Gas Natural negocia con Argelia una revisión de precios del gas "a la baja"

ARGEL.- Gas Natural Fenosa se encuentra en la actualidad en Argelia en un proceso de "revisión ordinaria" de los precios con la compañía argelina Sonatrach, según ha explicado este miércoles en Argel el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, quien ha apuntado que la "impresión general" es que esta revisión "debe hacerse a la baja".

   Así lo ha explicado el jefe de la diplomacia a los periodistas tras reunirse con el ministro argelino de Energía y Minas, Youcef Yousfi, con quien ha hablado de las exportaciones de gas hacia España, que en 2012 constituyeron el 46,4% del total del gas importado por nuestro país. Este porcentaje se superó en los tres primeros meses de este año, en los que la dependencia del gas argelino llegó al 53,2%.

   García-Margallo ha explicado que Gas Natural y Sonatrach están "en estos momentos" en el proceso de revisión de precio que "se hace cada tres años en función de la evolución de distintas variables", que conforman "una especie de cesta de la que depende la fijación del precio". Fundamentalmente, hay que tener en cuenta la evolución de la demanda, el precio del petróleo, el precio del gas en otros mercados y los precios aplicados por otros suministradores.

   Ahora, según el ministro, "la impresión general es que la revisión de precios debe hacerse la baja", debido a "la evolución de la variable de la demanda", que se ha visto "afectada por la crisis económica", que ha determinado "una reducción en la demanda de energía".

   García-Margallo ha explicado que el contrato de Gas Natural Fenosa con Sonatrach es un contrato a 20 años que debe revisarse cada tres años, con una fórmula que afecta a "un 70 o 80% de las cantidades contratadas, que en cualquier caso tienen que ser retiradas o pagadas".

   El ministro ha recalcado que se trata de una "negociación entre empresas", pero ha explicado que el Gobierno la "sigue atentamente" aunque el "protagonismo" corresponda a los contratantes, en este caso la compañía española y la argelina.

   Por lo que se refiere al incremento de las importaciones españolas de gas argelino en los tres primeros meses del año y a que su porcentaje sobre la matriz total ha superado el tope legal del 50%, el ministro ha apuntado que es un aumento "coyuntural".

   El subdirector de Relaciones Económicas Internacionales, Antonio Torres Dulce, que le acompaña en el viaje, ha apuntado además que este dato "no condiciona" al que se vaya a obtener en el global de 2013. "Habrá que esperar al resultado final" del año, ha dicho.

   El porcentaje registrado hasta marzo supera en tres puntos el tope legal del 50% en el suministro de gas desde un mismo origen geográfico fijado por el Gobierno en 2007 para mejorar la diversificación del suministro, frente al 60% anterior.

   Al margen de esta cuestión, García-Margallo también ha abordado con el ministro Yousfi otros asuntos de interés bilateral, como las conexiones eléctricas entre Argelia y la Unión Europea. Además, el ministro de Energía y Minas ha explicado al ministro español que su país planea construir próximamente seis centrales de ciclo combinado, un proyecto que suma 6.000 millones de dólares.

   De estas seis centrales, cuatro saldrán a concurso y una misma empresa podrá optar a construir dos de ellas, un proyecto que, según ha apuntado García-Margallo ha despertado el interés de varias empresas españolas, a las que ha garantizado el apoyo del Gobierno español.

Las inversiones en infraestructuras a cargo de fondos europeos han acabado

MADRID.-   La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, ha advertido de que el momento de las inversiones en grandes infraestructuras a cargo de fondos europeos en España ha terminado, y ha avanzado que en el próximo periodo presupuestario éstos se destinarán a proyectos ligados a la competitividad o los recursos naturales.

   Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, ha señalado que los próximos fondos contribuirán "a seguir impulsando los sectores generadores de empleo y crecimiento, en línea con las grandes prioridades definidas en la Estrategia 2020: I+D+i, pymes, actuaciones en tecnología de la información y comunicaciones y fomento de una economía baja en carbono".

   Según Fernández Currás, las inversiones en infraestructuras del pasado han servido para sentar las bases de un desarrollo posterior diferente y una nueva programación "basada en una economía del conocimiento capaz de permitir que en España evolucione un modelo de crecimiento sostenible, inteligente e integrador".

   La secretaria de Estado ha destacado que la planificación estratégica para la nueva programación debe de tener un enfoque en el que las necesidades de inversión se orienten hacia el reequilibrio del conjunto del sistema.

   Por otra parte, ha resaltado que desde que España ingresó en la UE ha llevado a cabo un "enorme esfuerzo inversor" en infraestructuras con la ayuda de los fondos europeos "que han contribuido de forma significativa al crecimiento de la renta y el empleo, al tiempo que han servido como instrumento de redistribución regional y han favorecido una convergencia clara del PIB per capita español hacia la media comunitaria".

El magistrado y catedrático murciano Pérez de los Cobos, nuevo presidente del Tribunal Constitucional

MADRID.- El magistrado Francisco Pérez de los Cobos (Yecla, Murcia, 1962) ha sido elegido nuevo presidente el Tribunal Constitucional, mientras que Adela Asúa, también catedrática, será la vicepresidenta, según han informado fuentes de este órgano, que han señalado que ambos han sido apoyados por unanimidad por el primer Pleno que se celebra tras la última renovación.

   Ambos proceden del mundo universitario y se encuentran entre los magistrados con más antigüedad, pues tomaron posesión en enero de 2011 tras ser designados por el Senado. De los Cobos, perteneciente al ala más conservadora del Tribunal, fue nombrado  a propuesta del PP mientras que Asúa lo fue a instancias del PSOE.

   Se trata de la primera decisión adoptada por el tribunal de garantías que fue constituido el pasado jueves tras la investidura de los cuatro nuevos magistrados nombrados por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pérez de los Cobos y Asúa cubren las vacantes dejadas por Pascual Sala y Ramón Rodríguez Arribas.
El murciano Pérez de los Cobos tendrá voto de calidad y funciones organizativas, por lo que decidirá en los próximos años sobre la ley del aborto, el proceso soberanista catalán, la reforma laboral, los recortes sociales del Gobierno (incluida la eliminación de la paga extra a los empleados públicos) o el euro por receta catalán y madrileño, entre otros muchos asuntos.
Pérez de los Cobos era el nombre que sonaba con más fuerza para ocupar el cargo, al aglutinar a la mayoría. Su mandato tiene una duración de tres años. Tras la elección del presidente, que se ha celebrado a mediodía, ha tenido lugar un segundo pleno en el que se ha elegido a la magistrada progresista Eleana Asúa, catedrática de Derecho Penal, como vicepresidenta.
La propuesta de que Pérez de los Cobos y Asúa fueran presidente y vicepresidenta, respectivamente, ha partido de los magistrados Juan Antonio Xiol y Enrique López, según fuentes del Constitucional.

Biografía de Pérez de los Cobos

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (1984), Pérez de los Cobos se doctoró en la misma Universidad en 1987 y en la Universidad de Bolonia (Italia) en 1989. Como catedrático ha ejercido en la Universidad de las Islas Baleares (1994-1996), en la que fue decano de la facultad de Derecho; en la Autónoma de Barcelona (1996-2007), donde fue vicedecano de Extensión Cultural y de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado en la facultad de Derecho; y en la Complutense de Madrid (2007).
En esta última, ha sido director del departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social desde 2007 hasta 2010. Además, ha sido profesor visitante en Milán, Italia, (Universidad degli Studi) y en México (Universidad Anahuac). Junto a ello, es autor de numerosos escritos jurídicos y de múltiples informes y dictámenes para diversas instituciones públicas y privadas.
El 29 de septiembre de 2010 el Partido Popular presentó su candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional, en el cupo que corresponde al Senado, fruto de un acuerdo entre PP y PSOE alcanzado el día anterior, después de haber concluido el mandato de los anteriores magistrados en diciembre de 2007. En la sesión de la Cámara Alta celebrada el 1 de diciembre de 2010 fue una de las cuatro personas elegidas como magistrados del Tribunal Constitucional.
Aunque habitualmente ha votado cerca de posturas conservadoras en las sentencias de más relevancia ideológica, también se postuló a favor del matrimonio homosexual y, por tanto, en contra del recurso que en su contra había presentado el PP. Por otro lado, también formuló un voto discrepante de la mayoría cuando el TC revocó la decisión del Supremo y consideró legal la presencia de la coalición Bildu en la cita electoral de 2011.
Con los nuevos nombramientos el Tribunal Constitucional ha dejado de tener mayoría progresista por primera vez en una década. Los magistrados conservadores son siete frente a cinco progresistas. 

La CGT reclama que el SMS "asuma la limpieza del hospital de la Arrixaca" y la gestión pase a ser pública

MURCIA.-   La Sección Sindical de CGT en la empresa adjudicataria del servicio de limpieza del hospital Virgen de la Arrixaca --Valoriza Facilites del Grupo Sacyr-- ha afirmado que la opción más lógica sería que el Servicio Murciano de Salud (SMS) "asumiera la limpieza del hospital".

   De esta forma, "se subroga a todo el personal de limpieza de tal manera que pasara a formar parte del SMS, ya que si en realidad quieren ahorrar costes, esta opción es la más económica para las arcas autonómicas, al eliminar la empresa intermediaria existente entre el SMS y los trabajadores; es decir, que la limpieza del hospital de la Arrixaca pase de una gestión privada a una gestión pública".

   En esta línea, ha acusado al SMS de estar dispuestos "en connivencia" con la empresa a "eliminar de la plantilla a 83 personas, asumiendo rebajar los niveles de calidad en la limpieza del hospital".

   Recuerda, en un comunicado, que "ya se han quitado a 30 mediante la no sustitución de jubilaciones, ni la renovación de los contratos temporales y ahora van a por los 53 que les faltan".

   Por ello, justifica la elección de esta huelga, "aparte de para salvaguardar nuestros derechos, para asegurar la calidad del servicio de limpieza", aunque pide disculpas a los usuarios "por las molestias".

   De forma que espera "mantener intacta la plantilla, porque cada compañero es imprescindible para proteger la salud de todas las personas que acudimos al hospital".

   La solución al conflicto, a juicio de CGT, "no es muy complicada, ya que basta con que la Consejería de Sanidad exija a Valoriza-Sacyr que cumpla con lo acordado y recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación del Servicio de Limpieza de hospital; un documento que recoge, entre otras muchas cosas, la relación de todas los trabajadores, así como sus salarios y pluses".

   En el comunicado, CGT explica que "la raíz del conflicto en el servicio de limpieza del hospital se encuentra en el acuerdo de licitación, absolutamente insostenible, al que llegaron la empresa Valoriza Facilities S.A. y el SMS".

   "Cuando la Consejería de Sanidad sacó a concurso el servicio de limpieza, Valoriza-Sacyr ofreció gestionarlo por 450.000 euros menos al año de lo que establecía la Consejería en el pliego de condiciones. Es decir, la empresa se comprometió a mantener el servicio por un precio imposible, hasta el punto de que la cantidad de dinero que pedía Valoriza-Sacyr por mantener el servicio era inferior en 300.000 euros a la que se le dio a la anterior empresa concesionaria en el año 2006 para gestionarlo", apunta.

   De hecho, subraya que "nada más entrar la empresa Valoriza entrega una carta a los trabajadores donde se compromete a mantener el servicio de limpieza sin menguar su calidad y asumiendo la totalidad de la plantilla, pero poco después la empresa comenzó a decir que el servicio no podía mantenerse con el dinero que la Consejería le había dado".

   Como primera medida "comenzó a no renovar los contratos temporales y a no cubrir las jubilaciones, quitándose de encima a unos 30 trabajadores, provocando la ineficiencia del servicio y generando una deuda de 14.000 horas de trabajo con el hospital".

   "No contenta con ello, la empresa dijo que le sobraban 53 trabajadores más, y que las alternativas eran hacer un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por el que se mandase al paro en lotes de 50 trabajadores durante dos meses y a lo largo de todo el año, afectando a 241 trabajadores. Si la plantilla no acepta el ERTE la empresa despediría a 53 compañeras".

   En esta línea, ha dejado claro que "los servicios mínimos pactados por la empresa, la dirección del hospital y el comité de empresa, están siendo respetados escrupulosamente por toda la plantilla, en cambio no se puede decir lo mismo de la empresa".

   Por ello, sostiene que "es radicalmente falso que los trabajadores estén colocando basura en puntos clave del hospital para generar una situación insostenible. Sin embargo, la empresa está violando los servicios mínimos al poner a las encargadas a cubrir los puestos de los trabajadores en huelga, lo cual constituye un acto de esquirolaje interno prohibido por el Tribunal Constitucional desde 1992, ya que supone una vulneración del derecho fundamental a la huelga".

   Además de esto, acusa" a la empresa de "no estar gestionando bien los servicios mínimos". En jornada normal hay cuatro trabajadores por la mañana y otros tres por la tarde para recoger la basura y ahora en el periodo de huelga, los servicios mínimos pactados para esta misma actividad son dos en el turno de mañana y otros dos en el de tarde, es decir, hay unos servicios mínimos del 57 por ciento".

El Colegio de politólogos y sociólogos solicita una Ley de Transparencia Regional para recuperar la confianza ciudadana

MURCIA.- El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia ha pedido a la Asamblea Regional que acelere la tramitación de las iniciativas parlamentarias para disponer de una Ley de Transparencia en la Región, solicita que el proceso legislativo sea participativo y dé audiencia a los agentes sociales y espera que la futura ley tenga un mayor alcance y profundidad que la actual redacción de la normativa nacional sobre transparencia que está debatiendo el Congreso de los Diputados.

   La Junta de Gobierno del Colegio de politólogos y sociólogos considera que una Ley de Transparencia Regional contribuiría a recuperar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones "ante la preocupación generalizada y sin precedentes respecto de las actuaciones políticas", según informaron fuentes del Colegio en un comunicado.

   "La transparencia tiene una doble función, al permitir una mayor confianza de los ciudadanos y al suponer un mecanismo preventivo hacia conductas corruptas o alejadas de la ética que debe regir la actividad política", señalan los representantes colegiales.

   El Colegio de Ciencias Políticas y Sociología es uno de los firmantes del Pacto por la Transparencia de la Región de Murcia y entiende que en estos momentos es necesario contar con una ley en la materia lo antes posible.

El juez del 7 de Murcia se inhibe a favor del 5 de Molina en la investigaciones del doble crimen de los holandeses

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, se ha inhibido a favor del de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Molina de Segura al entender que la competencia reside en dicha localidad, ya que el asesinato de la pareja holandesa Ingrid Visser y Lodewjik Severein, se cometió presuntamente en una casa ubicada en una pedanía molinense, según han explicado hoy fuentes judiciales.

   De esta forma, la titular de Instrucción nº 5 de Molina de Segura ha acordado abrir las Diligencias Previas número 864/13 por la muerte violenta de la pareja.

   Igualmente, en el auto del pasado viernes se acuerda registrar las piezas de convicción recibidas, comunicar al centro penitenciario que los presos Juan Cuenca y los dos individuos rumanos, V.I. y C.S. están a disposición de este juzgado y ponerlo en conocimiento de sus letrados.

   El magistrado de Murcia acordó hace unas semanas ratificar la prisión provisional impuesta para los tres detenidos por el crimen de la pareja.

   Entiende que los indicios de criminalidad existentes contra Juan Cuenca y los dos individuos rumanos, considerados autores materiales de este doble asesinato, "son bastantes para estimarlos, siempre de forma presunta, responsables del hecho de la muerte de los dos ciudadanos holandeses".

   La Policía abrió varias vías de investigación, y una de ellas condujo a los agentes hasta una vivienda en el municipio murciano de Molina de Segura. Al llegar al lugar, la Policía Científica confirmó que ahí se había cometido un acto violento.

   En base a estas pruebas, la Policía continuó con las líneas de investigación y procedió a la detención de una persona de nacionalidad española en Valencia, Juan Cuenca. En base a los datos recabados en todas las actuaciones, la Policía averiguó que en una finca de la pedanía murciana de Alquerías podían encontrar más pruebas respecto a la investigación.

   Los agentes excavaron la tierra y las primeras pruebas aparecieron a 50 centímetros de profundidad. Más tarde, y a más profundidad, encontraron los restos de dos personas que, según certificaron los investigadores, correspondían a un hombre y a una mujer. Posteriormente fueron detenidos dos individuos de nacionalidad rumana en relación al crimen.

   El juzgado de Instrucción nº 17 de Valencia ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos. Los análisis de ADN confirmaron que los restos mortales se correspondían con los dos holandeses fallecidos, y los estudios forenses determinaron una muerte violenta, idéntica en ambos casos, motivada por traumatismo craneoencefálico.

Se duplican en Cartagena las intervenciones sociales de voluntarios de Cruz Roja con las familias más desfavorecidas

CARTAGENA.- Cruz Roja ha llevado a cabo durante los primeros meses de este año un total de 9.508 intervenciones sociales destinadas a paliar la situación de dificultad social en que se encuentran 1.155 personas del municipio de Cartagena, una cifra que duplica al volumen realizado en el mismo periodo del año anterior.

   Así lo ha manifestado Manuel González, vicepresidente de Cruz Roja en Cartagena, que ha aclarado que "el incremento de ayudas sociales se debe, en gran medida, a la afluencia de personas que han acudido a la sede debido al llamamiento social realizado por Cruz Roja ante la crisis social provocada por la situación económica".

   Al hilo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "para estar cada vez más cerca de la gente que lo necesita". Esta es la vía para poder  "acentuar la respuesta de cobertura de necesidades básicas y encontrar algún resquicio de esperanza para las familias que peor lo están pasando en estos momentos", puntualiza.

   Las iniciativas relacionadas con el programa de 'Lucha contra la pobreza y la exclusión social', se circunscriben al reparto de alimentos, ropa, juguetes, gafas, pago de alquileres, pago de facturas luz y agua.

   En este sentido, González ha destacado "el crecimiento sostenido de la actividad realizada, especialmente el programa de lucha contra la pobreza y la exclusión, que recoge todas las intervenciones realizadas por la crisis, las personas más vulnerables y las situaciones extremas que se producen en las familias".

   Más allá de la actividad generada por el llamamiento 'Ahora + que nunca', los voluntarios de Cruz Roja en el municipio de Cartagena han desarrollado en los primeros meses de este año iniciativas relacionadas con las ayudas técnicas para personas mayores o con discapacidad y transporte adaptado a colegios y centros de rehabilitación.

   Con las personas mayores, Cruz Roja mantiene en Cartagena un servicio de Teleasistencia Domiciliaria, así como ayuda a domicilio complementaria o el proyecto denominado 'Agendas de Soledad', por el que se realiza un seguimiento telefónico periódico a las personas mayores que se encuentran en riesgo de exclusión social del municipio.

   Desde Cruz Roja, también se proporciona asesoramiento jurídico e información a las personas inmigrantes, así como el mantenimiento de la casa de acogida. Del mismo modo, se desarrolla un programa destinado a las mujeres en dificultad social, víctimas de la violencia machista y diversas iniciativas destinadas a la infancia, como pueda ser el apoyo para prevenir el fracaso escolar o el asesoramiento y seguimiento a las familias de acogida de niños tutelados por la administración.

   Por otro lado, los voluntarios de Cruz Roja en Cartagena desarrollan el programa conocido como 'Sin Hogar', por el que hacen entrega de bebidas calientes, ropa de abrigo y mantas a las personas que no disponen de un techo para vivir.  

   Para concluir, el vicepresidente del Comité de Cruz Roja en Cartagena ha resaltado que "conseguimos llegar a quien lo necesita gracias a la labor de 273 voluntarios y a la contribución de 1.200 socios, entre empresas y particulares de Cartagena".

Piden un estudio para conocer la dimensión de la pobreza y la exclusión social en Molina

MOLINA DE SEGURA.- El Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Molina de Segura lleva el pleno ordinario de junio una propuesta para que se elabore un estudio sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en el municipio, cuyos resultados sirvan de base para configurar un Plan Integral, dotado de presupuesto.

   Espera que este plan incluya, entre otras, "medidas relativas de Educación, para combatir el absentismo y fracaso escolar; Vivienda, para afrontar el problema hipotecario; Empleo y Formación, con políticas activas de empleo orientadas especialmente a las personas en riesgo de exclusión, espacios de inserción para colectivos desfavorecidos y jóvenes.

   Asimismo, espera medidas relacionadas con la Salud, con campañas de prevención, necesidades de personas con drogodependencia y necesidades alimentarias urgentes; y con los Servicios Sociales, para el apoyo a las familias en riesgo de exclusión", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Según su portavoz, Encarna Hernández, "nuestro municipio no es ajeno a la profundidad que está alcanzando la crisis en nuestra Región, que se sitúa entre las Comunidades Autónomas con más tasa de pobreza y sus familias entre las que más les cuesta llegar a final de mes; pero no disponemos de datos municipales para conocer la dimensión exacta de la pobreza y el riesgo de exclusión Molina de Segura, y emprender las políticas necesarias".

   En este sentido, Hernández ha recordado que en el municipio "hay actualmente más de 7.000 personas desempleadas, y que organizaciones como Cáritas asisten cada mes a cerca de 3.000 personas y a más de 300 familias en Molina".

   Así mismo, la Comisión municipal para ayudar a personas en riesgo de desahucio ha atendido desde junio de 2012 más de 240 operaciones de daciones en pago con personas que cumplían el umbral de exclusión impuesto por el Real Decreto del Gobierno, y ha mediado en otros cientos de casos de ejecución hipotecaria.

   Las necesidades económicas que tienen ciudadanos y familias contrasta, según UPyD, con la "radical reducción de los recursos presupuestarios destinados a promoción y protección social, que en Molina, como ha ocurrido en el conjunto de la Región de Murcia, se han reducido en casi un 70 por ciento desde 2009".

Valcárcel no quiere hablar en la Asamblea Regional del aeropuerto, del AVE y de Portmán

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista ha llevado a la Junta de Portavoces cinco solicitudes de comparecencia del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, para que dé explicaciones en la Cámara de temas "tan importantes para la Región" como el AVE, Portmán y el aeropuerto de Corvera. 

   La portavoz, Begoña García Retegui, ha lamentado que el Partido Popular haya votado en contra, vetando que estas sesiones se puedan sustanciar con la comparecencia del presidente, pese a cumplir todos los requisitos exigidos por la Cámara y estar admitidas a trámite por la Mesa de la Asamblea.

   García Retegui ha declarado que "el Partido Popular no quiere que los ciudadanos de la Región sepan la verdad y se enteren de que no hay voluntad política para la regeneración de la Bahía de Portman", tampoco quieren que los ciudadanos sepan que el AVE no va a llegar en 2014 y que la Región volverá a quedar descolgada como consecuencia de la nefasta gestión y de la sumisión de Valcárcel a los intereses del Gobierno de España.

   Tampoco, ha criticado Retegui, quiere hablar del aeropuerto y de la reunión de Valcárcel con la ministra de Fomento, Ana Pastor y Aena, donde, al parecer, Aena apuntaba que el nuevo aeropuerto regional es inviable económicamente. Tampoco, añade, "quiere que los ciudadanos conozcan de la ruptura con Sacyr en el tema del aeropuerto y que la nueva licitación se retrasará, un aeropuerto que nos ha costado ya mucho dinero y que nos puede costar aún mucho más".

   Parece, ha concluido la portavoz socialista, que "a Valcárcel se le ha olvidado lo que tanto reivindicaba cuando gobernaba el PSOE el gobierno de España y ahora muestra una total sumisión".