Campesinos del mundo protestan en Roma contra el acaparamiento de tierras

ROMA.- Representantes de agricultores de África y Asia y América Latina se congregaron en Roma para pedir a la comunidad internacional que cese el acaparamiento de tierras por parte de inversionistas privados y países que buscan aprovisionarse de materias primas y alimentos. 

Los representantes participan en el seno del Foro de la Sociedad Civil, una novedad introducida por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuya sede central se encuentra en Roma, para dar voz en la toma de decisiones a colectivos sociales de todo el mundo.

"Durante décadas vivimos gracias a la agricultura familiar y ahora estamos furiosos de que gente se apropie de nuestras tierras y destruya tradiciones seculares", explicó Hortensia Kinkodila, quien llegó de Congo para denunciar el grave fenómeno del acaparamiento de tierras.

"La especulación con las tierras ha suscitado revueltas porque los campesinos no logran producir más alimentos para ellos y sus comunidades", comentó por su parte Renaldo Chingore, de Mozambique.

Según un informe del Banco Mundial (BM), la compra de tierras por parte de multinacionales privadas y empresas gubernamentales ha aumentado en los últimos años de manera impresionante. Sólo en el año 2009, se compraron 45 millones de hectáreas de tierras cultivables de países pobres con el fin de satisfacer las necesidades crecientes de los países desarrollados en el campo de los cereales, biocarburantes y minería.

Los compradores provienen sobre todo de China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Reino Unido e India. La mayoría de las tierras adquiridas se encuentran en África (Sudán, Gana y Madagascar), así como en Indonesia y Filipinas, sostiene el informe.

Pero el fenómeno de acaparamiento de tierras se registra también en países de América Latina: Brasil, Argentina y Paraguay, los cuales figuran en la lista de aquellos que son blanco de la especulación.

Representantes de Organizaciones No Gubernamentales como Oxfam, Via Campesina y Coordination Sud sostienen que el "acaparamiento" de tierras ha generado el aumento de los precios de los alimentos, la salida forzada de hacendados y fomentado la corrupción.

Para la brasileña Conceicion Muora, del colectivo Marcha Mundial de la Mujer, el monocultivo, entre ellos soja, caña de azúcar y eucalipto, figuran entre los mayores enemigos de algunas regiones de Brasil, ya que "reduce la biodiversidad y cambia todo el territorio". "Esa industria basada en el monocultivo amenaza nuestra soberanía alimentaria. No necesitamos ese tipo de desarrollo sino de una reforma agraria genuina. Queremos decidir qué plantamos y cómo lo plantamos", dijo.

En cambio, el BM estima que los inversionistas contribuyen a ayudar a los países a desarrollarse, a crear empleos y a acceder a nuevas tecnologías. El BM cita como ejemplo Perú, donde fueron adquiridas 235.000 hectáreas, lo que se tradujo en un maná de 36 millones de euros en 15 años de inversiones.

"Es falso que se transforman tierras inútiles y vacías, como dicen los partidarios del acaparamiento", sostiene Ian Scoones del Instituto de Estudios de Desarrollo Sussex, del Reino Unido. "Los nómadas, los pequeños propietarios de tierra, los trabajadores agrícolas han visto sus medios de existencia afectados y será difícil garantizarles derechos", comentó Scoones.

Para evitar abusos, la FAO propone un código ético de conducta para una gestión responsable de las tierras, al que se adhiere de forma voluntaria. La idea no ha sido bien recibida por los colectivos agrarios internacionales, los cuales piden medidas más eficaces. "Esos códigos voluntarios funcionan si todas las personas involucradas están animadas por un espíritu cívico, pero no todos son así. Más que la zanahoria se necesita garrote", sostiene Scoones.

Ecologistas en Acción exige una regulación de los fondeaderos del Mar Menor

MURCIA.- Ecologistas en Acción exige una regulación de los fondeaderos del Mar Menor habilitando zonas con instalaciones de fondeo adecuadas "que causen el mínimo impacto sobre los singulares valores de la degradada laguna costera".

   El colectivo ecologista exige que se regule el fondeo masivo "ilegal" que presenta desde hace años el Mar Menor. "El urbanismo depredador que hace años se implantó en La Manga del Mar Menor ha derivado en un paisaje totalmente antropizado que ha ido poco a poco esquilmando la belleza y naturalidad de la ya extinta lengua de arena y de una de las lagunas más importantes a nivel europeo", señalan en nota de prensa.

   La gestión del Mar Menor debe orientarse hacia un desarrollo distinto al actual, "apostando por la navegación a vela, la más respetuosa con los recursos naturales y menos impactante con el territorio, dejando a un lado los puertos deportivos y sus enormes impactos ambientales".

   A su juicio, "la proliferación de fondeos ilegales no debe ser considerada como una excusa precursora de nuevos puertos deportivos". El Mar Menor, añaden, "no necesita más puertos, sino que necesita una planificación real y una regulación de los fondeaderos que pasa por reemplazar los existentes por instalaciones de fondeo adecuadas".

   Para ello, se debe hacer un inventario de los fondeos ilegales actuales en la laguna, y un estudio detallado de los impactos que éstos causan sobre los valores de la laguna costera. Se deben, apuntó, "reemplazar las estructuras instaladas de forma artificial, tales como muertos o cadenas; e instalar otro de tipo de sistemas más respetuosas y que permitan a los propietarios de pequeños barcos amarrar".

   La potenciación de la navegación a vela en el Mar Menor no necesita de puertos deportivos, ni de grandes instalaciones, "basta con fondeaderos regulados donde agrupar a las embarcaciones que actualmente están a la gira" y que se sitúan más o menos diseminadas en la costa del Mar Menor.

   Lo mismo ocurre con las barcas dedicadas a la pesca tradicional, los fondeos regulados permiten que las playas queden despejadas para que los bañistas y visitantes puedan disfrutar del Mar Menor, y a la vez se pueda impulsar la navegación a vela y los deportes acuáticos, que pueden llegar a ser una gran fuente de riqueza para los municipios ribereños.

   Según Ecologistas en Acción, "la limitación de fondeos y la regulación del uso de barcos a motor dentro de la laguna tienen indudables beneficios para el medio ambiente, pero también para el turismo sostenible".

   Muy al contrario de lo que sucede con las motos y barcos a motor, y con los puertos deportivos, que son instalaciones elitistas de las que solo disfruta un reducido número de personas y que sin embargo causan un gran impacto ambiental en la laguna, principalmente en las playas situadas a sus lados que terminan convirtiéndose en zonas fangosas y malolientes que ahuyentan al turismo de calidad.

   Ecologistas en Acción exige una planificación real del Mar Menor, que pasa por aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales el cual es el punto de partida para la regulación eficaz de la laguna.

   También solicitan que se deseche la "irreal necesidad de más puertos deportivos" dentro de una laguna degradada en exceso desde hace años, y que se apueste por una red de fondeaderos legales que potencien un uso del Mar Menor sostenible lejos de infraestructuras portuarias y acorde con la singularidad de la laguna.

   Según Ecologistas en Acción las Administraciones Públicas parecen haber olvidado la necesidad de conservar un espacio emblemático, calificado como 'Joya de la Corona' por el propio presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel.

IU-LV solicita un fondo urgente para ayudar a las familias desfavorecidas a través de los ayuntamientos

MURCIA.- IU-LV va a presentar una iniciativa en la Asamblea Regional por la que solicitará la creación de un fondo para que los ayuntamientos, por medio de la red de Servicios Sociales, destinen ayudas a las familias más desfavorecidas por la crisis económica.

 

   El portavoz parlamentario de IU-LV, José Antonio Pujante, ha hecho hincapié en la necesidad de aplicar esta medida de forma "urgente" ante el incremento de la exclusión social en la Región de Murcia, donde una de cada tres personas vive por debajo del umbral de la pobreza, según ha añadido.

   Ha acusado al Ejecutivo murciano de no poner en marcha políticas sociales activas ni programas específicos para garantizar el mínimo de subsistencia a las familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas, en una actitud de "desinterés" que, en su opinión, se refleja también en la falta de desarrollo del primer plan de inclusión social.

   Al mismo tiempo, ha afirmado Pujante que "las organizaciones no gubernamentales que han trabajado con la población más afectada por los efectos de la crisis han visto reducidas sus partidas presupuestarias, menos dinero para atender a más personas lo que sin duda empeora la situación".

   A esto, ha apostillado el parlamentario, "se suma el despilfarro de alguna consejería mientras que a otras se le reduce el presupuesto en un momento en el que se hace preciso un esfuerzo económico que garantice los derechos mínimos de las familias que necesitan ayudas para cubrir sus necesidades básicas".

Fomento asegura a los transportistas que descarta imponer peajes en autovías en esta Legislatura

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha confirmado a las patronales de transporte de mercancías por carretera que el Gobierno ha descartado imponer un peaje a los vehículos pesados por circular por las autovías.

   Así lo indicó la Secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, en la reunión que mantuvo el pasado 7 de octubre con las asociaciones de transportistas, según informó la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).

   Fenadismer explicó en un comunicado que durante el encuentro la alto cargo de Fomento se "comprometió" también a "defender los intereses de las empresas de transporte y de la economía española para evitar que la esta nueva normativa europea, la denominada 'Euroviñeta', perjudique la competitividad de las exportaciones españolas".

Los 27 tratarán de aprobar el viernes la norma que permite aumentar los peajes para los camiones

BRUSELAS.- Los ministros de Transportes de los Veintisiete tratarán de alcanzar el próximo viernes en la reunión que celebran en Luxemburgo un acuerdo político sobre la norma que permitirá encarecer los peajes para los camiones hasta cinco céntimos por kilómetro recorrido. El incremento se debe a que los Estados miembros podrán tener en cuenta al calcular los peajes no sólo los costes de construcción y mantenimiento de las carreteras, como hasta ahora, sino también los costes del ruido y la contaminación.

   La denominada 'directiva euroviñeta' perjudica especialmente a los países periféricos, como España, Portugal, Grecia o Italia, ya que puede provocar un encarecimiento de los costes de importación y exportación de sus mercancías. Se espera por ello que la delegación española vote en contra, aunque no logrará reunir los votos suficientes para bloquearla, según informaron fuentes diplomáticas.

   El ministro de Fomento, José Blanco, dio a entender este verano que España podría también aplicar la 'euroviñeta' en su territorio para recaudar más recursos para financiar infraestructuras. Pero más tarde dio marcha atrás y aseguró al sector del transporte que no habrá nuevos peajes esta legislatura.

   Los mayores defensores de la directiva son los países de tránsito --especialmente Alemania, Austria y Francia-- que buscan limitar los problemas de congestión y medioambientales aplicando estas nuevas tasas. Francia planea introducir su nuevo sistema de peajes en 2012.

   La propuesta de Bruselas establece una serie de criterios armonizados para calcular los peajes pero no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras. La norma sólo se aplicará a los camiones de más de 3,5 toneladas, y no a los vehículos privados, aunque en este campo también deja libertad a los Gobiernos.

   Para desbloquear las negociaciones, atascadas desde el año 2008, la presidencia belga ha propuesto excluir del cálculo de los peajes los costes de congestión, que sí estaban en la propuesta original de la Comisión. Pero todavía quedan varios escollos para cerrar el acuerdo político.

   Una mayoría de Estados miembros reclama que los camiones que cumplen los estándares más exigentes en materia de reducción de emisiones no tengan que pagar extra por la contaminación, al menos durante los primeros años. En concreto, piden que los camiones que cumplan los límites 'Euro 5' no paguen hasta 2015 y los 'Euro 6' hasta 2020.

   La norma permitirá aumentar los peajes durante las horas punta a condición de que se reduzcan en las horas valle. Pero no hay acuerdo sobre cuál debe ser la proporción máxima de este incremento (la presidencia belga propone el 300% mientras que España defiende el 100%) ni durante cuántas horas puede aplicarse como máximo.

   Bruselas había propuesto que los recursos recaudados con estos peajes se dedicaran a proyectos en el sector del transporte. Como muchos Estados miembros lo rechazan, la presidencia ha sustituido la obligación por una recomendación, pero todavía no hay acuerdo sobre la formulación concreta. Otros puntos abiertos son la base legal de la norma y la posibilidad de que queden exentos todos los vehículos por debajo de 12 toneladas.

Nuestro histrión político se queda en casa un año más / Apunte de Argárico

No sé cuantas veces ya el presidente de la Región de Murcia no acude a los actos de la Fiesta Nacional el 12 de octubre en el Paseo de la Castellana, de Madrid, y luego a la recepción oficial en el Palacio Real. A veces se ha inventado excusas pueriles, otras ha programado un viaje en la misma fecha y, en ocasiones, como esta vez, sencillamente ha desairado al Rey y a la Familia Real porque aparentemente nuestro particular histrión político se cree por encima de todo y de todos. Pienso que no es así y me inclino por un creciente pánico escénico cuando rebasa la Venta del Olivo, donde es más un don nadie que de fronteras para dentro.

Esta reiterada conducta censurable de la parejita Valacárcel-Cruz es una tremenda incoherencia con la ideología del PP sobre nuestro modelo de Estado y su configuración constitucional, que refleja un consenso sobre la unión y el sentido histórico de un territorio tan diverso. Pero, sobre todo, me parece una profunda falta de consideración y respeto  no  participar en el homenaje a la memoria de todos aquellos que han dado su vida por España y, especialmente, a las familias de quienes la han dado en el último año para que los hijos de nuestro presidente puedan circular con más seguridad por las calles y por el Mundo.

La Región de Murcia, con una imagen pésima en el resto de España básicamente por su incompetencia, no está dignamente representada, como vemos, y quizá por una especie de complejo de inferioridad de su presidente -personaje mediocre y sin perfil aunque a estas alturas trate en vano de construirse una personalidad intelectual imposible e increíble- no encuentra quien la repare aprovechando las contadas ocasiones que se presentan, como ésta de la Fiesta Nacional. Y es que Valacárcel ha perdido toda su credibilidad por inepto percibido.

Cabe preguntarse, tal vez, si nuestro hombre es antimonárquico, ácrata o simplemente sospechoso y le repele estrechar la mano a don Juan Carlos, o no desea contribuir a la perpetuación/ legitimación del actual régimen político, o lisa y llanamente no desea verse cara a cara con los ministros de Justicia e Interior ante lo que presumiblemente se le avecina a corto plazo. Todo puede ser y la suma de las tres razones, también. Tiene un problemón claro.

Pero no debe engañarse nuestro histrión. El tiempo de presidente le ha servido de poco en lo personal excepto para envilecerse. Cuando se sepa el balance de su no-gestión, sus votantes más despiertos se sentirán profundamente engañados aunque ya se detecta una corriente de militantes del PP murciano dispuesto a evitar que se presente a las elecciones de 2011, con independencia de lo que depare inmediatamente el devenir policial y de la Justicia, y al margen de las necesidades e intereses de su amigo del alma Antonio Sánchez Carrillo, socio ocasional de su hermano mayor.

¿Sabe algo más concreto ya el líder del PP, Mariano Rajoy, y, al igual que a Camps, le ha recomendado a nuestro histrión que no se deje ver en público en un acto tan relevante como el de ayer? Después del ridículo hecho días atrás en Bruselas con el tomate, creyéndose ya un presidente 'in pectore' del Comité de las Regiones, cargo que todavía no tengo claro que llegue a asumir ante la previsible evolución de los acontecimientos por la 'Umbra', hace bien en ir escondiéndose porque está a un paso de tener que vivir como Francisco Camps: con miedo y cautela al desarrollar su agenda diaria por los pueblos o en sus audiencias en San Esteban.

Cree el iluso que su vecino, el magistrado Pacheco, o el presidente del TSJ, Martínez Moya, una vez transferidas las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma, y ambos en expectativa de destino mayor si reúnen el consenso de PP y PSOE, son una garantía para él frente a los embates de la Fiscalía Anticorrupción. No creo que, llegado el momento de la verdad, ninguno de los dos se mojase tanto, espada justiciera aparte del letrado Mazón. Para muestra ahí está el botón de Pérez Templado, pendiente de un pronunciamiento de las alturas y con la carrera judicial muy cuestionada en su recta final, más por omisión que por acción.

Fuera de Murcia, nuestro presidente no hace pié, ni en Zarzuela, ni en Moncloa, ni siquiera en Génova 13 sabiendo lo que se sabe de él y su entorno en la Fiscalía General del Estado. Quizá ese sea otro de los motivos de tanta ausencia los 12 de octubre: no cruzarse con Conde Pumpido no vaya a ser que le dé una mala noticia. Como típico huertano, evita las circunstancias que le pueden ser adversas y aquellas donde otros más poderosos puedan tomarle la medida al instante, algo bastante fácil en su caso porque canta más que el gallo de Morón.

En síntesis, que la Región de Murcia viene años no existiendo el día de la Fiesta Nacional porque su presidente prefiere retirarse a Aledo con su Charo -otra que tal- y de mutuo acuerdo deciden no pegarse la paliza de tener que representar a los murcianos en este acto, que también es de relaciones públicas, pero donde, y lo comprendo, se ven disminuidos y comparados con altos cargos del Estado frente a los que no resisten la diferencia abismal que se puede percibir a simple vista ni el más mínimo análisis aunque sea a través de una conversación banal. Porque tablas, lo que se dice tablas, ninguna después de tantos años.

Entiendo, pues, que complejo de inferioridad y miedo a un deslíz recomiendan evitar la ocasión para alejar el riesgo de que se fijen en ellos, perciban su nivel y alguien se pregunte cómo puede circular una pareja así por las amplias alamedas del Estado y mucho menos con lo que va trascendiendo sobre fechorías cometidas en su territorio y por gente de su partido y confianza.

Lleva años el histrión poniéndose la venda antes de la herida porque lleva mucho tiempo esperando el sobresalto que muchos sabemos que no podrá evitar finalmente. No va a la Fiesta Nacional porque también espera que, cuando le llegue su hora nadie, absolutamente nadie de los que a presenciar el Desfile acuden, moverá un dedo por él sino al contrario. Su única esperanza, como el reyezuelo de turno que es -que para nada monarca, sino más bien sátrapa-, es que los funcionarios manumitidos formen un cinturón protector y el Cristo de la Sangre se apiade de él y los suyos. Otra quimera porque su vista ya está muy nublada.

Los diputados franceses aprobaron anoche la controvertida ley de inmigración

PARÍS.- Los diputados franceses aprobaron anoche el controvertido proyecto de ley sobre inmigración que incluye la posibilidad de quitar la nacionalidad a los naturalizados que hayan atentado contra las fuerzas del orden, o la expulsión de los ciudadanos comunitarios sin recursos. 

El texto, que provocó una gran polémica en el país, fue adoptado por 294 a favor y 239 en contra, un corto margen que refleja que el proyecto no contaba ni siquiera con el apoyo de todos los diputados conservadores que sostienen al Gobierno.

Doce de éstos votaron en contra y 16 se abstuvieron, mientras que la mitad de los socios centristas de la mayoría también se opuso a la ley, al igual que el conjunto de la oposición de izquierdas, que lo consideró "peligroso y mortífero", además de "un retroceso generalizado de los derechos".

La ley, que será debatida ahora en el Senado, recoge los principales puntos del discurso sobre la inmigración pronunciado el pasado 30 de julio por el presidente, Nicolas Sarkozy, en Grenoble, que abrió la campaña de intensificación de las expulsiones de gitanos del país.

El texto facilita la expulsión de los ciudadanos comunitarios que no tienen recursos propios y establece medidas que permiten el cierre de campos de gitanos.

Además, endurece las medidas contra aquellos que vuelvan a Francia después de haber sido expulsados.

Otra de las medidas que creó más polémica es la que abre la puerta a la privación de la nacionalidad a aquellos naturalizados hace menos de diez años que atenten contra agentes del orden público.

Fue otra de las iniciativas emanadas del discurso de Sarkozy, pronunciado pocos días después de que un altercado entre una patrulla policial y un gitano, que resultó muerto al tratar de escapar, provocara desórdenes en el entorno de la ciudad alpina de Grenoble, lo que sirvió al Gobierno de excusa para intensificar su expulsión.

También ataca la nueva ley los llamados matrimonios "grises", aquellos en los que un extranjero engaña a un francés para casarse con el único fin de obtener la nacionalidad, una práctica que será penada con hasta siete años de cárcel, frente a los cinco actuales, y 30.000 euros de multa, el doble del de la pasada ley.

El proyecto del Gobierno dificulta el acceso de los extranjeros sin papeles a los servicios médicos, una de las medidas más criticadas por las organizaciones humanitarias.

El Ejecutivo defendió su ley porque regulariza la política sobre la inmigración y la pone de acuerdo con las directivas europeas.

El PSOE dice en Ecuador que la derecha tiene una política anti-inmigrante

QUITO.- El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, denunció la política de la derecha contra los inmigrantes, durante una visita a Ecuador, un país de gran emigración y donde hay un número creciente de personas que pueden votar en las elecciones en España. 

Zerolo advirtió sobre "la hoja de ruta" de la derecha en España y en Europa en general que, a su juicio, contempla "deteriorar lo público y señalar a la inmigración como fuente de problemas para generar alarma y obtener réditos electorales".

Esa estrategia "me parece de una enorme irresponsabilidad", añadió el secretario, que también es concejal en Madrid.

Zerolo terminó su viaje a Ecuador, en el que participó en el IV Foro Social Mundial de las Migraciones a invitación de organizaciones de inmigrantes de ecuatorianos en España, según dijo.

Unos 400.000 ciudadanos de ese país residen legalmente en España, lo que les convierte en el grupo de extranjeros más numeroso, después de marroquíes y rumanos.

Con la crisis se ha constatado un aumento del número de ecuatorianos que regresa a su país de origen, algunos de los cuales habían adquirido la ciudadanía, con lo que también se ha elevado el número de personas que pueden votar en España desde Ecuador.

Segun Zerolo, el plan del Gobierno, que pasa por la integración de los inmigrantes y la apuesta por lo público, como la sanidad y la educación, según dijo.

En ese sentido consideró "importantísimo" que los inmigrantes puedan votar en las próximas elecciones municipales en España, que tendrán lugar el año que viene.

También destacó el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, firmado por España el año pasado, que permitirá a los trabajadores "ir sumando los períodos de cotización en cada país latinoamericano", de cara a su jubilación en su nación de origen o un tercer país.

Durante su visita a Quito, Zerolo se reunió con la ministra Coordinadora de Patrimonio de Ecuador, María Fernanda Espinosa, así como con miembros de la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral del país, incluida Dora Aguirre, la representante en ese foro de los ecuatorianos que viven en Europa, Asia y Oceanía.

Zerolo también se encontró con representantes de asociaciones indígenas, campesinas, de mujeres y afro-ecuatorianas, y de la oficina de la ONU dedicada al SIDA en Ecuador.