Delegación de Gobierno

Alrededor de medio centenar de trabajadores de los medios de comunicación se concentraron ayer tarde ante la Delegación de Gobierno en protesta por la situación del sector. A la concentración se sumaron también dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT, convocantes de la jornada de lucha en los medios, así como miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que quisieron solidarizarse con los trabajadores de la prensa, las radios y las televisiones murcianas.

Durante el acto, al que concurrieron periodistas y trabajadores de larga trayectoria en los medios, así como numerosos jóvenes, se leyó un manifiesto que pone en evidencia los efectos de la crisis en el sector y las consecuencias que tal situación están provocando en la restricción de la libertad de información, algo que favorece a quienes, como dice el lema de la jornada de lucha, “quieren acabar con todo y no quieren que lo contemos”.

La concentración finalizó con un corte del tráfico de diez minutos en Teniente Flomesta, durante el cual los policías que vigilaban la acción de protesta no intervinieron más que para poner orden en la circulación de vehículos.

Actos similares se repitieron en numerosas ciudades españolas durante toda la jornada.

El obispo de Ávila pide a los fieles que entreguen la paga extra a Cáritas

ÁVILA.- El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha propuesto a los sacerdotes, a la vida consagrada, fieles laicos y personas de buena voluntad, hacer "un signo de solidaridad, renunciando a la próxima paga extraordinaria, o a una parte de ella según las posibilidades de cada uno" y entregarla a Cáritas para atender a los afectados por la crisis.

   "Este será un gesto evidente que la Iglesia de Ávila hace por los empobrecidos", indica en una carta con motivo de la festividad del Corpus Christi y el Día de la Caridad, ya que esta jornada "se nos presenta este año en medio de la crisis económica que prolongadamente aflige a un gran número de hermanos nuestros y ahora acompañada por un gran agobio financiero".

   El prelado hace alusión a la campaña "sobre lo que llaman 'privilegios de la Iglesia', que se manifiesta en los medios de comunicación escritos, televisivos, redes sociales, y es promovida abiertamente por algún partido político que manifiesta su carácter anticlerical.", para luego preguntarse "¿por qué estos partidos no se exigen a sí mismos  lo que requieren a la Iglesia? ¿por qué no lo exigen a las demás entidades sin ánimo de lucro?".

   A la vez, subraya que la Iglesia, "como se viene demostrando a diario, no tiene privilegios", aunque sí "algunas exenciones fiscales sobre sus bienes", como "todas s aquellas entidades que no tienen fines lucrativos".

   "Del mismo modo -añade- que lo tienen los partidos políticos, los sindicatos, la Cruz Roja, las federaciones deportivas, los consulados, las embajadas, la Renfe, el museo de El Prado, la SGAE, y la religión musulmana, evangélica o hebrea".

   Destaca, a la vez, que "las personas más desfavorecidas están siempre en el centro de atención de los obispos y más concretamente de Cáritas", y que "cada año los obispos renuncian a una importante cantidad para entregarla con el fin de ayudar a los necesitados", que este año ha sido de cinco millones de euros.

   "Con tal gesto demostramos, como lo hacemos a diario, que la Iglesia existe para hacer el bien, que genera cohesión social, aporta esperanza y responde con prontitud a los efectos dramáticos de la crisis en el momento presente", añade.

   "Ante esta realidad social, que se declara católica y que alcanza al 80 por ciento de la población española, cuesta trabajo entender cómo puedan nacer campañas como la actual, precisamente en los momentos en que la Iglesia solicita la aportación de los fieles para sostener este inmenso servicio espiritual y social; lo cual demuestra que la Iglesia no son sólo los obispos y los sacerdotes sino que somos todos".

   El obispo dice que "al contrario" de lo manifestado, "la Iglesia hace un incalculable servicio a la sociedad no sólo religioso, humano y social, sino también económico", a través de  22.700 parroquias, 13.000 entidades religiosas (cofradías, hermandades, ong's), de reunir semanalmente a un millón de fieles que asisten a la Eucaristía, bautiza anualmente a unos 280.000 niños y entierra a unos 370.000 fieles.

   "La Iglesia -añade- ahorra al Estado con su austeridad en los servicios educativos, sanitarios y sociales, patrimonio monumental y cultural, miles de millones de euros anuales", además de "servir a los pobres" 60.000 voluntarios en Cáritas y en Manos Unidas colaboran cien mil socios, "un volumen ingente de servicio social, además del religioso y antropológico que pretende formar una persona basada en la verdad y unas relaciones sociales fundadas en la fraternidad y en una generosidad que sólo es posible conseguir si nace del Evangelio".

Egea necesita casarse con urgencia aunque sea 'de penalty'

MADRID.- BMN, una entidad de tamaño mediano surgida de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès, busca pareja para un nuevo matrimonio de conveniencia porque el tiempo apremia. Si no encuentra una solución de aquí al lunes 11 de junio, corre el peligro de que el Banco de España niegue su visto bueno al plan que le presente para limpiar su balance de activos tóxicos. Y sólo tiene hasta el 30 para cerrar una fusión. Sin novio, BMN podría verse abocada a recabar ayudas públicas, a juicio de 'El Economista'. 

El Gobierno ha dictado este año dos decretos de reforma financiera que imponen a las entidades la realización de provisiones. Con el último se ha incrementado notablemente el esfuerzo, lo cual fuerza a la fusión a las entidades de tamaño medio para evitar las pérdidas que podrían tener por el elevado nivel de provisiones exigido.

Además, por esta vía se consigue un año adicional para completar el proceso. Hasta hace unos meses, BMN había intentado hacer la travesía en solitario. Tras el último decreto de reforma -se aumentaron las exigencias- y después de haber perdido la oportunidad de fusionarse con Ibercaja -una de las cajas más saneadas que finalmente optó por Liberbank-, BMN busca pareja. 

Le interesaba el Banco de Valencia, pero la incógnita sobre cuándo se producirá la subasta de este último resta todas las posibilidades de unión. Ante esta situación, los responsables de la entidad han establecido contactos con Popular, La Caixa y Unicaja. El problema es que los tres están inmersos en procesos de absorción de otras entidades y no necesitan más alianzas. 

BMN no puede buscar cualquier pareja y crear un banco zombie, que oculte la situación real, y el Estado tendrá que poner dinero para evitarlo.

El CES pide "blindar" el gasto social para evitar el empobrecimiento de la población

MADRID.- El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha advertido  de la necesidad de "blindar" el gasto en determinados servicios sociales ante el riesgo de que "se cronifiquen" las desigualdades entre los españoles y se produzca un empobrecimiento mayor de la sociedad.

 

   Así lo han señalado Peña y el profesor y consejero Fernando Valdés durante la presentación de la Memoria del CES de 2011, en la que el organismo alerta de que la crisis se está traduciendo en España en un "claro empeoramiento" de las condiciones de vida de la población, el aumento de la desigualdad y el debilitamiento del Estado de Bienestar, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recuperación de la economía española.

   Peña ha apuntado que la mitad de los hogares españoles vive ahora peor que antes de la crisis y que ésta ha obligado a las familias a vivir de otra manera, aplazando las decisiones de gasto y abandonando en muchos casos el uso de los servicios privados para acudir a los públicos.

   Este repunte del uso de lo público coincide con una menor dotación presupuestaria para estos servicios, por lo que Peña ha avisado de que hay que tener en cuenta de dónde se recorta para evitar "daños irreparables".

   El presidente del CES ha explicado que la pobreza en España se diferencia de la de sus socios europeos en que avanza a un ritmo más rápido y en que su distribución es muy desigual, de tal forma que la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas es de siete veces en España y de cinco en Europa.

   Peña ha argumentado que casi 30 millones de personas reciben en España algún tipo de ingreso: los trabajadores -que cobran su salario-, los pensionistas de contributivas, los de no contributivas, los perceptores de prestaciones por desempleo -que rondan los tres millones- y los 750.000 beneficiarios con los que cuenta el sistema de dependencia. De esos casi 30 millones, casi la mitad perciben sus ingresos desde las arcas públicas, por lo que Peña ha señalado que, en una crisis como la actual, ese gasto debe "blindarse".

   Por ejemplo, en la Memoria del CES, el organismo afirma que, teniendo en cuenta que la tasa de paro juvenil española duplica a la europea y que la tasa de abandono escolar se encuentra en "niveles preocupantes", sería "imprescindible" que el esfuerzo presupuestario en educación no se redujera.

   Para Peña, la situación en la que se encuentra España es "pavorosa" y se puede agravar más si se continúa en la tónica de políticas contractivas y procíclicas, pues no han servido para frenar la crisis. En su opinión, lo que necesita España es entendimiento político y compromiso social. "El CES no es un organismo que haga recetarios ni yo estoy aquí para enmendar la plana, pero la situación es pavorosa y hay que chequearla entre todos", ha dicho.

   La Memoria del CES radiografía una España en muy mala situación social y económica, con cada vez más jubilados manteniendo a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión, con un paro de larga duración que afecta al 30% de los desempleados y cuyas probabilidades de salir de él son casi cero, y con un consumo "en quiebra", hasta el punto de que el año pasado sólo aumentó el gasto en televisión.

   El mercado laboral tampoco da muestras de recuperación y la pérdida de empleo de esta crisis triplica la que se produjo en la crisis de finales de los 70 (200.000 empleos menos por año) y multiplica por más de dos la destrucción de empleo de la crisis del 94 (300.000 empleos menos anuales).

   Ante esta situación, el CES llama a un entendimiento entre los políticos para hacer un diagnóstico común de los problemas y buscar soluciones a los mismos. Peña ha defendido además el papel de los sindicatos y los empresarios, a los que ha alabado su responsabilidad y de los que ha destacado que son los agentes que más articulan la sociedad.

   "Sin ellos, se descoyuntaría", ha apuntado el presidente del CES, que ha resaltado además que, aunque el diálogo social tripartito no pasa por su mejor momento, el bipartito sigue en marcha y se continúan firmando acuerdos, a los que muchas veces no se les da la trascendencia que tienen, como el que suscribieron en enero en materia de negociación colectiva.  

   Aunque los periodistas le han pedido una valoración de las reformas que ha realizado el Gobierno en los últimos meses, el presidente del CES no ha querido ofrecer su opinión alegando que él actúa como portavoz de la institución y las reformas emprendidas (la laboral o la financiera, por ejemplo) no han sido remitidas por el Gobierno al CES para su consideración al haber sido aprobadas como Decretos. "El CES no ha opinado sobre nada de esto y como no ha opinado, yo no opino", ha argumentado.

López Abad financió a Polaris por su «celeridad para recalificar terrenos»

ALICANTE.- El expediente disciplinario abierto por el Banco de España a 49 exconsejeros y altos cargos de Caja Mediterráneo (CAM) censura que la entidad financiara operaciones urbanísticas especulativas cuyo éxito dependía de la decisión política de un ayuntamiento para recalificar unos terrenos. Los inspectores del supervisor han detectado varios casos en los que la caja financió la compra de suelo rústico a precio de urbano, muy superior, porque los promotores tenían la expectativa de que iban a ser recalificados disparando así su valor, publica hoy Abc.

La caja de ahorros que en ese momento dirigía Roberto López Abad aprobó en 2007 la concesión de un crédito de 9 millones de euros al grupo Polaris World argumentando que dicha promotora «ha demostrado ser un excelente gestor de suelo, como demuestra la extraordinaria celeridad con la que ha conseguido recalificar los terrenos de sus actuales proyectos». Al respecto, citaba el plan parcial aprobado para construir 1.890 apartamentos y un centro comercial en el municipio de Torre Pacheco.

Tan sólo unos meses después, uno de los ex socio de Polaris, el empresario Facundo Armero, fue imputado por presionar supuestamente al alcalde de Torre Pacheco, Daniel García —quien había sido abogado de una de sus empresas— para que recalificara los terrenos destinados a sus promociones urbanísticas.

Pese a su «celeridad para recalificar suelo», lo cierto es que buena parte de las operaciones de crédito realizadas por Polaris World con la CAM han resultado impagadas. El préstamo de 9 millones de euros aprobado en el verano de 2007 estaba destinado a financiar la participación de GMI Promociones 2000 en la ampliación de capital de Polaris. Como garantía, GMI pignoró a favor de la caja de ahorros su participación accionarial, que había sido valorada en 103 millones de euros.

Sin embargo, GMI no pudo devolver ese crédito, que quedó cancelado, sin que la caja llegara a ejecutar dicha garantía. 

El pasado verano, tras la intervención del Banco de España, los inspectores del FROB se interesaron por conocer los detalles de la operación. En un correo electrónico al que ha tenido acceso Abc, un directivo de la caja les aclaró que CAM no ejecutó las garantías porque «verbalmente me indicaron que no valían nada», pese a que en su día habían sido cifradas en 103 millones.

En otras ocasiones, la CAM ha optado por quedarse con parte del patrimonio inmobiliario de esta promotora para saldar sus deudas. En mayo de 2009, la CAM suscribió un «acuerdo bilateral privado» por el que compró a Polaris 151 viviendas en el complejo residencial La Hacienda Riquelme Golf Resort y otras 164 en la urbanización Los Jardines de Alhama Golf Resort, a cambio de cancelar parte de su deuda hipotecaria.

De nuevo, la difícil situación de Polaris obligó a pactar en junio de 2009 un plan de reestructuración de su deuda con CAM, Banco Popular, Banco de Valencia y Bancaja. Estas cuatro entidades financieras constituyeron la sociedad Inversiones en Resort Mediterráneos para gestionar el patrimonio inmobiliario comprado a Polaris a cambio de su deuda.