martes, 4 de diciembre de 2012

La Región de Murcia registra un déficit del 2,23% del PIB hasta septiembre

MADRID.- El déficit murciano fue del 2,23 por ciento del PIB hasta septiembre, según datos adelantados este martes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que señalan que todas las comunidades autónomas han registrado déficit hasta septiembre, salvo País Vasco (+0,25 por ciento) y Asturias (+0,63 por ciento).

Las comunidades autónomas registraron un déficit de 9.790 millones, el 0,93% del PIB, hasta el mes de septiembre en términos de Contabilidad Nacional, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta), contabilizaron un déficit de 11.978 millones de euros, el 1,14% del PIB.
   Esta cifra de déficit es superior a la registrada al término del primer semestre, que en términos de Contabilidad Nacional se situó en el 0,77% del PIB.
   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa, donde ha explicado que las comunidades autónomas "están haciendo un gran esfuerzo" y que los resultados logrados hasta la fecha permiten pensar que "se puede conseguir el objetivo" de déficit de las comunidades para 2012, que se sitúa en el 1,5% del PIB, pero no lo garantizan.
   "Esto no es la puerta para relajarse, es la muestra de que se puede alcanzar el objetivo. Nuestra responsabilidad es insistir en que el cumplimiento del 1,5% es fundamental para salir de esta crisis", ha dicho.
   Por ello, Montoro ha asegurado que el Gobierno sigue sin tener en mente nuevas medidas de control del déficit para este año, pero reclamará por carta "una por una" a todas las comunidades autónomas que cumplan los ajustes comprometidos en sus planes económico-financieros. "Tienen obligación de cumplir el programa", ha añadido.
   En este punto, Montoro ha señalado que el riesgo de incumplimiento del déficit "no es coincidente" con la posición que ocupa cada comunidad autónoma y que "alguna con situación aparentemente más cómoda también está en riesgo", de ahí el envío generalizado de cartas.
   Por otro lado, el ministro de Hacienda ha recalcado que cuando se conozcan los datos definitivos de ejecución presupuestaria a final de año será el momento de valorar quien ha incumplido y si es preciso aplicar las sanciones que se establecen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
   En términos de Contabilidad Nacional, todas las comunidades autónomas han registrado déficit hasta septiembre, salvo País Vasco (+0,25%) y Asturias (+0,63%). Los déficit más destacados se registraron en Murcia (-2,23%) y Navarra (-2,04%), en este último caso, por razones de calendario, que superan el objetivo previsto para este año, por delante de Extremadura (-1,40%) y Andalucía (-1,35%).
   A continuación se situaron, Cataluña (-1,26%), Canarias (-1,21%), Galicia (-1,17%), Cantabria (-1,08%), Aragón (-0,85%), Castilla y León (-0,80%), Madrid (-0,79%), Castilla-La Mancha (-0,76%), Comunidad Valenciana (-0,59%), Baleares (0,33%) y La Rioja (-0,24%).

Valcárcel ya ve "clarísimo" un recorte en el presupuesto de la Unión Europea

BRUSELAS.- El presidente del Comité de las Regiones de la UE (CdR) y presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha opinado este martes en Bruselas que está "clarísimo" que el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 sufrirá nuevos recortes, pero ha rechazado que las reducciones deban afectar a los fondos de Cohesión que reciben las regiones.

   "Está clarísimo que nadie puede pretender, ni tan siquiera creerse por inocente que fuera, que el presupuesto no va a ser objeto de reducción. Ahora bien, hay que saber dónde poner el acento y el acento de la reducción, lo digo claro y alto, no se puede poner en el presupuesto destinado a la Cohesión", ha dicho en declaraciones a la prensa en la sede del Comité de Regiones.
   Valcárcel ha defendido la necesidad de mantener los apoyos a las regiones en dificultades para evitar "agrandar distancias" con otras regiones más ricas, especialmente las del norte de Europa, y ha advertido de que el "caballo de batalla" del CdR será evitar "reducciones tan importantes" con los 29.000 millones menos para la Cohesión que se baraja en las negociaciones.
   Para el presidente murciano, "lo ideal sería una reducción cero" en los fondos y recursos a las regiones, pero "hay que ser conscientes de que el presupuesto (de la UE) tiene que ser objeto de reducción" y, por tanto, ha apostado por que el recorte que afecte a la Cohesión sea el "menor posible".
   "No nos vale que desde las instituciones europeas se nos diga por activa y por pasiva hasta hace cuatro días que la cohesión es el único y mejor instrumento, que el presupuesto europeo es la mejor herramienta contra la crisis y, cuando nos ponemos a debatir, se nos dice que hay que debatir. Algo está fallando, contradicciones, las justas", ha criticado Valcárcel.
   Valcárcel ha recordado que el Comité de Regiones de la UE que preside es un órgano consultivo de las instituciones europeas que no tiene capacidad decisoria, para trasladar a los Estados miembros la "responsabilidad" de acordar las rebajas en el gasto.
   El presidente murciano ha insistido en que no le compete a él "hacer los presupuestos" de la Unión Europea para evitar señalar partidas concretas sobre las que debería caer el peso de los recortes, en lugar de en los fondos de Cohesión y la Política Agraria Común (PAC).
   "Siendo muy conscientes de que habrá que recortar, pero la cuestión es (que sea) no tanto como se pretende. Rechazo la idea de tener que darle un recorte de 29.000 millones a la cohesión y no me gusta tampoco la idea de dar un recorte de 25.000 a la PAC", ha afirmado.
   "A partir de ahí, doctores tiene la iglesia. Que cada cual asuma su responsabilidad. No vendré yo a sacar las castañas del fuego a 27 presidentes", ha zanjado.

Cartagena Futuro solicita que la Región de Murcia sea incluida en la primera fase del Ferrmed

CARTAGENA.- La asociación Cartagena Futuro acaba de elaborar el informe 'Consideraciones sobre Ferrmed España 2', cuyo objetivo es colaborar estrechamente con las autoridades en la consecución del corredor ferroviario de mercancías por la costa mediterránea española, y en el que se solicita expresamente entre sus recomendaciones, que la Región de Murcia sea incluida en la primera fase de esta importante infraestructura, cuyo trazado íntegro a través de España ha de unir la frontera francesa con el puerto de Algeciras, evitando así que la primera fase culmine en Alicante.

   Las razones que expone al respecto el informe de Cartagena Futuro, son que ya existe el tendido férreo hasta la Región y que sólo habría que adaptarlo, a diferencia de la segunda fase proyectada que incluye Andalucía, donde habría que crear expresamente una línea.
   Además, este informe de Cartagena Futuro recoge aspectos significativos tales como que el trazado discurra lo más cerca posible del Puerto de Cartagena y sus dársenas, incluida la futura de El Gorguel, así como aconseja que discurra por los principales centros de producción de la Región ubicados en la franja Águilas-Mazarrón-Campo de Cartagena, y también se propone que la regeneración de la Bahía de Portmán se vincule a la construcción de dicha dársena de El Gorguel.
   El estudio realizado por Cartagena Futuro revela que Ferrmed es económicamente viable, ya que no supondrá gasto alguno para la Administración y, en cambio, sí que habrá beneficios económicos no sólo para la empresa encargada de prestar el servicio, sino también para el transportista y el explotador.
   De igual forma, subraya que el trazado por la Región de Murcia debe discurrir por donde resulte aconsejable al interés general, sin apriorismos ni concesiones a decisiones, imposiciones o conveniencias de tipo político.
   Finalmente, Cartagena Futuro solicita de las fuerzas vivas de la Región, que lleven a cabo los esfuerzos necesarios para que Murcia no quede relegada junto con Andalucía, a una segunda fase de la construcción del trazado de este ferrocarril de mercancías como propone el lobby Ferrmed, ya que eso condenaría una vez más a la Región de Murcia a un retraso histórico.

Soria asegura que Paradores iría a la suspensión de pagos si no se hace un ERE

GETAFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este martes que la empresa Paradores iría a una situación concursal y de suspensión de pagos si no se lleva a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y se procede al cierre transitorio de algunos paradores nacionales.

   Soria ha señalado que la empresa Paradores, en el año 2004, tenía una situación de tesorería positiva de unos 45 millones de euros que tenía invertidos en bonos del Tesoro pero que, a finales del año 2011, esa situación ya no solo no es positiva sino que es "una situación de tesorería negativa de 113 millones de euros".
   Por ello, el ministro de Industria ha apuntado que ahora se encuentran ante la tesitura de hacer un ERE y "proceder al cierre transitorio de algunos paradores, o bien, proceder a una situación concursal y de suspensión de pagos".
   "El Gobierno cree que Paradores Nacionales es y debe seguir siendo una marca de referencia en el sector turístico español, por lo que el objetivo es salvar la empresa aunque hay que adoptar unas medidas ciertamente dolorosas como es un ERE", ha advertido el ministro tras ser preguntado por este asunto durante la inauguración de la fábrica de Loewe, en Getafe.

El Gobierno defiende convertir cajas en fundaciones para controlar a los bancos

BRUSELAS.-   El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido que las cajas de ahorros que han transferido su negocio bancario a un banco se transformen progresivamente en fundaciones y ha dicho que de este modo podrán seguir manteniendo el control sobre las entidades a que dieron origen.

   El memorándum de entendimiento del rescate bancario para España exige que todas las cajas, incluso las que no han recibido ayudas, reduzcan su participación en entidades de crédito hasta un nivel no mayoritario.
   El Gobierno está elaborando la norma para aplicar este requisito, que se realizará en "plazos suficientemente dilatados", de años, para no obligar a ninguna entidad a vender "rápidamente". "Se van a establecer como tramos para definir la posición real de lo que es la caja como accionista del banco al cual ha transferido la actividad bancaria", ha señalado.
   "Lo que busca fundamentalmente la norma es que estas cajas de ahorros se vayan convirtiendo en fundaciones de carácter bancario y de carácter especial. Eso es lo que va a buscar la norma y eso es lo que estamos viendo con la Comisión, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional", ha explicado Guindos en rueda de prensa tras participar en el Ecofin.
   Una vez que las cajas se conviertan en fundaciones ya no se les aplicará la obligación de renunciar al control de los bancos que crearon. "Es cierto", ha confirmado el ministro de Economía.
   "Aquí el principio básico es que no tiene sentido que una caja de ahorros, que es una entidad de crédito, que ha transferido todo su negocio bancario a un banco, sea la que controle el banco. Porque la actividad bancaria tiene que estar centralizada en una entidad que tiene que ser el banco", ha indicado Guindos.
   La norma que negocia el Gobierno con la troika establecerá las condiciones para crear cajas de ahorro a futuro, con "limitaciones desde el punto de vista geográfico" y un "gobierno corporativo" que "sea mucho mejor para evitar los problemas que tuvimos en el pasado".

Gobierno y FEMP harán una propuesta conjunta sobre la reducción de concejales

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizarán una "propuesta conjunta" en relación con la reducción de concejales y la "homogeneización" del sueldo de los alcaldes y ediles.

   Así lo ha anunciado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, después de mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, un encuentro que ha calificado de "francamente positivo" y que ha durado casi dos horas.
   "Hemos trasladado al presidente nuestra visión y hemos acordado realizar una propuesta conjunta del Gobierno y las entidades locales. No somos ajenos al debate. Consideramos que todos tenemos que hacer un esfuerzo y ver cuál es la situación real de los concejales en las entidades locales", ha señalado, para recordar, no obstante, que en lo que se refiere a los sueldos, hay municipios en los concejales "no reciben ningún tipo de retribución salarial".
   En este sentido, De la Serna le ha mostrado al presidente del Gobierno la disposición de la FEMP de llegar a un "acuerdo conjunto" de Gobierno central y entidades locales sobre sueldos y reducción de concejales, si bien ha precisado que en lo que se refiere a los salarios, son partidarios de que la "propuesta inicial de debate" salga de la Federación.
   "Dentro de la Federación tenemos que abrir ese proceso y someterlo a los grupos políticos", ha aclarado, para añadir que la vía por la que apostaría el Gobierno sería la de "homogeneizar" los salarios. "Todo parece indicar que la propuesta iría por esa vía, pero hay que esperar a que esa propuesta esté encima de la mesa", ha advertido.
   Ante la propuesta inicial de reducir un 30 por ciento el número de concejales recogida en el borrador de la Ley de gobierno local, ha dicho que fue "una estimación orientativa" y que ahora se ha abierto un "proceso de negociación común".
   En este sentido, el presidente de la FEMP ha subrayado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó este verano un "documento base" que "está siendo modificado" y que esperan contar con el nuevo texto en breve para seguir trabajando y alcanzar un acuerdo.
   Finalmente, De la Serna ha precisado que la homogeneización de sueldos y la reducción del número de concejales no formará parte de la ley para la reforma de la Administración Local en la que trabaja el Gobierno, ya que se trata de materias reguladas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Nunca ha formado parte", ha reiterado.

La reforma local obligará a las CCAA a financiar al 100% los servicios a ayuntamientos

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado este martes que la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno reforzará los convenios de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos para la prestación de determinados servicios por parte de las entidades locales, de modo que se garantice el cien por cien de la financiación y su continuidad en el tiempo.

   Según ha explicado De la Serna en rueda de prensa en Moncloa tras reunirse durante casi dos horas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actualmente "muchos de los servicios" que prestan las entidades locales "se hacen con convenios de colaboración que no tienen estabilidad en el tiempo y cuya financiación no está asegurada".
   "Eso hace que en momentos en que se reduce la aportación de las comunidades autónomas el propio servicio queda en entredicho y las entidades locales se ven abocadas a su sustitución, a su modificación o a su desaparición", ha denunciado.
   Así, ha confirmado que la nueva ley contemplará que "cuando una entidad local vaya a desarrollar un servicio por encomienda de la comunidad autónoma, el ayuntamiento tenga asegurado el cien por cien de la financiación y lo haga de una manera estable en el tiempo para planificar los recursos adecuadamente y con una cierta garantía".
   "No es una ley de haciendas locales pero consigue avanzar en este campo de una manera decidida", ha reconocido, para añadir que "contiene algunos artículos que mejoran mucho la relación institucional entre las diferentes Administraciones Públicas".
   En este sentido, ha manifestado que le parece "muy positivo" que "por primera vez el Gobierno central introduzca una cláusula de salvaguarde" lo que hacen los ayuntamientos actualmente "sin ningún tipo de cobertura jurídica".
 "Va más allá, garantizando la prestación en el tiempo", ha valorado, para añadir que desde la FEMP plantean que la nueva ley establezca un plazo determinado de años durante los que deba garantizarse la prestación del servicio.
   "Creemos que el hecho de que esa partida figure en los Presupuestos de la comunidad autónoma no es garantía suficiente, por eso aquí también pedimos un poco más: que se establezcan mecanismos dentro de la Ley que garanticen que ese dinero va a llegar", ha señalado, para añadir que "quizás una de las vías podría ser la retención de los ingresos a las Comunidades Autónomas si no cumplen".
   Asimismo, De la Serna ha destacado el hecho de que la reforma de la Administración Local pretenda clarificar competencias municipales para evitar duplicidades ya que es algo que desde las entidades locales llevan "toda la vida" reclamando, sobre todo en lo que se refiere a las "competencias impropias" que asumen los ayuntamientos cuando son responsabilidad de otras administraciones y que, tal y como ha denunciado De la Serna, suponen un coste de 10.000 millones de euros.
   "Lo más importante es lo que tiene que ver con la distribución de competencia. El saldo cualitativo que podemos alcanzar es aquel asociado a la clarificación de competencias para evitar duplicidades. Pensamos que esa clarificación de competencias mejoraría el funcionamiento de las administraciones públicas, y el ratio de eficiencia. Nos referimos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales", ha detallado.
   Por otra parte, ha señalado que todavía queda por definir qué entidad supramunicipal será la que se encargue de prestar aquellos servicios que los ayuntamientos no vean rentable y eficiente o no estén en condiciones de prestar.
   En este sentido, ha reconocido que la asunción de dichas competencias por parte de las diputaciones provinciales es una posibilidad planteada en algunos documentos de trabajo "parciales" de cara a elaborar el anteproyecto de la ley, pero no es definitivo. "Lo que demuestra es que se está trabajando intensamente en la reforma. No debemos pronunciarnos sobre documentos parciales", ha manifestado.

Torres-Dulce manifiesta su compromiso contra la corrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado este martes que existe un amplio consenso social respecto al establecimiento de "un nivel de tolerancia cero" frente a la corrupción, y que esta posición es la que asume el Ministerio Fiscal porque no puede permitir que este fenómeno "siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas".

   Torres-Dulce se ha manifestado en este sentido durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde acudió a presentar el contenido de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011.
   Sobre la Fiscalía Anticorrupción, manifestó que "está asumiendo la investigación de las mas complejas formas de delincuencia económica."  
   Para Torres-Dulce, "junto con la furiosa agresión del terrorismo no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia  y a sus valores que  la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables".
   Por ello, el fiscal general de Estado insistió en su "beligerante compromiso contra esta lacra "con la conciencia clara de que en esta partida nos jugamos mucho mas que un mero interés económico".
   En esta lucha, considera que la Fiscalía Anticorrupción constituye una pieza clave que debe ser reforzada en sus medios personales y materiales como unidades adscritas a la misma y la plena colaboración de órganos de la administración que sean requeridos
   A lo largo de su comparecencia, convocada para que diera cuenta de la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2011, Torres-Dulce ha manifestado que los delitos contra la Administración Pública han experimentado un ligero descenso en su conjunto, aunque con incrementos en modalidades delictivas de gran trascendencia.
   Así, por el número de procedimientos incoados la prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30 por ciento en 2011, mientras que el cohecho se ha visto incrementado en un 45 por ciento y el tráfico de influencias en un 44 por ciento. Las causas por  malversación de caudales públicos durante el pasado año subió en un 25 por ciento.
   Según Torres-Dulce, los citados incrementos se deben "quizá a una mayor eficacia de la persecución de este tipo de delito", si bien reconoce que existe un "deficiente tono ético en el desempeño de determinados cargos" sobre el que "debemos reflexionar".
   Torres-Dulce ha realizado un diagnóstico de la situación de la institución y ha expresado sus quejas por la actual distribución de competencias, que hace que la gestión de los recursos que precisa la Fiscalía para trabajar dependa de hasta 13 proveedores diferentes entre Ministerio y Comunidades Autónoma.
   Ello ha provocado, a juicio del fiscal general, que mientras existe un Ministerio Fiscal que ha apostado por la especialización, la oficina fiscal "ha permanecido ajena a esta transformación".
Además, ha resaltado el escaso ratio de funcionarios por fiscal (del 0,8 por ciento), lo que obliga a los fiscales a asumir tareas organizativas que le restan tiempo para su labor principal.
   Igualmente, ha dicho que actualmente en el mapa tecnológico de la Fiscalía conviven hasta diez aplicaciones diferentes y a advertido de la incompatibilidad de los diferentes sistemas, lo que supone un "serio obstáculo" para la labor del Ministerio Público.
   Al igual que hizo con ocasión de su comparecencia antes de ser designado fiscal general, el pasado mes de enero, Torres-Dulce ha manifestado la importancia que para él tiene el principio de independencia fiscal y ha anunciado la presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal antes de que finalice el propio periodo de sesiones.  
   Igualmente, ha denunciado el excesivo esfuerzo que requiere la dedicación de los fiscales a las infracciones leves o faltas, que alcanzaron en 2011 los 300.000 juicios "El grado de alarma que generan en la sociedad es tan de escasa entidad que se dispersan y debilitan de manera innecesaria" las energías del Ministerio Público.
   De los 4.477.380 procedimientos incoados en el orden penal durante 2011, más del 90 por ciento se archivan. El fiscal viene a formular anualmente 300.000 son acusaciones, que se dividen en 150.000 diligencias urgentes ( 43 por ciento por delitos contra la seguridad vial y 25 por ciento por violencia de género") otras tantas procedimientos abreviados y apenas un uno por ciento procedimientos ordinarios, referidos a los delitos más graves como homicidios, violaciones etc.
   La Memoria también recoge que aunque en 2011 no se produjo ningún atentado terrorista --sí hubo cinco acciones de terrorismo callejero--, el número de detenidos por terrorismo etarra ascendió a 82, 61 menos que en 2010.    

El tejido empresarial murciano demanda una reforma del modelo económico


MURCIA.- La Cámara de Comercio de Murcia considera, tras conocer los datos del paro del mes de noviembre, que el tejido empresarial murciano demanda una reforma de nuestro modelo económico a través de la innovación y la mejora de la competitividad, de forma que se generen nuevos puestos de trabajo con suficiente calidad, para revertir los actuales niveles de paro (tasa del 28,81 por ciento según la EPA), incompatibles con el mantenimiento del estado de bienestar.

   Durante el mes de noviembre, el paro se incrementó en la Región un 2 por ciento, encadenando su cuarto mes consecutivo de subida. Se trata de un mes tradicionalmente malo para este indicador, en los últimos seis años. En el actual dato, además, hay que tener en cuenta que las cifras recogen de manera puntual la extinción de convenios especiales obligatorios de Seguridad Social para cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.
   El aumento del paro se ha producido de modo generalizado en todos los sectores, excepto en construcción, donde las pocas perspectivas de encontrar empleo producen un "trasvase" de demandantes a otros sectores. En este sentido, servicios ha concentrado el 72 por ciento del aumento del paro mensual (2.212 personas).
   En sintonía con los datos del paro, destaca el ente cameral en comunicado, el número de afiliados a la Seguridad Social experimenta, a lo largo del mes, un retroceso del 0,38 por ciento, notablemente inferior al de la media nacional (-1,23 por ciento).

Ambigüedad del alcalde Cámara sobre las condiciones de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha apostado por conectar la ciudad por AVE con Madrid y, al mismo tiempo, que la inversión en el espacio de soterramiento en la estación del Carmen "sea destinado al soterramiento y no a otra cosa".

   En una rueda de prensa y al ser preguntado a este respecto, Cámara ha expresado que "la voluntad de la ciudad" es que "la Alta Velocidad llegue en ese horizonte de 2014 a Murcia" pero ha pedido que, "indudablemente, ninguna actuación obligue a hacer y deshacer".
   En este sentido, ha aclarado que esto supone que no se acometa ninguna otra actuación "en el espacio en el que está previsto el soterramiento y la integración y está muy bien definidos con el Plan Especial".
   Cámara ha reconocido que él no es técnico, y admite que "casi todo en esta vida es posible", pero critica el hecho de "hacer una inversión en una infraestructura extraordinaria para tener que deshacerla en un plazo corto de tiempo para construir otra".
   Además, añade que estamos en unos momentos en los que "deben de primar los criterios de eficiencia, de eficacia y ahorro de costes, no es para tirar".
   Por eso, considera que el planteamiento del Ayuntamiento es "serio y coherente"
 "No estamos pidiendo la luna de Valencia, sino con la situación que tenemos, decimos que es posible que Murcia esté conectada con la Alta Velocidad en ese horizonte 2014-2015 sin que afecte a ese ámbito", añade.
   "Y lo que tengamos que invertir en el ámbito del soterramiento ya se invierte directamente en el soterramiento, y no en obras de una forma o de otra", asevera el alcalde.
   El alcalde afirma que esta es la opción que mantiene el Ayuntamiento, y es la que le ha trasladado a Adif y al propio secretario de Estado de Infraestructuras. "Hemos solicitado y tenemos pendiente esa reunión conjunta para que en el seno de sociedad de Alta Velocidad de Murcia se pueda ver" este asunto, ha precisado.
   El primer edil cree que es una opción "viable económicamente", que "llevaría menos costes indirectos, en principio", a falta de hacer los estudios. Y, sobre todo, añade que "nos permitiría poder compaginar perfectamente los dos objetivos: cuanto antes poder conectarnos por AVE con Madrid y, al mismo tiempo, que la inversión en el espacio de soterramiento sea destinado al soterramiento y no a otra cosa".

El concejal Iniesta se convierte en parte del problema para la solución en Latbus

MURCIA.- "Trabajamos para ofrecer un servicio y generar empleo" con estas palabras Latbus apela a su derecho a evitar perjuicios para la empresa y sus empleados como los que ocasionan las despectivas declaraciones que el concejal de Tráfico de la ciudad de Murcia, Javier Iniesta, "viene efectuando durante los últimos días contra nosotros".

   Latbus anuncia que ha puesto en manos de su gabinete jurídico las últimas notas de prensa emitidas por Javier Iniesta "por considerar que pueden ser objeto de acciones legales".
   Tras lo que la empresa reclama la intervención del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, "que es quien debe refrendar o condenar la actuación de su concejal".
   La empresa se siente gravemente perjudicada por las afirmaciones efectuadas por Javier Iniesta "cuando no es precisamente un circo lo que cabe esperar de una autoridad local y mucho menos cuando el lamentable espectáculo que ofrece perjudica a cientos de familias, muchas de ellas residentes en Murcia".
   "Confiamos en que Iniesta recapacite y se reconduzca demostrando a los murcianos que son dignos de su gestión", ha concluido el comunicado de empresa de Latbus.
   Tras comunicar que La Concejalía de Tráfico y Transportes había liberado los 458.000 euros de Transportes de Murcia a favor de la empresa Latbus que ya han sido debidamente recepcionados, el edil Javier Iniesta manifestó ayer que "sin ánimo de entrar en polémica, el que no se hayan podido entregar los 530.000 euros correspondientes a los 28 autobuses es la prueba de que los vehículos no estaban libres de cargas. En cuanto se ha recibido esa nota, y tal como se establecía en el pliego de condiciones, se ha procedido de inmediato al pago".
   El concejal explicó en nota de prensa que "estamos muy satisfechos de que finalmente se haya resuelto esta problemática sobre la situación en la que se encontraban estos vehículos de Latbus traspasados y que este dinero sirva para que la empresa se ponga al día con las nóminas de sus trabajadores, actualizando así su situación".

La crisis hace aumentar la conflictividad en las aulas murcianas

MURCIA.- El 80% de los docentes ven afectada la calidad de su trabajo por la incidencia de los recortes y afirman que estos aumentan la conflictividad en las aulas. Así se desprende una encuesta realizada por el sindicato independiente ANPE, en la que han participado 1.300 docentes de la Región de Murcia.

   Además desde que comenzaron los recortes, el 83,1 por ciento del profesorado asegura que el número de docentes de su centro ha disminuido, casi el 70 por ciento dice que el número de alumnos ha aumentado entre uno y dos alumnos, para el 76,7 por ciento de los docentes se han reducido apoyos, esfuerzo y desdobles en su centro y el 40 por ciento ha visto aumentada de una a dos horas su jornada lectiva.
   El 87,6 por ciento de los encuestados afirman que aumentar el número de alumnos por clase perjudica la atención individualizada; de ellos, el 57,3 por ciento dicen que mucho, el 30,3 por ciento, bastante y el 5,9 por ciento, poco. También el 86 por ciento reconoce un desgaste físico y psíquico por el aumento de la ratio y la jornada lectiva y más del 80 por ciento que el aumento de la jornada lectiva afecta a la preparación de las clases al disponer de menos tiempo.
   Más del 90 por ciento de los docentes afirman que la disminución de profesores en las plantillas influye mucho o bastante en la calidad y el clima de su centro, y más del 80 por ciento que el aumento de la jornada afecta a la atención individualizada a los alumnos. Además, más del 50 por ciento del profesorado completan su horario con materias que no son de su especialidad en un mayor o menor proporción.
   Asimismo, más del 85 por ciento señalan que impedir la sustitución de las bajas perjudica a la organización de los centros, para el 54,1 por ciento afecta mucho, para el 31,2 por ciento bastante y para el 6,4 por ciento afecta poco.
   Según los encuestados, la reducción laboral repercute en el rendimiento profesional de casi la mitad de los docentes, un 23,44 por ciento reconoce menor rendimiento y un 28,46 por ciento, bastante. De hecho, a causa de los recortes, más del 50 por ciento afirma haber visto reducida su motivación por el trabajo.
   A pesar de todo, los docentes están mucho más afectados por la falta de valoración social de la docencia que por los propios recortes. Casi un 85 por ciento afirman que esta es la causa principal de la desmotivación profesional.
   Según ha explicado en rueda de prensa el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández, acompañado por el presidente regional del sindicato, Clemente Hernández, el 90 por ciento de los docentes encuestados afirman que los recortes están perjudicando especialmente a la enseñanza pública frente a otras redes educativas y que al 96 por ciento les parece grave la pérdida de derechos laborales.
   Ha señalado que el 83 por ciento de los docentes reconoce que los recortes en personal educativo aumentan la conflictividad en las aulas y que más del 90 por ciento cree que los recortes en personal y programas educativos pueden afectar al éxito en el aprendizaje de los alumnos. También, el 92,6 por ciento opina que los recortes van a afectar al futuro de los alumnos y de la sociedad.
   De tal forma, Fernández ha lamentado que el presupuesto en Educación haya disminuido en 6.300 millones desde 2010, y resaltado que la encuesta demuestra que los recortes "inciden" sustancialmente en la calidad de la educación, en el tiempo que los docentes pueden dedicar a sus alumnos y en el clima del centro y la conflictividad escolar.
   También, ha proseguido, muestra que los recortes no disminuye el compromiso de los docentes con sus alumnos y que los avances en la convivencia escolar "pueden verse perjudicados" por la "falta" de personal en los centros.
   A la vista de estos resultados, el presidente de ANPE, ha exigido este martes en Murcia, el cese "inmediato" de los recortes en educación, la financiación "suficiente" y memoria económica para cualquier reforma educativa, un pacto de mínimos "que preserve a la educación de los recortes y la convierta en el centro de las políticas", la negociación del Estatuto Docente y la protección prioritaria para el enseñanza pública.

La Región de Murcia no lograr doblegar el desempleo

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de noviembre se situó en 156.046, lo que supone un aumento de 3.055 personas respecto a octubre, según datos difundidos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   En términos relativos, el aumento del paro en el mes de noviembre en la Región fue del 2 por ciento respecto al mes de octubre. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 14.328, un 10,11 por ciento más.
   El paro en noviembre aumentó en todas las autonomías respecto a octubre, excepto en la Comunidad Valenciana (-0,54 por ciento).
   El aumento del número de desempleados en noviembre en la Región de Murcia respecto a octubre fue el séptimo más elevado en términos relativos por autonomías, por debajo de Baleares (10,59 por ciento), La Rioja (4,07 por ciento), Cantabria (3,43 por ciento), Galicia (3,26 por ciento), Castilla-La Mancha (2,68 por ciento), Andalucía (2,17 por ciento) y Melilla (2,10 por ciento).
   En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 76.373 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 79.673 personas.
   Por sectores, el paro subió en Servicios en 2.012 personas y en el Colectivo sin Empleo Anterior en 485 personas, así como en Industria en 251 personas y 120 en Agricultura. Por contra, bajó en Construcción en 13 personas.
   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante noviembre se situó en 21.412 personas, lo que supone un aumento de 215 personas respecto a octubre (1,01 por ciento).
   Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros bajó en 957 personas (-4,28 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 17.503 son extracomunitarios y 3.909 pertenecen a países de la Unión Europea.
   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia fue Servicios (10.578), Agricultura (3.798), seguido de Construcción (3.247), el colectivo Sin Empleo Anterior (2.251) e Industria (1.538).

La SS también se resiente

La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en noviembre en 486.025 personas, que supone en términos absolutos un descenso de 1.839 personas con respecto al mes anterior (-0,38 por ciento), según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   La afiliación descendió en todas las comunidades autónomas en noviembre respecto a octubre, excepto en la Comunidad Valenciana donde creció un 0,99 por ciento.
   Así, el descenso del 0,38 por ciento en la afiliación media de la Región de Murcia representa el tercer menor descenso porcentual por comunidades autónomas, inferior a la caída del 1,23 por ciento de la media nacional.
   En términos medios, la afiliación se redujo en la Región de Murcia 23.057 personas en los últimos 12 meses (-4,53 por ciento).
   De las 486.025 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 395.819 pertenecen al Régimen General, 89.121 al Régimen de Autónomos, 1.004 a Trabajadores del Mar, 82 al Régimen del Hogar (en extinción), y ninguno a Minería y Carbón.
   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 65.552 trabajadores; el régimen de Empleadas del Hogar, con 11.710; y el general, con 318.557.
   En el conjunto del país, la Seguridad Social registró en noviembre un descenso medio de 205.678 afiliados respecto a octubre, un 1,2%, con lo que el total de ocupados se situó en 16.531.048 cotizantes al finalizar el mes, informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que precisó que el dato de afiliación de noviembre se ha visto alterado por la salida del sistema de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.
   En concreto, el Ministerio ha explicado que de las 205.678 bajas registradas en el undécimo mes del año, 85.233 son de cuidadores no profesionales, que desde el día 1 de noviembre no figuran ya como afiliados al sistema.
   Empleo ha señalado que el descenso mensual de afiliación alcanzaría las 120.446 bajas de no producirse la salida de los citados cuidadores,. lo que habría situado el número medio de afiliados en 16.616.281 ocupados.
   El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha destacado que la afiliación de estos cuidadores no profesionales no sólo no incorporaba recursos al sistema, sino que ha significado un coste de 1.034 millones de euros desde 2008.
   Con el descenso de noviembre, superior al del año pasado, cuando la afiliación bajó en 111.782 personas, el sistema encadena cuatro meses consecutivos de pérdida de ocupados.
   En términos interanuales, la Seguridad Social redujo en noviembre su número de cotizantes en 717.482 personas (-4,1%).
   En valores intermensuales, el Régimen General perdió 194.714 cotizantes en noviembre (-1,4%), de los que el 41% corresponden a las bajas de los mencionados cuidadores 'informales'. En total, 13.433.462 personas cotizaban en el Régimen General al cierre del penúltimo mes del año.
   El Régimen de Autónomos, por su parte, dijo adiós a 10.108 afiliados en noviembre (-0,3%), lo que situó su número de cotizantes en 3.028.794 ocupados.
   Dentro del Régimen General, los sectores que más afiliados perdieron fueron las actividades sanitarias y los servicios sociales, con 93.309 cotizantes menos, y la hostelería, con 81.886 ocupados menos.

El ministro Soria niega el cierre definitivo de siete paradores y puntualiza que será "temporal"

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha aclarado este martes que el Gobierno no está actualmente "planteando cierres definitivos de siete Paradores", entre ellos el de Puerto Lumbreras, tal y como ayer avanzaron los sindicatos, sino "temporales".

   "De momento estamos negociando el ERE con los representantes de los trabajadores, con reuniones a lo largo de todos estos días, y la empresa está estudiando el cierre temporal de 7 paradores porque queremos evitar el cierre definitivo", recalcó tras el acto de entrega de las Medallas y Placas al Mérito Turístico.
   Fuentes sindicales explicaron ayer que la empresa planea cerrar siete establecimientos de la red y cierres temporales en otros 27 de los 94 paradores existentes, medidas que se sumarían al ERE presentado por la cadena para la extinción de 644 trabajadores, casi el 14% de la plantilla.
   Sin embargo, Soria insistió en que las medidas que se están planteando, "entre ellas el ERE y el cierre temporal, que no definitivo, de algunos paradores, se hacen porque el ajuste de gasto de 20 millones de euros durante 2012 ha sido claramente insuficiente para salvar la empresa".
   Para el ministro, Paradores es una "referencia en el sector turístico español", y por eso hay que "preservarla". Por eso, a su juicio, "no hay otra opción que el ERE y los cierres temporales, porque la alternativa sería un proceso concursal de suspensión de pagos", que el Gobierno va a "intentar por todos los medios evitar".
   "El problema es que Paradores se ha metido en una estrcutura de gastos que no era afrontable con el nivel de ingresos que tenía. Sobre una situación de claro saneamiento con 45 millones de euros invertidos en Bonos del Tesoro en 2004, se ha pasado a una situación negativa en 113 millones de euros en 2011", argumentó.

El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".
   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.
   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.
   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.
   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.
   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.
   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.
   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.
   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).
   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.
   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.
   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.
   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.