Así lo recoge el informe actualizado de los expertos, presentado este miércoles a la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación autonómica y la valoración de la deuda histórica.
En la reunión,
presidida por la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth
Merino, han participado el director de investigación del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, y
representantes de los cuatro grupos parlamentarios.
De acuerdo
a esta propuesta, en 2024 el fondo debería estar dotado de 3.237
millones de euros, de los que una tercera parte (1.183 millones)
corresponderían a la Comunitat Valenciana; 1.405 millones a Andalucía,
375 millones a Murcia y 274 millones a Castilla-La Mancha.
En
total, el Estado tendría que aportar 6.100 millones a este fondo durante
la legislatura. En concreto, según los cálculos de los expertos, la
Región de Murcia debería recibir una media de 585 millones de euros de
este fondo de nivelación en cada año: 375 millones en 2024, 582 millones
en 2025, 662 millones en 2026 y 721 millones en 2027.
En un
principio, al fondo de nivelación se acogerían las cuatro comunidades
infrafinanciadas (Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La
Mancha), aunque si no se aborda la reforma del sistema de financiación
se deberían sumar otras autonomías y aumentaría el coste total a abonar
por parte del Estado.
"Si se pone en funcionamiento, el fondo debe estar
adaptándose hasta que se reforme el sistema de financiación", ha
remarcado el economista del IVIE.
En el informe, los expertos
defienden que el coste anual de este fondo es asumible
presupuestariamente para el Gobierno y permitiría reducir las
diferencias de financiación entre las comunidades hasta que se aborde la
reforma del conjunto del sistema.
Según el estudio, si el
Ejecutivo central no contempla iniciativas "inmediatas" que corrija el
desajuste, el riesgo de que regiones mal financiadas y con bajos niveles
de renta, entre las que cita a la Región de Murcia, continúen alejadas
de la renta per cápita española, "será mayor todavía".
"El
resultado esperable será una ampliación de las desigualdades que la
Constitución se comprometió a corregir y los acuerdos europeos,
renovados durante la pandemia, se proponen combatir", añade el
documento.
Por otra parte, la Región de Murcia presentó un déficit de 680 millones de euros en
noviembre de 2023, lo que supone un 1,75% del PIB regional, el dato más
alto en términos relativos por comunidades autónomas, según ha informado
este miércoles el Ministerio de Hacienda.
Esta cifra presenta
una mejoría con respecto al mismo mes del año anterior, cuando la
Comunidad Autónoma registró un déficit de 840 millones de euros, un
2,35% de su PIB.
López Miras fija diferencias
El presidente de la Región de Murcia ha analizado hoy con los empresarios otros retos a los
que debe hacer frente la Región, como la deficiente financiación
autonómica. "La infrafinanciación es un lastre muy evidente y muy pesado
para el desarrollo de esta Región. Y, sin embargo, lo único que
encontramos cada vez que exigimos la urgente y necesaria reforma de ese
sistema es el silencio", ha explicado López Miras.
"La Región
de Murcia es a día de hoy la comunidad autónoma peor financiada", ha
denunciado el presidente, quien ha resaltado que "el pasado año
recibimos 2.697 euros por habitante, mientras que la comunidad mejor
financiada, Cantabria, recibió 3.660 euros por habitante".
Por
tanto, se trata de una diferencia de casi mil euros por habitante, lo
que representa "una brecha territorial totalmente injustificable e
insostenible, ya no sólo desde el punto de vista de los principios de
igualdad y equidad, sino incomprensible desde el más elemental sentido
común", ha agregado.
El presidente ha puesto sobre la mesa una
vez más la necesidad de activar un fondo de nivelación transitorio
mientras no se produzca la modificación del sistema de financiación. Y
en paralelo, ha advertido, "vamos a seguir exigiendo al Ministerio un
nuevo modelo de financiación que sea justo, equitativo y suficiente, y
no un modelo a la carta hecho a la medida de los socios independentistas
del Gobierno central".
