MADRID/VALENCIA.- No importa que el ex presidente valenciano Eduardo Zaplana
haya quedado reducido a poco más que su estructura ósea; que tenga la
cara deformada por su enfermedad, una leucemia muy grave; o que haya
experimentado un súbito empeoramiento que le ha llevado a perder ocho
kilos de golpe, a padecer dos infecciones y una depresión de caballo que
ha agravado todavía más su estado y que le llevó hace unas semanas a
tomar la decisión personal de renunciar a cualquier tipo de tratamiento, para acelerar su muerte, según publica hoy El Mundo.
La juez María Isabel Rodríguez, que instruye el denominado
caso Erial por el que
detuvo al ex presidente de la Comunidad valenciana hace ocho meses
tras acusarlo de cobrar comisiones y blanquearlas, considera que todo
es un puro teatro. Que Zaplana no está grave y que, por lo tanto, debe
regresar de inmediato a la prisión de Picassent, de la que salió hace
días en dirección al Hospital de
La Fe al certificar los médicos un
preocupante empeoramiento de su estado.
Esta magistrada, que
curiosamente conoce de primera mano lo que es el cáncer porque padeció
uno de mama que le obligó a permanecer de baja año y medio, ha llegado a
justificar en privado que no le preocupa en absoluto el estado de salud del ex alto cargo del
PP
y que a ella no le toman el pelo. «Yo sé mejor que nadie lo que es
tener cáncer», llegó a decir al inicio del caso cuando recibió las
primeras críticas.
Arguye que en los seguimientos practicados por la
Guardia Civil antes de su arresto se comprobó que llevaba una vida de lujo y desenfreno
y que cuando levante el secreto del sumario se podrá comprobar que no
estaba tan malo como sostiene.
Por eso siente que está siendo víctima de
un engaño, que el ex presidente valenciano, pese a que necesita
transfusiones de sangre periódicas, está dispuesto a darse a la fuga, y
que, por lo tanto, debe continuar entre rejas por el buen fin de una
investigación de cuyo contenido sólo se conoce el auto por el que se
decretó su ingreso en prisión.
«En los paraísos fiscales también hay hospitales», llega a razonar en su última resolución judicial para denegar por enésima vez la libertad del histórico líder del PP.
En sus resoluciones explicita que Zaplana cobró al menos 6,4 millones en sobornos
de manos de la familia Cotino a cambio de adjudicaciones públicas
durante su etapa como presidente valenciano y que ha ocultado el dinero
en países como Andorra, Paraguay o Uruguay.
Desde el primer momento el
ex ministro popular ha asegurado que se trata de una acusación sin
fundamento, que ni era presidente durante las adjudicaciones
investigadas ni ha tenido buena relación con los Cotino y ni mucho menos
ha aceptado sobornos suyos.
De hecho, la magistrada llega a
afirmar que adquirió su casa de Benidorm con «dinero obtenido de los
sobornos y presuntamente por la adjudicación de los parques eólicos y
las ITV de la Comunidad valenciana», a pesar de que la vivienda fue adquirida en 1995
y la adjudicación de las ITV data de 1997 y la de los parques eólicos
no tiene lugar hasta 2003, cuando Zaplana no estaba en Valencia sino al
frente del Ministerio de Trabajo.
Llamativos errores
A falta de conocerse el resto del sumario, que continúa secreto, la juez ha introducido éstos y otros llamativos errores en sus autos
que ponen en tela de juicio la precisión del resto de sus afirmaciones,
hasta el punto de que sostiene, por citar otro ejemplo, que Zaplana fue
trasplantado de médula en Estados Unidos cuando la operación le fue
realizada en el mismo Hospital La Fe de Valencia en el que se encuentra
internado.
El ex presidente valenciano reconoce que ha intentado
hacer negocios tras abandonar la política o que ha criticado a
compañeros de partido por teléfono porque tiene el defecto de hablar más
de la cuenta. Pero que nunca, jamás, se ha enriquecido ilícitamente.
No
obstante, el argumento extraoficial de la supuesta vida loca del
Zaplana enfermo de cáncer se ha venido trasladando desde la dirección de
la investigación desde hace meses. Su entorno lo desmiente rotundamente
basándose en una característica personal de Zaplana y es su aprensión
por coger cualquier enfermedad que agravase su estado a sabiendas de que
tenía las defensas por el suelo. Por lo que, enfatizan, sus salidas y entradas siempre estuvieron muy calculadas.
Comentarios
maliciosos al margen, durante los últimos diez días se ha producido un
punto de inflexión que ha conducido la situación a un límite que no
cuenta con precedentes en la Justicia española.
El jefe de Hematología
del Hospital
La Fe de Valencia, Guillermo Sanz,
considerado de forma unánime por la comunidad científica como uno de los
grandes especialistas mundiales en el tratamiento de la leucemia, ha
puesto el grito en el cielo y ha dejado por escrito en varios informes
que
si Zaplana vuelve a la cárcel, morirá en un corto espacio de tiempo. En un reciente tuit ha llegado a apuntar abiertamente, hastiado por la conducta de la juez, que su paciente está siendo víctima de «tortura» por parte de la instructora.
Ni
tan siquiera la contundencia de sus dictámenes o el recurso a las redes
sociales para torcer la voluntad de la juez Rodríguez ha ablandado a
ésta, que, por el contrario, ha endurecido todavía más su posición
y ha entablado una guerra abierta contra este especialista, al que
considera cómplice del engaño del que asegura estar siendo víctima.
Crónica ha accedido a las comunicaciones que se han intercambiado durante los últimos días la juez y el hematólogo, en las que la instructora llega a poner en cuestión abiertamente la gravedad de Zaplana utilizando un tono inédito en sus resoluciones judiciales por su virulencia.
Así,
el pasado 20 de diciembre, la titular del Juzgado de Instrucción número
8 de Valencia, dictó un auto en el que subrayó su carácter de
«urgente». En el mismo exigió al Hospital La Fe que justificara por qué había que realizarle nuevas pruebas médicas a Zaplana.
Requirió
que se le explicara por qué las nuevas pruebas «no se podían realizar
en el Hospital General Universitario de Valencia»; por qué debía «estar
permanentemente ingresado» en lugar de «efectuarse traslados desde el
centro penitenciario hasta el hospital»; y puso directamente en tela de
juicio la oportunidad de los nuevos análisis.
«Que se conteste
desde cuándo están programadas dichas pruebas y por qué las mismas no se
hicieron en la última revisión de que fue objeto», indicó en tono casi
amenazante. De hecho, llegó al extremo de exigir al Hospital La Fe que
explicara «en base a qué hechos objetivos se ha acordado la práctica de las pruebas», entre las que se encuentra la extraordinariamente delicada limpieza completa de la sangre de células cancerígenas.
El tono de la juez se elevó todavía más al reclamar una justificación sobre por qué fue suspendida una cita médica
por parte de Zaplana el pasado 11 de diciembre si es que «el estado era
tan grave».
Máxime cuando «de todos es sabido la lista de espera y el
retardo que existe en la sanidad pública» y «el doble retardo que se
produce cuando no se acude a la programada». Lo que certifica, siempre
bajo el criterio de la instructora, «la ausencia de urgencia».
Miedo al ingreso
La
airada reacción de la magistrada, que considera que no le están
contando la verdad, llevó al doctor Guillermo Sanz, que trata a Zaplana
desde hace tres años y medio, a replicar con la misma contundencia
inusitada. Reveló que la mujer de Zaplana le había comentado que no acudió a la cita «por miedo a quedar ingresado»
y que fue él personalmente quien les indicó la «necesidad de que
aceptara el ingreso» al ser «necesario e imprescindible para tratar de
garantizar su salud».
No en vano, Zaplana llegó a rechazar aquellas pruebas médicas no porque estuviera bien de salud sino porque había comunicado a su entorno que ya no quería someterse a más revisiones.
El motivo, que prefería morirse cuanto antes. Este extremo le ha sido
explicado a la magistrada, que tampoco da crédito al mismo y ha
endurecido más si cabe el régimen de visitas de Zaplana en el hospital.
El día de Nochebuena intentó visitarle el capellán del hospital y el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.
A ambos los agentes de Policía que custodian al ex ministro le
comunicaron, de muy buenas maneras, que tenían orden de la juez de no
dejarles pasar. También ha prohibido expresamente que la esposa de
Zaplana duerma junto a él en el hospital como sí se permite al resto de
pacientes.
Convencido por su médico de que no debía tirar la
toalla, Zaplana accedió a las referidas pruebas para someterse a una
«fototerapia extracorpórea», a una «gastroscopia y colonoscopia» para
localizar las pérdidas de sangre que estaba padeciendo así como a un
«aspirado de médula ósea».
El doctor Sanz, que se ha empeñado en «sacar
adelante como sea» a su paciente «a pesar de la juez», le explicó a la
instructora que el ingreso era «absolutamente necesario e imprescindible». «No sólo para tratar de mejorar su situación clínica sino, fundamentalmente, para trata de salvar su vida», agregó.
Lejos de entrar en razón, la juez continúa creyendo que está siendo sometida a una engañifa
y presiona a diario al Hospital La Fe para que le aclaren puntualmente
las pruebas que le están realizando y procedan a devolver al paciente de
inmediato a la prisión.
La persistencia de la instructora llevó al
responsable de Hematología de La Fe a emitir el pasado 27 de diciembre
un nuevo informe en el que, además de pronunciarse de nuevo a favor del
ingreso de forma indefinida del paciente, reprende a María Isabel
Rodríguez por haberle mantenido preso con una leucemia grave.
«La
privación de libertad interfiere en su salud y en los cuidados y
tratamientos que debería llevar ahora, haber llevado en el pasado y
llevar de ahora en adelante», precisa. «En este caso la respuesta es que
indudablemente lo ha hecho y lo seguirá haciendo».
A la vista de
la imparable obstinación de la juez, han movido ficha los representantes
de las asociaciones contra el cáncer de Valencia, que han llamado
directamente a la instructora al juzgado.
Así lo hizo Arturo Zornoza,
presidente de Asleuval (Asociación para la lucha contra la leucemia de
la Comunidad valenciana). Después de muchas dificultades para hablar con
María Luisa Rodríguez, los miembros de esta asociación se toparon «con
un muro», han asegurado textualmente. Le dejaron claro a la juez que separan al enfermo del político y le han pedido que le permita tratarse en La Fe.
«Ante
la persistencia de la situación y como asociación de pacientes
oncohematológicos queremos reiterar nuestra preocupación y apelar a
razones humanitarias para que se reconsidere la situación que está
atravesando, tal y como haríamos con cualquier enfermo que estuviera en
las mismas circunstancias», le indicaron. La contestación de la juez fue que ellos eran «parte interesada» y que, por lo tanto, no iba a tener en consideración su opinión en ningún momento.
Llegados a este punto, el doctor Sanz va a proponer que dos nuevos peritos examinen a Zaplana
y contrasten su dictamen. No realizará ya ningún informe nuevo porque
considera que ya ha dicho todo lo que tenía que decir. De tal forma que
queda en manos de la juez la posibilidad última de trasladar en contra
de los especialistas al paciente de regreso a Picassent bajo su estricta
responsabilidad.
De producirse finalmente esta decisión, «Zaplana morirá»,
coinciden los médicos. «Se habrá cumplido entonces el objetivo»,
razonan desde su entorno cercano. «Quieren que se muera para que cuando
se levante el secreto del sumario y se vea que no hay pruebas
contundentes, todo haya terminado y la juez evite tener que enfrentarse a
ese ridículo y a ese bochorno».
