El 28 de diciembre de 2023 iniciaba su etapa como Presidente de
Correos el señor Pedro Saura, quien hasta entonces había dirigido
Paradores de Turismo de España. Finalizaba así la
quien
después de su nefasta labor al frente de la empresa postal lo último que
se merecía era que le colocasen como nuevo director general de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E,
S.A. (
Cada nueva etapa tiene implícito un mandato, una tarea o encargo a
llevar a cabo como misión principal. Y desde mi punto de vista, este no
es otro que conseguir insertar a Correos en el proyecto público de
España para las próximas décadas.
El proceso de “amazonización”
de la empresa pública ha generado ya demasiado dolor durante estos
años. Copiar el modelo laboral de las entidades privadas y las
multinacionales de distribución y logística, tan solo ha traído consigo
recortes y daños para los trabajadores, así como un deterioro grosero de
la calidad del servicio que prestamos.
Hoy en día trabajar en Correos supone, en resumidas cuentas: ritmos
frenéticos y cargas desmedidas, imposición de objetivos imposibles de
cumplir, todo tipo de vulneraciones en lo que a derechos se refiere
(desde boicotear huelgas a denegar permisos recogidos en reales
decretos), todo ello aderezado por un autoritarismo creciente por parte
de las jefaturas y unos salarios indecentes que superan por muy poco el
salario mínimo inter-profesional español.
Si partimos de la premisa de que la calidad de un servicio público
depende directamente del nivel de las condiciones laborales de la
plantilla que lo presta, el presidente Saura y su nuevo equipo directivo
deberían poner el foco en mejorar cuanto antes la situación de las
personas que trabajamos en Correos.
Llama la atención lo alarmante que
al nuevo mandatario le ha resultado el estado de las cuentas de la
empresa, pero no las deplorables condiciones en las que nos hallamos las
y los trabajadores.
Si Correos gasta en salarios buena parte de lo que genera a través de
toda su actividad, no parece que los responsables seamos quienes
cobramos alrededor de 1200 euros al mes (o la creciente cantidad de
compañeros que laboran en jornada parcial ganando entre 600 y 800
euros).
Esto puede ser de Perogrullo, pero viendo la política de
“contratación cero” que está aplicando Pedro Saura, pudiera parecer que
la razón por la que los números no cuadran sea el exceso de plantilla.
Nada más lejos de la realidad. En Correos llevamos perdiendo personal
de manera sostenida lo que va de siglo XXI. El descenso es acuciado y
sangrante. Ni los procesos de consolidación más o menos consecutivos de
los últimos años han permitido revertir esta tendencia a la baja. Tanto
es así, que podemos afirmar con rotundidad ni miedo al equívoco que la
falta de personal es, junto a los salarios de miseria, el principal
problema cotidiano de la plantilla postal.
De éste, se derivan otros
tantos: sobrecargas y aumento de los ritmos de trabajo, ampliación de
los recorridos (en el caso del personal de reparto), elevación de los
índices de siniestralidad y bajas médicas, presiones para vender en las
oficinas abiertas al público, surgimiento de todo tipo de riesgos
psicosociales, denegación de permisos (asuntos particulares y
vacaciones), obligación de trabajar en días festivos en algunos casos y
un empeoramiento innegable del ambiente laboral en los centros de
trabajo.
Mantener las plantillas en esta situación de infra-cobertura resulta
una irresponsabilidad mayúscula y la peor manera posible de comenzar a
dirigir Correos por parte del señor Saura. Y para muestra un botón: los
paros parciales reclamando más contratación que se están llevando a cabo
en cada vez más unidades de trabajo (tal es el caso de Euskadi),
incluso en lugares donde nunca antes se había activado la movilización
en forma de huelga (CTA Vallecas, UR43 de Madrid, etc).
Correos Vs Gobierno
Al igual que su antecesor, el nuevo presidente ha heredado la mala
costumbre recortar por abajo, precisamente por la parte que mueve
Correos cada día, en lugar de por arriba que son quienes ganan
suculentos sueldos y malgastan el dinero público. Cuando decimos que las
cosas no cambian automáticamente por poner un nuevo rostro al frente de
la entidad postal, lo hacemos con fundamento.
Existen, además, otras similitudes que descascarillan por completo el
agotador relato de que la marcha de Serrano supondría el fin de todos
nuestros males, sostenido por las secciones de CCOO y UGT en Correos,
así como por la bancada del Partido Popular.
Y es que la empresa, con
Pedro Saura como presidente, mantiene una tónica que en los años previos
ya se había ido recrudeciendo: el incumplimiento sistemático de todo
tipo de normativas y leyes, incluso de las impulsadas y aprobadas por el
Gobierno al que pertenecen.
Si tuviéramos que enumerar los principales
ámbitos de desobediencia, serían los siguientes:
-Entorpecer y denegar los permisos y medidas que favorecen la conciliación laboral y personal.
-Negarse a ejecutar de manera estricta los requerimientos y
resoluciones de las Inspecciones de Trabajo. No existe cultura
preventiva ni de seguridad, la salud de la plantilla está sometida a
todo tipo de riesgos.
-No implementar las mejoras contenidas en el Acuerdo Marco para una
Administración del siglo XXI (35 horas, despenalización de las bajas por
enfermedad, movilidad inter-administrativa del personal laboral…).
Incluso vemos como en un momento donde el paro está descendiendo
claramente en nuestro país y estamos alcanzando unos altísimos niveles
de empleo, en Correos la receta aplicada es justo la contraria.
Es por
eso que también es muy importante reclamarle al Gobierno de coalición y a
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que
intervengan en Correos para impedir que, presidente tras presidente, se
continúe profundizando la “crisis postal” y desdibujando nuestro
carácter público y social.
Ahora que parece que se van a retomar las negociaciones del próximo
Convenio colectivo esto se vuelve de vital importancia, sobre todo si
tenemos en cuenta que hay un elemento (tal vez el único que nos sigue
recordando que somos trabajadores públicos) que va a estar en el centro
de la disputa: la jornada laboral.
Son muchos los años que las diferentes directivas han venido
ambicionando desregular la jornada de trabajo, flexibilizarla para
acudir al mercado en igualdad de condiciones con el resto de empresas.
Nosotros lo llamamos competir a la baja, en precariedad y, por supuesto,
nos oponemos radicalmente a ello.
No deseamos tener que trabajar sin horario hasta que hayamos
repartido el último paquete, ni cobrar en función de objetivos. No
queremos laborar los fines de semana cuando ya lo hacemos de lunes a
viernes. Y no vamos a tolerar que lo poco bueno que nos queda en
Correos, también nos lo arrebaten.
En un contexto en el cual en España se está legislando para reducir
la jornada laboral (sin disminución salarial) y se habla cada vez más de
la necesidad de ganar tiempo de vida, no es aceptable que la empresa
pública más grande del país pretenda llevarnos justo en la dirección
opuesta.
Es cierto que el proceso de elecciones sindicales celebradas en los
primeros meses del año ha dejado un panorama sindical similar al de las
celebradas en 2019, con CCOO y UGT sumando una mayoría cercana al 60%.
No son buenas noticias de cara a la negociación colectiva, pues
habríamos necesitado un vuelco que entregase mayor peso a las
organizaciones contestatarias a nivel estatal (sobre todo a CGT que
propone que cualquier convenio o acuerdo general ha de votarse por parte
de toda la plantilla previamente a su firma).
Desde mi perspectiva, el nuevo Convenio no puede inspirarse en el
afán de competir y desregular para adaptarse al mercado privado, sino en
mejorar las condiciones de las personas trabajadoras y de esa forma
poder prestar servicios públicos (el postal y otros que podamos
desempeñar) de calidad a la ciudadanía del conjunto del Estado.
La nueva
Directiva, CCOO y UGT (que vuelven a hablar un mismo idioma desde el
cambio de presidente) afirman que necesitamos un convenio bueno para
todas las partes, pero eso no lo hemos conocido en Correos.
Aún más difícil de conseguir sería si, finalmente, se impone la tesis
de esos sindicatos por la cual primero hay que acordar un plan
estratégico y después un convenio adecuado al mismo. Esto supondría en
la práctica, subordinar los derechos de la mayoría a las prioridades
dictadas por unos pocos.
Y los trabajadores de Correos estamos hartos de
que nuestras reivindicaciones laborales y salariales sean siempre
relegadas a la última fila. Del mismo modo, algunos estamos cansados de
que sea el mercado y los intereses privados quienes regulen nuestra
economía, en lugar de hacerse desde la esfera de lo público, donde la
democracia económica puede (y debe) tener cabida.
Por una respuesta pública a gran escala
El 15 de febrero se publicaban unas declaraciones de la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
en las que apostaba por reforzar el papel de la SEPI y consideraba que
empresas como Correos no deben guiarse por criterios de rentabilidad
económica sino de utilidad pública. “¿Por qué el modelo de Correos tiene que ser competir con Amazon?“, se preguntaba. La misma que algunos nos llevamos haciendo durante tanto tiempo.
Y es clave la respuesta que le demos. Porque es la que dirime si
nuestra intención es continuar por el camino de la competencia extrema y
la pérdida de derechos o la de reconectar a Correos con lo público y la
satisfacción de las necesidades sociales. La que determina si se
desregulan horarios para ser más competitivos o se aumenta la plantilla
para trabajar en mejores condiciones y proporcionando mayor calidad.
La
que conlleva seguir arrastrándose a los pies de las multinacionales y
reconvirtiendo nuestras oficinas en tiendas estilo FNAC (y si te opones a
este modelo de negocio te degradan y apartan como en una secta) o
apostar por iniciativas pública de primer orden como levantar una Banca Pública
que den a Correos centralidad social y permitan garantizar el acceso a
los servicios financieros en todo el país desde el ámbito estatal.
En definitiva, se acerca el momento crucial para nuestro devenir. Si
la reconversión de Correos en sociedad anónima estatal en 2001 con
Feijóo como presidente, fue la gran batalla de aquella época y se
perdió, hoy nos encontramos inmersos en la propia de nuestro tiempo y no
nos podemos permitir volver a salir derrotados.
Salvar Correos
es ante todo mantener su esencia pública y la capacidad de prestar
servicios útiles para la gente. Si se termina de imponer la lógica
privada en el modelo y las relaciones laborales y perdemos la prestación
del SPU (cuya asignación acaba en 2025), entonces de poco valdrá
mantener un logo y un nombre desposeídos de su historia.
