lunes, 29 de mayo de 2017

El Obispo de Cartagena se recupera de una intervención quirúrgica propia de varones y silenciada por palacio

MURCIA.- Aunque la página web de la Diócesis de Cartagena todavía silencia el tema después de quince días, el obispo José Manuel Lorca Planes, de 68 años y natural de Espinardo, se recupera ya satisfactoriamente de una delicada intervención quirúrgica propia de los varones y a la que se ha tenido que someter sin más espera.

Según fuentes oficiosas de la curia diocesana, como resultado de unas pruebas realizadas pocos días antes de su ingreso se determinó un urgente paso de nuestro prelado por el quirófano, urgiéndole también los médicos a suspender de golpe su actividad ordinaria, hasta dejarla en manos del vicario general, Juan Tudela.

Desde hace más de diez días y, coincidiendo con el Congreso de Mariología, ya se le echó en falta en actos en los que estaba prevista su presencia. Y la peregrinación a  Fátima de la Diócesis de Cartagena, con motivo del centenario de las Apariciones de la Vírgen, tampoco ha podido contar con él por prescripción médica.

De hecho, tras la vertigiosa actividad que le ha supuesto al Obispo el Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca 2017 desde enero y los actos religiosos propios de la Semana Santa y de la Vírgen de la Fuensanta en las Fiestas de Primavera en Murcia, monseñor Lorca no había tenido tiempo de preocuparse de su salud hasta que una repentina crisis aguda le obligó a acudir a un centro hospitalario en busca de un diagnóstico médico preciso, que acabó en la cirugía y en el actual postoperatorio.

Mientras tanto, los gabinetes de prensa del Palacio Episcopal y de la UCAM mantienen un absoluto hermetismo sobre el trance humano por el que atraviesa monseñor Lorca Planes por razones, cuyas explicaciones están aún pendientes, aunque sea por un elemental respeto a la feligresía de toda la Diócesis, hasta ahora sin mayor sentido ausente de noticias sobre su pastor y sin poder elevar así a Dios sus plegarias por una pronta y satisfactoria recuperación de don José Manuel.

C's Cartagena discrepa en la Comisión del 'Peninsular' de los criterios de investigación que propone el PP

CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha asistido hoy a la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la adquisición del Hotel Peninsular por parte del Ayuntamiento de Cartagena, así como las expropiaciones de toda la manzana en la calle Cuatro Santos. 

Manuel Padín, que es vicepresidente de esta Comisión, ha propuesto que se realice por parte de los técnicos del Ayuntamiento una evaluación previa de la situación de los inmuebles objeto de la investigación, y que se ponga a disposición de los miembros todos los expedientes "primero tenemos que saber dónde estamos para comenzar la investigación, es decir, empezar por el principio y no por el final, quizá desde el año 2005 que fue la fecha en la que el Pleno incluyó estos terrenos como uso de equipamiento administrativo, las alegaciones que hubo en su día, los expedientes de expropiación, y así saber, por ejemplo, por qué estuvo la pensión más de 10 años en el limbo. y por supuesto, conocer con todo detalle en qué condiciones se realizó la operación de la compra por parte del Ejecutivo local".
Ante la negativa del presidente de la Comisión de comenzar la investigación por una evaluación previa de la situación, ya que el concejal del Partido Popular ha impuesto que se examine ya el expediente de adquisición del antiguo hotel, Manuel Padín, en señal de protesta y disconformidad, ha decidido abandonar la reunión, "aquí hemos venido a investigar toda la verdad y no sólo una parte, el objeto de la comisión de investigación que se aprobó en el Pleno estaba muy claro, se estudiaría toda la manzana, y todo lo acontecido; por supuesto que tenemos dudas más que razonables sobre una compra pública tan importante que se hizo con una precipitación portentosa y, creemos, sin las garantías necesarias, pero también queremos saber por qué no se resolvió la expropiación durante más de 10 años, y creemos que la mejor forma de hacerlo es empezar por un análisis técnico previo de toda la manzana". 
 Por otra parte, a petición de Manuel Padín, la Comisión ha accedido a solicitar todos los expedientes.
"Discrepo con el señor Valdés en los criterios de investigación que maneja, y así se lo he hecho saber, y espero que todo esto no sea sólo un modo de buscar titulares; no queremos más guerras partidistas entre MC y PP, que poco o nada hacen por Cartagena, queremos saber la verdad y explicar a los cartageneros con pelos y señales quién ha hecho qué en Cuatro Santos, y si hay o no hay responsabilidades penales o políticas", ha informado Manuel Padín, que espera de que el concejal popular "corrija esa actitud intransigente, y estas imposiciones que el propio PP ha criticado tantas veces refiriéndose al alcalde José López".

Urralburu: "El PP ha utilizado las instituciones como su casilla de seguridad en su particular monopoly"

CARTAGENA.- El secretario general de Podemos y portavoz del Grupo Parlamentario, Oscar Urralburu, tras conocerse la decisión del juez Velasco, de imputar a la senadora del PP, Pilar Barreiro " resguardada en su escaño" ha afirmado que "ahora entendemos porque el PP regional blindó Barreiro poniéndola en las listas al Senado".

Óscar Urralburu se ha referido, así, a la decisión del juez, de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, el cual, ha decidido imputar/investigar a la senadora Pilar Barreiro, ex del PP por un presuntos delitos de desvío de fondos públicos para pagar a la trama trabajos de reputación 'online' personales.
Para el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, el hecho de que la senadora del PP esté en el banquillo del Tribunal Supremo, simboliza "el declive de toda una época donde la corrupción no ha sido un caso aislado sino un modus vivendi"
Además Urralburu, ha señalado, que la decisión del juez Velasco la conocemos días después de conocerse que el diputado/imputado Pedro Antonio Sánchez también tendrá que acudir al los juzgados "para declarar, y si puede, aclarar" su relación con la trama Púnica, por lo que "el PP regional tiene casi los mismos miembros imputados que limpios"
Finalmente, Oscar Urralburu ha añadido que "se hace necesario, a cada minuto que pasa acabar con la corrupción como imperativo democrático, ya que no sólo constituye una cuestión moral, sino que estamos observando como de forma opulenta y caprichosa se ha construido el agujero por el que se escapan los derechos sociales y el Estado del Bienestar".

'Ahora Murcia' denuncia la "tomadura de pelo" del concejal Pacheco con el concurso para director de los teatros

MURCIA.- Ahora Murcia denuncia la "enorme tomadura de pelo" del concejal de Cultura y Turismo, Jesús Pacheco, y del alcalde Ballesta respecto al concurso público para la dirección artística de los teatros y auditorios del municipio. La portavoz, Alicia Morales, señala que "no por ser una práctica habitual del PP deja de alarmarnos su costumbre de anunciar por todo lo alto proyectos de los que nunca más se vuelve a saber nada. Su actitud demuestra una falta de seriedad y de responsabilidad que los murcianos no se merecen". 

La edil explica que Ahora Murcia registró para el Pleno del pasado jueves una pregunta acerca de este tema, para conocer "qué trámites ha realizado el Ayuntamiento para la convocatoria del concurso público para la dirección de los teatros municipales que anunció en agosto de 2015 y saber en qué fecha tiene previsto regularizar dicha dirección, si es que lo tiene previsto".
Morales destaca que "desde los grupos de la oposición y desde Ahora Murcia hemos preguntado al concejal de Cultura sobre este concurso en numerosas ocasiones, sin obtener respuesta, y le hemos demandado en vano reunirnos con él. La falta de transparencia es absoluta".
La edil subraya que "si se repasa el anuncio de Pacheco de hace casi dos años, provocan un enorme sonrojo afirmaciones como que gracias a esta medida Murcia iba a ponerse a la altura teatral de Chicago y Nueva York". 
La edil recuerda que "según Pacheco, la incorporación del nuevo director artístico de los tres teatros de Murcia y los cinco auditorios municipales tendría lugar en enero de 2016, es decir, hace un año y medio. No se trata solo de que todavía estemos sin esta figura anunciada, sino que el PP jamás ha vuelto a hacer referencia a este asunto, como si el anuncio de algo supusiera, por arte de magia, su materialización. Ballesta tiene que darse cuenta de una vez de que los grandes anuncios sin actuaciones reales son una irresponsabilidad, que desde la oposición, o al menos desde Ahora Murcia, no vamos a dejar de señalar".
La concejala afirma que "de la Concejalía de Cultura de la séptima ciudad española se espera la planificación y ejecución de una política cultural, en lugar de conformarse con llenar de actividades las calles del centro de la ciudad. Hay que exigir una planificación cultural, un proyecto a medio y largo plazo con unos objetivos fijados".
"Pacheco señaló que uno de los encargos del director artístico era la redacción de un Plan Director de las Artes Escénicas 2016-19", recuerda Morales. "No tendremos plan, al menos, hasta 2018. Si el concejal de Cultura y Turismo no empieza a tomarse mucho más en serio su trabajo, Murcia seguirá a la cola de la ciudades más visitadas de España, como se conoció hace unos días".

Podemos exige medidas para limitar los puertos deportivos en el Mar Menor y su adaptación medioambiental

CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional, ha señalado que la protección y el cuidado del Mar Menor también pasa por "evitar la proliferación de puertos deportivos, fondeaderos informales y embarcaciones a motor. Hay una altísima concentración de instalaciones portuarias y han crecido los amarres informales debido al precio de los puertos deportivos". 

Según Pedreño, en el Mar Menor hay una concentración de puntos de amarre de embarcaciones que supera al que hay en todas las Islas Baleares.
Por ello, la moción de Podemos, aprobada en la Asamblea Regional, pide que no se concedan nuevas licencias en la laguna y su entorno y que no se puedan ampliar las dársenas existentes debido a que ya hay "un intenso transporte marítimo de embarcaciones a motor".
Pedreño ha explicado que la iniciativa de Podemos también solicita que se haga un inventario de los fondeos ilegales actuales y "reemplazar las estructuras instaladas de forma artificial, tales como muertos, cadenas, etc, e instalar otro de tipo de sistemas más respetuosos y que permitan a los propietarios de pequeños barcos amarrar".
Además, el Grupo Parlamentario Podemos quiere que se impulse la adecuación ambiental de los puertos que hay en el Mar Menor para disminuir el riesgo de posibles vertidos y contaminantes procedentes de los mismos así como de las propias embarcaciones. Aparte, se demanda que haya una evaluación de la incidencia del tráfico marítimo y los riesgos asociados a la navegación y transporte de mercancías y personas.
El diputado regional, Andrés Pedreño, ha subrayado la importancia de conocer cuál es exactamente "la capacidad de carga de la laguna para las instalaciones portuarias. Sin un análisis de estas características seguirá habiendo un descontrol que ha provocado que hasta ahora no se ajuste la actividad portuaria a lo que puede sostener el Mar Menor. De ahí, que la densidad de puertos deportivos también tenga culpa del estado ecológico de las aguas por la contaminación vinculada a los vertidos de las embarcaciones a motor. Algo que también convierte a las playas situadas a sus lados en zonas fangosas y malolientes que ahuyentan al turismo de calidad".

La ampliación de la terminal de cruceros de Cartagena Port permite incrementar las escalas de grandes buques


CARTAGENA.- La ampliación de la terminal de cruceros del Puerto de Cartagena permite incrementar las escalas de grandes buques, de hasta 330 metros de eslora, y que puedan atracar de forma simultánea dos cruceros de estas dimensiones y con capacidad para más de 7.000 pasajeros, además de tripulantes, en el muelle Alfonso XII.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, que inauguró las nuevas instalaciones junto al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, indicó que la infraestructura "facilita el acceso y la movilidad de los turistas al centro histórico de la ciudad, lo que contribuye directamente en la economía y en la creación de empleo".
Rivera señaló que "la tendencia actual es que los cruceros cada vez sean más grandes y los turistas valoran que llegan es la cercanía con el centro histórico; dos aspectos a los que dan satisfacción estas obras".
La mejora en las instalaciones del puerto "permite que Cartagena sea más competitiva y que se incentive el turismo de cruceros en la Región de Murcia, generando empleo y riqueza", señaló el consejero.
Rivera subrayó que "Cartagena constituye un punto de referencia internacional para la escala de cruceros al contar con unas magníficas instalaciones portuarias, que la sitúan como la puerta de entrada de miles de turistas al año a la Región".
El pasado año, el Puerto de Cartagena registró 187.193 pasajeros de cruceros y 121 escalas, lo que supone un incremento del 24,54 por ciento en el número de pasajeros respecto a 2015, y un aumento del 12,04 por ciento en el número de escalas.
Para este año, se prevé superar las 150 escalas y 243.000 pasajeros, incluyendo una escala cuádruple, 6 escalas triples y 23 dobles. Además, el Royal Princess realizará este año cuatro salidas desde Cartagena en los meses de mayo, junio, julio y septiembre.

Ampliación de la terminal
Las obras de mejora en la terminal de cruceros han consistido en la ampliación de la línea de atraque en 144 metros, consiguiendo que el muelle tenga 667 metros de longitud, lo que permitirá escalas simultáneas de dos cruceros de hasta 330 metros de eslora. Este tipo de crucero de grandes dimensiones tiene capacidad para albergar entre 1.500 y 5.200 pasajeros.
La ampliación de las instalaciones portuarias ha supuesto una inversión de más de 4,6 millones de euros por parte de Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) y un plazo de ejecución de 16 meses.
Hasta el momento, el muelle tenía una longitud de atraque de 522 metros, por lo que sólo era posible escalas simultáneas de dos cruceros de 250 metros de eslora como máximo o bien uno de 330 metros y otro de menores dimensiones. Y cuando llegaban dos buques grandes, uno de ellos se dirigía al dique de Curra de la Armada Española y los pasajeros eran trasladados en autobús hasta el centro de Cartagena.

Sede de cruceros desde 2001
Los orígenes de la infraestructura de cruceros se remontan a 2001, año en el que se inauguró la terminal en la parte exterior del puerto deportivo, lugar estratégico por su cercanía al centro de la ciudad. El muelle de atraque tenía 344 metros de longitud, 12 metros de calado y 3.000 metros cuadrados de superficie.
En los últimos seis años, el puerto de Cartagena ha experimentado varias mejoras. La primera, en 2011 al ampliar para lograr una longitud de atraque hasta 522 metros lineales, con una superficie de muelle de 4.500 metros cuadrados. Un año después, se urbanizó el muelle con casetas para la Guardia Civil, Policía Portuaria, información turística y una pérgola.
En 2014 se amplió la explanada de la terminal, ganando 1.400 metros cuadrados adicionales e incluyendo una nueva entrada para los vehículos desde el Muelle Alfonso XII y en 2015 se inauguró una terminal de pasajeros dentro del muelle de cruceros con motivo de los embarques del Royal Princess y de Princess Cruises.

La Región es pionera en agricultura ecológica con cultivos certificados que datan de 1974

MURCIA.- El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) celebró hoy una Jornada sobre los aspectos técnicos y agronómicos de la agricultura ecológica enfocada al sector productor en la que se analizó el valor de las frutas y hortalizas producidas con técnicas ecológicas, la nueva normativa y los últimos avances en fertilización, entre otros aspectos.

El director general de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios, Fulgencio Pérez, destacó en la inauguración de la jornada que "la Región de Murcia fue pionera en agricultura ecológica, con cultivos de frutas y hortalizas en la zona de Calasparra, certificados por normas privadas que datan de 1974".
Destacó, asimismo, que "a partir de 1996 se articuló un régimen de ayudas para la agricultura ecológica y comenzó el auge de estos cultivos en la Región. Ese año había certificadas 284 hectáreas gestionadas por 54 agricultores y 4 industrias que comercializaban productos eco".
Añadió que "en diciembre de 2016 la superficie de agricultura ecológica certificada fue de 79.043 hectáreas, cultivadas por 2.874 agricultores, y había 319 industrias de elaboración y envasado certificadas, lo que convierte a la Región de Murcia en la de mayor superficie cultivada de la Unión Europea, con el 26 por ciento".
Los cultivos con mayor superficie son almendros (29.000 hectáreas), cultivos herbáceos (25.000 hectáreas) y viñedo (12.000 hectáreas). En los últimos años ha experimentado un importante crecimiento el cultivo de cítricos, al pasar de 169 hectáreas en 2006 a 1.725 en 2016; y hortalizas, que pasan de 1.000 hectáreas en 2006 a 3.437 en 2016.

Ponencias
Las ponencias de la jornada corrieron a cargo de personal técnico e investigador del IMIDA, del sector privado y del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, que abordaron aspectos como las variedades tradicionales conservadas en el Banco de Germoplasma, la utilización de fauna auxiliar y otros medios de control biológico compatibles con una producción sostenible, el control de la fertilización nitrogenada, normativa reguladora y financiación de los proyectos de innovación, entre otros.

Los políticos ponen firmes a los agricultores del Campo de Cartagena que contaminan el Mar Menor

MURCIA.- Los políticos, tanto regionales como nacionales, han puesto ya firmes a los agricultores del Campo de Cartagena que contaminan el Mar Menor y ahora quieren aparecer como sus salvadores en una maniobra de confusión de cara a la Opinión Pública. «Tengo muy claro que lo primero es el medio ambiente y después la actividad económica», advierte Antonio Luengo, director general del Mar Menor.

Ahora la oposición demagógica de ciertos socialistas murcianos residuales culpan al consejero de Agricultura, Francisco Jódar. El diputado socialista Jesús Navarro considera vergonzoso que un director general de la Consejería arremeta contra los agricultores de forma "chulesca" diciendo que no le temblará el pulso, cuando éstos han estado en todo momento dispuestos a colaborar.
Jesús Navarro ha calificado de "inconcebible" que "a estas alturas" el Ministerio de Medio Ambiente siga jugando con los agricultores murcianos y que el consejero, Francisco Jódar, sea dócil ante la postura de la ministra.
"Ha sido un fin de semana negro para los agricultores y el regadío murciano. El consejero ha hecho un viaje inútil al Ministerio. Después de asegurar que no iba a moverse de allí hasta conseguir una solución para la sequía de la Región de Murcia, ha vuelto dándonos un nuevo plazo para la apertura de los pozos del Sinclinal de Calasparra", ha señalado.
Según Navarro, es incomprensible que no se hayan abierto dichos pozos, "tal y como debía haberse hecho hace tiempo".
"Y no se habla en absoluto del resto de baterías de pozos de sequía de la cuenca, pozos que deberían estar abiertos y almacenando agua para el futuro incierto que nos espera en verano".
"Si a la inutilidad del viaje del consejero ha sido sorprendente para todos, no menos sorprendentes e inútiles son las declaraciones del nuevo y flamante director general del Mar Menor", ha añadido.
Para el diputado socialista, es inconcebible que un director general arremeta, "con esa chulería que caracteriza a los representantes del PP y a sus representantes en las instituciones", contra los agricultores de forma "chulesca" diciendo que no le temblará el pulso.
"De esta manera, está culpabilizando a los agricultores del Campo de Cartagena de la situación del Mar Menor", ha comentado.
Navarro ha asegurado que los agricultores han estado dispuestos en todo momento a colaborar, e incluso a sufragar de su propio bolsillo las infraestructuras necesarias para salvar el Mar Menor, como un salmueroducto que llevará las salmueras al Mediterráneo y otras medidas para eliminar los nitratos y que realmente haya un vertido cero.

La Región acoge en centros del SMS a 255 nuevos médicos residentes de ocho especialidades

MURCIA.- La Consejería de Salud formará a 255 nuevos residentes de la promoción 2016-2017, una plaza más que el año pasado, en ocho especialidades, en centros de salud y hospitales dependientes del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Un 34 por ciento de los nuevos profesionales trabajarán en el ámbito de la atención primaria, mientras que el resto de residentes (66 por cien) se adscribirán a los diferentes centros hospitalarios y dispositivos acreditados para la formación sanitaria especializada. De los especialistas que han elegido la Región para realizar su residencia, un 67 por ciento son mujeres y un 33 por ciento hombres.
El consejero de Salud, Manuel Villegas presidió esta mañana el acto de bienvenida a estos residentes, celebrado en la Filmoteca Regional, en el que instó a estos profesionales a "trabajar para dotar a los ciudadanos del derecho a la mejor sanidad pública" y les felicitó por su elección para realizar su formación.
"Un servicio de salud fuerte es el que tiene la capacidad de escuchar y aprender, de analizar y reaccionar, de anticiparse y reorganizarse para afrontar con éxito los retos sanitarios del futuro", recordó Villegas, "por eso, es importante que aprendamos de todos y enseñemos a todos."
El titular regional de Salud también pidió a los futuros profesionales de la sanidad que "tengan siempre presente que cada número de historia clínica se corresponde con un nombre y un apellido, con una realidad personal y social diferente, ante las que no podemos mostrarnos ni sordos, ni ciegos."
Además, Villegas destacó que entre ellos se encuentran "algunas de las mejores notas a nivel nacional", ya que "de los primeros 100 residentes de toda España, 14 han elegido la Región para realizar su etapa formativa". Así, en la especialidad de Medicina tres de los 100 primeros han elegido la Comunidad, al igual que cinco de los cien primeros en enfermería, tres en psicología, uno en biología, uno en radiofísica y uno en química.
De las 255 plazas de formación sanitaria especializada convocadas por el SMS, 215 son para médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos, bioquímicos, psicólogos y radiofísicos y 40 para enfermería.
Las especialidades que más se ofertan son Medicina de Familia con 73 plazas, Enfermería Familiar y Comunitaria (14), Matrona (13) y Pediatría y Anestesia (12). El índice de cobertura ha sido del cien por cien, como sucede en los últimos años.
En concreto, se formarán en la Región 14 médicos que obtuvieron plaza entre los primeros 600, de un total de 6.328 plazas de la prueba MIR, y 5 enfermeras que obtuvieron números entre los 100 primeros de un total de 994 plazas.
La formación de los residentes la supervisan los jefes de estu dios, técnicos, tutores, colaboradores docentes y los profesionales que prestan servicios en las distintas unidades asistenciales.
 "La incorporación de estos profesionales aportará al sistema de salud nuevos conocimientos y planteará nuevos retos que nos animan a avanzar hacia una atención mejor y de mayor calidad técnica, pero también más personalizada", afirmó el consejero.
La neuróloga Ana Morales impartió la conferencia inaugural con el título 'Vivir la Medicina en nuestro días. Más allá de una profesión'.

El Ayuntamiento de Lorca dotará por primera vez a sus playas de una ordenanza municipal

LORCA.- El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado hoy de que el Consistorio va a dotar a Lorca de la primera ordenanza municipal destinada a regular la convivencia de los usuarios de las playas del litoral lorquino.

El alcalde ha manifestado que "el Consistorio lorquino ha elaborado para su aprobación inicial esta novedosa ordenanza municipal de utilización de las playas y zonas adyacentes como instrumento de concienciación, convivencia y gestión eficaz del dominio público costero en el ámbito territorial del municipio. Esta normativa viene justificada por una razón de interés general. Es necesario regular el uso y disfrute por parte de los ciudadanos de las zonas costeras, ya que las mismas constituyen un recurso limitado y frágil que debe ser ordenado con el fin de evitar el deterioro derivado de su uso".
Fulgencio Gil ha detallado que "Lorca cuenta con una franja de litoral que se extiende a lo largo de 9 km integrados por 13 playas: Playa Larga, Cala Blanca, Playa de los Hierros, Cala Leña, Cala de la Gruta, Playa Junquera, Playa del Cuartel del Ciscar, Cala Honda, Playa de San Pedro, Playa del Siscal, Playa Baño de las Mujeres, Playa de Calnegre y Playa de Puntas de Calnegre".
El primer edil ha señalado que "casi todas las playas del término municipal de Lorca, salvo Puntas de Calnegre y Marina de Cope, se encuentran incluidas dentro del Parque Regional de Cabo Cope y Calnegre, precisando de un adecuado uso y protección. Además, esta zona cuenta con una flora y fauna singular que es conveniente preservar para transmitir a las futuras generaciones".
"En virtud de la necesidad de salvaguardar nuestro patrimonio natural, se hace preciso implicar al usuario de estos recursos en el mantenimiento y conservación de la infraestructura que el municipio instala en el litoral. Precisamente esta norma es la herramienta más adecuada para garantizar la consecución de los objetivos de protección fijados, ya que establece de forma precisa las pautas de comportamiento de los usuarios para un disfrute respetuoso con los valores a proteger".
Esta ordenanza, además de las normas de uso general, aborda múltiples aspectos concretos. Entre ellos destacan las normas sobre pesca que permiten la práctica de esta actividad, tanto en orilla como submarina, durante la temporada de baño desde las 21 h hasta las 9 h, pudiendo autorizarse la misma en las zonas de roca, si las hubiere. 
El Ayuntamiento u otros organismos sectoriales competentes podrán autorizar la realización de actividades de ocio, recreativas o deportivas en la costa, tales como barbacoas, deportes náuticos, navegación, siempre y cuando no interfieran en el uso habitual de las playas por parte de los ciudadanos.
La Ordenanza establece que el acceso a las playas y sus instalaciones por parte de los usuarios será libre y gratuito al tratarse de un espacio de dominio público, por lo que se prohíbe su uso privado, así como acampar, pernoctar y acotar o parcelar las zonas de playa con mobiliario y enseres a modo de reserva de espacio cuando no estén presenten las personas que lo ocupen.
"Es objetivo prioritario garantizar el uso público de las playas del litoral sin más limitaciones que las derivadas de razones de interés general, intentando siempre respetar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de las mismas y conjugarlo con nuestro deber de velar por la utilización racional de éstas, con el apoyo de la solidaridad colectiva de sus usuarios", ha expuesto el Alcalde.
Fulgencio Gil ha anticipado, además, que el "Ayuntamiento de Lorca mantendrá limpias las playas durante la temporada de baño que queda fijada entre los meses de junio y septiembre ambos inclusive, y los usuarios quedarán obligados a colaborar con su comportamiento diligente sin entorpecer las tareas de limpieza. Aquellos que arrojen o viertan cualquier tipo de residuo vulnerando por tanto dichas prohibiciones, podrán ser objeto de sanción. En cuanto a la presencia de animales, tan sólo se permitirá su estancia a aquellos perros destinados a trabajos de salvamento o de perros lazarillos que acompañen a personas necesitadas".
"Con objeto de preservar la variedad biológica de las especies que habitan en el entorno, el estacionamiento de vehículos podrá realizarse respetando los lugares con vegetación ornamental y autóctona de la zona y lejos de los accesos a las playas para evitar obstaculizar su uso por parte de los usuarios y el desarrollo de las labores ordinarias de los servicios de limpieza, vigilancia, urgencias y mantenimiento".
En materia de vigilancia y salvamento, Saturnina Martínez ha explicado que "el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias dispondrá de un dispositivo de vigilancia y salvamento durante los períodos contemplados y descritos en el operativo del Plan COPLA, en función del nivel de ocupación y peligrosidad de sus playas, estableciendo puestos de vigilancia, primeros auxilios y salvamento". 
En las playas donde no existan puestos de salvamento, se dispondrá de unos carteles informativos con el texto "playa no vigilada, en caso de emergencia llamen al 112". Las personas que deseen bañarse fuera de la temporada de baño, fuera de los lugares habilitados para el baño, o fuera del horario establecido para el servicio de salvamento y socorrismo, podrán hacerlo bajo su exclusiva responsabilidad.
Los usuarios tendrán acceso a información ambiental básica de las zonas de baño y de calidad de las aguas y en los puestos de de salvamento existirá un mástil en el cual se colocará, por parte del servicio de vigilancia y salvamento en playas y durante el período de baño, una bandera, la cual determinará las condiciones de seguridad para el baño, en función de los colores.
El alcalde ha destacado que "el proceso de elaboración de la ordenanza ha sido transparente y participativo. La normativa ha sido elaborada y consensuada entre las distintas Concejalías del Ayuntamiento de Lorca para que todo el personal relacionado de una u otra forma con el uso de las playas pudiera aportar el fruto de su experiencia en el ámbito de su actividad diaria en relación con la costa lorquina. La norma va encaminada a conseguir que la playa se convierta en un lugar de encuentro y convivencia durante todo el año para el divertimento de los ciudadanos".
"Para una mejor utilización de nuestras playas, desde el Consistorio se pondrá a disposición de los ciudadanos un conjunto de mecanismos para atender denuncias y sugerencias. Los medios electrónicos de dicha Administración posibilitarán un acceso sencillo y universal al texto de la ordenanza para acoger las reclamaciones que puedieran formularse".

La Facultad de Química de la UMU luce ya "la Tabla Periódica más grande del mundo"

MURCIA.- La Facultad de Química de la Universidad de Murcia (UMU) luce ya parte del mural de la Tabla Periódica que estaba prevista instalar en la fachada del edificio.

Los operarios comenzaron esta mañana a instalar la obra que, al finalizar, contendrá los 118 elementos con su símbolo, número y peso atómico y tendrá una dimensión total de 140 metros cuadrados. El propio decano de la facultad, Pedro Lozano, aseguró que será "la Tabla Periódica más grande del mundo".

Por su parte, el rector de la Universidad, José Orihuela, ya dijo hace unas semans que se trata de una "gran idea, salida de los muros de donde han nacido el resto de facultades de Ciencias de la UMU", además de añadir que es "inimaginable" la Región de Murcia sin la Facultad de Química.

La UPCT, la universidad de la Región que más fondos capta en ayudas para investigación y transferencia

CARTAGENA.- La Universidad Politécnica de Cartagena es la Universidad de la Región que más fondos obtiene en ayudas competitivas por profesor, según el informe 'Investigación y Transferencia de Conocimiento en las Universidades Españolas 2015' que acaba de hacer público la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). 
 
La UPCT también ocupa el primer puesto de rendimiento en otros apartados, entre los que figuran: los proyectos de investigación, los contratos de Investigación y Desarrollo, la I+D+i colaborativa con empresas y Administración, las patentes prioritarias nacionales y las publicaciones científicas en revistas de impacto.
Según el informe, la Politécnica ha captado 8.539 € por PDI (Personal Docente e Investigador) en convocatorias competitivas, a las que optan todas las universidades españolas. 
Dentro de este capítulo, también se sitúa a la cabeza a nivel regional en el importe logrado para desarrollar proyectos de investigación, con 5.753 € por PDI.
En otras variables analizadas por CRUE, como el importe de la contratación de I+D+i, la UPCT también se sitúa en primer lugar con un valor contratado por profesor de 3.113€. 
En el capítulo de patentes nacionales, los investigadores de la UPCT han conseguido 7 en 2015. Respecto a las ayudas recibidas de manera competitiva, para Recursos Humanos que realizan tareas de apoyo a la investigación, como las becas Ramón y Cajal y de la CARM, la Politécnica ha logrado 2.270 € por PDI.
El rector, Alejandro Díaz, ha mostrado su satisfacción, por estos resultado. "Estas cifras motivan a la Universidad para ser un motor tecnológico de la Región de Murcia, y nos invitan a mejorar nuestra repercusión y compromiso con las empresas e instituciones". 
El rector ha agradecido a toda la comunidad universitaria el esfuerzo que viene desarrollando, demostrando de forma continuada, en una época de escasez, una gran eficiencia ..
El informe confirma los buenos resultados en cuanto a indicadores de investigación ya publicados recientemente por la Fundación CyD.

El juez Velasco pide al Tribunal Supremo imputar a Pilar Barreiro en el 'caso Púnica'

MADRID.-El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha firmado ya la exposición razonada en la que pide al Tribunal Supremo que investigue a la senadora del PP por Murcia Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado dejó firmado el escrito de la exposición razonada el miércoles pasado, 24 de mayo, un día antes de dejar el Juzgado Central de Instrucción nº 6 tras ser ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Las fuentes consultadas han explicado que una vez que se incluyan en el sumario los testimonios incriminatorios, se dará traslado del escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que será el que decida si finalmente imputa a la senadora.
A Barreiro, quien fue en su día alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por concertar con empresas del empresario Alejandro De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación de Murcia.
Velasco también pide investigarla por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Trabajos reputacionales por 4.840 euros al mes
El juez cree que Barreiro "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado caso Novo Carthago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.
Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros --que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-- y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.
En el marco de la misma operación, el juez Velasco ya remitió el pasado febrero al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la parte relativa al ya expresidente Sánchez, a quien también atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
Por este motivo, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el caso Púnica en esta comunidad, Enrique Quiñonero Cervantes, ha citado para el próximo 6 de junio a Sánchez para que declare en calidad de investigado.

El TSJ circunscribe el 'caso Púnica' PAS y a un miembro de su equipo
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha extendido la competencia de diligencias previas que se siguen contra el expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez López en relación con los delitos investigados de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada, a quien fuera su miembro de su equipo, D.C.F.
Entre las conductas atribuidas a ambos por la exposición razonada, relativas a las supuestas actuaciones dirigidas a la contratación de servicios de mejora reputacional de Sánchez en internet y redes sociales cuando era consejero de Educación, así como entre sus respectivas posiciones en el organigrama de la Consejería de Educación, "se aprecia una tan íntima conexión que hace aconsejable que la investigación y valoración jurídica de las conductas de ambos se lleve a cabo en un mismo y único procedimiento judicial", según el auto.
Se trata de una extensión competencial que, por lo demás, "el propio investigado interesa de la Sala", tal y como precisa el auto.
Sin embargo, en la resolución notificada este lunes, el Tribunal rechaza extender la competencia a otras personas y entidades investigadas en las diligencias 85/2014 que lleva el Juzgado Central de Instrucción nº6 Audiencia Nacional, como interesaban las partes personadas en este procedimiento.
En concreto, la Sala estima que el "provisional relato fáctico contenido en la exposición razonada" posibilita "distinguir entre las conductas de quienes, desde la Consejería de Educación, pudieran haber recabado o recibido las ofertas de trabajos reputacionales, y quienes, desde fuera de dicha Consejería, pudieran haber ofrecido tales servicios (o trabajado para quienes los ofrecían)".
Y todo ello, añade, "para no perturbar la necesaria visión de conjunto sobre el proceder de aquellas personas que, presuntamente, formaban parte de un mismo entramado que habría mantenido contactos y relaciones para la prestación de similares servicios con otras instituciones dentro y fuera de la Región de Murcia".
Además, frente a lo interesado por las representaciones procesales del aforado Pedro Antonio Sánchez y de la acusación popular, la Sala estima que las actuaciones presuntamente desarrolladas en el ámbito de la Consejería de Educación y las relativas a similares trabajos que hubieran podido llevarse a cabo en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación y los Ayuntamientos de Cartagena y Molina de Segura, "son escindibles sin que se lesione derecho alguno y sin que exista riesgo de decisiones judiciales contradictorias ni afectación de la continencia de la causa por el hecho de que una y otras sean objeto de procedimientos distintos".

Acusación popular
Por otro lado, en un segundo auto, la Sala admite que se persone como acusación popular Antonio López López, siempre que "actúe en el presente procedimiento bajo la dirección y representación de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) -primera personada-, en los mismo términos en que ya lo viene haciendo el Partido Socialista Obrero Español".
Finalmente, en una tercera resolución, el tribunal acuerda apartar al Ayuntamiento de Cartagena del presente como acusador particular. Entiende que el Ayuntamiento carece de legitimación pues, la presunta intervención (señalada por la exposición razonada) de la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, en los contactos mantenidos por personas vinculadas a la Consejería de Educación con otras personas no incluidas en este procedimiento, así como su presunta inclusión "entre los potenciales beneficiarios de los trabajos reputacionales que serían supuestamente cargados al presupuesto de la Consejería de Educación", son circunstancias que no permiten individualizar un concreto perjuicio para el Ayuntamiento de Cartagena, necesario para mantenerse como acusación particular en este procedimiento.

Águilas excluida de nuevo en la segunda convocatoria del EDUSI

ÁGUILAS.- Águilas vuelve a ser excluida en la segunda convocatoria para optar a fondos europeos con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) por "no tener suficiente puntuación".

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes, la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Águilas denominada 'ciudad sostenible' no va a recibir ni un euro de los fondos europeos.
El Grupo Municipal Popular muestra su malestar porque se presentó este segundo proyecto sin informarles de nada, cuando ellos habían hecho un ruego al Pleno para colaborar y para que fuera aprobado con un mayor respaldo político.
Critican la poca transparencia de la alcaldesa en este proyecto del cual no se ha dado participación a la oposición, desconociendo en todo momento las modificaciones introducidas en este segundo intento.
Los EDUSI seleccionados se desarrollarán a lo largo de varios años, mediante una cofinanciación de fondos FEDER y las entidades municipales, dentro del plan Europeo Crecimiento Sostenible 2014- 2020.

La Región es una de las dos provincias españolas que mantiene el arte de pesca de almadraba


CARTAGENA.- La Región de Murcia y Cádiz son las dos únicas provincias españolas que continúan practicando la pesca tradicional de la almadraba, un arte de pesca con red, fijo y de fondo, que se emplea para la captura de peces migratorios como los atunes. En la zona de La Azohía (Cartagena) se capturan principalmente con esta técnica los ejemplares de la familia Scombridae (bonito, melva y albacora), la seriola (pez limón) o el atún rojo.

En 2016 las capturas de estas especies a través de la pesca de la almadraba en la costa cartagenera ascendieron a 107.150 kilos y generaron un valor económico de 375.204 euros. La Almadraba de la Azohía aparece reflejada en el Anuario de Pesca desde el año 1866. Esta técnica genera unos 20 empleos directos durante seis meses al año.
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, que acompañó hoy a los pescadores que practican este tipo de pesquería en La Azohía, destacó la importancia de que la Región sea una de las dos únicas provincias en las que se desarrolla este tipo de pesca tradicional.
"Desde el Gobierno regional apostamos por el mantenimiento y puesta en valor de este arte de pesca tradicional como actividad económica en las costas de la Región, que además, debido a su historia, constituye también un relevante atractivo", explicó.
En España a mediados del siglo XIX existían más de treinta almadrabas ubicadas en las provincias de Cádiz, Ceuta, Huelva, Almería, Murcia, Alicante, Formentera, Barcelona y Gerona. En la actualidad han desaparecido casi todas y están solo presentes en Cádiz y la Región de Murcia. Las causas de su declive se encuentran en la escasez de capturas y sus elevados costes de explotación.
La almadraba es un arte muy antiguo, del que se tienen las primeras referencias con Aristóteles, Plinio y Estrabón. Fue muy utilizado en las costas mediterráneas por fenicios, griegos y cartagineses. El nombre de almadraba proviene de la voz griega 'mandrague', que se compone de las palabras 'mandra', que significa parque y 'aqua' o agua. Fueron los árabes los que transformaron ese nombre en la denominación actual de almadraba, con el significado de lugar donde se golpea o se lucha.
La almadraba es un arte de pesca del tipo 'buche', se compone de un conjunto de redes, cables, cadenas, cabos y anclas, que se distribuyen en cinco partes: el cuadro, el copo, la legítima, la rabera de tierra y la rabera de fuera. La rabera, al igual que la legítima, son paños de red situados perpendicularmente a la línea de costa que actúan a modo de barrera dirigiendo los peces hacia el cuadro. 
También tiene unas instalaciones en tierra para almacenar todos los pertrechos denominado 'corralón'.

Pescados con Arte

Por otra parte, dar a conocer el valor social, ambiental, cultural y gastronómico de la pesca capturada de forma artesanal en nuestras costas y promocionar su consumo ha sido el objetivo de la iniciativa 'Pescados con Arte', organizada por el Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación Columbares, y que ha tenido gran éxito de participación y acogida.
A través de una obra de teatro dirigida a niños y un taller de cocina para adultos, se ha tratado de dar visibilidad a los pescadores, implicar a la población local en la conservación de la biodiversidad marina y sensibilizarla sobre el papel de las reservas marinas.
Este mes el protagonismo ha correspondido a lamelva (Auxis spp), un pequeño túnido que llega al Mar Mediterráneo en los meses cálidos para reproducirse. La ficha de esta especie puede descargarse gratuitamente en la web de la Asociación Columbares.
En el desarrollo de las actividades, los participantes también han podido acercarse a las técnicas de los pescadores para capturarlas de forma artesanal: con redes de enmalle, palangres, morunas y almadrabas.
Ayer domingo se celebró un taller de cocina, en el que los adultos aprendieron a cocinar tartar de melva sobre base de wakami de la mano del chef Dani Cordero, en el restaurante La Catedral (Plaza Condesa de Peralta, 7 Cartagena), con melva aportada por la Cofradía de Pescadores de Cartagena, además de aprender los beneficios de la pesca artesanal y las reservas marinas de interés pesquero.
Los más pequeños también pudieron aprender a través del teatro. En concreto, los estudiantes de primaria del CEIP Mediterráneo descubrieron esta y otras especies de temporada, por medio de una representación. En la obra, un pescadero y tres de sus clientes interactuaron entre sí y con los niños para transmitirles, de forma divertida, recomendaciones para un consumo más responsable de pescado.
Pescados con Arte constituye una apuesta de la Concejalía de Industria, Turismo, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural y Litoral del Ayuntamiento de Cartagena para poner en valor la pesca artesanal del litoral cartagenero. Una forma de pesca selectiva, respetuosa con el medio y con escaso impacto en los hábitats de alto valor ecológico como las praderas de Posidonia oceanica,que además promueve un consumo local y de proximidad.
Pero la pesca artesanal es también cultura y gastronomía, un modo de vida tradicional con importante peso social para la economía de Cartagena.
Para el desarrollo de esta iniciativa, el Ayuntamiento cuenta con la Asociación Columbares, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de Cartagena, la Universidad de Murcia y la Asociación Amureco, además del asesoramiento gastronómico de Alberto Hernando Magadán.

El TSJ asume la investigación a un exasesor de PAS por la 'Púnica'

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia extiende la competencia de diligencias previas número 3/2017 que se siguen contra el aforado, Pedro Antonio Sánchez López, en relación con los delitos investigados de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada, a quien fuera su miembro de su gabinete David Conesa Ferrer.

"Entre las conductas atribuidas a ambos por la exposición razonada, relativas a las supuestas actuaciones dirigidas a la contratación de servicios de mejora reputacional del citado consejero en internet y redes sociales, así como entre sus respectivas posiciones en el organigrama de la Consejería de Educación, se aprecia una tan íntima conexión que hace aconsejable que la investigación y valoración jurídica de las conductas de ambos se lleve a cabo en un mismo y único procedimiento judicial", señala en su auto la Sala. Extensión competencial que, por lo demás, el propio investigado interesa de la sala y que por tanto, solicitó.
Sin embargo, en la resolución notificada este lunes, el Tribunal rechaza extender la competencia a otras personas y entidades investigadas en las diligencias 85/2014 que lleva el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, como interesaban las partes personadas en este procedimiento.
"Estima la sala que el provisional relato fáctico contenido en la exposición razonada posibilita distinguir entre las conductas de quienes, desde la Consejería de Educación, pudieran haber recabado o recibido las ofertas de trabajos reputacionales, y quienes, desde fuera de dicha Consejería, pudieran haber ofrecido tales servicios (o trabajado para quienes los ofrecían)", según se señala en dicho auto.
"Y todo ello para no perturbar la necesaria visión de conjunto sobre el proceder de aquellas personas que, presuntamente, formaban parte de un mismo entramado que habría mantenido contactos y relaciones para la prestación de similares servicios con otras instituciones dentro y fuera de la Región de Murcia", añaden fuentes del TSJ.
Además, frente a lo interesado por las representaciones procesales del aforado y de la acusación popular, la Sala estima que las actuaciones presuntamente desarrolladas en el ámbito de la Consejería de Educación y las relativas a similares trabajos que hubieran podido llevarse a cabo en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación y los Ayuntamientos de Cartagena y Molina de Segura, "son escindibles sin que se lesione derecho alguno y sin que exista riesgo de decisiones judiciales contradictorias ni afectación de la continencia de la causa por el hecho de que una y otras sean objeto de procedimientos distintos".
Por otro lado, en un segundo auto, la Sala admite que se persone como acusación popular Antonio López López, siempre que "actúe en el presente procedimiento bajo la dirección y representación de la Asociación Adade -primera personada-, en los mismo términos en que ya lo viene haciendo el Partido Socialista Obrero Español".
Finalmente, en una tercera resolución, el tribunal acuerda apartar al Ayuntamiento de Cartagena del presente como acusador particular. Entiende que carece de legitimación pues, la presunta intervención (señalada por la exposición razonada) de la entonces alcaldesa de Cartagena en los contactos mantenidos por personas vinculadas a la Consejería de Educación con otras personas no incluidas en este procedimiento, así como su presunta inclusión "entre los potenciales beneficiarios de los trabajos reputacionales que serían supuestamente cargados al presupuesto de la Consejería de Educación", son circunstancias que no permiten individualizar un concreto perjuicio para el Ayuntamiento de Cartagena, necesario para mantenerse como acusación particular en este procedimiento.

Las acusaciones piden que se juzguen las cuotas de la CAM desde su origen


MADRID.- Las acusaciones particulares pidieron este lunes en la primera sesión del juicio oral sobre la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se añadan a la causa las cuotas participativas comercializadas por la entidad desde 2008, y que no se limite a las de 2011.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.
Pero ahora las acusaciones particulares en representación de los afectados solicitaron que se amplíe el perímetro, un criterio que no comparte el fiscal, Luis Rodríguez Sol.
Sí coincidió con las defensas al descartar que las citadas acusaciones puedan seguir reclamando indemnización alguna en este juicio que, dijo, se limita únicamente a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
Al igual que ya ocurriera durante el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM que alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- acudieron a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para increpar a los ocho exdirectivos acusados.
Entre los que pidieron que se amplíe a las cuotas emitidas desde 2008 figura el letrado Diego de Ramón, que representa a unos 1.000 afectados y que señaló que la falta de información veraz sobre dicho producto en estas primeras fechas "se constató en julio de 2011, cuando el Banco de España abrió un expediente a la caja por alteración contable de la información financiera y patrimonial".
Una decisión en la que insistió la defensa del ex director general de la CAM Roberto López Abad, Javier Boix, que alegó la falta de legitimidad de dos de las acusaciones particulares personadas en la causa, ya que los afectados a quienes representan suscribieron cuotas con anterioridad al citado periodo.
Al respecto, aseguró que de permitir que ambos letrados sigan en el juicio, "habría que solicitar su anulación" con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de todos aquellos clientes que figuran en la pieza separada de cuotas participativas para que puedan incorporarse a las vistas.
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la CAM acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como de cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
A Crespo le acusa el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
El expresidente sufre una cardiopatía que "quizás, a la larga", dijo su abogada, Adriana de Buerba, "le pueda impedir" acudir al juicio con regularidad, ya que "se acentúa en situaciones de tensión".
El escrito de la Fiscalía incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El juicio se reanudará mañana martes con la resolución de las cuestiones previas planteadas hoy, con lo que darán comienzo las declaraciones de los testigos.

El Tribunal Supremo ratifica que no revisará las sentencias de cláusulas suelo firmes

MADRID/SEVILLA.- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ratificado que no revisará las sentencias de cláusulas suelo firmes anteriores al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ordenó la devolución de la totalidad de las cantidades cobradas indebidamente por las entidades bancarias y no sólo desde la fecha de la sentencia del 9 de mayo de 2013, según recoge la prensa sevillana. 

El Alto Tribunal ha inadmitido la demanda de revisión que presentó una pareja sevillana a la que el juez de lo Mercantil le concedió la devolución total, pero que, más tarde, la Audiencia de Sevilla dio parcialmente la razón al banco y limitó los efectos a la fecha del fallo del Supremo.
La sentencia de la Audiencia de Sevilla fue declarada firme el 22 de enero de 2016, once meses antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ordenó la devolución de la totalidad de las cantidades cobradas indebidamente a los clientes con cláusulas suelo. 
Con anterioridad, el Juzgado de lo Mercantil número nº1 de Sevilla había condenado a la entidad bancaria a devolverles la totalidad de lo cobrado indebidamente. 
Tras la sentencia del tribunal europeo, la pareja pidió la revisión de la sentencia, pero el Supremo ha rechazado su admisión porque entiende que no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior, porque esa sentencia no es un "documento" a efectos de lo previsto en la regulación de las demandas de revisión en la ley de Enjuiciamiento Civil.
El Supremo destaca que el derecho comunitario "no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una vulneración del Derecho de comunicación por la decisión en cuestión". 
Así, concluye que la jurisprudencia del TJUE no ha desarrollado una doctrina acerca del problema de la revisión de las resoluciones administrativas judiciales firmes que permita afirmar que una sentencia posterior de dicho tribunal posibilite revisar una sentencia firme dictada por un tribunal español".
Es más, la resolución, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Rafael Saraza Jimena, señala que en nuestro ordenamiento jurídico "no existe previsión legal respecto a dicha posibilidad de revisión", por cuanto el legislador únicamente ha previsto un mecanismo especial de revisión cuando se trata de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero "no ha incluido igual solución para las sentencias del TJUE".
Y además, la jurisprudencia del TJUE ha reconocido "la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la Justicia".
El respeto a la institución de la cosa juzgada que impide reabrir procesos finalizados por sentencia firme (cosa juzgada formal) y que se abra un nuevo proceso sobre el mismo objeto ya juzgado y resuelto pro sentencia firme, tiene también su anclaje constitucional en el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución, y es reconocida en otros sectores del ordenamiento jurídico.
La aplicación de los principios de "efectividad y equivalencia" no determina en estos casos la revisión de las sentencia firmes por el hecho de que con posterioridad se haya dictado una sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que siente una doctrina incompatible con la de la sentencia firme del tribunal nacional, concluye el Supremo.

Asalto 'genovés' a la justicia: colaboradores necesarios


MADRID.- Cuando el 10 de diciembre del 2013, el BOE publicaba el nombramiento de Carlos Lesmes Serrano como presidente del Consejo General del Poder Judicial y como presidente del Tribunal Supremo desde los genoveses.net advertimos que comenzaba un asalto coordinado desde Moncloa y Génova a la cúpula judicial, se escribe en http://www.elplural.com

Esa misma operación se había perpetrado con éxito relativo un año antes en la Fiscalía General del Estado con el nombramiento como Fiscal General de Eduardo Torres Dulce Infante. Y los hechos, cinco años después, lejos de desmentirlo lo han confirmado con creces, superando incluso las expectativas puestas por los genoveses originales y genuinos.

En este peculiar casting con toga finalmente no han sido muchos los elegidos pero todos ellos tienen en común su más absoluta lealtad a los principios del “movimiento genovés” como han demostrado a lo largo de estos últimos cinco años tras ocupar puestos claves en la resolución de asuntos de la máxima gravedad para el futuro del gobierno que preside Rajoy y para el Partido que él mismo preside. Vamos a ello.

Magistrados

Carlos Lesmes Serrano. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y Presidente del Tribunal Supremo. Su biografía despeja cualquier duda razonable sobre sus intenciones a la hora de ponerse a la cabeza de estas instituciones. Ex alto cargo de los gobiernos de Aznar y colaborador compulsivo de FAES. A sus profundas “convicciones religiosas” que no necesariamente le sitúan en los aledaños del Opus Dei, hay que sumar su estilo autoritario no exento de vanidad insoportable. Se ha hecho fuerte en su Comisión Permanente y desde allí, sin contemplaciones, ha impuesto por “las buenas o por las malas” a sus candidatos a presidir todo tipo de tribunales. 
 
Entre sus más estrechos colaboradores se encuentran los vocales Fernando Grande-Marlaska Gómez, elegido a propuesta del PP y desde el 2012 hasta el 2017 Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Gerardo Martínez Tristán, vocal también elegido a propuesta del PP y Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid desde 2006. Como anécdota informativa está casado con Marta García de la Calzada, ex Consejera de Fomento del Gobierno de María Dolores de Cospedal durante su etapa como Presidenta en Castilla La Mancha.

Manuel Marchena Gómez. Presidente de la Sala II del Tribunal Supremo. Es probablemente el nombramiento más rentable de los realizados por Carlos Lesmes al frente del CGPJ. También en este caso su biografía ayuda a entender por qué fue el elegido. Por sus manos han pasado, pasan y pasarán los principales casos de corrupción que afectan a personajes genoveses de todo tipo y condición y que en algunos caso relevantes son además aforados. Su presencia en esta Sala es una garantía para evitar sobresaltos innecesarios. Sobre su cualificación hay división de opiniones. Los hay que dicen que es “un jurista de reconocido prestigio”. Otros, sin embargo, sostienen que eso es una leyenda urbana sin fundamento y que lo suyo de verdad es más de dar conferencias en master y congresos. Sea como fuere, nunca defrauda las expectativas de sus patrocinadores.

Concepción Espejel Jorquera. El pasado 25 de mayo ha sido impuesta por la mayoría conservadora del CGPJ que preside Lesmes como nueva Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Su mejor carta de presentación se encuentra en su propia biografía que al igual que los casos hasta ahora mencionados despejan toda duda razonable que sobre la susodicha se pudieran tener. Ha sido vocal a propuesta del PP del CGPJ y goza de la simpatía indisimulada de la actual Ministra de Defensa y Secretaria General del PP, María Dolores Cospedal García
 
Entre sus méritos más meritorios está el haber sido recusada por sus propios compañeros de la Audiencia Nacional para juzgar las siguientes Piezas Separadas de la trama Gürtel : PS 1999-2005 Primera Época; PS Caja B del PP; PS AENA, PS JEREZ y PS Visita Papa a Valencia. En las PS Contratos Generalitad Valenciana y PS Boadilla ha optado por abstenerse. Entre las razones que sus colegas y el MF alegaron en sus escritos para recusarla destacan su clara proximidad al PP y su falta de apariencia de imparcialidad con este Partido .

Enrique López López. Hasta su nombramiento por Lesmes el pasado 24 de mayo como magistrado de la recientemente constituida “Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional” ejercía de magistrado en la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que casualmente presidida por Concepción Espejel. Su presencia en este listado tiene que ver con un hecho sobrevenido : el 1 de junio del 2014 fue detenido por conducir ebrio lo que provocó su dimisión como magistrado del Tribunal Constitucional puesto para el que había sido nombrado a propuesta del Gobierno de Rajoy un año antes y con previsión de ocupar durante 9 años seguidos. Tras su forzada dimisión con condena incluida reingresó a la Audiencia Nacional. También tiene el dudoso mérito de haber sido recusado por sus propios compañeros de la Sala de lo Penal para juzgar varias PS del Caso Gürtel. Las razones son similares a las que se sirvieron para recusar a Espejel.

Finalmente, junto a estos 6 ejemplos hay que añadir un número indeterminado de magistrados, tan conservadores como el lector se quiera imaginar, que por razones de espacio los dejamos para mejor ocasión. Forman parte del mismo un buen número de miembros de Salas tanto del Supremo como de la Audiencia Nacional. Redondean su presencia al frente de numerosos Tribunales Superiores de Justicia. Por sus actos los conoceréis. Valgan dos ejemplos. 
 
El primero es Ángel Hurtado, Presidente de la Sala que en estos momentos está juzgando la PS Primera Época de Gürtel. Ha sido un fiel opositor a que testificara Rajoy y sus más estrechos colaboradores. La segunda no es magistrada ni está previsto. Responde al nombre de María A. Mosquera Loureda, ex Secretaria Judicial titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional. Desde el 15 de agosto del 2015 que fue nombrada por el Ministerio de Justicia con Catalá como titular es la Secretaria de Gobierno de la Audiencia Nacional. Se da la feliz casualidad que Mosquera es compañera de curso de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela donde también se licenció Mariano Rajoy.

Fiscales

También aquí nos vemos obligados por razones de espacio hacer una selección muy selectiva. Son muchos más de lo que parecen aunque no son todos los que al Gobierno y al PP le gustarían. Siguiendo su estructura jerárquica estos son los mas relevantes:

José Manuel Maza Martín. Nombrado Fiscal General del Estado el 26 de noviembre del 2016 por Rajoy bajo el auspicio y buenaventura de su Ministro Catalá y de Manuel Marchena. En estos casi 6 meses que dirige la Fiscalía ha cumplido con creces las expectativas creadas. Por ejemplo, ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados; ha cesado a varios Fiscales para nombrar a sustitutos de reconocida afinidad e idoneidad genovesa y le ha faltado tiempo para desautorizar a fiscales que están trabajando en casos de corrupción del PP. Quien da más por menos?. Así las cosas y al ritmo con el que toma las decisiones está en un tris de dejar a sus predecesores, Eduardo Torres Dulce y a Consuelo Madrigal, como dos fiscales antisistema. Ver para creer.

Manuel Moix Blázquez. Ha sido nombrado por el dúo Catalá & Maza, cada uno de ellos utilizando los recursos de que disponen, como nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción. Su predisposición a defender sin complejos las tesis genovesas están plenamente avaladas por su actuación a lo largo y ancho de su trayectoria profesional. Su biografía lo confirma con creces. Al igual que su padrino Maza ha sido reprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados. En más de una ocasión ha sido desautorizado por sus subordinados. Lejos de desanimarse no se da ni por aludido.

Tribunal Constitucional

Es sin duda la tercera pata en la que el gobierno de Rajoy se apoya para cerrar el circulo y perpetrar sus deseos menos confesables. Su composición no deja lugar a dudas al igual que su actual Presidente, el ultraconservador Juan José González Rivas. La mayoría genovesa es apabullantemente mayoritaria. De sus 12 componentes, 7 son marcadamente conservadores, 4 son progresistas y su Vicepresidenta, en caso de duda, gira a la derecha.

La Audiencia Nacional pide que el juez Velasco siga instruyendo un mes más las causas 'Púnica' y 'Lezo'

MADRID.-La sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado hoy proponer al Consejo General del Poder Judicial que valore si el juez Eloy Velasco puede seguir a cargo del juzgado central de instrucción nº 6, encargado de casos de corrupción como Púnica y Lezo, hasta que se nombre a su sustituto. 

La sala, compuesta por siete jueces del tribunal incluyendo a su presidente, José Ramón Navarro, se ha reunido esta mañana para tratar, entre otros temas, el relevo de Velasco, que ha sido nombrado miembro de la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional y ya ha dejado su puesto al frente del juzgado central de instrucción, donde llevaba desde 2008.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, los jueces han decidido aceptar la propuesta de que sean los jueces de instrucción de guardia (cada semana se encarga de la guardia uno de los seis magistrados del tribunal) los que lleven los asuntos del juzgado de Velasco hasta que se le releve.

Lo han hecho, sin embargo, "sin perjuicio" de que el CGPJ valore la posibilidad de que pueda continuar en sus funciones hasta que se cubra la plaza en su juzgado, que actualmente investiga grandes casos de corrupción política que afectan al PP.

Según las mismas fuentes, se espera que el relevo de Velasco sea rápido y puede que para finales de junio el CGPJ nombre a su sustituto.

El BOE publicó la semana pasada la convocatoria de esa plaza de forma interina hasta que el titular de la misma, Manuel García-Castellón retorne de Roma, donde ejerce de juez de enlace en Italia.

Los aspirantes al puesto que deja Eloy Velasco tienen quince días de plazo, a contar a partir del pasado día 25, para solicitar la plaza.

Entre tanto, el Tribunal Supremo tendrá que resolver los cinco recursos presentados contra la decisión del CGPJ de conceder las plazas de la Sala de Apelaciones a Velasco y López.

Los jueces de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado y Clara Vayarri han recurrido contra el resultado del concurso ante la Comisión Permanente del Consejo. Una vez la comisión haya rechazado su recurso, el asunto recaerá en el Supremo.

 El Consejo General del Poder Judicial no se niega

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargará en los próximos días a los jueces de instrucción que estén de guardia cada semana en la Audiencia Nacional que, provisionalmente, se hagan cargo por turno de las diligencias urgentes del juzgado que ha dejado vacante Eloy Velasco.
Se trata de una medida temporal -propuesta por la propia Audiencia- que se extenderá hasta que en el próximo mes de junio se resuelva el concurso para nombrar sustituto a Velasco, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional y del propio CGPJ.
Eloy Velasco debe abandonar ese juzgado para incorporarse a la Sala de Apelaciones de la Audiencia de modo inmediato.
En el juzgado nº 6 de la Audiencia reside la investigación de casos como Lezo y Púnica, aunque ha dejado aplazadas las nuevas diligencias necesarias para que quien venga a ocupar su puesto tenga tiempo de aterrizar. Aún así, en muchos de sus otros asuntos es necesario acordar actuaciones.
La sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha propuesto al CGPJ que, junto a su propuesta principal, valore otra posibilidad: que Velasco pueda seguir a cargo del juzgado central de instrucción 6 hasta que se nombre a su sustituto. Fuentes del CGPJ han informado que esta posibilidad es muy improbable.

Buques fabricados por 'Navantia' para la Armada australiana han sufrido ya averías en sus propulsores


MADRID.- La industria militar española, y en especial la construcción naval, ha conseguido en los últimos años importantes contratos en todo el mundo. La empresa Navantia, tras convertirse en la primera del mundo en construir un portaaviones para una armada ajena con el HTMS Chakri Naruebet tailandés, ha vendido flotas enteras de buques de guerra a países como Noruega, Turquía o Australia incluyendo fragatas (basadas en las F-100 de la Armada española), buques logísticos y buques de desembarco anfibio con capacidad aérea basados en el BPE Juan Carlos I español. 

Sin embargo, unas averías en dos ejemplares de la clase Canberra australiana han levantado una fuerte polémica en ese país, cuyos medios acusan al fabricante español de tener toda la culpa. Se trata de una seria amenazan al buen nombre de las exportaciones navales españolas en la víspera de un gran concurso para nueve fragatas más, revela hoy http://www.elconfidencial.com.

Los dos buques de la clase Canberra fueron contratados a Navantia por el Ministerio de Defensa australiano en 2007, ganando a potentes ofertas como la francesa de un derivado de su clase Mistral. Los dos barcos costaron en total 3.000 millones de dólares, de los cuales unos 1.400 millones de euros acabaron en la industria española, que se encargó de construir los cascos en los astilleros de El Ferrol. Una vez botados, los cascos fueron trasladados a Melbourne, donde empresas australianas finalizaron la construcción.
El primer barco, HMAS Canberra, entró en servicio a finales de 2014 y el segundo, HMAS Adelaida, en diciembre de 2015. Los contratos incluían otros productos como 12 lanchas de desembarco y se unieron a otras ventas como los tres destructores antiaéreos de la clase Hobart (basados en las fragatas F-100) y los dos buques logísticos basados en la clase Cantabria.
Esta misma semana se ha entregado oficialmente el HMAS Hobart a la Armada australiana tras finalizar sus pruebas de mar. Navantia ha vendido también el diseño del buque de asalto anfibio turco TCG Anadolu que se construye en los astilleros Sedef. El astillero español además está entre los tres preseleccionados para el contrato SEA 5000 en Australia por nueve fragatas antisubmarinas por valor total de más de 30.000 millones de dólares, con un diseño basado en las futuras F-110 para la Armada española. Compite con un astillero italiano y otro británico.

Sistemas de propulsión averiados

Por eso ha levantado tanto revuelo la reciente inmovilización de los dos buques de la clase Canberra a causa de averías de sus sistemas de propulsión. A mediados de mayo ambos barcos tuvieron que suspender sus ejercicios y maniobras para revisar sus plantas propulsoras ante la aparición de problemas.
El HMAS Adelaide fue colocado en dique seco para revisar sus instalaciones ante la aparición de fragmentos metálicos en muestras de lubricante tomadas de sus ‘pods’ propulsores. Y en el HMAS Canberra se han producido migración de lubricantes (que tienen diferentes densidades en distintas zonas de los motores) por problemas de los sellos, aunque este barco ya ha sido reparado y ha vuelto a incorporarse a la flota.
El sistema de propulsión de los Canberra, como el del Juan Carlos I español, se basa en dos ‘pods’ externos que actúan como impulsores y como timones, ya que pueden girar 360 grados. Los motores son eléctricos fabricados por Siemens, tienen 15.000 cv cada uno y mueven dos hélices de 4,5 m de diámetro por pod. Para mejorar la maniobrabilidad hay dos propulsores laterales a proa, también eléctricos, de 2.000 cv.
La electricidad es generada a bordo por una planta mixta CODAG que consta de dos grandes motores diésel Navantia MAN de casi 10.000 cv (para la potencia de crucero) y una turbina de gas General Electric LM2500 capaz de producir 25.690 cv (para potencia máxima). Los barcos incorporan asimismo un generador diésel de emergencia Progener-Mitsubishi de 2.000 cv. En conjunto, los Canberra pueden alcanzar los 20,5 nudos y son considerados muy maniobrables.
La aparición de problemas en los ‘pods’, fabricados por Siemens, ha causado consternación en la armada australiana y cierta controversia en la prensa local. En unas primeras informaciones se culpó a un deficiente mantenimiento de los barcos de las averías, lo que fue tajantemente desmentido por la Marina. También se ha especulado con la posibilidad de que los barcos llevasen demasiado tiempo en el mar como causa de los problemas.
La industria militar española, y en especial la construcción naval, ha conseguido en los últimos años importantes contratos en todo el mundo. La empresa Navantia, tras convertirse en la primera del mundo en construir un portaaviones para una armada ajena con el HTMS Chakri Naruebet tailandés, ha vendido flotas enteras de buques de guerra a países como Noruega, Turquía o Australia incluyendo fragatas (basadas en las F-100 de la Armada española), buques logísticos y buques de desembarco anfibio con capacidad aérea basados en el BPE Juan Carlos I español. 
Sin embargo, unas averías en dos ejemplares de la clase Canberra australiana han levantado una fuerte polémica en ese país, cuyos medios acusan al fabricante español de tener toda la culpa. Se trata de una seria amenazan al buen nombre de las exportaciones navales españolas en la víspera de un gran concurso para nueve fragatas más.
Por eso ha levantado tanto revuelo la reciente inmovilización de los dos buques de la clase Canberra a causa de averías de sus sistemas de propulsión. A mediados de mayo ambos barcos tuvieron que suspender sus ejercicios y maniobras para revisar sus plantas propulsoras ante la aparición de problemas.
El HMAS Adelaide fue colocado en dique seco para revisar sus instalaciones ante la aparición de fragmentos metálicos en muestras de lubricante tomadas de sus ‘pods’ propulsores. Y en el HMAS Canberra se han producido migración de lubricantes (que tienen diferentes densidades en distintas zonas de los motores) por problemas de los sellos, aunque este barco ya ha sido reparado y ha vuelto a incorporarse a la flota.
Posteriormente, el contraalmirante Adam Grunsell, que se encarga de los sistemas navales en el Grupo de Adquisición y Apoyo de Capacidades del Ministerio de Defensa, declaró que "bien podría ser un fallo de diseño", y otras noticias recordaron que el BPE Juan Carlos I español tuvo también problemas.
 De momento el MAS Adelaida va a perderse unas importantes maniobras con la flota estadounidense y técnicos de Navantia y Siemens trabajan para localizar y resolver el problema.
Fuentes consultadas del astillero español han asegurado a Teknautas que “Navantia está trabajando con la Marina y el Ministerio de Defensa australianos y todos estamos convencidos que se podrá resolver en breve y los barcos seguirán realizando con éxito sus misiones”. La Armada australiana, por su parte, cree que es pronto para asignar responsabilidades.
Lo cierto es que los problemas que tuvo el Juan Carlos I nada tuvieron que ver con los de los buques australianos y fueron relativamente menores, nada fuera de lo habitual en un buque primero de su clase. Uno de los motores diésel tuvo que ser reemplazado a causa de un problema de fábrica y en las pruebas de mar se detectó cavitación en las hélices proeles de los ‘pods’, un defecto que provoca ruidos, erosión y pérdida de eficiencia y que se resolvió cambiándolas. La turbina de gas General Electric también necesitó ajustes en 2013. Desde entonces los buques tanto español como australianos han dado excelente rendimiento a sus respectivas marinas; los problemas actuales son considerados menores y sencillos de reparar.
Respecto al escándalo generado no se puede olvidar el resquemor que los éxitos de la empresa española Navantia en sucesivos concursos ha causado en las empresas, la industria y la prensa australianas. Como tampoco es inocente la proximidad del mayor concurso de suministro de buques de superficie en aquel país, el SEA 5000 con sus 9 barcos por un valor superior a los 30.000 millones de euros, lo que supone negocio y carga de trabajo a lo largo de décadas.
No sería extraño que grupos de presión interesados hayan intentado compensar las excelentes relaciones y el historial de cooperación con la Marina australiana que coloca en buena posición a la oferta española respecto a sus competidores. Cosas peores se han visto en concursos internacionales de este tipo.

Qatar exige a 'El Corte Inglés' que inicie el estudio de su proceso de salida a bolsa


MADRID.- El consejo de administración de El Corte Inglés está empezando a notar la presión de tener por primera vez en su historia a un accionista ajeno a la familia. Shahzad Shahbaz, el representante del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, ha pedido una nueva hoja de ruta que permita cumplir con el plan estratégico que se lanzó cuando el inversor catarí adquirió el 10% de la compañía, informa hoy http://www.elconfidencial.com.

Una petición que tendría como objetivo final profesionalizar la compañía y comenzar a preparar la salida a bolsa a partir del próximo año. El contrato que dio entrada a Al Thani en el capital de El Corte Inglés establecía en una de sus cláusulas que dicho accionista podía solicitar en cualquier momento que se pusiera en marcha el estudio de una OPV del grupo, fijándose un periodo de año y medio para la realización del informe.
La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha
Según las fuentes, el jeque ya se habría dirigido al consejo con el objeto de activar dicha cláusula. El propio presidente y consejero delegado de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, dejó caer en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía de Sitges que no descartaba sacar a bolsa la compañía en un futuro, aunque matizó que no era una opción que estuviera sobre la mesa. La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha.
Igualmente, Shahzad Shahbaz ha requerido a Cristina y a Marta Álvarez Guil, las dos herederas de Isidoro Álvarez, así como a Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría, en representación de la Fundación Ramón Areces, que aceleren la transformación del 'holding' debido a que, a pesar de la notable mejora del negocio en los últimos ejercicios, las cifras de crecimiento están lejos de lo que se estimó cuando en julio de 2015 entró en el capital.
Las mismas fuentes añaden que, a falta del cierre del ejercicio en curso —la compañía ya conoce los datos del año 2016-2017 acabado el 28 de febrero—, los objetivos se van a quedar cortos en cuanto a lo esperado por el catarí. Especialmente, en lo relativo al beneficio de explotación o ebitda, que se había calculado en 1.300 millones de euros para la temporada 2017-2018.
Este incumplimiento tendrá un impacto directo en el capital del grupo, ya que precisamente el jeque tendrá derecho a recibir una compensación en acciones por no alcanzar las cifras pactadas. Actualmente, Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani es dueño de un 10% desde una sociedad luxemburguesa, pero recibirá en julio del próximo año otro 2,5% porque los 1.000 millones de euros que invirtió por esa participación fueron en forma de un préstamo con un cupón anual del 5,25%.
Otras fuentes próximas al consejo de administración aseguran que el incumplimiento del contrato le dará otro 0,5%, por lo que en julio de 2018 tendrá como mínimo un 13% del capital. A ese porcentaje hay que añadir una penalización de un 1% adicional si, cuando se decida a salir a bolsa, la valoración de El Corte Inglés se queda por debajo de una tasación preliminar ya acordada. Se da por hecho así que llegará a cerca del 14%.
La decisión estratégica principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables
La principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables. En concreto, de hasta 21 de sus 100 puntos de venta de grandes dimensiones que internamente se definen como improductivos. Gimeno ha chocado varias veces con la oposición de Lasaga y Martínez Echevarría, que se oponen a bajar la persiana de algunos de los grandes almacenes que abrieron entre 2000 y 2010 bajo su mandato y el de Isidoro Álvarez, en plena crisis económica. En este listado están los de Leganés (Arroyosur), Jaén, Oviedo, Elche, Guadalajara, Talavera, Albacete o Eibar.
En el seno de El Corte Inglés preocupan y mucho las noticias de los cierres masivos que se están produciendo en Estados Unidos por el impacto del comercio 'online'. En lo que va de año, se han clausurado 3.600 establecimientos, y la previsión para el conjunto del ejercicio es de 10.000, según la consultora especializada en el sector F&D Reports
Por su parte, Moody's ha advertido de que un 13,5% de las compañías 'retailers' que cubren sus analistas de crédito está en grave riesgo de quiebra. La situación por la que atraviesa Sears, el gran 'holding' de la distribución estadounidense, ha alarmado al jeque catarí y a Gimeno, que ven con inquietud cómo sus acciones se han desplomado un 56% en nueve meses tras advertir de que duda sobre su capacidad para seguir con sus puertas abiertas el próximo año.
De momento, tras constituir un comité de dirección y otro de auditoría, el jeque ha pedido la creación de una comisión de nombramientos y retribuciones. El objetivo principal es separar la propiedad de la gestión a la hora de designar a la cúpula directiva o los próximos consejeros. Una decisión que se interpreta como un paso de cara a la futura salida a bolsa.