MADRID.- Una buena parte de las comunidades autónomas cerrará 2019 en
equilibrio presupuestario. Han pasado ocho años para eliminar el déficit
del 5,1% del PIB que llegaron a acumular en 2011, en el peor momento
para las cuentas públicas españolas, pero finalmente lo han logrado. En
este periodo han realizado un gran esfuerzo presupuestario para
completar este ajuste, pero no todo son buenas noticias. En los últimos
años, la reducción del déficit maquilla un peligroso incremento del gasto corriente estructural.
Este fue precisamente el causante del agujero de las cuentas públicas
durante la burbuja inmobiliaria: el aumento del gasto operativo
financiado con ingresos cíclicos, según publica hoy El Confidencial.
En
los cuatro últimos años, entre 2014 y 2018, el gasto corriente no
financiero de las comunidades autónomas se ha incrementado un 10,4%,
esto es, en 15.500 millones de euros, según los datos de la IGAE.
Y de
este aumento, algo más de dos tercios (11.000 millones de euros) se ha
concentrado solo en los dos últimos años.
Esto significa que las
comunidades autónomas han acelerado su gasto público
apoyándose en los ingresos generados por el crecimiento económico. Desde
2014 los ingresos corrientes de las regiones se han disparado un 23%
(31.000 millones de euros).
El problema es que este aumento se ha
producido prácticamente sin subidas de impuestos, lo que significa que
la mayor parte es cíclico.
El peso del gasto operativo de las comunidades sobre el PIB se ha
mantenido inalterado en el 13,7% del PIB desde 2016, lo que significa
que las comunidades han acelerado el gasto hasta equipararlo al ritmo del PIB nominal
(que es la suma del PIB real y la inflación).
Este desempeño de las
cuentas públicas, prolongado durante años, fue el que provocó el enorme
déficit estructural que llegó a tener España al final de la burbuja
inmobiliaria y que se reveló cuando se perdieron todos los ingresos
cíclicos del ‘ladrillo’.
El problema es que este incremento del gasto es estructural. Por ejemplo, la nómina de los trabajadores públicos
se ha incrementado un 13% desde 2014 (8.800 millones de euros), una
partida que se convierte en estructural y que es muy difícil recortar si
llega una crisis de ingresos.
Otra partida que ha crecido con fuerza es
la de transferencias sociales en especie (básicamente bienes y servicios públicos), que se han incrementado un 10,7% desde 2014 (2.700 millones de euros).
La agencia de calificación S&P ha alertado en un informe de este
peligro que están acumulando las comunidades en sus cuentas públicas.
“Estamos empezando a ver señales de que los presupuestos regionales se
están volviendo cada vez más rígidos”, señala la agencia. “La continua
expansión de los gastos operativos significa que, si el crecimiento de
los ingresos se detuviera, podríamos ver nuevamente desequilibrios
presupuestarios”.
La
regla de gasto
se ideó precisamente para evitar que las administraciones tuviesen la
tentación de elevar su gasto público al ritmo que marcan los ingresos
cíclicos durante las fases de expansión.
Sin embargo, las comunidades
autónomas han superado dicho límite en numerosas ocasiones. La Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) teme que las regiones
volverán a superar este año la regla de gasto. El límite de crecimiento
del gasto está establecido en el 2,7%, pero la AIReF estima que se irá hasta el 3,7% después de estudiar los presupuestos de todas las autonomías.
La Autoridad Fiscal ve riesgo de incumplimiento de la regla de gasto
en todas y cada una de las regiones, especialmente en la Comunidad
Valenciana, para quien ha solicitado un control especial por parte del
Ministerio de Hacienda. Ahora que las regiones han eliminado su déficit,
los políticos, sean del color que sean, vuelven a tener la tentación de
gastar cada euro que entre.
El ajuste del déficit también descansa en el gran ahorro generado en la factura de intereses. La puesta en marcha de los mecanismos extraordinarios de financiación
(fundamentalmente el FLA) del Estado a las regiones, unido al
hundimiento de los tipos de interés en el mercado, ha permitido a las
regiones ahorrarse 3.600 millones de euros al año.
Sin embargo, dado el
montante de la deuda
de las regiones, en algún momento volverá a subir esta factura y las
regiones se verán obligadas a hacerle un hueco en sus cuentas.
La deuda de las comunidades está todavía en niveles históricamente altos.
Al cierre de 2018 las regiones acumulaban una deuda de 318.400
millones, casi 5.000 millones más que en 2017 y el equivalente al 26,4%
del PIB.
En vez de aprovechar esta fase expansiva del ciclo para reducir
la deuda, las regiones están elevando el gasto corriente, lo que reduce
drásticamente el margen fiscal de cara a la próxima crisis.
Las regiones se descapitalizan
Además
del ajuste del déficit gracias a los ingresos cíclicos, S&P apunta
otra gran debilidad de las cuentas de las regiones: el hundimiento de la inversión pública.
“España se beneficia de una muy buena dotación de infraestructuras que
ha permitido a las comunidades contener los gastos de capital en los
últimos años”, explica la agencia.
Las comunidades
invirtieron en 2018 un 53% menos que en 2008.
La red de infraestructuras que se creó durante la burbuja inmobiliaria
ha permitido vivir durante una década del capital existente, pero en
algún momento será necesario volver a invertir. S&P lo explica así:
“El reducido gasto en capital mantenido puede restringir los presupuestos regionales en los próximos años a medida que la infraestructura comience a envejecer y necesite mantenimiento o reemplazo”.
Si se compara con el nivel de inversión de 2008, las comunidades se están ahorrando cada año algo más de 12.000 millones de euros.
La Formación de Capital Fijo (FBCF) en 2018 cayó hasta el 0,9% del PIB,
el mínimo histórico. Estos números condenan al país a la
descapitalización, de modo que difícilmente se podrán mantener en los
próximos años. ¿Cómo se financiará si no queda espacio fiscal?
