La Inspección de Trabajo visitará oficinas de la CAM para comprobar si hay aumento de la jornada

ALICANTE.- La Inspección de Trabajo visitará las oficinas de Caja Mediterráneo para comprobar si es cierto que los empleados han visto aumentada en dos horas diarias su jornada laboral, según han indicado hoy fuentes de la unidad sindical --por Sicam, UGT, CCOO, CSICA y Sindicato Vietnamita--.

   La unidad sindical de Caja Mediterráneo y responsables de la caja se han reunido este miércoles en la Inspección de Trabajo, que había citado a ambas partes. Desde la Inspección han advertido a la entidad que hay "una normativa que cumplir", tras recibir la denuncia por parte de los sindicatos, y ha anunciado que en "un plazo breve" los inspectores irán a comprobar si es cierto que los empleados se están viendo obligados a ir a trabajar por las tardes.

   La dirección de la entidad, según las mismas fuentes, ha negado que se haya dado esta instrucción a los trabajadores, aunque la unidad sindical mantiene que sí ha sido así y que se ha hecho especialmente en las direcciones territoriales de Murcia "donde a lo bestia se ha dicho: todo el mundo de cinco a siete a trabajar", así como en Madrid. En el caso de Alicante, según han indicado, la orden ha sido más leve.

   Los sindicatos aseguran que los directores territoriales han transmitido a los directores de zona y éstos, a su vez, a los directores de oficinas que los empleados tienen que ir todas las tardes de 17.00 a 19.00 horas. Esta medida, calificada como "decreto" por los sindicatos, se ha hecho "de forma verbal".

   Los sindicatos consideran que este aumento de dos horas diarias sobre la jornada laboral es "injustificado" y "vulnera todo el convenio y toda la legislación laboral", hasta el punto que podría constituir "un fraude a la Seguridad Social".

El Fiscal pide prisión provisional para Francisco Gil Eguino por entender que existe riesgo de fuga

MURCIA.- El Ministerio Fiscal ha pedido prisión provisional para el que fuera director de la empresa municipal de limpieza urbana de Lorca (Limusa) entre 1998 y 2009, Francisco Ignacio Gil Eguino, por entender que existe un riesgo de fuga "a la vista del horizonte penal" que el propio acusado divisa como "posible e inevitable".

   El fiscal ha pedido este ingreso en prisión mientras se tramita el recurso de casación presentado contra la sentencia que condena a Gil Eguino a siete años y seis meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil y prevaricación en el marco del 'Caso Limusa', que investiga una presunta trama de corrupción en dicha empresa municipal de limpieza de Lorca.

   Por el contrario, el abogado de la defensa, Jaime Peris, ha opuesto a esta petición de prisión provisional, alegando que el riesgo de fuga "no existe" y que el fiscal basa sus argumentos en "meras suposiciones", al tiempo que su petición cuenta con "errores de apreciación jurídica e imprecisiones".

   Así lo han expuesto durante la audiencia que se ha celebrado este miércoles en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), tal y como está previsto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras puedan interesar la prisión provisional o su libertad provisional con fianza.

   Para defender el riesgo de fuga, el fiscal, Juan Pablo Lozano, ha esgrimido entre otros argumentos, que Gil Eguino "dispone de medios económicos ocultos que le han proporcionado ingresos de relevancia", y que constituyen unos recursos "que acrecientan el riesgo de fuga". Además, añade que su vida en el terreno profesional "está seriamente afectada, ya que ha sido despedido de Limusa".

   En el terreno personal, el fiscal destaca que sus circunstancias "no permiten considerar que el arraigo procedente de la vinculación familiar" sean suficientes para poder eliminar el riesgo de fuga. Así, explica que "existe un deterioro de su relación personal con su esposa por razones conocidas".

   Además, considera que sus hijos "son mayores de edad y más o menos situados a nivel profesional, no necesitando de la presencia del padre más que a mero nivel emocional", al tiempo que justifica que su imagen social en Lorca "no debe pasar tampoco por sus mejores momentos".

   Igualmente, acredita que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Lorca ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra Gil Eguino por varios delitos fiscales que "será objeto de acusación y previsible condena", lo que a su juicio "incrementa el riesgo de fuga".

   En contraposición, el abogado de la defensa ha explicado que Gil Eguino "no cuenta con el perfil de alguien que ha decidido desaparecer y esquivar la Justicia". Así, ha explicado que "dispone de esposa e hijos con los que convive", al tiempo que sus padres "octogenarios están atendidos por su hijo en sus necesidades habituales".

   Además, añade que el ex director de Limusa "está buscando trabajo, tal y como demuestra el extremo de que, solo unos días después de ratificarse su condena, se presentó a un concurso público de empleo en el que obtuvo bastante éxito, en la medida que quedó en el lugar 14 de un total de 1.500 presentados".

   En este sentido, el letrado ha añadido que Gil Eguino "ya estuvo 91 días en prisión provisional y se ha estado presentando periódicamente en los juzgados, tal y como indica la sentencia condenatoria". Además, aclara que su defendido no ha abandonado el territorio nacional ni ha hecho uso del pasaporte "a pesar de que no se le ha retirado".

   Igualmente, ha añadido que Gil Eguino tiene todo su patrimonio "afecto a la causa" de tal manera que se considera que su cuantía es "bastante como para hacer frente a casi los 600.000 euros que le pide la sentencia en materia de responsabilidad civil". de hecho, ha añadido que sus bienes y propiedades multiplican por dos esta cuantía, hasta los 1,2 millones de euros.

   Gil Eguino ha tomado la palabra y, aunque no ha hecho declaraciones sobre aspectos jurídicos, ha explicado que, a nivel personal, considera "desproporcionada" la petición de prisión para él y ha asegurado que no tiene intención de fugarse, al tiempo que ha reprochado que "no sirve de nada" que alguien defienda lo contrario.

   Al respecto, ha defendido que se ha estado presentando "los días 1 y 15 de cada mes" en los juzgados, tal y como exige la sentencia que le considera culpable. Además, ha recordado que todos sus bienes "están trabados", y ha asegurado que se "lleva bien" con su mujer, al tiempo que sus hijos y sus padres octagenarios "le necesitan"

   Tras la vista pública, el tribunal, presidido por el magistrado Juan Martínez Moya, ha anunciado que tomará una decisión que dará a conocer a las partes este jueves, a las 10.00 horas, a todas las partes.

   Antes de terminar su exposición, Peris ha manifestado su "sobsoluta protesta" contra los términos en los que Lozano se ha expresado en la petición escrita de prisión provisional para Gil Eguino. Concretamente, a un fragmento en el que el fiscal le tilda de "insigne catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Murcia".

   Peris, quien ha adelantado que va a elevar su queja al Fiscal Superior, ha criticado que "no se puede permitir que se personalice el tratamiento añadiendo elementos que se convierten en sorna" y ha acusado al fiscal de dar expresiones "más propias de una taberna".

   Cabe recordar que en el caso Limusa estuvieron imputados el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, quien quedó finalmente absuelto; así como el ex diputado regional, Bartolomé Soler, quien fue condenado a un año, un mes y 15 días de prisión al considerar que los delitos cometidos estaban relacionados con el ejercicio de su cargo público como miembro electo y concejal en el Consistorio entre 2003 y 2007.

   La Sala de lo Civil y Penal del TSJ condenó a Gil Eguino a siete años y seis meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil y prevaricación; así como a 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y multa de cinco meses y 29 días, a razón de 300 euros de cuota diaria, según se desprende de la sentencia del Tribunal.

   Además, la Sala le condenó en concepto de responsabilidad civil a abonar al Ayuntamiento de Lorca y en su caso a la entidad Limusa, la cantidad de 586.620 euros, más los intereses legales.

   De tal forma, el acusado Francisco Gil Eguino debía abonar dicha cantidad, aunque de ese total habían de descontarse 45.000 euros abonados por los acusados Bartolomé Soler (30.000 euros) y Francisco Javier Poyato (15.000 euros), descontándose asimismo los 40.000 euros abonados por Eguino.

   En consecuencia, según se desprende de la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, el acusado Francisco Gil Eguino abonará al erario municipal de Lorca (Ayuntamiento de Lorca y Limusa) la cantidad de 546.620 euros, más los intereses legales del art. 576 de la LEC.

   Gil Eguino también fue condenado a 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y multa de cinco meses y 29 días, a razón de 300 euros de cuota diaria. Además, la Sala condenó al ex diputado Bartolomé Soler a un año, un mes y 15 días de prisión al considerar que los delitos cometidos están relacionados con el ejercicio de su cargo público como miembro electo y concejal en el Consistorio entre 2003 y 2007.

   En cambio, la Sala absolvió al ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, y a los empresarios Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Corcoles al haberse retirado la acusación contra ellos por haber "prescrito".

Hernández (UPyD) asegura que "no saldremos de la crisis si no se abordan reformas en el modelo territorial"

LORCA.- El candidato nº 1 al Congreso de UPyD por Murcia, Manuel Hernández Iglesias, ofreció anoche un mitin en la Plaza Calderón de Lorca en el que estuvo acompañado del candidato local, Juan Manuel Cabrera, donde afirmó que la salida de la crisis en España pasa de forma obligatoria por hacer una serie de reformas. 

   "La crisis económica tiene una componente singular en nuestro país que la agrava: la crisis política de un modelo territorial que, además de suponer desigualdad para los ciudadanos, tiene unas serias repercusiones en lo económico", apuntó.

   El candidato de UPyD enumeró los costes que suponen las duplicidades y el sobrecoste de mantener una estructura autonómica sobredimensionada y que cuantificó en más de 26.000 millones de euros.

   Del mismo modo, denunció los perjuicios económicos que acarrea la ausencia de la  unidad de mercado real dentro del territorio nacional con más de 100.000 normas distintas en las 17 CC.AA.

   Es inaudito, señaló, "que existan normas distintas para  iniciar y ejecutar actividades comerciales o empresariales, según estemos en una Comunidad Autónoma u otra".

   Hernández apuntó que todos estos factores están lastrando la economía española y, junto a un modelo desarrollista en la construcción desmesurado en los últimos años, están ocasionando  una  cifra de paro en España que dobla la del resto de los países de la Unión Europea.

   Por ello concluyó "o se hacen estas reformas de forma decidida y con valentía o la crisis será mucho más larga en España".

De Ramón quiere ahora que se investigue a los administradores de KPMG, la auditora de la CAM

MADRID.- Que la Caja Mediterráneo (CAM) dio préstamos a interés cero a algunos de sus consejeros es un hecho recogido en el informe de gobierno corporativo de la entidad. Ahora toca el turno de saber si algunos políticos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia fueron también receptores de préstamos en condiciones tan ventajosas de una caja en situación económica desastrosa e intervenida por el Banco de España, según recoge hoy 'El País'. 

El abogado murciano Diego de Ramón presentó ayer en la Audiencia Nacional una ampliación de su denuncia contra la exdirectora general, Dolores Amorós y otros altos cargos en la que pide que se investigue la dejadez de ambas comunidades para fiscalizar las cuentas de la CAM y actuar en consecuencia.

Los malos resultados de la CAM no impidieron a sus consejeros autoconcederse 161 millones de euros en créditos, entre 2004 y 2010. Los préstamos que aún están vivos representan un importe de 114 millones de euros. La generosidad de la caja con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. 

Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de gobierno corporativo de la entidad financiera alicantina. En total dispusieron de hasta 4,6 millones de euros sin intereses. En 2008 los tipos de interés oficiales estaban en torno al 4%.

Ahora, el abogado murciano Diego de Ramón, autor de la denuncia que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que los cargos imputados en la causa expliquen "qué políticos, dentro del consejo de administración y fuera de él", tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia, han podido gozar de créditos similares. De Ramón quiere que se indague también en las cuentas de sus familiares "hasta la cuarta línea de consanguinidad".

El escrito plantea, además, el incumplimiento de los deberes legales de fiscalizar la entidad por parte de esas dos comunidades y recuerda que tanto la ley murciana como la valenciana sobre cajas de ahorro otorgan a sus Gobiernos las facultades de inspección, control, evaluación de cuentas e infracciones y sanciones. La normativa de ambas regiones recoge, además, la posibilidad de intervención de las cajas "en situaciones de especial gravedad".

El letrado pregunta también por las actividades de la sociedad participada CAM US Finance cuyas operaciones se realizaban en dólares y CAM Global Finance, radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. De Ramón quiere saber quiénes eran las personas que se embolsaron los beneficios generados por ambas compañías y qué comisiones pudieron cobrar. Y solicita a la Audiencia Nacional que invite a la Reserva Federal norteamericana (FED) a personarse en el proceso dado que la CAM realizó emisiones de deuda en Estados Unidos.

También pide que se investigue a los administradores de KPMG, por "las grandes contradicciones de su auditoría con la realizada por la intervención del Banco de España".

Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia la pasada semana. En su resolución pidió además al Banco de España que le remitiera toda la información sobre irregularidades e incumplimientos que hayan encontrado los administradores provisionales de la entidad. En la causa ya se ha personado la Fiscalía Anticorrupción.

El Banco de España sustituyó a los gestores de Caja Mediterráneo el pasado 22 de julio. Fue la tercera intervención de una caja desde el inicio de la crisis.

Diego de Ramón solicita investigar responsabilidades políticas y también las filiales de la CAM en el extranjero

MADRID.-  El abogado murciano Diego de Ramón, que ha logrado que la Audiencia Nacional abra un procedimiento contra los antiguos gestores de la CAM, quiere que este tribunal también investigue la responsabilidad que tuvo la clase política de la Comunidad Valenciana y Murcia en la caída de la entidad; la gestión de la veintena de sociedades que la caja llegó a tener en el extranjero -algunas de ellas en paraísos fiscales-, y también las emisiones realizadas en dólares por la filial norteamericana de la CAM, para lo que reclama que se persone en la causa la Reserva Federal estadounidense. 

Así, lo asegura el letrado, tras presentarse ayer en la Audiencia para ampliar su demanda inicial.
En el escrito de denuncia original, entre otras cosas, De Ramón reclama prisión sin fianza para la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós, y para cuantos sean responsables de las irregularidades cometidas en la entidad por la "alarma social" generada -aunque El Economista hace incluso referencia al "riesgo de fuga"-. Además, también pide el embargo de sus bienes para cubrir el daño ocasionado.
Fue la pasada semana cuando el juez Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada por Diego de Ramón contra Amorós por supuestos delitos societarios, de estafa y falsedad documental; y solicitó al FROB un informe sobre todas las irregularidades que pudieron cometer los anteriores gestores.
En este sentido, el autor de la denuncia señaló que su objetivo "ahora es buscar la vinculación de los políticos de Murcia, Valencia o de Madrid que tuvieran responsabilidad en la CAM obteniendo privilegios y preferencias", entre los que citó la obtención de créditos millonarios sin interés de algunos consejeros. También dejó claro que, además de los gobiernos autonómicos, quiere que se depure la responsabilidad que ha tenido el Banco de España.
Igualmente, el letrado solicita que se investiguen las 21 sociedades que la caja tenía radicadas en el extranjero, muchas de ellas vinculadas al sector inmobiliario, por si hubiese existido desvío de fondos. Igualmente, exige que se adopten medidas contra algunos directivos aún en activo en la entidad, como el exsecretario general de la misma José Pina, por su responsabilidad en la gestión económica y recuerda que aún mantiene nueve cargos en representación de la CAM en diversas sociedades.
Por su parte, tras la admisión a trámite de esta querella, el sindicato de funcionarios Manos Limpias -que en agosto había presentado su propia denuncia- solicitó su inclusión en la causa. En su escrito, esta organización denunciaba las indemnizaciones millonarias recibidas por varios exdirectivos.

Rajoy apela en Murcia a que todo el país tire del carro para salir de la crisis

MURCIA.- El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles en Murcia que un país "será más grande en la medida que quienes lo formamos tiremos del carro y trabajemos en la misma dirección". Y es que, ha afirmado, un gobierno "por bueno que sea ni lo puede hacer todo ni lo hará todo", por lo que se ha apoyado en la sociedad, que "es la que hace progresar a un país" para poder salir de la crisis.

   En su opinión, "se necesita un gobierno que genere condiciones, y una sociedad confiada que sea capaz de dar la batalla y nos saque de la situación que vivimos".

   Rajoy ha dejado claro que los emprendedores contarán con el apoyo del PP, ya que "los necesitamos", y les ha trasladado la importancia de la agricultura, "un sector que tiene futuro".

   Al hilo, ha prometido un futuro ministro de Agricultura, cuya función, según ha desvelado, será la defensa de los intereses de los agricultores, al igual que este martes en Galicia trasladó su apoyo al sector pesquero.

   La intervención ha comenzado precisamente hablando del objetivo fundamental del partido en estos próximos cuatro años, el "estímulo al emprendedor, darle confianza y decirle que hay un gobierno que está con ellos".

   Así, se ha referido a los datos que ha hecho público el secretario de Estado de Economía, recordando que "se pintó una previsión de crecimiento del empleo que tampoco se cumplirá", lo que le reafirma en que el gran objetivo nacional es "la creación de empleo, vida para el que lo quiere y no lo tiene, que permite ser independiente y da libertad".

Anticorrupción investiga a los exdirectivos de Novacaixagalicia

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias cobradas, así como por las presuntas irregularidades en las cuentas presentadas al Banco de España, según confirmaron hoy fuentes del Ministerio Fiscal.

   Las investigaciones están en fase preliminar a cargo de la fiscal Pilar Melero, quien ha recibido ya los informes de valoración elaborados por el Banco de España tras la inyección de 2.465 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que controla el 93% de la entidad gallega.

   De este modo, Anticorrupción examinará la legalidad de las indemnizaciones de más de 20 millones de euros cobradas por el exdirector general José Luis Pego, el exdirector general adjunto Javier García de Paredes, el exresponsable del grupo inmobiliario Gregorio Gorriarán y uno de los directivos al cargo de la unión de las dos cajas --Caixa Galicia y Caixanova--, Óscar Rodríguez Estrada.

   Por otro lado, la Fiscalía revisará las valoración de Novacaixagalicia presentada por los antiguos directivos, que reflejaba un valor en libros de 1.784 millones de euros como capital fundacional y que el Banco de España redujo a 181 millones de euros en su valoración.

   Novacaixagalicia (NCG Banco) está presidida actualmente por José María Castellano, y el consejero delegado es César González-Bueno. El nuevo equipo de NCG intentó negociar con los exdirectivos tras el escándalo de las indemnizaciones, pero solo García de Paredes aceptó renunciar "a la mayor parte" de su indemnización. Las negociaciones se rompieron con el que fuera director general, José Luis Pego.

   La denuncia parte del sindicato nacionalista gallego CIG, presentada el pasado 1 de octubre ante la Fiscalía General del Estado. El organismo trasladó la denuncia a Anticorrupción el pasado 2 de noviembre, según explicó el representante de CIG y del consejo general de Novacaixagalicia, Clodomino Montero, quien celebró la acción de la Fiscalía y pidió que "se depuren las responsabilidades".

   Anticorrupción mantiene así abiertas tres investigaciones contra la gestión de las cajas de ahorro que afectan a Caja Castilla la Mancha (CCM), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y ahora Novacaixagalicia. La Audiencia Nacional mantiene abiertas dos causas penales contra los exdirectivos de CCM y la CAM.

    Según expertos jurídicos consultados, consideran que la calificación jurídica de la gestión de las indemnizaciones a directivos de las cajas de ahorro se enmarca dentro de los delitos societarios contemplados en el Código Penal (CP) entre los artículos 290 a 297.

   En concreto, los responsables de las entidades podrían haber incurrido en un delito de administración fraudulenta, contemplada en el artículo 295 del CP, que castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años o multa del triple del beneficio obtenido al acusado.