miércoles, 23 de julio de 2014

Podemos-Murcia pide por registro las dimisiones inmediatas de Bascuñana, Cerdá y el 'delfín' Sánchez


MURCIA.- El Circulo Podemos Murcia presentó este miércoles en el Registro General de la Delegación del Gobierno, y ante la Consejería de Presidencia y Empleo, dos escritos en los que pide el cese inmediato tanto del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, como de los responsables de las carteras de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, todos del PP, por su imputación en diversos procesos judiciales.

La entrega de documentos fue apoyada por una concentración de la que formaron parte simpatizantes de la formación política con una pancarta en la que se podía leer 'Imputados dimisión. Fuera de la administración'.
Según los escritos presentados, "Podemos, en cuanto movimiento político que aspira a una regeneración profunda de la vida pública regional y en su aspiración de refundar democráticamente el espacio cívico, considera que esta situación de excepcionalidad política debe ser afrontada con urgencia. La democracia se muere cuando los cargos públicos son objeto de sospechas por su complicidad en casos de corrupción".
La petición se realizó por considerar que "ninguno de los tres políticos está en condiciones de ocupar sus cargos". En el caso de Cerdá y Bascuñana, "por su supuesta implicación en el caso 'Novo Carthago'".
En el caso de Sánchez (en la imagen) se pedirá su "cese inmediato" en relación a "la adquisición de su vivienda y de la adjudicación de las obras de la urbanización donde está situada".
A estos casos en la Administración Regional "hay que unir los de multitud de ayuntamientos como demuestra la reciente sentencia de la Audiencia Provincial sobre el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, por un delito de prevaricación".

Una decena de excargos del PP, sólo uno de la Región, cumplen ya pena de cárcel

MADRID.- El próximo ingreso en prisión del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y del expresidente balear Jaume Matas aumentará a una docena el número de excargos del PP que ya han entrado en la cárcel cumpliendo condena por diferentes causas relacionadas con la corrupción.

Este miércoles, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel que la Audiencia de Castellón impuso a Fabra por cuatro delitos contra la Hacienda Pública que habría cometido al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003, lo que le llevará a entrar en prisión en los próximos días.
También Matas quedará privado de libertad próximamente después de que le fuera denegado el indulto por la condena de nueve meses impuesta por la Audiencia de Palma por tráfico de influencias en la contratación irregular del periodista Francisco Alemany, quien también entrará en prisión.
Y otro exdirigente 'popular' que entrará en la cárcel próximamente es el exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico Ángel Hernández Mateo, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dado de plazo hasta el día 31 de este mes de julio para ingresar en prisión condenado a tres años por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
Todos ellos se suman a la decena de excargos del partido liderado por Mariano Rajoy que ya están en prisión por diversas causas relacionadas con la corrupción. El más destacado es el extesorero y exsenador Luis Bárcenas, el único de los más de 150 imputados del 'caso Gürtel' que está en la cárcel a la espera de que se celebre el juicio.
El resto de encarcelados pertenecieron al PP balear, afectado por numerosos escándalos en la época de Matas. Uno de los que cumplen condena es el exconselller Josep Juan Cardona, condenado a 16 años de prisión por el caso Scala, centrado en el desvío de más de cinco millones de euros a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares.
También están en la cárcel por el mismo caso el ex director general de Promoción Industrial en el último mandato de Matas, Kurt Viaene, condenado a cinco años y cinco meses; la exgerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares en el mismo periodo, Antònia Ordinas, condenada a cuatro años y dos meses de cárcel; y el exconcejal en Lloseta, condenado a tres años y nueve meses.
Por el caso Andratx, una trama de corrupción urbanística y de concesión de licencias ilegales, cumplen condena el exalcalde de la localidad Eugenio Hidalgo y el exdirector general de Ordenación Territorial, Jaume Massot. También está en la cárcel condenado en firme a cinco años de prisión el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal por una trama de desvío de fondos.
Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores, aunque desde el mes de marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social y sólo acude a la cárcel a dormir.
 En la misma situación se encuentra el exalcalde de Totana, Juan Morales.

Matas no paraliza su entrada en la cárcel

La Audiencia Provincial de Palma ha denegado las peticiones del expresident balear, que ya no puede maniobrar para evitar la prisión. Está pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid le requiera para firmar el mandato de encarcelamiento, una vez lo haga comenzará a correr el plazo de cinco días para que entre en un centro penitenciario.
A primera hora, ha presentado dos escritos en la Audiencia Provincial de Palma para solicitar que se suspenda su ingreso en prisión, que es ya inminente.
En uno de los documentos, la defensa del expresident ha solicitado la suspensión de la ejecución de la pena hasta que el Gobierno resuelva un segundo indulto parcial que tiene solicitado, en el que pide que se cambie el cumplimiento de los nueve meses de cárcel por trabajos sociales.
Esta petición ha sido denegada por el Tribunal balear, que considera que esta petición de cambio de Matas no se puede considerar un segundo indulto. Recuerdan que la petición de cambiar la cárcel por beneficios a la comunidad ya se hacía de forma expresa en el escrito de indulto que ahora ha sido denegado por el Gobierno.
En un segundo documento, el expresidente del PP balear pedía a la Audiencia que esperara la resolución del recurso de amparo que tiene interpuesto en el Tribunal Constitucional. Algo a lo que la Audiencia se ha negado, argumentando que en la legislación que regula al Constitucional no se prevé esta posibilidad.
Matas pues, entrará en la cárcel sí o sí. Está pendiente de que el mandamiento de prisión llegue a la Audiencia Provincial de Madrid, que le pedirá que vaya a firmarla. En ese momento, Matas contará con cinco días para entrar en la cárcel.

El PSRM prepara un texto para impedir a políticos imputados seguir en el cargo

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Región de Murcia, Joaquín López Pagán, ha pedido al presidente del Gobierno regional, Alberto Garre, que "actúa con firmeza en favor de la transparencia y la democracia" y ha asegurado que desde su partido se está elaborando un documento por el cual pedirá que los altos cargos públicos que sean "investigados por la justicia" no puedan mantenerse en su puesto.

   A su vez, ha afirmado que la dimisión del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, tras la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Murcia, es "bienvenida", ya que "asume sus responsabilidades", pero ha recordado que "por ley, tenía la obligación de abandonar su cargo como alcalde".
   Así lo ha declarado en un encuentro con los medios este miércoles, en el que ha valorado los "últimos acontecimientos" que se están viendo en la Región de Murcia "con respecto a los cargos políticos del Partido Popular".
   Ha recordado que desde el Partido Socialista de la Región de Murcia "ya habíamos advertido de que este modelo económico especulativo daría lugar a una situación negativa desde el punto de vista económico, y que también causaría la generación de corrupción".
   Así, la lista de cargos públicos involucrados en asuntos de corrupción en la Región es, según ha remarcado López, "interminable y vergonzosa", ya que involucra a "alcaldes, dos consejeros del Gobierno regional actual, altos cargos del Gobierno regional de los últimos 20 años y hasta el delegado del Gobierno".
   Ha señalado que desde el PSOE consideran que es "insostenible para la democracia" la situación del Partido Popular, que actúa "con complicidad al no tomar ninguna decisión al respecto de esta grave situación".
   Por otro lado, se ha preguntado por los motivos que hacen que el ex presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, declarara que "moralmente no podía pedir a Joaquín Bascuñana que dimitiera". Así, ha incidido en "la agenda oculta que tienen Francisco Marqués y Bascuñana que Valcárcel no quiere que se sepa", y ha subrayado que se trata de una respuesta "que los ciudadanos nos merecemos".
   Además, López ha lamentado que Garre y el actual Gobierno regional sean "rehenes de su pasado incapaces de romper con la corrupción", de modo que "el Gobierno de Garre permite que aquellos que chantajean a la democracia y se lucran de ella sigan en sus cargos, y ha pedido al actual presidente de la Comunidad que "corte lazos con imputados y condenados que ostentan cargos públicos para dejar así de dañar la imagen de la Región y de sus instituciones".
   Así, López ha asegurado que desde el Partido Socialista de la Región de Murcia apuestan "por la transparencia, la exigencia de que cada cargo público no puede mantenerse en su cargo bajo sospecha".
   En este sentido, ha subrayado que "la presunción de inocencia se encuentra en los tribunales, mientras la presunción de decencia está, en la política, abandonando el cargo y defendiéndose cada uno individualmente", que ha añadido que "lo demás es ser cómplice con la corrupción".

Casi medio millar de menores e inmigrantes son atendidos en Cáritas en virtud del convenio con el Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- Casi medio millar de menores e inmigrantes son atendidos al amparo del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y Cáritas, cuyo presupuesto para las arcas municipales asciende a 225.000 euros.

   El alcalde Miguel Ángel Cámara ha visitado este miércoles las nuevas instalaciones de Cáritas, desde donde se realiza el reparto de alimentos y la atención a inmigrantes, entre otras labores.
   La prevención de la exclusión y la lucha contra la pobreza y la integración social de las personas y colectivos sociales más desfavorecidos son los ámbitos en los que trabajan de forma conjunta el Ayuntamiento de Murcia y Cáritas Diócesis de Cartagena, cuyas nuevas instalaciones en Espinardo ha visitado Cámara.
   Además de conocer la sede de los servicios generales, el alcalde, que ha estado acompañado por la concejal de Bienestar Social y Sanidad, María del Carmen Pelegrín, ha aprovechado la ocasión para analizar con el director de Cáritas, José Luis Leante, los programas y actuaciones que llevan adelante ambas instituciones.
   La colaboración entre el Ayuntamiento y Cáritas es muy estrecha, entre otras razones, porque "el objetivo es común: ayudar a aquellas personas que por las circunstancias que sean necesitan que la sociedad les ayude".
   En concreto, Cámara se ha referido al convenio de colaboración en vigor que, con un importe de 225.000 euros, permite abordar dos proyectos.
   En primer lugar, el 'Centro de Acogida y Atención al menor- Cayam', en el que se atiende a un total de 52 menores de 50 familias, con edades comprendidas entre 0 y los 3 años, y otros 40 menores de entre 4 y 12 años y sus familias.
   Las actividades que desarrollan abarcan desde la promoción social al apoyo en tareas de prevención del absentismo escolar y la mejora en las condiciones de su integración escolar.
   En segundo lugar, 'Viviendas de primera y segunda acogida para inmigrantes en situación de excepcionalidad' que proporciona alojamiento temporal a personas inmigrantes del municipio, principalmente familias monoparentales con hijos a su cargo y adultos varones con especiales dificultades para el acceso a la vivienda.
   El programa facilita una primera acogida humanitaria y cuidados de primera necesidad y la posterior adopción de medidas orientadas a su progresiva integración social.
   Anualmente se atienden unas 175 personas en el área de acogida y unas 200 familias en atención primaria para la cobertura de sus necesidades básicas.
   Además, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad, mantiene una estrecha colaboración para el desarrollo del proyecto Caixa Pro-infancia de lucha contra la pobreza infantil, desarrollando una acción coordinada en diferentes barrios y pedanías del municipio.
   En el marco de esta colaboración, iniciada en el año 2007, se está desarrollando en la actualidad una experiencia piloto de "trabajo en red" en Santa María de Gracia, en la que además de Cáritas y el Ayuntamiento de Murcia, participa también la Fundación Cepaim y otras organizaciones sociales.
   Cámara ha destacado la "extraordinaria labor" que realiza Cáritas en todas las facetas, desde el apoyo a quienes más lo necesitan, a la prevención, la formación o la inserción social, pero también, ha señalado, en su trabajo de "sensibilización a la sociedad murciana".

La reactivación económica de España será insuficiente para mejorar las cuentas de las CC.AA., según S&P

LONDRES.- La mayor solidez de las perspectivas económicas para España facilitará la consolidación presupuestaria de las regiones de régimen común, aunque será insuficiente para comenzar un proceso de desendeudamiento sostenido y pronunciado, por lo que las finanzas de estas comunidades autónomas, aunque se estabilizarán, no mejorarán de forma demasiado significativa, según las conclusiones de un informe elaborado por Standard & Poor's (S&P).

   "La reactivación del crecimiento estabilizará, pero no mejorará en gran medida, las finanzas regionales", sostienen los autores del informe, que confían en que las CC.AA. reducirán gradualmente sus déficits y estabilizarán sus niveles de endeudamiento, aunque no abordarán un proceso de desendeudamiento en los dos próximos años.
   Así, S&P cree que la mayor actividad económica de España permitirá elevar los ingresos autonómicos, tanto por el sistema nacional de financiación como por una mayor recaudación regional, pero advierte de que persisten "impedimentos estructurales" para el fortalecimiento de la solvencia de las CC.AA. de régimen común.
   En este sentido, la agencia opina que las regiones españolas más endeudadas no serán capaces al menos en los dos próximos años de corregir suficientemente sus posiciones en materia fiscal hasta alinearlas con la media nacional si no se produce un incremento de los ingresos como consecuencia de un crecimiento del PIB mayor de lo esperado.
   La calificadora de riesgos considera también necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica o nuevas transferencias ad-hoc por parte del Gobierno Central que impulsarán notablemente sus ingresos.
   Asimismo, S&P considera que aislar a las regiones más endeudadas de los pasivos acumulados podría facilitar un saneamiento significativo de la posición fiscal de estas CC.AA. que podría alcanzarse mediante un recorte de los intereses aplicados a la deuda o la condonación de una parte.
   A este respecto, la posición del Gobierno Central como principal acreedor de las regiones españolas dota a Madrid de herramientas para corregir la posición financiera de las autonomías más débiles, bien ampliando los plazos de vencimiento de la deuda, aplicando menores intereses o "perdonando deuda".
  "Entendemos que el Gobierno Central está tomando en consideración la adopción de medidas a este respecto, aunque aún no ha hecho públicos los detalles de un plan para el potencial alivio de la deuda o de los intereses", añade la agencia.    
   De este modo, en ausencia de reformas estructurales, S&P espera que las diferencias en las posiciones financieras regionales continuarán y prevé mantener sus calificaciones "en general estables" en un horizonte temporal hasta 2016.

UPyD exige al Ayuntamiento de Murcia que 'adecúe el cobro del IBI a la sentencia del Supremo'

MURCIA.- El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, afirma que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la concepción de qué bienes han de ser calificados como urbanos y cuáles como rústicos a efectos catastrales «va a tener un impacto muy importante» en el municipio de Murcia.

Por ello, UPyD presentará en el próximo Pleno municipal una iniciativa en la que reclama a Urbanismo que «aporte al Catastro la identificación del suelo del término municipal de Murcia que, aun siendo urbanizable, no cuenta con ordenación pormenorizada y que debe ser considerado como rústico».
Asimismo, la iniciativa pide también que al remitir los datos de las fincas del municipio afectadas al Catastro, el Consistorio «le inste a revisar, adecuar y modificar los valores catastrales de acuerdo a la doctrina sentada por la sentencia del Tribunal Supremo».
La moción de UPyD insta a que «se ratifique el compromiso de no incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles».

Los diputados franceses votan la reducción del número de regiones de 22 a 13

PARÍS.- La Asamblea Nacional francesa aprobó hoy la reducción del número de regiones del país de 22 a 13 dentro de una polémica reforma territorial que todavía podría variar en la fase de tramitación parlamentaria que le queda.

Un total de 261 diputados adoptaron este primer tramo de la reforma que en unas semanas será objeto de una nueva discusión en el Senado, mientras que 205 se opusieron.
El nuevo mapa de regiones se ha visto modificado en las últimas semanas con respecto al inicial presentado a comienzos de junio por el presidente francés, el socialista François Hollande.
En concreto, el pasado día 15, en vísperas del debate en la Asamblea Nacional, el grupo socialista presentó un esquema en el que Aquitania quedaba unida con el Limousin y con Poitou-Charentes, en lo que será una gran región del suroeste del país.
Otro cambio introducido entonces es el agrupamiento en el noreste de Alsacia con Lorena y Champagne-Ardenne.
En paralelo, la Picardía se une con la actual región Nord-Pas-de-Calais.
El proyecto de ley en discusión contempla el aplazamiento de las elecciones regionales hasta diciembre de 2015, en lugar de en marzo, y prevé la posibilidad de que a partir de 2016 los departamentos puedan cambiar a otra región, pero si cumplen una serie de condiciones estrictas.
Se trataría de obtener mayorías de tres quintos tanto en el consejo general (equivalente a una diputación provincial) como en los consejos regionales (asimilables a parlamentos autonómicos).

Los socialistas de Pliego exigen el cese inmediato de su compañera Isabel Toledo como alcaldesa

PLIEGO.- El Grupo Municipal Socialista de Pliego ha presentado una moción en el Ayuntamiento de esta localidad pidiendo el cese de forma inmediata de Isabel Toledo en sus funciones como alcaldesa . 

En la moción el PSRM argumenta que la sentencia no firme dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Murcia condena a Toledo a inhabilitación para profesión o cargo público por un delito contemplado en el Código Penal, en el capítulo de delitos contra las Administraciones Públicas.
La secretaria general del PSRM de Pliego, Mara Martínez, indicó que según pronunciamiento de la Junta Electoral Central, dicho artículo opera con efectos inmediatos ex lege desde el momento en que se da el supuesto de sentencia de condena no firme contra el cargo electo.
"En el caso de Isabel Toledo se produce entre los delitos contra la Administración Publica y la consecuencia de inegilibilidad subsiguiente deviene para el cargo público afectado en la incompatibilidad con el cargo institucional que ostente, en este caso, el de alcaldesa del municipio de Pliego ", explicó Martínez.
Los socialistas de Pliego consideran que el Pleno del Ayuntamiento debe conocer oficialmente de esta situación, pues los efectos antes mencionados son de cumplimiento inevitable, debiendo tomar cuenta de los hechos referidos el secretario municipal, con el fin de proceder al trámite correspondiente de declaración de incompatibilidad de la alcaldesa , ya que podría incurrir en responsabilidad penal en caso contrario.

El exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández, del PP, deberá ingresar en prisión antes del 31 de julio

VALENCIA/MADRID.- El exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico del PP, Pedro Hernández Mateo, deberá ingresar en prisión antes del 31 de julio, según la providencia que dictó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). 


Hernández Mateo cumplirá la pena que le impuso el TSJCV en noviembre de 2012, cuando fue condenado a tres años de prisión y siete de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras en 2004, después de que el Gobierno le haya denegado el indulto solicitado.
El que fuera alcalde de Torrevieja con el PP durante 23 años, entre 1988 y 2011, compareció este miércoles ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, donde se le requirió el cumplimiento voluntario de la pena privativa de libertad que se le impuso y se le pidió que indicara el centro penitenciario de ingreso.
El exalcalde llegó al mediodía al Palacio de Justicia acompañado de su abogado y se limitó a señalar a los periodistas que se encontraba "perfectamente" y que estaba "muy tranquilo".
Cuarenta y cinco minutos después, Hernández Mateo ha abandonado el edificio sin querer hacer declaraciones a los medios de comunicación.
La providencia de la Sala hecha pública hoy acuerda su ingreso voluntario en prisión, que se efectuará como máximo el próximo 31 de julio, y le autoriza para que se realice en el centro penitenciario que ha solicitado, que no se explicita en la resolución.
El mandamiento de ingreso en prisión será cursado directamente en el centro penitenciario solicitado, que informará a la Sala de la fecha de ingreso y, por tanto, del inicio del cumplimiento de la condena.
Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica en el plazo de tres días sin necesidad de consignar cantidad alguna, a excepción de la acusación popular, que deberá constituir un depósito de 25 euros.
Hernández Mateo debía haber entrado en prisión el pasado mes de noviembre, aunque en diciembre el TSJCV acordó aplazar el cumplimiento de la pena hasta que el Gobierno resolviera su petición de indulto, la cual fue denegada por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 11 de julio.
La petición de la medida de gracia fue firmada por cerca de 2.500 personas, muchas de ellas políticos del PP que dieron su rúbrica a nivel personal y con el argumento de que existen motivos de salud.

También Carlos Fabra

Por otra parte, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años de prisión que la Audiencia Provincial de Castellón impuso en noviembre al ex presidente de la Diputación y ex presidente del PP provincial, Carlos Fabra por cuatro delitos de fraude fiscal.
Fabra, de 68 años, tras el fallo del alto tribunal deberá ingresar en prisión dada lo alto de la pena y porque, además, parece muy improbable que el Gobierno le conceda el indulto.
Los jueces rechazan así los recursos de su defensa, que reclamaba su absolución, y del fiscal y el abogado del Estado, que pidieron aumentar de cuatro a ocho años de cárcel.
Tras conocer la condena de la Audiencia Provincial, dictada en noviembre de 2013, Fabra anunció su intención de recurrirla ante el Supremo y, de ser necesario, ante el Constitucional, aunque también explicó que no tiene «miedo a ir a la cárcel» y que no iba a solicitar el indulto.

Condenado a 35 años de cárcel Ángel Fenoll, el empresario de la basura y los vertederos

ORIHUELA.- El juzgado de lo Penal nº 3 de Orihuela ha condenado al empresario oriolano Angel Fenoll a la pena de 35 años y medio de prisión por hacer facturas falsas desde sus dos empresas y defraudar a Hacienda pública evitando el pago del Impuesto de Sociedades y el IVA correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004.

Así, el juez le ha condenado por 11 delitos contra la Hacienda pública y por cooperar necesariamente en la comisión de un delito continuado de falsedad documental.
Además, se impone al empresario una multa equivalente al "tanto al cuádruplo de la cantidad defraudada en cada uno de los delitos indicados", así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de cuatro años y seis meses.
La pena supone aceptar la que solicitaba la Fiscalía --pedía 36 años de prisión-- para el empresario oriolano, que presentó facturas falsas "con la finalidad de ocultar el verdadero resultado de la actividad" de sus dos empresas, Colsur, en Orihuela y Proambiente, en Abanilla (Murcia).
Según consta como probado en la sentencia, "con la finalidad de defraudar a la Hacienda Pública" y eludiendo el pago de las cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades (IS) de las empresas de Fenoll , para los años 2002, 2003 y 2004, se presentaron "las declaraciones correspondientes a los ejercicios impositivos y períodos expresados, de forma errónea al deducir gastos y cuotas de IVA soportado ficticios mediante la utilización de las facturas que habían sido íntegramente confeccionadas" por los colaboradores necesarios que "documentaron prestaciones de servicios o entregas de mercancías a favor de las entidades Colsur y Proambiente que no habían sido realizadas".
Argumenta el juez que el empresario Angel Fenoll , "resulta evidente", que "es el principal autor de toda esta trama, quizá no el cerebro, pero sí el máximo beneficiado en cuanto a través de las facturas falsas elaboradas por el resto de los acusados dejó de ingresar, a través de las dos sociedades de las que era administrador, una notable cantidad correspondiente a tributos a cuyo pago venía obligado --IVA e Impuesto de Sociedades--".
En cuanto a la responsabilidad civil, se establecen 577.536 euros en cuanto al IVA y 1.496.912 euros en cuanto al Impuesto de Sociedades sobre la empresa Colsur; y, 720.737 euros en concepto de IVA y 1.893.962 euros en Impuesto de Sociedades para Proambiente.
Así mismo, el juez condena en esta causa a otras 14 personas como cooperadoras necesarias en la comisión de los delitos, a las que se imponen penas que suman 177 años de prisión. El juzgado ha absuelto de los delitos contra la Hacienda pública y de falsedad documental a otros tres encausados en el proceso.

El alcalde de Torre Pacheco y dos concejales, también condenados, dimiten y se van del Ayuntamiento

TORRE-PACHECO.- El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, (PP), ha anunciado este miércoles que ha presentado su dimisión tras la sentencia de la Audiencia Provincial que lo condena a 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, aunque ha advertido que va a recurrir la sentencia ante el Supremo.

Junto al primer edil pachequero han comparecido, además, los concejales Santiago Meroño y José Saura, condenados igualmente a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el caso de las supuestas adjudicaciones a dedo que supuso casi 777.000 euros, y que también han presentado su dimisión.

García Madrid ha insistido en que no ha hecho "nada malo", no comparte la sentencia y ha amenazado con volver cuando las circunstancias se lo permitan.

El primer edil ha comparecido arropado por todo el equipo de Gobierno y numerosos vecinos que abarrotaban la sala donde se estaba produciendo la rueda de prensa.

El regidor ha criticado que, en este caso, "la Justicia no ha hecho justicia", pero "ha llegado el momento de hacer las maletas".

Preguntado sobre si también se van a dar de baja en el partido (PP), Daniel García Madrid ha señalado que eso es una cosa personal de cada uno que tendrán que decidir individualmente.

Lo que sí ha desvelado es que ha hablado con el presidente de la Comunidad y máximo responsable del PP de Torre Pacheco, Alberto Garre, y con el máximo dirigente del PP en la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y ambos le han transmitido su "comprensión".

De momento, a la espera de presentar y que se resuelva ese recurso al Supremo, Daniel García Madrid ha anunciado que volverá a ejercer su profesión, la de abogado.

Marqués dice ahora que varias de las cuentas millonarias pertenecen al SMS

MURCIA.- El exconsejero del Gobierno murciano e imputado en el caso 'Novo Carthago', sobre presunta corrupción urbanística, Francisco Marqués, asegura ahora que las cuentas en las que figura como autorizado en los años 2002 a 2007 son de titularidad del Servicio Murciano de Salud (SMS), del que fue responsable como consejero de Sanidad.

Marqués explicó que las averiguaciones que ha llevado a cabo, como prometió en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes, le han permitido "comprobar, con sorpresa, que corresponden a depósitos realizados por el SMS, de una misma cantidad, a plazo anual, que se reponía de inmediato".

El exconsejero indicó también que el resto de las cuentas que figuran en el informe entregado por el Banco Sabadell al instructor del caso 'Novo Carthago' corresponden al grupo del que fue director general, en alusión a la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame).

"La razón por la que permanecí como autorizado en unas u otras después de cesar en los cargos respectivos las desconozco, pero, en ningún caso, se debe a mi voluntad o responsabilidad".

Marqués quiso también dejar claro que "todas las cuentas que aparecen en el listado, así como las imposiciones a plazo, fueron declaradas en su momento y sin retraso a la Agencia Tributaria, así como sujetas a las auditorías anuales a las que sus titulares se someten de forma obligada".

El exconsejero lamentó el daño que le ha producido la difusión del informe del Banco al aparecer en él sólo su nombre, como autorizado, y no los titulares de las cuentas, por lo que espera que la aclaración que ofrece ahora "sirva para ayudar a la prudencia".

Reiteró que, como señaló en su comparecencia del pasado viernes, las imposiciones que aparecen en el documento no correspondían a dinero de su propio peculio, sino de los titulares de las mismas, el SMS y Hefame.

Finalmente, recordó también que en aquella conferencia de Prensa informó de que su letrado había presentado un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) para solicitar al instructor del caso que requiriera al Banco Sabadell para que emitiera un nuevo informe en el que se hiciera constar el nombre de los titulares de las cuentas a plazo, fueron declaradas en su momento y sin retraso a la Agencia Tributaria, así como sujetas a las auditorías anuales a las que sus titulares se someten de forma obligada".