lunes, 6 de febrero de 2012

Bernal prepara un recorte "significativo", que "quizá" ronde los 500 millones menos en los Presupuestos


MURCIA.- El consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha anunciado que el déficit de la Comunidad Autónoma para 2011 podría situarse en mil millones de euros y, para corregirlo, su departamento está preparando un recorte "significativo" en los Presupuestos de la Comunidad de 2012 que "quizá ronde" los 500 millones de euros.

   El nuevo consejero ha hecho estas declaraciones en un contacto con los medios de comunicación, poco después de presidir la toma de posesión de los altos cargos de su departamento, en concreto, del secretario general de la consejería, Miguel Ángel Blanes; del director general de Presupuestos y Fondos Europeos, Andrés Carrillo; del director general de Tributos, Isaac Sanz; y de la directora del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, Pilar Valero.
   Bernal ha alabado a los nuevos miembros de su equipo, que son de su "confianza y sintonía", pero les ha advertido que su experiencia va a ser "imprescindible" en un futuro inmediato y van a necesitar "mucho acierto y mucha suerte" para los retos de "excepcional importancia" que tienen por delante.
   Entre estos retos, Bernal ha señalado que se sitúa cerrar los presupuestos de 2011, conseguir hacer un Plan de Reequilibrio al que la Comunidad va a estar "obligada", así como hacer un reajuste presupuestario que considera "inevitable", hacer que la tesorería regional "funcione mucho mejor", y mejorar la imagen de la comunidad ante las instancias financieras.
   Asimismo, entre las labores pendientes de sus nuevos altos cargos se encuentran "que los tributos de la Comunidad puedan tener mayor fluidez y lleguen con más agilidad porque estamos necesitados de esos ingresos, así como gestionar un presupuesto difícil, reconducir nuestro déficit presupuestario hacia una situación de más normalidad con todo el esfuerzo que eso supone".
   El consejero ha señalado como un objetivo prioritario reducir el déficit presupuestario que la Comunidad arrastra desde hace unos años y, para ello, ha anunciado que su departamento va a elaborar en febrero un Plan de Reequilibrio, tal y como pide el Ministerio de Economía.
   Bernal ha recordado que el propio Ministerio de Economía emitió unas estimaciones provisionales que reflejaban que el déficit de la Región de Murcia se situaba "incluso por encima del cuatro por ciento".
   De todas formas, ha puntualizado que se trata de una estimación "provisional", y ha insistido en que toda Administración pública, cuando cierra sus números, "necesita un tiempo de ajustes y de comprobaciones", pero ha señalado que "hay que ponerse a trabajar ene se escenario".
   De momento, ha recordado que se ha producido un menor crecimiento económico, y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no se han dado a conocer todavía. Por ello, ha avanzado que la Comunidad realizará el ajuste "cuando se conozcan las nuevas previsiones económicas, los PGE y los ingresos procedentes de la financiación autonómica para acomodarnos a los nuevos tiempos".
   Bernal ha indicado que es pronto para cuantificar este ajuste, porque la Comunidad no ha cerrado todavía el Presupuesto de 2011 sobre el que tiene previsto hacer los cálculos, pero ha señalado que las cifras del cuarto trimestre de 2011 hacen prever que se va a tener que practicar ese plan de reequilibrio y un ajuste "significativo".
   Al ser preguntado por la posibilidad de que ese recorte se eleve a los mil millones de euros, que supone el 25 por ciento del presupuesto, Bernal no ha querido hacer una estimación porque el cierre de los presupuestos "siempre tiene muchas derivadas".
   De todas formas, ha recordado que una estimación realizada a primeros de enero cifra el déficit de la Comunidad en 900 millones de euros, aunque más tarde se elevó mil millones, por lo que el montante final del déficit "quizá ronde esa cifra", pero ha insistido en que "es necesario esperar al cierre de los Presupuestos de 2011 para conocer la cifra definitiva".
   "Siempre hay margen" para el recorte, ha señalado Bernal, quien ha manifestado que "no se trata de un problema de Murcia, sino de todas las comunidades autónomas, que tienen que adaptarse al escenario de ingresos que tenemos: estamos en crisis, los ingresos están cayendo de una forma alarmante y debemos de ser conscientes de que nuestra estructura de gastos tiene que amoldarse".
    Se trata de un problema que, según Bernal, "tenemos que mirar de frente" y no se puede actuar "como si no pasara nada".
"La sociedad murciana espera de nosotros que nos enfrentemos a un reajuste presupuestario donde los ingresos están cayendo y tenemos que ser capaces de modificar esa estructura".
   Sobre las estructuras en las que practicar este recorte, Bernal ha considerado que se trata de un debate "muy político que puede que trascienda incluso al propio Ejecutivo regional". De hecho, ha manifestado que en el ámbito del Gobierno de la nación "pueden hablar de muchos conceptos en materia sanitaria y educativa, entre otras cosas", y ha avanzado que, para practicar este recorte, "habrá que dialogar con la oposición y con toda la sociedad".
   Bernal también ha valorado el anuncio del Gobierno central, que ha acordado dotar con 10.000 millones de euros a la línea del ICO que permitirá a las comunidades autónomas afrontar los pagos pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda. La dotación de la línea se podrá ampliar a 15.000 millones, previo acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
   Al ser preguntado por cómo va a gestionar la Comunidad Autónoma la línea del ICO, Bernal ha pedido que se ponga en marcha "cuanto antes", porque va a permitir pagar a proveedores y eso es algo que le "interesa mucho" a la Región.
   Por tanto, ha anunciado que la Comunidad va a preparar la documentación para solicitar cuanto antes el importe de los prestamos que le correspondan a Murcia, y el objetivo es "aliviar cuanto antes las cantidades pendientes de pago con los proveedores".
   El consejero ha recordado que el reparto de las cantidades a pedir al ICO está pendiente a nivel nacional, pero ha advertido que, si la dotación total se eleva a 15.000 millones, la cantidad "adecuada" para la Región "debería de estar sobre los 300 millones". de todas formas, ha precisado que se trata de un cálculo "estimativo" que todavía no ha hecho el Ministerio de Hacienda.
   Al ser preguntado por el ahorro que la Comunidad espera lograr en personal con la aplicación de las 37,5 horas de trabajo semanal para los funcionarios, Bernal ha indicado que "no es una cuestión de cantidad de ahorro exactamente".
   Así, ha puntualizado que la Ley de Presupuestos "ya se realizó y se configuró con un gasto de personal que estaba basado en una determinada jornada de trabajo, que es la que, de implantarse, determina unas necesidades de personal".
   "Lógicamente, entendemos que esta cantidad adicional de trabajo que harían los empleados públicos, permitiría que los nuevos servicios se puedan implantar con el personal que ya tenemos y, por tanto, no tener que recurrir a nuevos trabajadores interinos", ha matizado.
   Bernal ha admitido que no ha hecho una cuantificación del ahorro en personal, porque el traslado de esa medida "se hará en las mesas sectoriales de Educación y Sanidad, entre otras".
   En cualquier caso, ha reseñado que la nueva jornada de trabajo propuesta por la Comunidad, con la que quiere convencer a los sindicatos y empleados públicos "pretende que, efectivamente, nos permita recurrir en menor medida a personal eventual e interino" en los nuevos servicios.

El PP pierde dos puntos de apoyo en apenas unas semanas

MADRID.- El Partido Popular ha sufrido un desgaste en tan solo unas pocas semanas en el Gobierno de España y si se celebrasen elecciones generales en este momento recibiría el 42,7% de los votos, según una encuesta de estimación de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada el lunes.

En las elecciones del 20-N, el PP obtuvo una importante victoria con el 44,6% de los votos, alzándose con una amplia mayoría absoluta que ha empezado a utilizar para poner en marcha medidas de ajuste con las que combatir la crisis económica, financiera y social que vive España, lo que está causando malestar en la sociedad.
No obstante, el PSOE también pierde apoyo popular, con un 28% de estimación de voto, frente al 28,7% que logró en noviembre tras sufrir la peor derrota electoral de su historia.
La encuesta realizada a domicilio a casi 2.500 personas se llevó a cabo entre el 4 y 15 de enero. El nuevo Gobierno conservador celebró su primer Consejo de Ministros el 23 de diciembre.
En la valoración de los líderes políticos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saca una nota del 4,5, por delante del nuevo líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, cuya nota es de 4,2. Rubalcaba, al que Rajoy ya derrotó en noviembre, destacó el prematuro revés en el respaldo a los 'populares'.
"Es la primera vez en la historia de nuestra democracia, estoy casi seguro, que un gobierno que acaba de ganar unas elecciones pierde apoyo en vez de subir", afirmo en una rueda de prensa en Madrid.
La política más valorada, aunque tampoco aprueba, vuelve a ser la líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, con un 4,7.
La situación económica general de España es considerada muy mala y mala para el 86% de los preguntados, y más de la mitad (56,4%) cree que el próximo año será peor.
De forma apabullante, el paro despunta como el primer problema que tiene España con el 83,3% de las repuestas, seguido por los problemas de índole económica, mencionados por el 53,7%, y ya lejos, el tercer lugar lo ocupan la clase política y los partidos, con un 17,8 por ciento.
Estas respuestas claramente negativas con el entorno económico chocan curiosamente con las contestaciones sobre la situación personal de los encuestados.
Casi la mitad (48,8%) dice que su situación económica es regular y casi tres de cada diez (29,4) que es buena. Sólo dos de cada diez califica su situación de mala (15,4) o muy mala (4,9), algo que llama la atención en un país con más de cinco millones de parados, un gran nivel de endeudamiento tanto público como familiar e importantes recortes en las prestaciones sociales.
Sobre la composición del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, la impresión es buena para un 40 por ciento y mala para un 33 por ciento. Una mayoría del 50,6 piensa que se caracteriza por su "iniciativa y decisión para afrontar los problemas del país".
El 43,3% piensa que con este gobierno las cosas van a ir mejor o mucho mejor que con el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, frente a un 20% que cree que irá algo peor o mucho peor.
La confianza que inspira el presidente Rajoy es ninguna o poca para casi 6 de cada 10 preguntados.
Entre sus ministros, el mejor valorado es el titular de Justicia y antiguo alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, con una nota de 5,4, seguido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con un 5,08. El tercer aprobado en el Gabinete es la ministra de Fomento, Ana Pastor, con un 5,05.

Retegui critica que "lo único que ofrece PP y Bernal es una nueva vuelta de tuerca en los ajustes a los ciudadanos"

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha asegurado este lunes que el "camino para que la Región salga de la crisis no pasa por los recortes, sino por una estrategia de crecimiento, y lo único que nos ofrecen el PP y el consejero de Economía, Juan Bernal, es una nueva vuelta de tuerca en los ajustes a los ciudadanos". 

   García Retegui, tras conocer el anuncio del consejero Juan Bernal, ha indicado que eso nos ha ocurrido "porque no ha habido políticas contra el despilfarro y el derroche, ni una estrategia para el crecimiento de la economía".
"La ausencia de esas políticas ha sido lo que ha provocado una bola que ha ido engordando hasta hacerse insostenible", ha subrayado.
   Para la portavoz socialista, el escenario de la Región "es muy complicado, ya que ha desaparecido el 20 por ciento del tejido productivo regional, hay un 36 por ciento de los ciudadanos al borde de la exclusión social y el paro alcanza la cifra de casi 200.000 ciudadanos".
   "En esta situación, un hachazo a los Presupuestos regionales como el anunciado por Bernal, con el objetivo único de controlar el déficit no es la solución ni ayudará; sólo acarreará más cierre de empresas, más paro, más recortes en derechos y en servicios públicos fundamentales", ha advertido.
   Tras lo que ha añadido que "el inicio de la solución regional a la crisis y a la mala gestión de Valcárcel tiene que estar basado en la recuperación de parte del tejido productivo y en la generación de empleo, como única fórmula".
   Por último, ha recordado que hasta ahora "no se ha hecho lo que se debía, ni se ha luchado contra despilfarro ni se ha apostado por una estrategia de crecimiento, que es la única salida que debería tener Bernal, en lugar de ofuscarse en dar una nueva vuelta de tuerca a los ciudadanos".
"Desde el PSOE consideramos que la propuesta de Bernal es cerrar lo poco que nos queda de aire en las vías respiratorias", ha concluido.

 "Incapacidad e imprevisión", según IU

El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este lunes que el ajuste que prepara el Gobierno autonómico para corregir el déficit denota su "incapacidad e imprevisión" para gestionar la economía murciana.
   Pujante ha contestado de esta forma al consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien ha anunciado que el déficit de la Comunidad Autónoma para 2011 podría situarse en mil millones de euros y, para corregirlo, su departamento está preparando un recorte "significativo" en los Presupuestos de la Comunidad de 2012 que "quizá ronde" los 500 millones de euros.
   Pujante ha asegurado que los recortes que afectan a los servicios públicos esenciales como son la Sanidad, la Educación y las Políticas Sociales, conllevan un incremento de las desigualdades sociales y una "agudización de la crisis", según informaron fuentes de IU en un comunicado.
   "No basta con la obsesión por el recorte; es necesario poner en marcha políticas que propicien más ingresos por parte de quienes más ganan y tienen", ha aseverado.
   Ha mostrado su disposición a dialogar con el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, "siempre que se busque un acuerdo equitativo que contemple un reparto solidario de las cargas", junto a una reforma fiscal progresiva.


El caudal del río Segura ha descendido en los últimos 60 años

MADRID.- El caudal de los ríos españoles ha descendido en los últimos 60 años, especialmente en las cuencas del Guadiana y el Segura, que han disminuido más de un 3% anual respecto al caudal medio entre 1945 y 2005, según un estudio de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

   Así, el estudio advierte de que esta tendencia negativa podría acelerarse durante el siglo XXI, tras analizar las tendencias en los caudales de 187 cuencas fluviales de la Península Ibérica entre 1945 y 2005.
   Los resultados de la investigación indican un descenso generalizado de los caudales anuales, de invierno y primavera en la mayor parte de las cuencas ibéricas.
   Además, el estudio, que ha sido publicado en la revista Journal Of Hydrology apunta que el cambio climático es una de las posibles causas de este descenso.
   En este sentido, el investigador del CSIC del Instituto Pirenaico de Ecología Sergio Vicente explica que el descenso generalizado de los caudales podría asociarse a la disminución de las lluvias y al aumento térmico observados en las últimas décadas, ya que la tendencia negativa se ha observado tanto en los tramos de ríos regulados como en los no regulados.
   "Es más, el proceso podría acelerarse durante el siglo XXI de acuerdo a las proyecciones climáticas de los actuales modelos de cambio climático para la Península Ibérica", ha apostillado.
   Asimismo, habría más causas que el cambio climático en este fenómeno, como los cambios en los usos y cubiertas del suelo, que también juegan un "papel importante en la disminución del caudal de las cuencas ibéricas".
   En este contexto, ha añadido que la investigación destaca el abandono generalizado de campos de cultivo y de pastos en las zonas de montaña en la segunda mitad del siglo XX, y la colonización de estas áreas por parte de bosques y matorrales, que hacen que aumente la infiltración, la intercepción y la evapotranspiración directa por parte de la vegetación, lo que disminuye la generación de escorrentía y las aportaciones a los ríos.
   La investigación expone también que la expansión de las superficies irrigadas, que implican un mayor consumo de agua en zonas donde la evaporación directa y la transpiración de los cultivos son altas, el aumento de la demanda de agua para el abastecimiento de poblaciones, el mayor gasto de agua por habitante y el incremento del consumo hídrico por parte de las actividades industriales y turísticas son otras de las posibles causas que a las que apunta el estudio.
   Por eso, las cuencas más afectadas son las de Segura y Guadiana, ya que los efectos negativos no afectan a todos los ríos ibéricos del mismo modo.
   Concretamente, en la cuenca del Segura y en un tramo de la del Guadiana el descenso anual del caudal ha sido superior al 3 por ciento anual respecto a la media de la segunda mitad del siglo XX. Por su parte, en el resto del Guadiana, el Júcar y la primera mitad del Tajo, el descenso anual se ha situado entre el 1 por ciento y el 3 por ciento anual respecto a la media.
   Por estaciones, durante la primavera, cerca de la mitad de la cuenca del Guadalquivir y más de un cuarto de la del Guadiana han bajado su caudal en más de un 3 por ciento anual respecto al valor medio; mientras que en otoño y en invierno zonas de Galicia, Norte de Castilla y León, baja cuenca del Tajo, este de Andalucía y nordeste de Madrid aumentaron la cantidad de agua de sus ríos entre un 1 por ciento y un 3 por ciento, respecto a la media hídrica durante dichas estaciones.
   Mientras, en invierno baja el caudal de los ríos porque los embalses almacenan agua para satisfacer las demandas estivales, lo que genera grandes diferencias estacionales.
   El investigador añade que las zonas donde el caudal ha aumentado están influidas principalmente por dos factores: un cambio en el régimen de precipitaciones, traducido en un cierto aumento de las lluvias en Otoño, y cambios en el régimen fluvial como consecuencia de la regulación de las cuencas mediante embalses.
   Finalmente, destaca que desde 1945 se han producido "importantes cambios" en los regímenes fluviales. "Se ha comprobado que la regulación hídrica, mediante presas y embalses, no afecta al signo de las tendencias encontradas, pues éstas son negativas de forma generalizada, pero sí a la magnitud de los cambios, dado que son las cuencas más reguladas las que presentan los descensos más marcados", subraya Vicente.

No se descartan nuevas fusiones en BMN

GRANADA.- El presidente de CajaGranada y vicepresidente segundo del Banco Mare Nostrum, Antonio Jara, ve "positivas" las medidas adoptadas por el Gobierno para el "saneamiento y reordenación definitiva" del sector financiero y asegura que el grupo BMN no está cerrado a una segunda fusión siempre y cuando esté basada en criterios empresariales aunque por ahora no hay "ningún compromiso adquirido".

   A preguntas de los periodistas, Jara ha dicho que las últimas medidas financieras aprobadas desde el Ejecutivo van en "buena dirección", ya que a su juicio pueden contribuir a mejorar la confianza en el sistema financiero español e, indirectamente, pueden favorecer que tenga "más capacidad para satisfacer mejor las demandas de la economía".
   "Esto no quiere decir que las medidas sean fáciles, son duras y exigentes", ha matizado Jara, quien ha augurado que su entrada en vigor va a "exigir a las entidades financieras un esfuerzo" que, a su juicio, el sector lleva haciendo desde hace un tiempo.
   "Llevamos dos años de esfuerzo tenaz y en lo que se refiere a BMN estamos trabajando en esta dirección, haciendo ajustes y aprovechando sinergias", ha defendido Jara, que se ha mostrado positivo respecto a la posición del grupo y las "buenas condiciones" en las que se encuentra para satisfacer los requerimientos del Gobierno en el plazo previsto.
   Preguntado por las expectativas del grupo BMN respecto a una nueva ronda de fusiones y tras matizar que será el grupo quien decida estas cuestiones, Jara ha señalado que "no estamos cerrados a nada" aunque ha opinado que este tipo de operaciones tienen que estar basadas en criterios económicos y empresariales frente a otros como la territorialidad o la proyección personal.
   "Una operación que no aporte valor a la entidad resultante no merece la pena", ha sentenciado el presidente de la entidad granadina, que ha asegurado que por el momento no "hay ningún compromiso adquirido".
   En este contexto, ha garantizado que  CajaGranada mantendrá su marca, su vinculación territorial y su Obra Social, aunque ha reconocido que para esto último habrá que seguir un sistema de prioridades, "dedicando la atención debida a lo importante, como las ayudas a las ONG" en detrimento de otras iniciativas menos necesarias en estos momentos de crisis.

Artur Mas carga contra las comunidades autónomas subsidiadas que "se atreven" a subir presupuestos

SAN CUGAT DEL VALLÉS.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha cargado este lunes contra aquellas comunidades autónomas que, pese a no ser las más productivas sino a menudo las más subsidiadas, en plena crisis "se atreven" a subir sus presupuestos.

   En una conferencia en el Fòrum Empresarial Santcugatribuna.cat, ha confrontado esta situación con los ajustes que está llevando a cabo al frente del Gobierno catalán, y aunque no se ha atrevido a concretar a qué comunidades se refería, Andalucía, que celebrará elecciones el 25 de marzo, es uno de los territorios que ha aumentado sus presupuestos para este 2012.
   Tras advertir de que la austeridad catalana continuará, Mas ha llamado a abrir una reflexión al respecto porque no entiende como Cataluña es la única que, por ejemplo, ha planteado un ajuste de salarios de los funcionarios públicos.
   Mas ha constatado que Cataluña sufre un déficit fiscal de 15 millones de euros, y ha asegurado que, teniendo en cuenta que nadie más sigue esta premisa, podría hasta plantearse no hacerlo, aunque considera que es necesario en la carrera de reducir el déficit.
   "Cataluña actúa al frente de todo el Estado, y seguirá siendo así en parte", ha remarcado Mas, quien ha sostenido que el proceso de reconducción del déficit público es duro, y más en un contexto de casi no crecimiento o decrecimiento económico, como se prevé para este año.

El abogado José Luis Mazón pide hasta cinco años de cárcel para el juez Garzón

MADRID.- La acusación popular en la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por su gestión de unos cursos organizados en la Universidad de Nueva York solicita penas de hasta cinco años de prisión e inhabilitación de hasta 30 años para el juez por considerar delictiva su actuación respecto de cinco grandes empresas españolas (Santander, Endesa, Telefónica, BBVA y Cepsa) a las que éste se habría dirigido para obtener el patrocinio de dichas conferencias, celebradas entre 2005 y 2006, cuando disfrutaba de un permiso de estudios.

   Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación popular --la Fiscalía no acusa en este procedimiento--, han presentado este lunes su escrito de calificación provisional de los hechos a petición del instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, quien les había dado plazo para realizar este trámite tras terminar su investigación y concluir que la conducta del juez suspendido de la Audiencia Nacional podría incardinarse en un delito de cohecho impropio.
   En su escrito, la acusación incluye hasta cuatro calificaciones diferentes. En primer lugar, y en consonancia con lo señalado por Marchena, esta parte solicita para Garzón una pena de multa de 27.000 euros (30 meses de multa a 900 euros el mes) por un delito de cohecho impropio aunque en régimen continuado, al considerar que la conducta del juez supuso en realidad 7 delitos diferentes de cohecho.
   Añade además esta parte en su escrito otras tres "calificaciones alternativas". Según la primera, piden para Garzón 5 años de prisión, inhabilitación para cargo público por diez años y multa del montante total de la dávida por un delito continuado de cohecho propio del artículo 419 del Código Penal (siete cohechos en relación con los patrocinios del Banco Santander); más inhabilitación por cinco años y multa por otro delito continuado de cohecho propio del artículo 421 del Código Penal (en relación con los regalos de Telefónica, BBVA, CEPSA y Endesa).
   A ello suman un petición de condena de prevaricación por asumir una querella presentada en su día contra Emilio Botín "estando incurso en causa de abstención por amistad e interés con los querellados". Este último delito conlleva una pena de 15 años de inhabilitación.
   Una segunda alternativa sería la condena de Garzón por un delito continuado de extorsión, por lo que esta parte pide hasta 4 años de cárcel. Según Mazón y Panea, Garzón habría incurrido en "ascendencia intimidatoria" por estar investigando las cuentas ocultas de la familia Pinochet en el Santander y utilizar esta circunstancia cuando se dirigió a esta entidad para solicitar dinero para sus cursos en Nueva York.
   En el caso del BBVA, dicha extorsión, según esta parte, estaría relacionada con el proceso abierto a la cúpula del BBVA que dio lugar a los cambios en la dirección del banco; mientras que podría haber tratado de intimidar a los directivos de Telefónica con su petición de dinero por haber tramitado anteriormente el "caso Endemol" y el "caso Sintel".
   Finalmente, la presión a Endesa, según esta parte, se sustentaría por el reclamo a esta compañía del pago pendiente que quedaba por realizar para los cursos (la eléctrica habría solicitado entregar el patrocinio  por partes) utilizando para ello un sobre oficial del juzgado, "capaz de intimidar a cualquiera".
   La última alternativa que los abogados querellantes incluyen en su escrito es la de condena al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco por un delito de asociación ilícita, por considerar que entre Garzón y los responsables de la Universidad de Nuevay York se habría organizado una estructura de recaudación ilícita de fondos de empresas españolas "a cargo del juez que podría meter en la cárcel, llegado el caso, a los directivos de todas ellas si alguna denuncia o querella caía en su juzgado".
   Por este delito piden  2 años de prisión, multa de doce meses a 900 euros el mes e inhabilitación absoluta por doce años.
   Mazón y Panea no solicitan indemnización ni pago de costas, por considerar que han actuado "en defensa del derecho y la justicia". Lo que si piden es que se anule el archivo dictado en su día por Garzón en el "caso de las cesiones de crédito" y que el asunto se reabra por otro juez imparcial.
   Además de la declaración en el juicio de todos los directivos que han ido testificando durante la instrucción de esta causa, entre los que se encuentra el presidente del Santander, Emilio Botín, esta parte aporta pruebas nuevas como la carta anónima que recibieron los querellantes en su despacho en marzo de 2010, firmada por un "jubilado" que sabía de los patrocinios denunciados.
   El pasado 27 de enero, el magistrado Marchena notificó el auto por el que daba concluida la instrucción de la causa abierta a Garzón en relación con el dinero que obtuvo de las distintas empresas que patrocinaron unos cursos que él dirigió en el centro académico norteamericano. En esta resolución, el magistrado del alto tribunal concluye que existen indicios de comisión por el juez de un delito de cohecho impropio, que conlleva una pena de multa de 3 a 6 meses.
   Así, Marchena aprecia indicios de comisión de un delito de cohecho impropio del articulo 426 del Código Penal por tres motivos: que Garzón era autoridad o funcionario público en el momento de los hechos, que las dádivas o regalos fueron entregadas a su condición de juez y que ello implico obtención de una ventaja o aprovechamiento personal o de un tercero.
   Por su parte, la defensa de Garzón en esta causa, que ejerce el abogado Enrique Molina, ha presentado también este lunes un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la citada resolución de Marchena, en el que se insiste en los argumentos sostenidos desde el principio por el acusado, en el sentido de que nunca cobró de lo aportado por las citadas empresas a los cursos del centro universitario. Igualmente, niega la existencia de cuentas ocultas en las que el juez suspendido pudiera haber ocultado los pagos.
   Además, el abogado de Garzón insiste en la necesidad de aportar a la causa diversas pruebas que han sido rechazadas varias veces por el instructor y que, a su juicio, servirían para aclarar el papel de Garzón en todo este asunto. Concluye que la causa debe ser sobreseída por no existir delito alguno.

La corrupción irrumpe como cuarto problema de España

MADRID.- La preocupación por la corrupción y el fraude ha experimentado un fuerte aumento en enero. Concretamente, ha subido más de seis puntos, doblando su cota de diciembre y se ha colocado como el cuarto problema nacional, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al pasado mes de enero, dado a conocer este lunes. 

   Esta encuesta, se basa en 2.480 entrevistas realizadas entre los días 4 y 15 de enero, un trabajo de campo que coincide en el tiempo con los ecos mediáticos de casos relevantes como el juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps por la 'causa de los trajes' desgajada del 'caso Gürtel', las noticias sobre el proceso sobre el expresidente balear Jaume Matas, la investigación al Instituto Nóos que dirigía el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín , o las acusaciones de un empresario gallego contra el exministro socialista José Blanco.
   La relación de problemas de España sigue estando encabezada por el paro, con un 83,3 por ciento de menciones, 1,2 puntos más que en el mes anterior. En el segundo lugar repiten los problemas económicos, citados en el 53,7 por ciento de los cuestionarios, y anotándose una subida de más de tres puntos.
   La clase política y los partidos continúan como tercer problema, un puesto que ocupan ininterrumpidamente desde febrero de 2010, aunque su porcentaje baja dos puntos respecto a diciembre.
   La 'sorpresa' del barómetro del enero aparece en el cuarto lugar del 'ranking' de problemas que, por primera vez, lo ocupan la corrupción y el fraude, que cosechan un 12,3 por ciento de menciones, más del doble del 6 por ciento que sumaban tan solo un mes antes.
   En los últimos dos años la corrupción había alcanzado su puesto más alto en abril de 2010, cuando se colocó en el sexto puesto con un 9,4 por ciento. En noviembre del año anterior se había anotado un 10,4 por ciento y ahora se queda con un 12,3. Pese a este incremento, sus cifras aún quedan lejos de su récord de enero de 1995, cuando su porcentaje de alusiones se situó en el 33,5 por ciento, por los casos de corrupción que salpicaban entonces al Gobierno de Felipe González.
   Con la subida de la corrupción al cuarto puesto de la lista de problemas, la sanidad, que ocupó esta plaza en diciembre, figura ahora como quinto problema, con un 8,1 por ciento, frente al 9,34 por ciento del barómetro anterior. En el sexto puesto, que antes era para la educación aparece ahora la inmigración, con un 7,5 por ciento, mientras que el séptimo lugar es para la inseguridad ciudadana. La preocupación por la educación y la vivienda comparten el octavo puesto con un 5,6 por ciento.
   En esta ocasión y coincidiendo con la llegada del PP al Gobierno el CIS ha introducido una pregunta no habitual en su barómetro para conocer qué previsiones hacen los encuestados sobre algunos de los principales problemas nacionales.
   De las respuesta se desprende que lo único que claramente mejorará en 2012 será la lucha contra el terrorismo (46,7%). Por contra, los que se creen que el paro irá a peor (46,7%) doblan a los que creen que mejorará y lo mismo pasa con la inseguridad ciudadana, la educación y las pensiones que suscitan malos augurios al entorno del 41 por ciento de los consultados.
   Las diferencias son aún mayores en el caso de la asistencia sanitaria, ya que, frente al 16,5 por ciento que pronostica que mejorará hay un 55,2 por ciento que teme que empeore, y la vivienda, puesto que un 18 por ciento cree que ira a mejor pero un 45 por ciento opina justo lo contrario.
   Por otra parte, para el 86,6 por ciento la situación económica es "mala" o "muy mala", que sólo es "buena" o "muy buena" para el 1,2 por ciento. Frente al casi 30 por ciento que cree que dentro de un año será peor, hay un 21 por ciento que sospecha que mejorará. Respecto a la situación política, es "mala" o "muy mala" para el 53 por ciento y "buena" o "muy buena" para el 8,3. El 22,7 por ciento la juzga peor que hace un año y los que creen que en 2012 mejorará (23,2%) superan pero por poco a los que pronostican que irá se deteriorará (19,6%).
   Otra pregunta novedosa tiene como objetivo recabar la opinión de los ciudadanos sobre tres afirmaciones para saber con cuál está más de acuerdo. Así, la mitad dice compartir que "hay que sacrificarse en el presente pensando en el futuro", uno de cada cuatro considera que "el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día" y cerca del 20 por ciento defiende que "hay que confiar en el futuro porque al final las cosas salen bien".
   El paro (45%) y los problemas de índole económica (43,3%) se mantienen en cabeza de la relación de preocupaciones personales, en la que las pensiones se reservan el tercer puesto (8,2%), seguidas de la sanidad (7%) y la educación (5,9%).

Arias Cañete, contra el fin de la historia… de los trasvases

MADRID.- La incontinencia verbal ha vuelto a jugarle una muy mala pasada al flamante ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Miguel Arias Cañete parece que, doce años después, no ha aprendido la lección. Su declaración de intenciones de revertir prácticamente todos los escasos avances ambientalistas conseguidos durante las dos legislaturas zapateristas, en la mejor línea ideológica del tradicional reaccionarismo español, ha sido seguida por su declaración de retomar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que en su día hizo el Gobierno de José María Aznar sin consenso y valiéndose exclusivamente de la mayoría absoluta de que gozó en su segunda legislatura (2000-2004), según publica hoy http://www.cuartopoder.es.
 
Además, el ministro parece dispuesto, a tenor de sus propósitos declarados, a que la reedición de la Guerra del Agua que ocasionará si lleva adelante su propuesta afecte también a su propio partido. En su ánimo parece pesar muy mucho la frase más escuchada en los cenáculos populares de Valencia y Murcia la aciaga noche del 14 de marzo de 2004, cuando el PP perdió inopinadamente las elecciones generales: “Nos hemos quedado sin Trasvase del Ebro”.
Doce años después, la nueva entrada de elefante en cacharrería hidrológica de Arias solo ha suscitado reacciones favorables en esas dos comunidades. De momento, la mismísima secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, salió el viernes al paso del trasvasismo del ministro, al menos en lo que a su comunidad se refiere, diciendo que no ve posible una transferencia de agua desde el Tajo medio al Segura. A partir de ahí, habrá que aclarar quién es más influyente en Mariano Rajoy: el ministro o la secretaria general del partido.
Sin olvidar que los populares extremeños tienen tan difícil apoyar esa solución desde el embalse de Villacañas como los aragoneses dar su aprobación al envío de agua del Ebro hacia el sur. O los catalanistas de Artur Mas hacer lo propio. Si se producen esas aquiescencias, el terremoto político interno en el PP puede ser terrible.
Antes de llegar a ese punto, habría que aclarar necesariamente algún otro extremo. El primero y principal es el de cómo piensa el titular de Agricultura que se va a financiar el trasvase que está proponiendo implícitamente en su propuesta expresada en el Congreso de los Diputados. No nos llamemos a engaño. Cuando el PP habla de PHN, está hablando de trasvase o trasvases. Y esas obras de mastodóntica ingeniería tienen un coste enorme en términos dinerarios estrictos, dejando a un lado los ambientales.
En su día, se calculó que la ejecución de la obra para canalizar agua desde el Ebro hasta el Segura costaría unos 4.000 millones de euros. Y esa cantidad no incluiría otros costes derivados como los necesarios para regulación, administración, energía, etcétera. En el caso del Tajo medio, los costes serían menores pero también importantes, aunque no existen tantos estudios y tan detallados como en el supuesto anterior.
El ministro Arias Cañete haría bien en explicar a sus compañeros de gabinete Luis de Guindos (Economía) y Cristóbal Montoro (Hacienda) cómo piensa obtener la financiación necesaria para ejecutar la obra en un entorno como es el actual: crisis económica galopante en Europa, gravísima en España e imposición de objetivos de déficit que llevan a la depresión económica a corto y medio plazo.
No cabe la menor duda de que el titular de Agricultura no debe haber contado con la opinión de sus dos compañeros citados antes de tirarse a la piscina del trasvase para las fieles comunidades de Valencia y Murcia. Es su estilo, pues llegados a este punto y para demostrarlo conviene reproducir íntegra la frase tan famosa que se le ha recordado sólo parcialmente tras su paso por la tribuna del Congreso y que fue pronunciada en septiembre del año 2000 en Jumilla (Murcia), referida al Trasvase del Ebro que el PP incluía en su PHN de entonces:
“No, salir, sale por cojones… Porque el  Plan Hidrológico o sale en esta  legislatura o no sale nunca. Porque pasan dos cosas: que tenemos mayoría y hemos perdido en Aragón. Yo se lo digo ahora que va a ser así. Esta vez sale por narices…En diciembre sale de las Cortes y entra a tramitarse la ley, que va a ser un paseo militar. Tenga usted la seguridad que el presidente ha dicho en el Consejo de Ministros -estando yo– que esto salía por huevos”.
No sabemos, todavía, si Rajoy ha dicho delante de Arias Cañete algo similar a lo que en su día Aznar dijo, según el ministro. Lo que puede pasar es que, mientras la bronca sobre el agua y sus trasvases enrarece el panorama político –aunque todos lo nieguen–, se ejecuten otros cambios reaccionarios como los también anunciados por el titular de Agricultura relativos a la práctica totalidad de la legislación ambiental española.

Los grandes patrimonios se fugan de la CAM

VALENCIA.- Los clientes más pudientes de Caja Mediterráneo (CAM) vieron como sus inversiones a través de las sociedades de inversión de capital variable -las populares Sicav- de la entidad alicantina se redujeron durante el pasado año, según publica http://www.valenciaplaza.com.

Así se explica que el patrimonio de las cuatro Sicav gestionadas por Gestimed -la gestora de patrimonios de la caja ahora integrada en Banco CAM- cayó un 17,12% hasta los 8,654 millones de euros frente a los 10,442 millones con los que contaban las cuatro sociedades.
Todas estas sociedades están presididas por Enrique Mira-Perceval, director general de Gestimed, además de estar domiciliadas en Alicante.
Pero la cosa no queda ahí porque a lo largo de los últimos años la CAM ha pasado de tener once de estas peculiares sociedades para grandes patrimonios a las cuatro actuales, así como de contar con un patrimonio en torno a los 30 millones de euros a quedarse en esos 8,654 millones. Síntoma evidente de la huída de los inversores más adinerados, siguiendo los pasos de los partícipes de fondos de inversión desde que comenzó la crisis actual
Al cierre del pasado año, únicamente Mijalu registró una ganancia patrimonial, mínima eso sí (+0,44%), al pasar de los 2,943 millones de euros hasta los 2,956 millones. Una mejora gracias a su distribución de la cartera donde el 92% correspondía a activos de renta fija incluyendo depósitos e imposiciones a plazo fijo.
Todo lo contrario que Alicante Capital, la Sicav de la CAM que más patrimonio perdió en 2011 (un 30,02%), después de estrecharse de los 2,705 millones de euros hasta los 1,893 millones. Buena culpa de ello -por no decir toda- la tuvo su elevada exposición a la renta variable, que era del 60%.
Y, entre las diferentes inversiones, con participaciones en las propias 'acciones' de la caja, es decir, en cuotas participativas. 
Un descenso muy similar sufrió Inversiones Coridith (27,43%), puesto que vio como su patrimonio descendía desde los 2,680 millones de euros hasta los 1,945 millones. Una Sicav que también acusó su elevada presencia en acciones incluyendo algunas cuotas participativas.
Por su parte, Moderate sufrió un recorte de un 12,02%, que sale de los 2,114 millones de euros que mantenía a buen recaudo hace un año y los 1,860 millones que le quedaban a 31 de diciembre pasado. Una sociedad con un mayor peso también en la renta variable (55,32%), además de contar con un buen número de títulos de cotizadas extranjeras.
Mientras tanto, Antonibel Inversiones -otrora Sicav de la CAM-, pasó a manos de Banco Banif (Grupo Santander) el pasado 30 de octubre y cerró el ejercicio con un patrimonio de 2,844 millones de euros y dos tercios de sus inversiones en renta fija.
Etimo Inversiones fue traspasada cuatro meses antes a La Caixa, despidiendo 2011 con un volumen de 2,936 millones de euros ligeramente por debajo de los 2,966 millones del año anterior.
Por cierto, al frente de dicha Sicav figura José González Baeza, antiguo director de Gesfinmed -el holding financiero de la caja- y después adscrito al área de la ex directora general María Dolores Amorós.
Peor suerte han corrido Bolsaid Inversiones, Fomensa Inversiones, Medic Prestigio, Inversiones Esbe e Inversiones Cañarico, antiguas sociedades de inversión de capital variable de la CAM, que se encuentran en proceso de disolución/liquidación.