Contestación y pasquines animalistas en la UMU por la investidura de Tomás Fuertes como doctor 'honoris causa'

MURCIA.- Una veintena de enmascarados irrumpió este martes en el acto de investidura del empresario Tomás Fuertes como doctor honoris causa en la Universidad de Murcia, dando origen a una situación de gran tensión entre los asistentes, según versiones de algunos de ellos. 

El grupo que boicoteó la ceremonia penetró en el salón profiriendo gritos de "Fuera empresas de la Universidad". Tras unos minutos de desconcierto, los enmascarados fueron expulsados del acto.

Los enmascarados han entrado en el salón nada más iniciarse el discurso de Fuertes y han repartido pasquines ('tu capricho, una vida menos') entre los asistentes con lemas en contra de la explotación animal y laboral, y acusando al empresario de "asesinar diariamente a miles de animales" y condenarles a una "vida de hacinamiento y tristeza".

La irrupción de este grupo de radicales ha provocado unos minutos de fuerte tensión y desconcierto, pero han sido desalojados de manera inmediata y sin oponer resistencia.
El rector Orihuela pidió disculpas, y denunció que quienes están disconformes no lo hagan constar en los órganos habilitados. 
El nombramiento de Tomás Fuertes fue aprobado por el Claustro universitario el pasado 14 de diciembre de 2017 y fundamentado en "su apuesta permanente por el sector agroalimentario de la Región de Murcia, su conexión con la Universidad en materia de I+D+i, mecenazgo y empleabilidad".
La investidura ha tenido lugar una ceremonia presidida por el rector en funciones José Orihuela en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa, y se trata de la primera vez en la historia de la institución que se produce un nombramiento doctor 'honoris causa' a propuesta simultánea de dos Facultades, la de Economía y Empresa y la de Veterinaria.
Apadrinado por los profesores Gaspar Ros y Juan Monreal, el empresario destacó también la importancia del sentido común. Con independencia de la edad, dijo, "nunca debes cambiar lo que has hecho por lo que harás", porque el "pasado no nos pertenece, lo que nos pertenece es el futuro y lo que vamos a hacer".
Acompañado por sus dos hermanos, Juana y José Fuertes, el nuevo doctor 'honoris causa' recordó que el proyecto empresarial de Grupo Fuertes es la unión de muchas personas que han creído en él y el resultado de "haber querido, haber sabido y haber tenido los medios para poner en marcha nuevas iniciativas".
El rector electo de la UMU, José Luján, dijo vivir con "enorme ilusión" este acto, el primero tras su elección. "Me siento feliz por el hecho de que el primer día no sea en el despacho resolviendo papeles, sino vestido con el traje académico y haciendo un acto académico".
En la ceremonia ha estado presente el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.
La Universidad de Murcia mantiene una estrecha colaboración con el Grupo Fuertes, que ofrece prácticas extracurriculares y contratos de investigación, así como de gestión ganadera, a alumnos de la UMU.

«En Puerto Lumbreras, el dinero de las subvenciones no llegaba a los proyectos», dice la ex secretaria municipal

MURCIA.- «Señor juez, si no quería venir al juzgado a declarar no era porque estuviera enferma, sino porque sabía que al final se me iba a acabar escapando algo contra Pedro Antonio Sánchez». Elisa Martínez, quien durante años ejerció como secretaria municipal en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, realizó esta 'confesión' el pasado viernes, cuando ya estaba concluyendo su declaración, ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Lorca, Antonio Morente, por el denominado 'caso Pasarelas, según revela hoy La Verdad.

Y no es que a Elisa Martínez se le «escapara algo» contra quien fue alcalde lumbrerense y más tarde presidente del Gobierno murciano, el hoy imputado Pedro Antonio Sánchez, sino que se pegó «una auténtica rajada», en palabras de fuentes contratadas de este procedimiento judicial. 

Esta funcionaria, hoy ya jubilada, reconoció que su relación con quien era el regidor del PP en Puerto Lumbreras fue muy mala. En este sentido, explicó que en varias ocasiones le advirtió de que algunas decisiones que pretendía adoptar no eran conformes a la ley, lo que llevó supuestamente a Sánchez a darle de lado y contratar un servicio externo de asesoramiento legal para el Consistorio.

A partir de ese momento, Elisa Martínez habría tenido que solicitar ser recibida cada vez que tenía algo que comentar con quien era el alcalde. Cuando acababa de informarle de los aparentes problemas legales que se derivaban de sus decisiones, Sánchez se limitaba a preguntarle si ya había acabado y a decirle que ya se podía marchar, según las fuentes mencionadas.

La antigua funcionaria llegó a hablar de «irregularidades» en contratos y proyectos asumidos por Sánchez, lo que llevó al magistrado a pedirle que aclarara a qué se refería. Fue entonces cuando la exsecretaria municipal manifestó expresamente que había detectado que «el dinero de las subvenciones no llegaba a los proyectos» para los que estaba previsto. 

En ese momento, sin embargo, el juez explicó que tenían que centrarse en el caso concreto de la contratación de las pasarelas sobre la rambla de Nogalte, ya que haber insistido en conocer presuntas ilegalidades en otros proyectos habría supuesto abrir una causa general sobre la gestión de Sánchez en el Consistorio lumbrerense, que es algo que la ley impide.

Elisa Martínez señaló, pese a ello, que ella presentaba bajas laborales de forma habitual con el fin de evitar tener que tratar con el alcalde.

El 'caso Pasarelas' investiga si por parte de Pedro Antonio Sánchez se contrataron unos trabajos de rehabilitación de pasarelas y puentes sobre la rambla de Nogalte, que se sospecha que fueron abonados en cinco facturas diferentes con el aparente propósito de hacerlos pasar por contratos menores y no tener que sacar las obras a concurso.

El viernes también prestaron declaración como testigos Francisca Romera, quien ha permanecido 21 años como interventora accidental en el Consistorio lumbrerense, y la secretaria municipal accidental Caridad García. 

Ambas consideraron normal que el alcalde se arrogara la facultad de contratar algunos proyectos, pues es una atribución propia de la Alcaldía, aunque pueda delegarla en concejales, y señalaron que muchas veces lo que se buscaba era una mayor agilidad en los proyectos.

Sobre el asunto de las pasarelas y la división de los trabajos en cinco facturas, vinieron a coincidir en que se pudo facturar de esa forma porque el trabajo se realizó «por fases», aunque Caridad García señaló que no recordaba ese proyecto concreto.

Ambas también señalaron, como incluso hizo la anterior secretaria, Elisa Martínez, que en esa época -el año 2006, que es cuando se contrataron los trabajos de las pasarelas- los proyectos se solían entregar en mano en el Ayuntamiento y no por registro, y que llegaban directamente a los servicios técnicos.

Y respecto del hecho de que la arquitecta del Consistorio, Inmaculada García, no fuera quien diseñara el proyecto de remodelación de los puentes sobre Nogalte, vinieron a señalar -siempre según las mismas fuentes- que esa profesional estaba centrada en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que se habría encomendado ese trabajo a otro arquitecto.

Castilla-La Mancha considera alarmante que se vaya a trasvasar

TOLEDO/ALICANTE.- La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García, consideró «alarmante» que dirigentes políticos de Murcia y asociaciones de la zona de Levante demanden un nuevo trasvase si los embalses de la cabecera del Tajo llegan a los 400 hectómetros de agua, como marca la ley. 

La consejera recordó que en enero los embalses de Entrepeñas y Buendía registraron «la peor situación desde hace 22 años», y subrayó que la falta de agua ha motivado restricciones entre los regantes del río Alberche. Con estos datos, pidió al Gobierno central «prudencia, y que analice la situación» antes de llevar a cabo un nuevo trasvase porque, a su juicio, esta es «la última alternativa».

Por otra parte, los grupos políticos de la Diputación de Alicante -excepto Esquerra Unida-, las universidades públicas, las comunidades de regantes y el sector del abastecimiento alcanzaron un Pacto Provincial del Agua. 

En un comunicado de la institución, el presidente de dicha comisión, el profesor Joaquín Melgarejo, explicó que el acuerdo afecta a una cuestión «fundamental para la provincia». «Todos los miembros de la Comisión, con la salvedad de EU, han respaldado un documento que aborda diferentes temáticas relacionadas con el agua y que nos permitirá tener una sola voz para defender los intereses de la provincia de Alicante en materia hídrica», señaló.

Podemos lamenta la "cobardía" de Bernabé al no acudir a la Asamblea

CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos, ha afirmado que el delegado del Gobierno muestra "una total falta de respeto a Murcia puesto que la Asamblea es donde está representada toda la ciudadanía de la Región". 

"Creemos que Francisco Bernabé tiene miedo de enfrentarse a los diputados que formamos parte de la Comisión de Seguimiento del AVE puesto que sabe que sus declaraciones y el estado de excepción que ha impuesto en las vías es del todo injustificable y más propio de otras épocas. Por ello, Bernabé debería ser cesado".

Pedreño ha asegurado que si Bernabé "hubiese hecho bien las cosas, no tendría ningún problema en acudir a la Asamblea a explicar cuáles han sido las actuaciones en las vías. Aunque sabemos que sólo está obligado a comparecer en el Congreso, el delegado del Gobierno puede venir perfectamente al parlamento regional a que la gente de la Región sepa cuanto antes qué sucede con la llegada del AVE en esta zona de la ciudad".

Si bien, ha dicho el diputado de Podemos, en vez de apostar "por la transparencia y por dar explicaciones en la sede de los murcianos y murcianas, se esconde tras su puesto y prefiere escurrir el bulto y seguir comportándose como una autoridad dictatorial".

Andrés Pedreño ha incidido en que iba a preguntar por las acusaciones que ha hecho Francisco Bernabé sobre Podemos, "acusaciones y ataques sin fundamento que sólo buscan desprestigiar a una Plataforma, a unos vecinos y vecinas, que llevan 30 años luchando por la dignidad de sus vidas".

Podemos se compromete con la alcaldesa de Librilla en sus reivindicaciones sanitarias, culturales y educativas

CARTAGENA.- El Secretario General de Podemos en la Región de Murcia y Portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, Oscar Urralburu, ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de Librilla, Mar Hernández Porras, así como con miembros de la corporación municipal, para conocer de primera mano las demandas del municipio.

Oscar Urralburu, ha visitado el centro médico del municipio, donde ha podido hablar con algunos de los usuarios y recoger la demanda de la necesidad de dotar al municipio de un servicio de urgencias. Un centro de Salud cuyo 100% de los gastos lo asume el Ayuntamiento de Librilla, y que no tiene servicios de urgencias mas allá más allá de las diez de la noche.

Así, Urralburu ha explicado que "el Gobierno Regional no puede mirar para otro lado llevando a cabo políticas de recortes, que cuando se trata de derechos como el de la asistencia sanitaria en caso de casos urgentes, crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda dependiendo del lugar donde se resida".

Del mismo modo, Oscar Urralburu, también ha visitado acompañado de la alcaldesa de Librilla el solar disponible para la construcción del Colegio de Librilla, que se ha pedido en repetidas ocasiones en la Asamblea Regional, y que pese a la perseverancia de los vecinos de Librilla y de la propia alcaldesa en comenzar la construcción de un centro nuevo, dada la precariedad y saturación del existente, que "hasta el momento sólo se ha encontrado trabas y excusas por parte de la Consejería de Educación, para no mover ni una piedra, lo que hace que el municipio, no tenga a día de hoy un segundo colegio, y se les de la espalda, desde el gobierno regional, en un asunto tan crucial como es el de la educación pública".

Finalmente, los miembros de la corporación municipal han mostrado al Secretario General de Podemos en la Región de Murcia, el estado de abandono en el que se encuentran lugares de importante valor cultural como La Posada de Librilla, del siglo XVII y en estado ruinoso, y la conocida rambla de Librilla que atraviesa el pueblo y es todo un emblema paisajístico del lugar, la cual también presenta problemas de derrumbe y de suciedad por el abandono de la Confederación Hidrológica del Segura.

Así, Oscar Urralburu ha concluido, en que trabajará codo a codo con los concejales del Ayuntamiento de Librilla y desde Podemos Región de Murcia se prestará todo el apoyo necesario, para que estos ciudadanos pueden tener los servicios que les corresponden por derecho, y colaborar en que "la administración municipal, que es la más cercana al ciudadano, pueda ejercer su labor, sin trabas y sin asumir competencias de la Comunidad Autónoma".

MC-CT exigirá a Castejón pulcritud y legalidad en la convocatoria para la provisión de los puestos reservados para habilitados nacionales

CARTAGENA.- La viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha avanzado el trabajo de la formación cartagenerista, con vistas al Pleno del mes de abril, para exigir a la alcaldesa Ana Belén Castejón que "si no lo ha hecho antes de la celebración del Pleno, convoque la provisión de los puestos reservados para habilitados nacionales en el Ayuntamiento de Cartagena".

La edil ha defendido la voluntad de su grupo, asentándolo en "el reiterado ataque a la imparcialidad de los funcionarios por parte del PSOE local, retomando las prácticas del PP durante 20 años".

En este sentido, conviene recordar que el pasado viernes, Castejón, por sorpresa, y sin conocimiento de su socio de Gobierno C's, situó como interventor a un ex miembro de la Ejecutiva del PSOE, cesando con ello a la anterior interventora.

La razón última, argumenta la edil, parece ser "la necesidad de Castejón de obtener informes más 'amables' y 'complacientes' del órgano fiscalizador del Ayuntamiento, que posibiliten sus 'apaños' con Hidrogea, FCC, Lhicarsa o la concesionaria del Auditorio 'El Batel', sin sobresaltos ni reparos legales".

"Son muchos millones de euros los que se juegan las concesionarias, a las que la alcaldesa ha fiado su futuro, entregando Cartagena en tiempo récord, para dejarlo todo a la legalidad y la independencia de la función pública. Ya hay más funcionarios víctimas de la revisión de la tarifa de Castejón que euros al mes dice que va a bajar el recibo", ha lamentado la concejal.

Esta coyuntura, en opinión de Isabel García, servirá para "comprobar la labor del fiscalizador, ahora fiscalizado, y mientras tanto impulsar que la provisión definitiva de éste y otros puestos durante 2018. Por ello, trabajamos en una moción para instar al Gobierno a que se adecúe a la nueva regulación, el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional".

La concejal de MC ha precisado que "además de esta adecuación, reclamaremos que no se incluya en las bases de la provisión definitiva la 'cláusula del miedo' o 'anti Urruticoechea', una cláusula de 'idoneidad' de la que se sirvió Pilar Barreiro para no dar entrada a Fernando Urruticoechea, quien cumplía en 2014 todos los requisitos. MC la eliminó MC en 2016, mientras que el PSOE la volvió a incluir en 2017. Ahora, con el nuevo interventor, sabemos la razón".

"Por ello, - ha concluido García -, instaremos a que la convocatoria para 2018 se publique a la mayor brevedad y sea realmente abierta y legal. La trascendencia de la función que desarrollan los habilitados nacionales exige pulcritud y decencia. Esperamos que no se inscriba en el terreno del capricho político, como sucede ahora con Castejón y antes con Barreiro".

El PSOE denuncia que la CARM tiene retenidos más de 12 millones de euros en ayudas a los afectados por terremotos

LORCA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro ha denunciado la deuda que el Gobierno regional, del lorquino López Miras, mantiene aún con los damnificados por los terremotos de Lorca, camino de siete años después de la tragedia.

El Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe, a día de hoy, 12.245.813, 20 euros a los afectados por los terremotos de Lorca, en concepto de ayudas al alquiler y también para la reconstrucción y reparación de las viviendas que resultaron afectadas por los seísmos de 2011.

Estos datos son los que el PSOE han podido conocer a través de una pregunta registrada por la diputada socialista en la Asamblea Regional, Isabel Casalduero, y a la que se vio obligado a responder el Consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera Barrachina. El PSOE mantiene su compromiso con los afectados por los seísmos, y por la transparencia en la gestión y el pago de las ayudas a los damnificados.

De esos más de 12,2 millones de euros que debe el Gobierno de la Comunidad Autónoma, dirigida por el Partido Popular, 4.493.615 € corresponden a alquileres y7.056.793 € a gastos de reconstrucción de viviendas.

Desde el PSOE recuerdan que la Comunidad Autónoma es la responsable "última" de abonar estas cantidades a los damnificados, de unas ayudas financiadas al 50% Administración estatal, 50% Administración regional. Por tanto, a día de hoy, el Gobierno regional sigue siendo el obstáculo que impide que esas ayudas, embalsadas en las cuentas de la Comunidad Autónoma, sigan sin estar en el lugar que corresponde, que no es otro que las cuentas de los damnificados por los terremotos de Lorca.

En este sentido, Navarro ha mostrado su sorpresa después de ver cómo López Miras se ha pasado todo el fin de semana paseándose por Murciacon su amigo y presidente Rajoy asegurando que "el PP es el único partido que puede mirar a los ojos a todoslos murcianos".

En este sentido, desde el PSOE dudan que López Miras y su partido puedan mirar a los ojos a los lorquinos después de que, entre ayudas al alquiler y a la reparación de sus viviendas, el gobierno que "este señor también ha heredado", debe más de 12 millones de euros a los afectados por los terremotos siete años después de la desgracia, porque las ayudas "están" ya que se encuentran "embalsadas" en las cuentas de la CARM, como en más de una ocasión ha reconocido el Partido Popular.

C's quiere saber los motivos de la situación de abandono de las salinas de Marchamalo

CARTAGENA.- Ciudadanos ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que ha solicitado a Javier Celdrán, consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, que explique las razones por las cuales no ha ejecutado las acciones relacionadas con las salinas de Marchamalo previstas en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor.

Luis Fernández, diputado regional de Ciudadanos, ha denunciado que ha pasado casi un año y medio desde que se aprobó una iniciativa de Ciudadanos en la Asamblea Regional para la recuperación, protección y puesta en valor de las salinas de Marchamalo “y el Gobierno regional no ha hecho absolutamente nada, por lo que las salinas continúan en situación de abandono y el entorno sigue deteriorándose, hasta el punto de que algunas zonas se han convertido en un estercolero”.

En este sentido, Fernández ha manifestado que “llegada esta situación es necesario que el consejero de Turismo y Medio Ambiente nos explique porqué durante este tiempo no se han adoptado medidas para la protección y recuperación de la flora y la fauna porque la imagen que ofrece el entorno tanto a los vecinos como a los turistas que visitarán la zona durante la temporada de Semana Santa es deplorable”.

“Asimismo, y dado que parte del entorno es privado, nos reunimos con los propietarios quienes nos trasladaron su intención de llegar a un acuerdo con la administración, a fin de lograr la recuperación del entorno a la mayor brevedad posible”, ha añadido Fernández.

El diputado de la formación naranja considera fundamental elaborar y ejecutar de inmediato un Plan Integral de Protección y Recuperación de las Salinas “ahora que todavía es posible, y tratar de evitar la muerte de esta joya natural, situación a la que está contribuyendo el Gobierno regional con su desidia y dejadez. No entendemos porque no se adoptan medidas similares a las que en su momento se realizaron para proteger las salinas de San Pedro del Pinatar que se encuentran en el otro extremo del Mar Menor”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha recordado que la iniciativa impulsada por Cs contemplaba que se estableciera un sistema para garantizar la realización de las labores y tareas propias de las salinas, retirada de la sal y entrada de agua, mediante cesión de la explotación económica de las mismas o por cualquier medio alternativo. 

Además, la formación naranja solicitó que se tomaran las medidas necesarias para la protección y recuperación de la fauna y flora existente en las salinas y en sus aledaños, así como las medidas pertinentes para la reintroducción de las especies autóctonas ya desaparecidas. La propuesta de Cs también exigía una reforma de las edificaciones existentes y su uso como instalaciones auxiliares de la zona con fines educativos, turísticos, divulgativos y de investigación a fin de poner en valor la riqueza natural de la zona.

Manuel Padín ha recordado que "una vez aprobada la propuesta, el 2 de enero de 2017 la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de entonces anunció que impulsaría un proyecto para la explotación industrial del espacio natural y aseguró públicamente que plantearía a los propietarios de las salinas la firma de un acuerdo para retomar la producción de sal y que en la medida de lo posible se apostaría por facilitar la autofinanciación de las actividades museográficas y de divulgación ambiental". 

“Desde entonces, nada sabemos", lamenta Padín.

'Ahora Murcia' pide que el Congreso investigue el proyecto en el Segura que costó 15 millones

MURCIA.- Ahora Murcia pide que el Congreso investigue el Proyecto de obras de recirculación de caudales y acondicionamiento de la motas en el tramo urbano del río Segura, que fue una obra "absurda e inútil" de 15 millones de euros que "ahora Ballesta trata de enmascarar y dar cobijo en su faraónico proyecto 'Murcia Río". 

La formación municipal demanda al alcalde que "en lugar de anunciar nuevas actuaciones en el tramo urbano del río, exija a la CHS que ejecute las numerosas obras recogidas en el proyecto y que no realizaron, ya que el Ayuntamiento en ningún caso debe pagar ahora actuaciones que ya deberían estar hechas". Ante todo ello, Ahora Murcia solicitará a los diputados de Podemos en el Congreso que "esta institución investigue el millonario proyecto de recirculación de caudales".

El objeto del proyecto era la instalación de una tubería para captar agua del río a la altura de la Fica y soltarla pasada La Arboleja, "es decir, un circuito interno con el único propósito de aparentar más caudal al paso del río por la ciudad". 

Como obras accesorias, el proyecto preveía la construcción en el tramo urbano del Segura de "un mirador; un pantalán y una plataforma de acceso para piraguas junto al azud del Molino de San Francisco, y dos pantalanes a la altura del Palacio de Congresos". 

Sin embargo, como subraya la concejala Angeles Micol, "nada de esto ha sido construido, ante la habitual pasividad del PP para exigir que se proporcione a los murcianos las obras y servicios que son pagados".

Por ello, la edil considera "una tomadura de pelo que Ballesta anuncie que va a construir, dentro de 'Murcia Río', obras que hace tiempo que debería haber exigido a la CHS. Por ejemplo, ahora estamos gastando dinero en las motas cuando se supone que ya habían sido acondicionadas en este proyecto de recirculación de caudales. El PP usa irresponsablemente el dinero público y no ejerce su obligación de vigilar que se lleven a cabo las obras comprometidas y pagadas".

Micol, además, recuerda que el proyecto de 15 millones de euros fue financiado con fondos europeos, "lo que conlleva un control de la Unión Europea para comprobar que se da el uso adecuado a las obras desarrolladas. Es ahí donde surge la necesidad del PP municipal de dar utilización, a través de 'Murcia Río', a un proyecto que jamás ha sido utilizado y que supondría un coste anual de, como mínimo, 435.393 euros, casi 9 millones de euros en sus 20 años de vida útil, debido al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la CHS para que el Consistorio se haga cargo del sistema de bombeo para la recirculación de caudales. Un convenio que Ahora Murcia denunció en junio de 2016".

Micol critica "la decisión del PP municipal, contraria a los intereses del municipio, de que el Ayuntamiento tramitara la cesión para asumir la explotación y mantenimiento de un proyecto al que le faltan por ejecutar parte de las obras previstas, del que no se ha garantizado su eficacia, ni se han evaluado alternativas más económicas y eficaces, y que tampoco mejora la productividad económica y el empleo en la zona, según reconoce el propio estudio de viabilidad de la CHS, además de que incumple la Resolución de 3 de octubre de 2008 de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua. 

Ballesta, además, firmó este convenio para evitar pasar la cesión por el Pleno, como tendría que haber hecho".

MC vigilará que "La Manga 365" trabaje en proyectos serios y concretos

CARTAGENA.- Esta mañana, el presidente regional, Fernando López Miras, ha dado a conocer, con año y medio de retraso, el proyecto estratégico 'La Manga 365'. El presidente de MC, Jesús Giménez, ha valorado que hoy el Gobierno regional haya presentado, por cuarta vez, la estrategia para La Manga con la Edusi que se le adjudicó en octubre de 2016. Giménez ha recordado que, a pesar de que en aquella fecha, el consejero de Fomento, Pedro Rivera, comunicaba a los municipios que el Ejecutivo autonómico ya sabía lo que iban a hacer, "en realidad, no han hecho nada". 

Giménez ha indicado que "creemos que va a ser una estrategia para favorecer, como siempre, a unos cuantos, para alquilar solares a propietarios privados y no se trabajará en proyectos serios y concretos".

"Vamos a dar, no obstante, un voto de confianza y comprobaremos si están trabajando en esos aparcamientos disuasorios, en mejorar el transporte público de La Manga o, entre otras cuestiones, en el paseo marítimo de la zona del Galúa", ha añadido el dirigente cartagenerista.

Giménez ha señalado que el Gobierno de San Javier ha sido quien ha impedido que se hayan podido llevar a cabo iniciativas, "de hecho, 2017 ha pasado sin una sola propuesta de San Javier, cuando sobre la mesa hay más de diez proyectos elaborados en Cartagena desde el área de Desarrollo Sostenible, con MC en el Gobierno municipal".

Por último, Jesús Giménez ha cuestionado que el proyecto contenga la pasarela de la zona norte de La Manga, por lo que desde MC "estudiaremos bien esa cuestión y la valoraremos, pero ya suena a esa insistencia del PP a saltarse los consejos de la Universidad de Murcia y los especialistas, y crear ese enlace entre San Pedro del Pinatar y la zona de Veneziola".

Moratalla ha sido seleccionada entre los 10 finalistas a la Capital de Turismo Rural de España

MORATALLA.- El prestigioso portal web de turismo de interior www.escapadarural.com ha seleccionado al municipio de Moratalla como uno de los 10 finalistas nominados a ser la Capital del Turismo Rural de España. Una nominación que coloca a Moratalla como todo un referente turístico de interior y que supone todo un escaparate con notable relevancia en el sector.

Este concurso inicia hoy el proceso de votación vía internet , localizado en la web de Escapada Rural (https://www.escapadarural.com/capital-turismo-rural) y se llevará hasta el 20 de mayo para alzarse con un galardón que será anunciado públicamente el 31 de mayo con el municipio ganador.

Se trata de una gran oportunidad de promoción del excelente turismo natural y rural que posee Moratalla, ya que las diferentes actuaciones comunicativas de este concurso va a tener millones de impactos ante la notable base de datos que posee el portal y las numerosas visitas diarias que se realizan dirigidas a público objetivo seleccionado y propiamente consumidor de turismo rural.

El alcalde de Moratalla, Jesús Amo, hace un llamamiento a la ciudadanía de Moratalla, del Noroeste y de toda la Región para que se movilicen en las redes sociales y animen a votar para dar a conocer el tremendo potencial turístico, natural, gastronómico y patrimonial que tiene Moratalla, sus pedanías y la comarca del Noroeste en general "tal y como trabajamos con nuestra estrategia de comarca en la pasada edición de FITUR y que poco a poco comienza a dar sus frutos".

Podemos pide una agenda regional "específica" para la vivienda pública

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha explicado, tras la comparecencia de representantes de Amnistía Internacional, que en la próxima legislatura se va a incorporar una Comisión sobre una necesaria "agenda específica sobre Derechos Humanos que, entre otros asuntos, trabaje sobre vivienda. 

Es evidente que si continuamos viendo desahucios es porque la crisis de la vivienda sigue vigente. Como única solución exigiremos que el gobierno regional ponga en marcha el reglamento de la reforma de la Ley de Vivienda aprobada la pasada legislatura en la Asamblea".

Pedreño ha afirmado que las medidas que contempla la reforma de la Ley de Vivienda aportan "medidas concretas y eficaces para luchar contra los desahucios y la pobreza energética e hídrica. El desarrollo de esta ley es lo único que puede acabar con el páramo en el que se ha convertido la política de vivienda en esta Región".

El diputado de Podemos Región de Murcia ha hecho hincapié en que el Partido Popular ha conseguido que la vivienda social "sea una especie en peligro de extinción. No hay política pública de vivienda". 

Por eso, ha dicho Andrés Pedreño, en la Comisión que se cree para tratar este asunto "desde Podemos trabajaremos en dos aspectos fundamentales. El primero, una política de vivienda específica para mujeres cuya familia es monoparental y para aquellas que son víctimas de la violencia de género. Por otro lado, también insistiremos en la ayuda a la población inmigrante y refugiada que hay en la Región".

Cuatrocientos robos denunciados asolan el campo murciano en un año

MURCIA.- Cuatrocientos asaltos denunciados asolaron el campo murciano durante el pasado año. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contabilizaron hasta 401 robos en explotaciones agrarias y ganaderas de la Región a lo largo de 2017. 

El Gobierno central ofreció estos datos en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, en la que detalló que entre enero y diciembre se produjeron 6.914 sustracciones en el campo español.

La información que aporta el Ejecutivo -a partir de los datos del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y las policías locales- detalla que en Andalucía se produjeron 2.449 sustracciones, 986 en Castilla-La Mancha y 933, en la Comunidad Valenciana. Respecto a otras regiones con alto componente agrario, destacan también Castilla y León, que registro 606 robos; Extremadura, con 471; Murcia, con 401; Aragón, 399, y Canarias, 228.

Por el contrario, Baleares, Cantabria, País Vasco y Asturias fueron las comunidades autónomas donde menos robos se contabilizaron en explotaciones agrarias y ganaderas, con 22, 27, 30 y 31, respectivamente.

En 2013, la Guardia Civil desplegó en la Región una unidad especializada contra este tipo de delincuencia: los equipos Roca. Estos arrancaron, de forma pionera, en las quince provincias más afectadas por este tipo de delincuencia, entre ellas Murcia. En estos años, esos grupos han logrado atajar, en parte, el problema al que se enfrentan agricultores y ganaderos.

C's pide una «tregua política» al resto de partidos para pactar los presupuestos de Cartagena

CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Padín, respaldó el anuncio del PP de que presentará en el próximo Pleno una moción para instar al Gobierno del PSOE a convocar una mesa de trabajo que negocie el presupuesto municipal de 2018. Además, se mostró partidario de hacerla extensiva al resto de formaciones políticas de la oposición «y proponemos que se presente de manera conjunta entre PP, CTSSP-Podemos, MC y C's».

Pese a sus discrepancias con el gobierno en minoría del PSOE, agravadas por el reciente nombramiento de un interventor municipal que fue alto cargo socialista, Padín se mostró partidario de que los grupos de oposición se concedan «una 'tregua política' para tratar de sacar los presupuestos municipales de manera consensuada, unas cuentas que nos representen a todos, y no sólo a una minoría socialista, que nada más representa al 17% del electorado, instalada a solas en el poder gracias a una carambola, y que no es el sentir mayoritario de Cartagena», aseguró.

El propósito de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, era llevar al Pleno ordinario previsto para pasado mañana el borrador de presupuestos en un intento -solo tenía el insuficiente apoyo de C's- de aprobarlos cuanto antes. No obstante, ha tenido que variar su planificación inicial porque antes de aprobar las cuentas del Ayuntamiento debe sacar adelante las de sus organismos autónomos: la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, el Organismo de Recaudación y la sociedad municipal Casco Antiguo Cartagena.

Padín puso más reparos al borrador que manejan los concejales socialistas. «Estas cuentas, tal y como están hoy, son imposibles de valorar y por tanto de aprobar, ni tienen la inversión necesaria para las políticas de empleo, ni se han dotado económicamente los acuerdos plenarios de 2016 y 2017, no tienen una previsión de ingresos real y detallada, ni una memoria informativa, o el necesario informe económico y de Intervención», aseguró.

Sin embargo, cree necesario que todos los partidos con representación municipal se sienten juntos a negociar para tener «cuanto pronto un proyecto presupuestario serio, riguroso y de consenso». 

En su opinión es básico para desbloquear definitivamente las inversiones.

En un comunicado, C's recordó que aún están pendientes de ejecutar las obras de los presupuestos participativos del año pasado, entre otras inversiones.

El portavoz de la formación naranja trasladó sus sospechas de que la decisión de Castejón de «colocar a dedo» a un interventor con carné socialista, Jesús Ortuño, es para repetir en Cartagena lo que ya ha hecho en otros municipios españoles: «Imponer los presupuestos sin la aprobación del Pleno, sin consenso, sin negociación, sin participación». 

Para ello, añadió Padín, el PSOE intentará sin éxito aprobar los presupuestos en un Pleno ordinario y, a continuación, convocará una cuestión de confianza vinculada a las cuentas, que perderá y dejará la alcaldía en funciones. Pero no habrá moción de censura, debido a las grandes diferencias políticas e ideológicas de todos los grupos, concluyó.

El PP quiere que el Reglamento de la Asamblea prohíba expresamente una investidura telemática

CARTAGENA.- El PP propuso este martes en la ponencia para la reforma del Reglamento de la Asamblea Regional que el texto imposibilite la investidura telemática o a distancia del candidato a presidir la Región o la Cámara autonómica.

El objetivo, según el diputado del PP Domingo Segado, es impedir casos como el Parlamento catalán, donde la mayoría independentista está estudiando reformar la ley para permitir que un "prófugo", en alusión al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o un "encarcelado" como Jordi Sánchez, puedan ser designados presidentes de la comunidad autónoma.

"Hay que blindar esa posibilidad", apostilló Segado antes de remarcar que el Reglamento de la Cámara autonómica debe reflejar que las sesiones de investidura de los presidentes de la Comunidad Autónoma y de la Asamblea Regional tienen que ser presenciales.

El diputado del PP detalló que el texto actual reglamentario sólo habla del candidato, sin especificar que debe acudir al debate de investidura, que es lo que propone introducir la formación popular.

Para Segado, es de "sentido común" que el candidato a presidir la Comunidad Autónoma o la Asamblea Regional tenga que estar presente en la sesión convocada para decidir su investidura.

Por otra parte, la ponencia decidió este martes que en la próxima sesión, prevista para después de Semana Santa, los grupos presenten las propuestas para regular las comisiones de investigación en la Asamblea Regional, encaminadas a fijar el calendario o el número máximo de comisiones que puede proponer cada formación.

Los bancos de libros de texto de Ampas se incorporarán a las medidas de la Ley de Gratuidad

CARTAGENA.- El pleno de la Asamblea Regional aprobará el próximo jueves por unanimidad la Ley de Gratuidad de Libros de Texto tras incorporarse este martes al texto cuatro de las once enmiendas parciales de Podemos, que permitirán incorporar al sistema los bancos ya puestos en marcha previamente por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.

PP, PSOE y Ciudadanos, proponentes de la norma, aceptaron en la Comisión de Educación y Cultura cuatro de las iniciativas de la formación morada a la ley, cuyo articulado contempla la implantación progresiva en los próximos cuatro años de la gratuidad de libros de texto en todos los centros de enseñanza obligatoria de la Región sostenidos con fondos públicos.

Podemos logró que la consejería de Educación facilite la integración de los bancos de libros ya puestos en marcha por las Ampas en el nuevo modelo, así como que el informe anual que emita la comisión de seguimiento diferencie entre la aportación total de la Consejería de Educación y el gasto total de libros de texto, de forma que se garantice que el fondo de reserva sea "transparente y conocido".

El resto de grupos también aceptaron que los centros que trabajen con proyectos que no incluyan libros de texto reciban una asignación económica, así como que se impulse una transición digital y pedagógica en las aulas de la Región fomentando nuevas metodologías activas, inclusivas y centradas en las necesidades del alumno.

Sin embargo, PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron siete enmiendas de Podemos que recomendaban priorizar la compra de los libros de texto en librerías y comercios de barrio, formar a los profesores en el uso de la tecnología digital, ampliar la cobertura al ciclo no obligatorio de Educación Infantil y que las familias de rentas bajas tengan becas de ayuda escolar para gastos adicionales.

El diputado de Ciudadanos Juan José Molina, encargado de defender el texto legislativo, recordó a Podemos que los padres dispondrán de un cheque para comprar los libros donde deseen, al tiempo que rechazó que una ley sobre libros de texto aborde asuntos como las becas de ayuda escolar o la introducción de material digital en las aulas.

Molina consideró esta ley como "una de las más importantes" de la legislatura, al igual que la diputada socialista Choni Ludeña, quien defendió la norma porque "beneficiará a miles de familias" en la Región al tiempo que se ha conseguido un "consenso en un tema vital" para los 220.000 escolares que cursan educación obligatoria en centros públicos y concertados.

Desde las filas de Podemos, Miguel García se mostró "contento" por la aceptación de cuatro de sus enmiendas, que completan una ley que apoyarán el próximo jueves, mientras que el parlamentario del PP Víctor Martínez-Carrasco valoró que se vaya a dar luz verde a una norma que ha calificado como "gran medida social".

El PSRM califica de «deslealtad e insumisión» la negativa de Bernabé a comparecer en la Comisión del AVE

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, ha tachado de "deslealtad" la negativa del delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, a comparecer en la Comisión Especial para el seguimiento de la llegada del AVE a la Región.

López Pagán considera que la actitud de Bernabé "es una insumisión más al Parlamento, que se suma a las que ya nos tiene acostumbrados el PP en esta legislatura".

"Están demostrando que no respetan ni las instituciones ni situaciones de gravedad y de interés, como es la llegada de la alta velocidad a la Región y al municipio de Murcia soterrado, tal y como se pactó con la ciudadanía en 2006".

El portavoz socialista puntualiza que una vez más, el PP "hace caso omiso de los mandatos parlamentarios y no respeta la voluntad popular que reside en la Asamblea Regional, evitando comparecer en una comisión parlamentaria que pretende dar luz a una cuestión sobre la que se ciernen demasiadas dudas". 

"Nos preguntamos qué tiene que ocultar el PP para actuar con tanta opacidad y negarse a dar explicaciones de forma transparente en la Asamblea", indica.

Murcia, segunda región española con mayor número de marroquíes

RABAT.- Los marroquíes suponen actualmente el 15,15 % de la población extranjera registrada en España, un total de 715.690 personas, según las cifras de la "Cartografía de los marroquíes residentes en España" presentada hoy en Rabat, que detalla que Murcia es la segunda región que más acoge, 79.482.

Este estudio fue presentado en las segundas jornadas del Foro hispano-marroquí sobre cuestiones de inmigración y de integración, realizadas conjuntamente por el Ministerio de Emigración marroquí y el español de Asuntos Sociales.

La cifra de marroquíes residentes en España ha ido bajando levemente desde el "pico" alcanzado en 2012, cuando se registraron 790.258 personas, una bajada que el estudio atribuye al número de marroquíes que han ido obteniendo la nacionalidad española en este periodo.

Efectivamente, entre 2010 y 2015 España concedió la nacionalidad a 127.474 marroquíes (de un total de 211.709 entre 2000 y 2016), suponiendo el sexenio con mayor número de nacionalizaciones.

Con respecto al número de visados concedidos por España a marroquíes, se mantienen en cifras relativamente estables, superiores a los 130.000 anuales, y el pico se alcanzó en 2015, con un total de 153.340 visados concedidos.

Llama la atención el número de niños marroquíes escolarizados en España, que ha subido drásticamente de los 137.828 en el curso 2014-2015 a los 174.774 en el curso siguiente, lo que da una idea de que la población marroquí tiene un perfil muy joven.

En cuanto a su condición laboral, un 39 % de la población marroquí de 16 a 64 años estaba afiliada a la Seguridad Social en 2016, y un 22 % de la población de esa misma franja de edad estaba desempleada.

El experto marroquí en emigración Abdelwahed Akmir presentó un estudio propio sobre el perfil de la comunidad marroquí en España y destacó la enorme evolución que ésta ha sufrido desde mediados de los años ochenta, comenzando por las cifras, ya que se multiplicó por diez en este tiempo.

Akmir resaltó que la emigración marroquí pasó de ser casi exclusivamente masculina a porcentajes más equilibrados, y si comenzó por concentrarse en Andalucía y Cataluña, se encuentra ahora repartida por toda España, con especial presencia en Cataluña (209.920 personas) y Murcia (79.482).

Entre las asignaturas pendientes de esta emigración marroquí, Akmir destacó su pobre integración en la sociedad (muy pocos matrimonios mixtos o grupos mezclados de amigos), su baja presencia en las profesiones cualificadas y su casi nula representatividad política, en gobiernos, parlamentos o partidos políticos.

C's "Los políticos debemos sacar las zarpas del tema del agua"

CARTAGENA.- El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, opina que «los políticos debemos sacar de una vez por todas las zarpas del tema del agua, basta ya de politizarlo y de que sea un caladero de votos» y es que «hay partidos en esta Región que han hecho auténtica 'casus belli' electoral el tema del agua y luego han dejado a los agricultores en la estacada». 

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios apoyar el Pacto Regional del Agua, «se trataría del primer acuerdo en esta materia en 20 años» porque, lamentablemente, «en ese tiempo el agua se ha politizado». 

Y acentúa que «C's habla de sacar las zarpas del agua, de la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional, con criterios técnicos, también de eficiencia, de mantenimiento de infraestructuras, de agua desalada a un precio justo o social, de bancos de agua», tal como se defiende en el Manifiesto Levantino por el Agua, que apoyan. 

E incluso «hemos incluido iniciativas para que se habilite la cesión de derechos entre cuencas, de la huella hídrica, la economía circular; cuestiones en los que todos nos tenemos que poner de acuerdo», subraya

Los contribuyentes murcianos, los cuartos que más marcan la casilla de la Iglesia

MADRID.- La Iglesia Católica recaudó 256,2 millones de euros en la Declaración de la Renta 2017, correspondiente al IRPF de 2016, 7,1 millones más que el año anterior, pero por primera vez desde 2007 --cuando se instauró el nuevo sistema de asignación tributaria-- se ha registrado un descenso en el número de declaraciones a favor de la Iglesia hasta los 7,1 millones, 234.768 menos que en el ejercicio anterior.

El vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha achacado el descenso del número de declaraciones a que el año pasado se habilitó la nueva declaración telemática --con el cambio que supone a la hora de encontrar la casilla de la Iglesia-- y ha atribuido el aumento del dinero recaudado a un incremento del número de declaraciones de contribuyentes de los tramos más altos, es decir, con rentas de más de 30.000 euros brutos anuales.
"El descenso (de declaraciones con la casilla de la Iglesia marcada) ha sido idéntico al de la casilla de fines sociales. Por tanto, al margen de que necesitamos contar mejor a la sociedad lo que hace la Iglesia Católica, es evidente que hay algún elemento conjunto que es el que ha provocado esta disminución, probablemente por las nuevas maneras de declarar, por la declaración telemática", ha precisado Barriocanal este martes durante la presentación de los datos de la X en la Declaración de la Renta 2017.
En relación a los tramos de rentas declaradas, el número de declaraciones que asignan a la Iglesia aumentó en 2017 entre las rentas situadas a partir de los 30.000 euros anuales y descendió en los tramos por debajo de esta cantidad. En total, se han contabilizado 23.672 declaraciones más en el tramo más alto con respecto al bajo.
Por otro lado, ha aumentado el porcentaje de contribuyentes que marcaron tanto la casilla de la Iglesia como la de Otros Fines Sociales que ha pasado del 60 por ciento en 2016 al 62,5 por ciento en 2017. También ha aumentado en 600.000 el número de declaraciones en las que no se marcó ni la casilla de la Iglesia ni la de Fines Sociales, que han pasado de 5,8 a 6,4 millones. Este dato, según ha precisado Giménez Barriocanal, implica la necesidad de renovar el esfuerzo por dar a conocer mejor el mecanismo del 0,7 por ciento.

En datos

• En concreto, de los datos se desprende que en 2017, la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica aumentó en 7,1 millones, pasando de 249,1 a 256,2 millones de euros, lo que supone un incremento de un 2,8 por ciento, y alcanzando así una cifra récord desde 2007 en lo que se refiere a la cantidad recaudada a través del IRPF.
• Si bien, el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica ha disminuido en 234.768, pasando de 7,3 a 7,1 millones, el número más bajo desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria que comenzó en 2007. En todo caso, si se tienen en cuenta las declaraciones conjuntas, la cifra de declaraciones fue de 8,5 millones.
• Por comunidades autónomas, aquellas en las más se marca la casilla de la Iglesia católica son: Castilla La Mancha (45,9 por ciento de declaraciones a favor), La Rioja (45,3 por ciento), Extremadura (44,7 por ciento), Murcia (43,9 por ciento) y Castilla y León (43,2 por ciento). Por provincias, destacan con un porcentaje por encima del 45 por ciento: Albacete, Ávila, Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Palencia, La Rioja y Jaén.
• En cuanto al sexo de los contribuyentes que asignan el 0,7 por ciento de sus impuestos a la Iglesia Católica, el dato es similar, con un 35,3 por ciento del total de mujeres que la marcan frente a un 32,5 por ciento de los hombres.

Aviso amarillo este martes en la Sierra de Segura por nevadas

SEVILLA.- Las provincias andaluzas de Jaén y Granada tendrán activos este martes avisos de nivel amarillo por nevadas que podrán alcanzar hasta los cinco centímetros de espesor, mientras que en la provincia de Almería el aviso será de nivel naranja por fenómenos costeros durante las primeras horas de la madrugada, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la provincia de Jaén, el aviso amarillo estará vigente toda la jornada del martes por nevadas que podrán alcanzar un espesor de cinco centímetros en 24 horas en las sierras de Cazorla y Segura y de dos centímetros en la capital y la comarca de Los Montes, así como en la cuenca granadina del Genil.

Por su parte, en la provincia de Almería el aviso será de nivel naranja hasta las 04,00 horas por fenómenos costeros por vientos del oeste y el suroeste con fuerza ocho y olas de cuatro metros.

La Aemet prevé para este martes en Andalucía cielos nubosos en el interior oriental y poco nubosos en el resto, con intervalos nubosos a horas centrales y por la tarde. Habrá probabilidad de precipitaciones débiles en el interior oriental y comarcas centrales, más intensos en las sierras orientales.

La cota de nieve se situará en torno a 700 metros, subiendo durante la tarde a 900 metros. Temperaturas en descenso, con heladas en el interior oriental y ocasionales en zonas altas del resto. Los vientos serán de componente norte, fuertes con rachas muy fuertes en zonas altas.

Defensa invertirá 10.805 millones en el armamento “más urgente”

MADRID.- El Ministerio de Defensa planea invertir 10.805 millones de euros para cubrir las “capacidades más necesarias y urgentes” de las Fuerzas Armadas, según un documento de la Secretaría de Estado de Defensa al que ha tenido acceso la Cadena SER.

Los siete programas de armamento que se iniciarán en breve son el Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8, el buque de escolta oceánico F-110, el nuevo avión de entrenamiento, el sistema de mando y control, los aviones de reabastecimiento en vuelo (MRTT), la segunda fase del helicóptero multipropósito NH-90 y la modernización del helicóptero de transporte CH-47 Chinook.

Estos programas constituyen la avanzadilla del nuevo ciclo inversor de las Fuerzas Armadas para los próximos 15 años que sustituirá al que se puso en marcha en la década de los noventa y que incluyó, entre otros sistemas de armas, los aviones EF-2000 y A400M, los carros de combate Leopardo, los vehículos Pizarro o las fragatas F-100 y submarinos S-80.

La factura de aquellos Programas Especiales de Armamento (PEAS) ascendió a 30.113 millones de euros, de los que unos 20.000 millones están aún pendientes de pago hasta el año 2030.

Como sucedió con los anteriores, es probable que los nuevos programas se financien con créditos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por lo que su impacto inicial en el presupuesto y sobre el déficit será muy reducido.

Además de aprobar los siete los citados proyectos, con su correspondiente programación plurianual, el Consejo de Ministros debe dar luz verde a la modificación de la orden de ejecución del submarino S-80, desde los 2.135 millones del coste inicial hasta más de 3.600, para asumir el sobrecoste de 1.550 millones que supuso la corrección del sobrepeso de 125 toneladas en su diseño.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comunicó en diciembre pasado al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el compromiso de España de incrementar su gasto militar hasta el 1,53% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2024, lo que queda lejos del 2% comprometido en la cumbre aliada de Gales de 2014, pero supone 10.000 millones anuales más que el presupuesto actual.

El Gobierno podrá bonificar el peaje de la AP-7 si el Consell valenciano asume el coste

ALICANTE.- El Gobierno está abierto a bonificar el peaje de la AP-7 si la Generalitat asume parte del coste, pero a corto plazo no está previsto liberalizar ningún tramo de la autopista salvo que se dé alguna situación excepcional. Así lo ha indicado en una respuesta parlamentaria a los diputados del PSOE en el Congreso por las tres provincias de la Comunidad, entre ellos los alicantinos Herick Campos y Patricia Blanquer, fechada el pasado 23 de febrero. En ella, además, vuelve a señalar de manera implícita que la vía seguirá siendo de pago en el futuro, a juicio del diario Información. 

Los diputados socialistas por Alicante, Valencia y Castellón habían preguntado al Gobierno si ha previsto prorrogar la concesión de la AP-7 y, en caso negativo, qué tipo de gestión contempla. Además, querían saber si se había respondido a las peticiones de la Generalitat para «establecer un calendario de adecuación de la AP-7 a autovía libre de peaje», y si antes del final de la concesión se prevé liberalizar algún tramo. 

La respuesta a esta última cuestión es una negativa tajante, excepto que «alguna circunstancia no prevista lo exija». También se reafirma que no se prorrogará la concesión, que vence el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, parece que el peaje no sólo seguirá sino que ni siquiera se rebajará, a no ser que medie dinero de la Generalitat.

Y es que, en su respuesta a los parlamentarios socialistas, el Ejecutivo dice que «el Ministerio de Fomento está abierto a negociar la implementación de medidas de bonificación de peaje con la colaboración de las comunidades autónomas», como ya se hace en otros territorios. Ésa es la solución que, por ejemplo, se puso en marcha el pasado 1 de diciembre en la AP-68 a su paso por La Rioja, gracias a la contribución económica del gobierno regional. Desde entonces, los camiones en tránsito tienen prohibido circular por la carretera N-232, que discurre en paralelo a la autopista.

Así, a tenor de lo que dice el Gobierno, podría adoptarse una solución similar en la Comunidad Valenciana con las carreteras N-332 y N-340, si la Generalitat compensara el coste del peaje de los camiones que se verían obligados a circular por la AP-7. 

Pero mientras tanto ni siquiera se plantean soluciones provisionales para poder eludir las conflictivas travesías de la N-332, sobre todo las de Altea y Oliva -por las cuales preguntaban los parlamentarios de manera específica-, que lastran las comunicaciones internas en las comarcas de la Marina Baixa, la Marina Alta y la Safor, así como en la conexión del norte de Alicante y el sur de Valencia con las dos capitales de provincia.

Acerca de la continuidad del peaje a partir del 1 de enero de 2020, el Gobierno vuelve a pronunciarse con la vaguedad expresada ya entre otros por el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sin decir de manera explícita que habrá que seguir pagando pero dejándolo ver. 

En concreto, el Ejecutivo señala que cuando caduque la concesión el Estado «decidirá la forma de explotación de la autopista». Los diputados socialistas pedían información concreta acerca de si la explotación privada se sustituiría por otra concesión, si volvería a sacarse a concurso y si habría algún canon.

Al hilo de estas respuestas, el diputado Herick Campos lamenta «que el PP quiera mantener un peaje que lastra la competitividad de la Marina Baixa, la Marina Alta y la Safor», incluyendo Benidorm, así como de gran parte de la provincia de Castellón. 

A su juicio, ésta es «una nueva muestra de discriminación e injusticia para con la provincia de Alicante», agravada por el «abandono» de la N-332. Campos califica de «chiste de mal gusto» que se condicionen las bonificaciones a la colaboración económica de la Generalitat.

'Navantia' enfila diez años de trabajo y 7.000 empleos con las F-110

FERROL.- En los años 2000, los astilleros públicos españoles dieron el mayor salto tecnológico de su historia al lanzar el programa de las fragatas F-100 para la Armada española. La empresa pasó de copiar los modelos de otros constructores a diseñar y desarrollar su propia tecnología, incorporando el sistema de combate Aegis. «El resultado fue el mejor barco del mundo», afirmó en Ferrol, sin titubear, Ángel Recamán, director del Centro Tecnológico de Navantia, tal como publica La Voz de Galicia.

Fruto de aquella confianza depositada por la Armada española, la compañía pública se internacionalizó y llegaron contratos en Noruega y Australia. «Esta fragata sirvió de palanca para que Navantia saliese al mundo y para la marca España», aseguró el presidente, Esteban García Vilasánchez, en un acto en Ferrol de reconocimiento a los trabajadores que participaron en las F-100. 

Ahora, los astilleros esperan el encargo de la siguiente generación de fragatas para la Armada española, pendiente de los Presupuestos Generales del Estado. «Esperemos que pronto sea una realidad la orden de ejecución, sabemos que el Ministerio de Defensa está absolutamente implicado. Navantia está preparada para empezar cuanto antes estos buques», afirmó el máximo responsable de la empresa.

Un pilar esencial

Las F-110 son uno de los pilares en los que se asienta el plan estratégico de la compañía. Supondrán diez años de trabajo para el astillero ferrolano, que transformará sus instalaciones para atender la construcción de estos cinco buques. Se trata de un encargo, insistió García Vilasánchez, que generará ocupación para 7.000 trabajadores y que aumentará el PIB de la economía española en 590 millones de euros anuales. Aunque no hay un presupuesto oficial cerrado -rondarán los 4.500 millones- por cada uno de los euros invertidos se recuperarán 3,4, según los datos que maneja Navantia.

En su intervención, Javier Galán, presidente del comité de empresa del astillero ferrolano, reclamó el rejuvenecimiento de las plantillas como uno de los retos que tiene que afrontar la compañía para fabricar las futuras F-110.

En el taller en el que se celebró el acto se dieron cita alrededor de un centenar de trabajadores que participaron de una u otra forma en la ejecución de las fragatas y se proyectó una película -dirigida por el realizador José Antonio Muela- para dar a conocer la trascendencia de este programa. 

Eduardo Criado fue uno de los empleados presentes, quien recordó la faena constante que supusieron las F-100. «Ahora contamos con que se repita con las F-110, porque hace mucha falta el trabajo, sobre todo para los que están en la calle».

Los futuros buques incorporan destacadas innovaciones, están «a la vanguardia en ciberseguridad» y tienen las más altas capacidades en sistemas y requisitos.

Diez gastos que los autónomos pueden deducirse en su Declaración de la Renta 2017

MADRID.- La nueva campaña de la renta está a punto de empezar -aunque ya pueden consultar sus datos fiscales en la web de la Agencia Tributaria y a través de la aplicación móvil-, y para los trabajadores autónomos es un poco más complicado que para los asalariados. Además, este curso trae algunas novedades fiscales.

¿Cuáles son los gastos que pueden deducirse los autónomos en su declaración de la renta? A continuación se señalan algunos de los más habituales que se deben incluir.

1. Gastos de explotación

Incluye tanto los materiales adquiridos para el desarrollo de la explotación, su mantenimiento y producción.

2. Sueldos y gastos

Aquí se incluye tanto el salario de los trabajadores -si se cuenta con ellos- como los gastos de viajes, dietas o retribuciones en especie, tanto de los empleados como del propio autónomo. Aunque hay que tener en cuenta que es necesario conservar la factura de los mismos para poder justificarlos.

3. Cotizaciones a la Seguridad Social

Afecta tanto a las cuotas de los empleados como las del propio trabajador por cuenta propia. En este caso no es necesario contar con la factura.

4. Vivienda

Trabajar desde casa da derecho a deducirse algunos gastos de la vivienda, aunque para ello es necesario comunicar a Hacienda el porcentaje del hogar dedicado a la actividad profesional. Ese mismo porcentaje podrá deducirse de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como pueden ser el IBI, la comunidad, el seguro, etc. -En el caso del alquiler, la renta-. No se pueden deducir los gastos en suministros, como pueden ser la luz, el agua, internet, gas...

5. Gastos financieros

Créditos, préstamos y recargos por aplazamientos de pago de deudas están incluidos en las deducciones.

6. Amortizaciones

Se puede calcular la deducibilidad fiscal con los coeficientes de la tabla de amortización simplificada.

7. Servicios externos

Abogacía, notaría, seguros o publicidad, entre otros, son algunos de los servicios externalizados que pueden ser deducidos.

8. Teléfono

Si se cuenta con un teléfono exclusivo para el trabajo -del personal no puede deducirse nada- se puede desgravar la totalidad del gasto. Si se realiza un importante gasto en telefonía, puede merecer la pena contar con dos líneas, una en exclusiva para el trabajo, y así poder deducirse el gasto.

9. IVA

El IVA, que en ningún caso puede ser deducible en la declaración trimestral, se puede deducir en el IRPF por el total de la factura.

10. Formación

Otros gastos como la adquisición de libros vinculados a la actividad realizada, suscripciones, cursos de formación o asistencia a congresos también pueden ser deducidos.

El carnicero de Mercadona donó 400.000 euros al gobierno de García-Page en Castilla-La Mancha

MADRID.- El carnicero de Mercadona, Incarlopsa, donó 400.000 euros al gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) a través de la fundación Impulsa, que gestiona la publicidad del gobierno manchego, según Economía Digital.

Incarlopsa es la empresa que más factura en Castilla La Mancha y aportó dos donaciones de 200.000 euros en 2016 y 2017, años en los que el gobierno de Castilla La Mancha persiguió e intentó sancionar a los inspectores veterinarios autonómicos que denunciaron maltrato animal en el matadero de esta compañía cárnica en Tarancón (Cuenca).

Incarlopsa realizó en los últimos dos años una donación equivalente a la de las grandes empresas del Ibex como Iberdrola, con 200.000 euros en 2016 o La Caixa, que dio 150.000 euros ese mismo año, según las cuentas de Impulsa, una entidad sin ánimo de lucro. Sólo Liberbank, que gestiona las nóminas del gobierno autonómico, aportó más dinero que Incarlopsa en ese período (430.000 euros).

La fundación Impulsa está presidida por Rafael Pérezagua, secretario general de la Presidencia del gobierno regional y mano derecha de Emiliano García-Page, mientras que su gerente, Gabriel González, es un alto cargo de la Presidencia del gobierno, según reseña el diario manchego Clm21.es.

La responsable de la publicidad institucional del gobierno, Esther Padilla; la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández; y el director general de Industrias Alimentarias, Gregorio Jaime Rodríguez; son vocales de la fundación, según el mismo diario.

La sentencia judicial

Las donaciones adquieren especial interés las la sentencia del 21 de septiembre pasado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que acredita que la Junta de Castilla La Mancha “trabajó al dictado” de la empresa Incarlopsa al perseguir y sancionar a los inspectores veterinarios que levantaban actas contra la empresa por sacrificar cerdos bajo unas condiciones que violaban las leyes de bienestar animal.

El matadero de Tarancón (Cuenca) sometió a maltrato sufrimiento innecesario a los cerdos que sacrificaba sin la sedación exigida por ley. El proveedor de Mercadona incumplió el proceso de sedación que exige que los cerdos permanezcan en un foso de CO2 durante tres minutos antes del sacrificio.

Las prisas por atender la creciente producción hacían que la compañía incumpliese los plazos y degollase los cerdos en pleno estado de consciencia. Al ser sacrificados, los animales emitían ruidosos gruñidos que alertaron a un grupo de veterinarios que levantaron actas y propusieron sanciones.

Funcionarios apartados

Pero Incarlopsa pidió al gobierno que sancionase a los veterinarios denunciantes. Y el gobierno de García-Page obedeció y apartó a los funcionarios de sus puestos de trabajo.

Ahora, la sentencia judicial, avalada por cinco magistrados, señala al gobierno manchego por llevar a cabo una “arbitrariedad manifiesta que demuestra complacencia y claudicación” ante el proveedor de Mercadona que donaba dinero al gobernó a través de la fundación Impulsa.

La sentencia también siembra dudas sobre los motivos por los cuales el ejecutivo regional, en lugar de sancionar las irregularidades detectadas en el matadero, terminó persiguiendo a los inspectores que las denunciaron. Ahora, los veterinarios han sido readmitidos en sus puestos de trabajo.

Incarlopsa es una empresa con una pesada influencia en el gobierno  en la vida de Castilla La Mancha. Con una facturación de unos 600 millones de euros, es la compañía que más factura de toda la región, el doble que el emblemático fabricante de quesos García Vaquero. Incarlopsa tiene la mayor dimensión empresarial en La Mancha, la misma posición que el gigante El Pozo en Murcia (1.000 millones de facturación).

Y el proveedor de Mercadona también recibe constantes reconocimientos por su actividad empresarial. El comité de empresa propuso el año pasado que el Ayuntamiento de Tarancón le dedicara una calle a la familia Loriente Piqueras, fundadora de Incarlopsa. El gobierno local aprobó la iniciativa y pronto la localidad inaugurará la calle en honor al empresario para felicidad de los sindicalistas de la compañía.

El presidente de 'Navantia' presenta el proyecto de las nuevas fragatas F-110

MADRID.- El presidente de Navantia, Esteban García Vilasánchez, ha presentado en el astillero de Ferrol el proyecto de las futuras fragatas F-110, destinadas a relevar las seis fragatas clase Santa María o F-80 de la Armada Española.

En el auditorio se congregaron unos cien trabajadores del astillero propiedad del Estado (100% de la SEPI) y representantes de la Armada Española, cliente final del proyecto para el que se espera en próximas semanas/meses el anuncio por parte del Ministerio de Defensa del encargo de cinco fragatas.

García Vilasánchez subrayó que las fragatas F-110 aportarán 7.000 empleos anuales en la próxima década: “De ellos, 1.300 empleos serán plantilla directa de Navantia, 2.100 de industria auxiliar y 3.600 empleos indirectos generados en otros sectores a través de la cadena de suministro. El programa incrementará el PIB de la economía española en más de 590 millones de euros anuales y tendría un efecto sobre la demanda agregada de cerca de 1.500 millones de euros anuales”.

El presidente de Navantia quiso rendir tributo a los trabajadores que posibilitaron el exitoso programa de las fragatas F-100 (en servicio cinco de ellas en la Armada Española) que permitió la exportación a otros mercados de este tipo de buque de superficie (cinco fragatas en Noruega y tres destructores en Australia) así como la puja en estos momentos en los tres mayores concursos de construcción de fragatas del mundo.

“Navantia es la única empresa naval del mundo que compite en los 3 programas internacionales de fragatas, los de Estados Unidos, Canadá y Australia“, recalcó el presidente de Navantia.

Durante su comparecencia, el responsable de Navantia explicó que las nuevas fragatas F-110 continuarán la evolución tecnológica de las F-100. Algunos de los puntos, ya avanzados por Abc, son los siguientes:

• incorpora prestaciones reforzadas en capacidad antisubmarina (ASW) y de guerra asimétrica (ASYM), sin menoscabo de la capacidad antiaérea.
• nueva generación del sistema de mando y control SCOMBA responderá a los estándares más exigentes de gestión de datos, incorporando tecnologías de vanguardia y gran capacidad de interface e interoperabilidad, contando con enlaces de datos tácticos que permitirán crear una red de sensores y armas que potenciará la capacidad del conjunto de buques, aeronaves, vehículos no tripulados e instalaciones de mando en tierra que formarán la fuerza operativa.
• capacidad de despliegue de forma efectiva de lanchas rápidas, vehículos no tripulados, equipamiento para Grupos de Operaciones Especiales, estiba de contenedores normalizados, etc.
• las fragatas F-110 seguirán disponiendo de un helicóptero embarcado por lo que deberán contar con una plataforma de vuelo, hangar para su alojamiento y mantenimiento, sistemas de ayuda a la navegación aérea, etc. 
• muy difícilmente detectables en todo el espectro físico y electromagnético y dispondrán de gran capacidad de supervivencia y redundancia de sus compartimientos.

El TC avalará dar dinero público a los colegios que segregan por sexo

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) va a avalar la constitucionalidad de la segregación por sexos en los colegios que han decidido aplicarla. Y también, muy probablemente, el empleo de dinero público para subvencionar a los centros que llevan a cabo dicha separación. Sobre este segundo punto hay más discusión, aunque el proyecto de sentencia que estudia el TC es favorable a las subvenciones de tales colegios.

El PSOE había presentado un recurso contra ambas cuestiones, entre otros aspectos de la ley orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La impugnación se realizó en el 2014, y los socialistas presentaron la iniciativa como una cuestión de principios, argumentando en su día que “siempre” estarían en contra de dicho tipo de segregación.

Es muy probable que el Constitucional concluya sus debates y dé a conocer la sentencia mañana. El asunto figura en el orden del día del pleno que empieza hoy, pero antes se tratarán otras cuestiones. Los magistrados ya debatieron sobre la Lomce en otros plenos anteriores, y el proyecto de resolución se ha ido modificando a medida que se hacían nuevas aportaciones y se negociaba punto por punto.

Hace dos semanas, en el último pleno, el problema de la segregación por sexos en centros escolares quedó sobre la mesa, habiendo provocado una gran discusión, con diversos planteamientos enfrentados. El ponente de la sentencia, Alfredo Montoya, perteneciente al sector conservador del TC, propone la constitucionalidad de ambas cuestiones, la segregación por sexos y las subvenciones a los colegios que la apliquen. Pero hay grados y matices que siguen en discusión.

En principio, la mayoría conservadora del TC se decanta a favor de considerar plenamente constitucional que los centros que así lo decidan puedan segregar por sexos. Pero el debate fue más intenso a propósito del ajuste constitucional o no del empleo de dinero público para subvencionar a los centros educativos que apliquen la mencionada opción. 

En medios del propio Constitucional no se descarta la hipótesis de que al final sea el presidente de la institución, Juan José González Rivas, quien tenga que decantar el debate haciendo uso de su voto de calidad, solución prevista para los casos de empate. No sería la primera vez. Ya utilizó este mecanismo en una resolución sobre un asunto relacionado con determinadas prestaciones sanitarias.

En la sentencia que se está debatiendo, los matices vienen de la mano del grado de obligatoriedad respecto a las subvenciones a colegios que segreguen por sexos. Una cosa es que puedan subvencionarse este tipo de centros y otra que tenga que hacerse forzosamente. El sector más conservador del TC está a favor de un régimen amplio de subvenciones, y el más progresista considera que no hay que gastar ni un euro procedente del dinero público para atender a los gastos de dichos colegios. Una cosa es que se pueda segregar por sexos y otra distinta que haya que subvencionarlo.

Cabe la posibilidad de que, al final, la cuestión quede regulada en términos tales que en una comunidad autónoma haya subvenciones para dichos centros y en otra no. En ambas cabrá subvencionar la educación segregada, pero que se haga o no dependerá de la decisión política que los gestores educativos adopten en cada caso.

En principio, el presidente del TC y los magistrados Andrés Ollero y Santiago Martínez Vares son los más inclinados a apoyar las posiciones que defiende la ponencia elaborada por el también magistrado Alfredo Montoya. 

Los más críticos, en cambio, son Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. En una zona intermedia se han movido los cuatro restantes, es decir, Pedro González-Trevijano, Ricardo Enríquez, Encarna Roca –vicepresidenta del TC– y Antonio Narváez. Es por estar de este modo los equilibrios internos que no se descarta que al final el presidente del Constitucional tenga que desempatar. 

No obstante, se tratará de evitarlo, para que la sentencia no fracture al TC, que siempre trata de huir de la imagen de división en asuntos clave. Y éste tiene una clara trascendencia constitucional, porque de lo que se trata, en definitiva, es de distintas concepciones sobre el modelo educativo del país.

'Gestha' critica a la agencia tributaria por "omitir información relevante" de la lucha contra el fraude

MADRID.- El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) critica a la Agencia Tributaria al considerar que "omite detalles relevantes para la evaluación de los resultados en la lucha contra el fraude", después de que la Agencia publicase hoy mismo que en 2017 recaudó 14.792 millones de euros en la lucha contra el fraude, un 0,61% menos que en 2016.

Concretamente, desde Gestha reclaman la información de los delitos fiscales denunciados, de los ingresos en ejecutiva y de los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, "que históricamente reflejan el núcleo fundamental de los resultados económicos de la lucha contra el fraude, y que hasta 2015 se venían publicando".

De esta manera, Gestha sospecha que "tras la omisión de la cifra de los delitos denunciados contra la Hacienda pública se oculta una nueva caída de los delitos fiscales descubiertos por la AEAT en 2017, lo que mostraría otro fracaso más en la detección de los fraudes más sofisticados". 

En este sentido, el sindicato de técnicos señaló que 2016 supuso el quinto año consecutivo de caídas de las denuncias de delitos, ya que se tramitaron 226 denuncias por esta causa, un 77,7% menos respecto a los 1.014 delitos fiscales que se denunciaron en 2011.

Asimismo, Gestha considera que las tres principales causas que complican la detección de fraudes superiores a los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal, "son la limitación de las competencias de los técnicos de Hacienda, que les impiden concluir los expedientes de delitos, simulaciones, conflictos o fraudes de ley que detectan; la decisión de la AEAT de adscribir al 80% de la plantilla el control de particulares, autónomos, microempresas y pymes, y al 20% restante la investigación de las multinacionales, grupos empresariales y grandes fortunas; así como la orden de la AEAT de realizar básicamente investigaciones parciales".

De igual modo, los técnicos lamentan que aunque en 2017 se investigara a más contribuyentes que en 2010, se descubrió una deuda defraudada menor, por lo que la media descubierta por contribuyente también es inferior. 

Así, consideran que esta evolución desde 2010, salvo el repunte registrado en 2015, "refleja que la AEAT ha decidido reforzar la investigación de aquellos contribuyentes con menos recursos (pequeñas empresas, autónomos y trabajadores) en mayor medida que la persecución del fraude sofisticado que cometen las grandes empresas y las multinacionales".

En cuanto a los resultados de la inspección, los técnicos destacaron que la deuda liquidada en 2017 fue un 10% inferior a la de 2010, es decir, 624 millones menos. En este contexto, el importe medio de la deuda liquidada por contribuyente cayó el año pasado un 20% con respecto a 2010, lo que suponen 51.888 euros menos.

Por último, los técnicos recordaron que "por cada euro que ingresa la AEAT en su lucha contra el fraude quedan casi cinco pendientes de cobro", e insisten "en la necesidad de articular un plan realista y eficiente de lucha contra el fraude fiscal, con el que, de acuerdo a sus estimaciones, podrían recaudarse hasta 40.000 millones de euros a medio plazo y reducir ese 25% al que, prácticamente, asciende la economía sumergida en España".

Dicho plan, señalan, pasaría por poner en marcha tres medidas fundamentales: "La reorganización de la Agencia Tributaria (AEAT), que debería extenderse al resto del Ministerio de Hacienda y especialmente a la Intervención General de la Administración del estado, para mejorar el control del gasto público y la lucha contra la corrupción, con estructuras más horizontales y capacidad de decisión más compartida; el aumento de las responsabilidades de la plantilla con exigencia de su cumplimiento; y la dotación de más medios".