CCOO estima que unos 500 murcianos acudirán a la vendimia francesa a final de mes

MURCIA.- CCOO estima que en torno a unos 500 murcianos, en su mayoría de la zona del Noroeste, sobre todo Calasparra y Moratalla, participarán desde finales de agosto, en la campaña de la vendimia francesa, del total de personas que acudirán desde España al país galo hasta el mes de octubre.

En concreto, el número de trabajadores españoles que se desplazará este año a la campaña de la vendimia francesa será aproximadamente de 13.500, un 12,5 por ciento más que el pasado año, cuando la cifra de temporeros procedentes de España alcanzó los 12.000.

Al hilo, CCOO Murcia recordó que la jornada laboral será de 35 horas semanales, a diferencia de las 40 de España, y que este año la hora se pagará a 8,82 euros (6,40 e/h en territorio español).

En caso de realizar horas extraordinarias, éstas se pagan con un incremento del 25 por ciento al pasar de las 36 a las 43 horas semanales o del 50 por ciento si la jornada se incrementa de las 43 a las 48 horas semanales. Para jornadas laborales superiores a las 48 horas se necesita la autorización de la Autoridad Laboral.

Además se puede solicitar los subsidios de protección a la familia siempre que se tengan dos hijos o más y se realice una actividad laboral de 18 días o más, 120 horas al mes o 200 horas al trimestre.

En concreto, las prestaciones en caso de tener dos hijos asciende a los 123,92 euros al mes; 282,70 euros con tres hijos y 441,48 euros por cuatro hijos a cargo. Por cada hijo a partir del quinto la prestación aumenta en 158,78 euros al mes.

Para los hijos con 11 años cumplidos después del 30 de abril de 2008 la ayuda es de 61,96 euros al mes a partir de los 14 años. En caso de que los hijos cumplan los 11 años antes de esa fecha dispondrán de una subvención de 34,86 euros al mes a partir de los 11 años y de 61,96 euros al mes cuando cumplan los 16 años.

La solicitud de las prestaciones se pueden realizar en Francia en la Mutualidad Social Agraria o al regreso en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El derecho a percibir estas ayudas prescribe a los dos años.

El secretario de Acción Sindical, Jesús Candel, aconsejó además que no se acuda a la vendimia francesa sin un contrato de trabajo, así como que en este se señale duración, salario, vacaciones, alojamiento o protección social.

A la finalización de la campaña recordó que se debe pedir al patrón el recibo de salario o 'bulletin de salaire' y conservarlo junto con el contrato, pues los dos documentos son "imprescindibles" para solicitar las prestaciones sociales a las que tengan derecho o para realizar reclamaciones.

En concreto, en el recibo de salario debe recogerse el número de horas trabajadas, el salario de aplicación, el parte proporcional de vacaciones; así como las cuotas de la Seguridad Social y la firma del patrón y su dirección.

Por su parte, el secretario regional de Organización del sindicato, Antonio Huertas, anunció que se "ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos franceses".

De tal forma, desde la Federación Agroalimentaria de CCOO, y en colaboración con el país vecino, se va a hacer un seguimiento 'in situ' de todas las condiciones, es decir, vigilaremos los cumplimientos de la legislación".

En caso de necesitar asistencia sanitaria durante el viaje y los diez días siguientes a la salida de España o hasta que el patrón les de alta en la Seguridad Social en Francia, aconsejan que se solicite la Tarjeta Sanitaria Europea y el formulario E-104 en la Dirección Provincial del INSS. Formulario necesario para hacer valer los derechos del trabajador al regresar a España.

De tener un accidente o enfermedad laboral en el periodo del contrato, no se debe regresar sin obtener de la Mutualidad Social Agraria los formularios E-112, E-117 y E-123, dependiendo del caso. Con estos formularios podrá seguir percibiendo en España la atención sanitaria o las prestaciones a las que se tenga derecho.

En cuanto a los alojamientos, CCOO remarcó que los debe de poner el empresario o patrón y que deben de cumplir los requisitos de habitabilidad y normas higiénico-sanitarias. En caso contrario, el sindicato aconseja llamar a las Secciones de los Consulados de España en Francia.

Standard & Poor's avisa de que recortará la calificación crediticia de las CC.AA. si no controlan su gasto

NUEVA YORK.- La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's advirtió hoy de que la caída de los ingresos tributarios de las comunidades autónomos y el incremento de sus déficits después de inversiones provocará un "salto en las ratios de deuda durante 2010", por lo que si no se ejerce un control "vigoroso" o incluso un recorte del gasto podría revisar a la baja la calificación crediticia de estas regiones.

En un comunicado, la agencia concretó que las comunidades autónomas verán reducidos sus ingresos por IRPF, IVA, impuestos especiales y fondo de suficiencia en 20.000 millones de euros en 2010, una cuantía equivalente al 13% de los ingresos presupuestados en 2009 o más del doble de los 7.400 millones adicionales que recibirán con la reforma de la financiación autonómica en el próximo año.

Así, la firma estima que la contracción de los ingresos netos de las comunidades autónomas durante 2010 "desembocará en un aumento sustancial de los déficits después de inversiones", un escenario que, advierte, "hace que la probabilidad de acciones negativas de rating en 2009 y 2010 sea sustancialmente mayor".

Asimismo, añade que "en ausencia de un giro de 180º en la senda de crecimiento del gasto, pensamos que las comunidades autónomas agotarán en general los límites de déficit marcados en junio de 2009 por el Gobierno". El Ejecutivo fijó un techo de déficit del 2,5% del PIB regional para 2010 y del 1,7% en 2011.

La agencia indicó que "incluso un cierto número de regiones, en particular aquellas que han mantenido ejecuciones presupuestarias históricamente débiles, pueden encontrarse en serias dificultades para no sobrepasar los límites máximos".

Por tanto, Standard & Poor's prevé que "la combinación de altos déficits y la caída de los ingresos desencadenará un salto en los ratios de deuda durante 2010 sin precedentes".

En cifras, los datos que maneja la agencia precisan que la deuda total de las regiones calificadas por Standard & Poor's podría alcanzar el 94% del presupuesto agregado de las comunidades autónomas en 2010, ratio que se situó en el 71% en 2008. Además, la ratio de sostenibilidad, que mide el número de años en que el ahorro corriente podría devolver la deuda, "acusará un deterioro más virulento".

Expuestos estos argumentos, la agencia mandó un claro mensaje: "Sólo un control (o incluso reducción) del gasto regional, vigoroso y sin precedentes, pueden evitar una severa dislocación de las finanzas públicas, el surgimiento de desajustes presupuestarios estructurales y una expansión de los ratios de carga de deuda con posibles consecuencias sobre la calificación crediticia".

La gestión de las aguas fronterizas entre España y Portugal / Alberto Garrido *

Hace pocos días, la prensa española se hizo eco de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Salamanca sobre la percepción que tienen españoles y portugueses sobre el país vecino. En España, el titular ha sido en casi todos los medios que el "40% de los portugueses apoyaría la formación de una federación con España, frente al 30% de los españoles encuestados".

Llamó la atención a muchos que mientras el aprovechamiento de los ríos es considerado como muy problemático por el 6,1% de españoles, esa apreciación es compartida por el 25,3% de los portugueses.

España y Portugal comparten cuatro importantes ríos Ibéricos: Lima-Miño, Duero, Tajo y Guadiana, cuyas cuencas abarcan más del 40% de la superficie de la península, pero casi el 60% del territorio continental portugués. La cooperación hispano-lusa sobre sus cuencas compartidas ha seguido en los últimos cien años una traza discontinua, con largos períodos de inactividad intercalados por momentos de consenso y espíritu cooperativo.

No se puede afirmar, sin embargo, que la confianza haya presidido en todo momento las relaciones entre ambos países a la hora de buscar el entendimiento y la colaboración.

Pero tampoco sería acertado concluir que las desavenencias históricas con respecto a los ríos ibéricos hayan llegado a poner en peligro las relaciones de buena vecindad. La firma del Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, o Convenio de Albufeira (CA), el 30 de noviembre de 1998 es sin duda un hito que marca un punto de inflexión en la historia de la cooperación sobre las cuencas compartidas.

De manera muy sintética, la posición de cada país en este largo proceso de relaciones se resumiría del siguiente modo. De un lado, Portugal —país de aguas abajo, de menor tamaño, con mayor porcentaje de su territorio en las cuencas compartidas y con una capacidad de regulación hidráulica mucho menor que la española— se constituiría en la parte vulnerable y alimentaría "percepciones socio-políticas de una posible subyugación [por parte de España]".

Y por otro lado, España —país de aguas arriba, mucho más árido, con menores recursos per cápita, mayor desarrollo de infraestructuras y de usos, permanente urdidor de grandes planes de trasvases, algunos realizados y otros en interminable discusión, y con menor proporción de su territorio en las cuencas compartidas— reclamaría para sí el derecho a suplir la aridez de su clima con más obras, potenciar sus transformaciones en regadío y asegurarse el abastecimiento de agua en cuencas con regímenes extremos.

España, al ir muy por delante de Portugal en la construcción de obras de infraestructura, pondría siempre encima de la mesa el servicio de regulación y prevención de avenidas e inundaciones que las obras hidráulicas españolas han prestado a Portugal sin contraprestación económica alguna. Y, Portugal reclamaría de España el derecho a no estar a merced de una explotación de los ríos compartidos subordinada en exceso a sus intereses y desdeñosa de los suyos. El CA puso, al cabo, los cimientos para que la colaboración pudiera ser continua, estable, acumulativa e irreversible.

El inicio de la negociación del CA tuvo lugar en un contexto de creciente cooperación e integración económica entre ambos países, pero fuertemente enrarecido por el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993 (APHN-1993), en el que se proyectaban trasvases del Duero al Tajo (de 1.000 hm³) y del Tajo al Segura (otros 1.000 hm³).

Precisamente, fue Portugal quién formuló la exigencia de firmar un nuevo tratado, al objeto de clarificar la situación de las cuencas afectada por el APHN-1993. La fuerte orientación hacia el modelo de oferta del APHN-1993 suscitó rechazo también en España, materializado en su devolución al Gobierno por parte del Congreso de los Diputados en razón al injustificado fundamento del crecimiento del regadío que se proyectaba.

Pero también en Portugal, cuyos intereses en estas cuencas se veían amenazados, se creó una cierta alarma y no poco malestar. Las relaciones entre ambos países atravesaron los peores momentos de su historia más reciente, y uno de los principales motivos fue el APHN-1993. No obstante, la negociación del CA comenzó sin el APHN encima de la mesa, pues ya España lo había retirado, y en lo que afecta al Duero, la opción del trasvase quedó definitivamente desechada.

Es importante destacar también que la posición española en los foros internacionales fue explícitamente contraria a reconocer los derechos de los Estados ribereños de aguas abajo, o a consagrar la obligación del de aguas arriba a cooperar y tomar en consideración los intereses de aquellos. La posición española en el concierto comunitario e internacional en los años 90 se basó en subrayar la importancia de la seguridad de los usos, la supremacía de las cantidades y caudales sobre la calidad y en poner en valor la regulación y protección contra avenidas que el país de aguas arriba puede ofrecer al de aguas abajo.

Portugal, por su parte, apostó por los aspectos de calidad de las aguas y los derechos del país de aguas abajo a recibir caudales en buen estado ecológico y menos alejados del régimen no modificado.

El telón de fondo de estas posiciones fue sin duda el conflicto sobre los ríos transfronterizos, y ninguno de los dos países ocultó su posición en las negociaciones de acuerdos y convenciones internacionales que coetáneamente estaban desarrollándose en Europa y Naciones Unidas. El régimen de reparto del agua de los ríos ibéricos que se acordó en Albufeira estableció la obligación para España de entregar unos volúmenes mínimos totales para cada año (salvo en el Guadiana, para el cual España debe asegurar una caudal mínimo de dos metros cúbicos por segundo).

Si bien este acuerdo dio respuesta a una demanda histórica de Portugal, nunca la satisfizo plenamente pues seguiría a expensas del régimen de aportes que España cediese a Portugal a lo largo del año que le resultase más ventajoso para sus intereses. Por ello, la muestra más evidente del estrecho e intenso régimen de cooperación entre los dos países fue tal vez la revisión del régimen fijado en Albufeira en 1998, estableciendo desde febrero de 2008 para todas las cuencas caudales mínimos semanales y trimestrales.

Portugal ha podido tener razones en el pasado para sentirse incómoda con España con respecto a los ríos ibéricos compartidos. A día de hoy, sin embargo, el trato que España otorga a su vecino es justo, solidario y respetuoso. Pese a todo, los portugueses siguen sin estar convencidos de ello.

(*) Alberto Garrido es profesor de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la E.T.S de Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Madrid.

http://www.soitu.es/soitu/2009/08/06/medioambiente/1249555180_033216.html

Retegui asegura que "es Valcárcel quien tiene que explicar el pacto oculto con Cospedal" sobre el Tajo-Segura

MURCIA.- La diputada regional socialista Begoña García Retegui respondió a las declaraciones realizadas hoy por el consejero Cerdá, que "es Valcárcel quien tiene que explicar a los ciudadanos de la Región el pacto oculto que tiene con Cospedal".

"Quienes hemos dicho no a todas las enmiendas inconstitucionales del Estatuto de Castilla La Mancha, fueran del PP o PSOE hemos sido los socialistas del PSRM", añadió la socialista en comunicado de prensa.

Y es que el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aseguró hoy que "a estas alturas, nadie puede dudar ya de la inconstitucionalidad del Estatuto de Castilla La Mancha", tras las declaraciones efectuadas ayer por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en las que esperaba poder desbloquear la aprobación del Estatuto para septiembre.

García Retegui recordó que Valcárcel dijo "sí, buana" a Cospedal y a las enmiendas del Partido Popular de España que son inconstitucionales, "como quedó claro en el informe sobre el asunto que encargaron a expertos los propios regantes de la Región".

Según la diputada, "el gran atentado que sufrió el trasvase Tajo-Segura fue el de la sumisión de Valcárcel a Aznar cuando estuvo de acuerdo con elevar a 240 Hm3 el mínimo trasvasable desde la cabacera del Tajo".

"Valcárcel tiene pendientes muchas explicaciones a la sociedad murciana", afirmó Retegui, para quien "el PP, Aguirre, Cospedal, quieren hacer el trasvase desde el Ebro para acabar con el Tajo".

Finalmente, la diputada socialista instó a los miembros del PP de la Región a "que no presuman tanto" de su defensa del Tajo-Segura, "pues el propio PP de Castilla-La Mancha los desdice".

Una octava parte del ahorro en Fórum Filatélico se concentra en Murcia

MURCIA.- Casi nueve mil -8.897- de los perjudicados por la intervención de Fórum Filatélico pertenecen a Murcia y sus contratos suman un total de más de noventa y dos millones de euros, concretamente -92.705.676- la octava parte del total de las aportaciones, de acuerdo con los datos facilitados por la Administración Concursal.

Del total de clientes murcianos, son 949 los que ahorraron entre 10.000 y 15.000 euros, 526 los que ahorraron entre 15.000 y 20.000 euros y sólo 1 tenía contratos de más de 1 millón de euros.

"Nos encontramos, por tanto, frente a un perfil modesto, de pequeño y mediano ahorrador muy dañado por la falta de control y regulación del mercado de los bienes tangibles durante los más de veinticinco años de actividad de la compañía filatélica", aseguran los representantes de la Asociación Perjudicados Fórum Madrid, que agrupa a 30.000 acreedores de Fórum Filatélico de toda España.

Como puede apreciarse en la estadística, la mayor parte de los perjudicados ya hubieran recuperado sus ahorros de haber incluido la criticada Ley de Bienes Tangibles el fondo de compensación de pérdidas que los clientes de Fórum y Afinsa siguen reclamando a día de hoy. Esta solución política aliviaría casi totalmente la carga de las demandas de responsabilidad patrimonial del Estado interpuestas ante la Audiencia Nacional.

Fórum Filatélico se encuentra incurso actualmente en tres procesos judiciales: Mercantil, Penal y Contencioso Administrativo. Éste último, que reclama la responsabilidad patrimonial del Estado, es el más avanzado y en el que confían los perjudicados a la hora de recuperar sus ahorros, vista la anómala lentitud de los otros dos.

El pasado 10 de junio fue presentado el escrito de conclusiones por parte de los representantes jurídicos de los perjudicados y está pendiente de votación y fallo, previsto para antes de que finalice 2009.

La gripe A puede elevar el absentismo laboral hasta el 50% de la plantilla

MADRID.- Las empresas podrían triplicar sus gastos en absentismo laboral a causa de la gripe A, según un informe de la empresa de soluciones en recursos humanos Randstad, que pone de manifiesto que si esta enfermedad se prolonga en el tiempo, el absentismo podría elevarse hasta el 50% de la plantilla.

Este documento indica que en caso de que el absentismo se eleve hasta el 50% por la gripe A se generaría "un caos" en el mercado de trabajo durante los últimos tres meses del año. De producirse esta situación, Randstad señala que en el último trimestre del año se generaría una demanda adicional a la habitual de 1.500 mozos, 500 administrativos, 700 camareros, 400 dependientes y 800 inventaristas.

Por ello, la firma señala que ante esta situación las empresas deben elaborar un plan de actuación que les permita estar preparados en el caso de contagio de la gripe A entre sus trabajadores y que sirva para asegurar la salud de sus empleados y la viabilidad futura del negocio.

El informe de Randstad pone de manifiesto que, según las últimas previsiones, esta enfermedad podría afectar el 25% de la población, por lo que señala que las empresas deberían contar con equipos de protección individual y que tendrían que contar con un plan de sustituciones.

Al mismo tiempo, el documento recomienda dar la baja incentivada a un trabajador que trabaje cerca de un empleado enfermo, así como reservar los viajes a aquellos "estrictamente necesarios" e indica que un posible caso de gripe A podría provocar el "absentismo psicológico" de las personas más aprensivas.

Montoro pide al Banco de España que no permita fusiones por intereses políticos que den lugar a "engendros"

MADRID.- El coordinador de economía del PP, Cristóbal Montoro, reclamó hoy que el Banco de España se ponga "manos a la obra" y no permita que el proceso de reestructuración financiero en España se rija por las decisiones políticas de los gobiernos regionales. "El único criterio debe ser el estrictamente económico, de otra forma sólo vamos a construir engendros", dijo Montoro.

Las fusiones de entidades tienen que ser siempre resultado de planteamientos económicos que incluyan planes de viabilidad supervisados por el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, estimó el portavoz económico del PP, para quien en un plan de rescate del sector bancario como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "no puede primar nunca el criterio político".

En este sentido, Montoro subrayó que el PP "no está formulando ninguna recomendación" sobre las entidades financieras que podrían fusionarse, sino que el partido insiste en la necesidad de que la reestructuración financiera se guíe por criterios económicos, ya que el proceso se enfrenta a "grandes dificultades".

El portavoz del PP, que respondía de esta forma a la pregunta de si el partido promovió una eventual fusión de Caja Madrid con Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caixa Galicia, justificó la primacía de los criterios económicos sobre los políticos con el fin de que fluya el crédito hacia familias y empresas.

Según indicó, "dirigentes autonómicos están entendiendo que salir de esta crisis es simplemente promover fusiones dentro de su territorio, cuando no tiene por qué ser así", sino que lo conveniente es "que haya competencia entre las entidades, no bancos públicos regionales".

Por otro lado, Montoro abogó por no "endulzar" la situación, por dejar que el Banco de España funcione, y diga "la verdad a los españoles", que es imprescindible "resolver un grave problema en el sector bancario español" en el que el objetivo es sobrevivir y no necesariamente salir de la crisis con mayor tamaño.

"A todo el mundo le ha entrado una especie de furor por ser más grande. El furor es por sobrevivir", consideró.

Sobre la posibilidad de que la Junta de Andalucía o la Xunta recurran el FROB por considerar que invade sus competencias, Montoro dijo no estar sorprendido por su reacción, si bien recordó que el PP propuso al Gobierno modificar la ley de órganos rectores de la cajas de ahorro para reducir la capacidad de veto de las comunidades autónomas.

"El Gobierno no se encontró con fuerzas para llevar esta propuesta adelante. Por tanto, tampoco me asombra que ahora tengamos esta reacción en comunidades autónomas que ven cómo se invaden sus competencias, porque no ha habido un cambio de competencias", sostuvo Montoro.

El portavoz económico del PP señaló que para que se lleve a cabo la reestructuración financiera, que en realidad es un "rescate de entidades", es claramente oportuno superar las fronteras de las comunidades autónomas. "No habrá otra manera de resolver este problema en España", aseveró.

Por este motivo, indicó que el PP se plantea la modificación de los órganos rectores y también de los órganos supervisores de las cajas en aras de un sistema financiero más sano y más competitivo. "No es sólo reducir la capacidad de supervisión de las comunidades autónomas, sino también reducir la influencia política en las cajas", incidió.