MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, expresó este viernes
su negativa a suscribir las condiciones «leoninas» impuestas por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)
en lo que respecta a la desalación, al fijar unos «precios brutales»
para los agricultores de la cuenca del Segura.
Jiménez, que hizo estas declaraciones tras
mantener una reunión con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, denunció que la desalación es
«la única opción que baraja el Miteco para resolver el complicado
escenario que está planteando de caudales ecológicos en el Tajo».
En este sentido, señaló que el Gobierno
central «lleva dos líneas de trabajo y ambas confluyen en un mismo
hecho, finiquitar en buena parte el Trasvase Tajo-Segura». Una de esas
líneas es «acabar con las tensiones políticas en la vecina Castilla-La
Mancha» y eso, ha dicho, «conduce inequívocamente a ir recortando
drásticamente el trasvase».
La segunda línea a la que hizo referencia
Jiménez es la apuesta por la desalación como «única opción en materia de
agua para esta cuenca». Al respecto, indicó que «no es necesario»
implementar caudales ecológicos «por encima de lo que ya estaba pasando
en algunos puntos como Aranjuez».
Asimismo, precisó que el Gobierno
reconoció que «buena parte de los problemas» de contaminación en el Tajo
«no se deben al trasvase», sino a «problemas de depuración en
Castilla-La Mancha y en la propia Comunidad de Madrid».
Otra de las líneas «fundamentales» del
Gobierno para «ir acabando periódicamente con el trasvase», según el
presidente de SCRATS, es que «nuestros técnicos, que son quizás los
mejores del país, descubrieron un error que importante que afectaba al
eje del Tajo que más incide en el trasvase», en referencia a los
volúmenes de caudales ecológicos planteados para Aranjuez, Talavera y
Toledo.
«Con lealtad no avisamos a los medios
informativos, sino que comunicamos el error al Miteco y a representantes
políticos afectos a este de esta región. ¿Qué hizo el Ministerio? Lo
lógico hubiera sido corregir ese error, ajustarlo con la metodología que
había usado en todo el eje del río del Tajo» porque «el caudal que daba
era un poco superior al que hay ahora, pero no muy superior».
«Lejos de eso», agregó Jiménez, «lo que
hizo fue cambiar toda la metodología del río Tajo para conseguir una
cifra similar; lo irónico es que es incluso un poco superior a lo que
tenía previsto como caudal ecológico», y todo, ha matizado, en base a
una «planificación netamente política».
Otro de los elementos sobre los que ha
llamado la atención es la imposición de lo que ha llamado «la ley del
silencio», pues «ni en el propio Ministerio ni en organizaciones afectas
a este, de carácter regional, ya se habla del caudal ecológico».
«El
MITECO ha dado una orden de silencio para ellos», ha criticado al
respecto.
Desalación «con calzador»
Para el presidente de Scrats, el
Gobierno central ha introducido la desalación «con calzador». «Y esa
desalación se empieza casualmente a producir la tramitación de las
concesiones en este momento, se nos pide que a toda marcha firmemos las
comunidades de regantes unos convenios que van a vincular nuestra vida
con la desalación en el futuro».
Para Jiménez, «no son convenios, son
contratos de adhesiones con condiciones auténticamente leoninas, en
donde no se nos dice algo que yo creo importante que es el precio del
agua desalada, y donde se incumple la normativa que dice que el agua
desalada tiene que costar 30 céntimos, no un euro y medio como
posiblemente pagamos».
A esto, ha añadido que «todas esas señales»
llevan al Sindicato a pensar que «esas dos líneas de trabajo que ha
tenido siempre el MITECO están clara: cargarse el Tajo-Segura en la
parte al menos que afecta al regadío».
Precios que afectarán a la población
El máximo representante de Scrats se
mostró convencido de que también la sociedad civil «se va a enfrentar
también a precios que van a afectar a su bolsillo», porque «una mayor
dependencia de la desalación, de un recurso que tiene como origen
principal la energía eléctrica, nos puede enfrentar en un futuro a
precios que están por ver».
«En esa batalla nosotros vamos a estar
enfrente del Ministerio. Decimos sí al agua, pero no a cualquier
precio», ha precisado el dirigente del Scrats, que ha exigido que «se
aplique la ley», una norma en la «se habla de 30 céntimos» para el agua
desalada.
Al hilo, ha expresado su malestar por tener
que solicitar algo que ya está reflejado en la normativa vigente,
máxime cuando «nuestros competidores, que son los compañeros del resto
del país, están pagando una media de 3-4 céntimos el metro cúbico». Los
precios por el agua desalada que se pagan en la Región, Alicante y
Almería harían «inviable», según sus palabras, la agricultura de futuro
en esta región.
Desde Scrats no van a firmar las
condiciones impuestas por el Miteco, al menos hasta que este no responda
a la misiva que el Sindicato le remitió para expresar su malestar. «Nos
costa que están trabajándola con una serie de condiciones, y en el
momento en que estas se centren, firmaremos», apostilló Jiménez.
Postura del Gobierno regional
Por su parte, el consejero de Agua
exigió al Gobierno de España la activación de los mecanismos necesarios
para fijar el precio del agua desalada para riego en 0,30 euros «que no
penalice a los agricultores de la Región como viene haciendo en los
últimos años, pagando cantidades muy superiores a la media nacional, lo
que afecta a la competitividad del sector agrario».
Luengo destacó «esta posibilidad viene
recogida en la Ley 1/2018 de 6 de marzo en su disposición adicional
cuarta, que permite adoptar esta decisión ante circunstancias
extraordinarias, y el incremento de los costes energéticos es una de
ellas».
Además, señaló que «el Gobierno de España
solo tiene una hoja de ruta y es la de cerrar el Tajo-Segura y sustituir
todos los recursos por agua desalada, sin tener en cuenta el grave
perjuicio que esto ocasionará a los regantes, que pagan sobre 0,70 euros
por metro cúbico de agua, una cantidad que podría multiplicarse por dos
una vez se revisen las tarifas en base al aumento del coste de la
electricidad, lo que contrasta con los 0,04 euros de media que se paga
en el resto de España, por lo que el agricultor murciano paga el agua
diecisiete veces más cara que la media nacional».
«A todo ello se suma el coste que las
comunidades de regantes tienen que afrontar por el gasto energético, que
ya desde hace meses están teniendo que afrontar tratando de que no
repercuta en el consumidor, algo que cada vez se hace más complicado»,
ha avisado.
Alegaciones
En otro orden, el encuentro sirvió
también para analizar el avance de las alegaciones que se están
ultimando a los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de planificación
impulsados por el MITECO, y que «prevén recortar un tercio del agua del
trasvase que llega al Levante español, lo que supondrá contar con 100
hectómetros menos cada año».
Luengo señaló que el Grupo de Trabajo de
Planificación Hidrológica, impulsado por la Consejería, está trabajando
en el estudio y preparación de sugerencias y alegaciones al proceso de
planificación hidrológica para conocer la situación de los caudales
ecológicos, la hidrología actual y futura de la cabecera del Tajo, el
impacto de ello sobre la operatividad del trasvase, y la evaluación de
efectos fundamentales sobre la cuenca del Segura.
«Los primeros análisis evidencian que se
produciría un recorte de 100 hm3/año, pero también se están estudiando
la evaluación de recursos disponibles en cabecera o la idoneidad de los
métodos empleados por el Ministerio para evaluar los caudales
ecológicos», concluyó el consejero.
