Los Ayuntamientos adeudan unos 23 millones a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en 2012

CARTAGENA.- La deuda de los municipios por el consumo de agua de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla asciende a los 23 millones aproximadamente al cierre de 2012. Así lo ha asegurado el delegado del gobierno en el organismo, Adolfo Gallardo de Marco, aunque es una cantidad, ha apostillado, "que se ha visto recudida con respecto al año anterior", cuando ascendía a unos 30 millones.

   Gallardo ha asegurado que la Mancomunidad, que abastece a un total de 79 municipios de Alicante, Murcia y Albacete, "sigue funcionando sin mayores inconvenientes" pues no se ha visto afectado "el funcionamiento, solo la gestión".

   En este sentido, el delegado de la Mancomunidad ha destacado la "voluntad" del 99 por ciento de los ayuntamientos "que están haciendo todo lo posible por saldar la deuda".

   Por otro lado, el delegado del gobierno de la Mancomunidad ha asegurado que tiene noticia de que la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) está interesada en estudiar la posibilidad de una explotación o gestión conjunta. Hasta dónde puede llegar, si es solo del agua desalada o del agua del trasvase, "está en estudio", opina Adolfo Gallardo.

   Sobre los 350 trabajadores, ha apuntado, que "lógicamente están preocupados, preguntan y les explico lo que conozco", que hay unos estudios "que igual no van a ningún sitio".

   De momento, Acuamed no ha hecho declaraciones a quienes se han puesto en contacto con la sociedad.

   Por su parte, el consejero de Educación, Formación y Empleo, que actuó el pasado viernes como portavoz del Gobierno regional, Constantino Sotoca, aseguró que el Ejecutivo murciano conoce la información por los medios de comunicación.

   "Es algo que vincula al Ministerio y no tenemos más noticia ni más comunicación sobre este tema" pero "se pedirá información al mismo", señaló a preguntas de los medios en rueda de prensa.

   En cualquier caso, apostilló Sotoca, "siempre habrá que hacerlo conforme a la legislación vigente, respetando el derecho de los trabajadores".

Asaja Murcia demanda un Plan de Internacionalización del campo murciano en los países nórdicos

MURCIA.- Asaja Murcia ha demandado este domingo que es necesario que el Ministerio de Agricultura colabore en la puesta en marcha de un Plan de Internacionalización del Sector Agroalimentario murciano en los Países Nórdicos, según han informado fuentes de la organización agraria en un comunicado.

   Para su secretario general, Alfonso Gálvez, "desde nuestra organización entendemos que los países nórdicos ofrecen un enorme potencial de consumo para los productos agroalimentarios de nuestra Región. Por todo ello, queremos poner en marcha un plan de internacionalización, que tenga al menos una duración entre tres y seis años, y que permita posicionar a nuestros productos en países como Noruega, Suecia o Finlandia".

   Gálvez Caravaca ha señalado que "son países con economías muy fuertes y, por eso, nos interesa fortalecer nuestra presencia en los mismos, y tenemos que consolidar nuestras estructuras comercializadoras en éstos, comercializando en los mismos productos de alta calidad y seguridad alimentaria".

   "Es vital poner en marcha es plan que contribuya a dinamizar y hacer más competitiva la exportación agroalimentaria murciana, y que favorezca directamente a los productores murcianos", ha concluido.

El PSRM pide a Sanidad que restituya el programa de ayudas a pacientes con tratamiento de oxigenoterapia

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide a la Consejería de Sanidad que restituya el programa de ayudas a pacientes sometidos a tratamiento de oxigenoterapia.

   Hace ahora un año, en enero de 2012, el Servicio Murciano de Salud (SMS) derogó las ayudas a pacientes sometidos a este tipo de tratamientos, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Rosique recordó que en la Comunidad Autónoma, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, en 2011 la media mensual de pacientes que recibieron esta ayuda fue de 1.403 y el coste anual de los mismos ascendió a 266.672 euros ese año.

   El Grupo Parlamentario Socialista considera que en este tipo de asistencia no deben existir recortes y es necesario mantener las ayudas "porque se trata de un servicio imprescindible y vital para un importante número de enfermos".

El Constitucional también desestima el recurso de la Comunidad Autónoma contra la derogación del trasvase del Ebro

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno murciano contra la modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que deroga el trasvase del Ebro. La sentencia data del pasado 13 de diciembre y ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Región de Murcia interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 20 de septiembre de 2005, argumentando que la Ley impugnada rompía el principio de unidad de cuenca y dejaba en manos de la Administración General del estado y de la Generalitat de Cataluña la determinación de los caudales ambientales del río Ebro en un tramo concreto.

El Gobierno regional consideraba además que se concedía a una comunidad autónoma la capacidad de bloquear todo el plan hidrológico de la cuenca, al someter la aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro al mutuo acuerdo de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En su sentencia, el TC explica que el procedimiento de aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro constituye "una fórmula de cooperación adecuada para un supuesto de concurrencia competencial y que debe reputarse constitucionalmente admisible".

Asimismo, el Tribunal establece que se trata de un mecanismo "de acomodación o integración entre dos competencias concurrentes en el espacio físico, basado en el acuerdo, y que configura la aprobación final del plan integral de protección del Delta del Ebro como un acto complejo en el que han de concurrir dos voluntades distintas, lo que resulta constitucionalmente admisible cuando ambas voluntades resuelven sobre asuntos de su propia competencia".

El fallo añade que este hecho "no implica la alteración del sistema de distribución ni menoscabo de la competencia del Estado".

Según el PSRM, el tiempo se acaba para el alcalde Cámara

MURCIA.-  El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, considera que las nuevas revelaciones del 'Caso Umbra' confirman la responsabilidad directa del alcalde, Miguel Ángel Cámara, en la aprobación de los convenios de la zona Norte investigados por la operación judicial en la que se encuentra imputado.

   López insiste en que serán los jueces quienes tendrán que determinar la responsabilidad penal, pero es evidente que existen responsabilidades políticas y recuerda que ya el pasado mes de julio el PSRM solicitó la dimisión de Miguel Ángel Cámara al frente del Ayuntamiento de Murcia.
   "Desde el momento en que fue imputado tendría que haber dejado su cargo, porque él es el máximo responsable del modelo urbanístico que se ha seguido en los últimos años en Murcia apostando por el convenio como hoja de ruta para aprobar operaciones megalómanas", sostiene el concejal socialista.
   Además, según recuerda, "Cámara firmó en 1999 el protocolo con el entonces presidente del club Real Murcia, Joaquín Romeo, que es el origen de toda la trama de presunta corrupción urbanística".
   Y es que, desde el primer momento, señala López, "el Grupo Socialista manifestó su rechazo a los convenios de la zona Norte y puso esta situación conocimiento de los tribunales al entender que se estaba produciendo una importante pérdida para las arcas municipales, que algunos informes periciales sitúan entre 320 y 500 millones de euros, una cantidad que en estos tiempos de dificultades económicas es aún más grave y doloroso con tantos murcianos pasándolo mal".
   Tras las últimas revelaciones y las recientes sentencias judiciales, el portavoz socialista señala que "el tiempo se acaba para Cámara y debe afrontar de una vez las consecuencias de un modelo urbanístico equivocado. El tiempo va poniendo a cada uno en su sitio, demostrando que esos proyectos eran insostenibles y que las cosas se hicieron mal".
   Recuerda que siguen imputados, además del propio alcalde de Murcia, el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el ex director de la Gerencia, Alberto Guerra; el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia, Joaquín Peñalver; la jefa de la Oficina del Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia y esposa de Alberto Guerra, Isabel Fernández; y el ex gerente de Urbanismo, Pedro Morillas, entre otros, en los casos Umbra y Barraca, lo que es una prueba contundente de que la gestión urbanística en Murcia ha sido lamentable.
   "Un ex concejal que sigue percibiendo retribución por parte del Ayuntamiento y un grupo de altos funcionarios que continúan trabajando para la administración local con tareas de responsabilidad, a pesar de su imputación", insiste López, quien además subraya que "a ninguno de ellos se les ha abierto expediente disciplinario administrativo ni se les han pedido explicaciones".