lunes, 13 de agosto de 2012

Se descubre que Mendoza envió al Papa desde la UCAM un cheque por 100.000 euros el pasado marzo

CIUDAD DEL VATICANO.- El exmayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, arrestado por la filtración de cartas confidenciales del Papa el pasado 23 de mayo, será enviado a juicio acusado del delito de robo con agravante, según la sentencia de 35 páginas hecha pública este lunes por la Santa Sede. Gabriele podría ser condenado a seis años de cárcel.

En la sentencia, el juez apunta que, durante el registro, se encontraron en casa del mayordomo —de 45 años, casado y con tres hijos— tres objetos "que no le pertenecen":
  • Un cheque bancario por valor de 100.000 euros a nombre del Papa con fecha de 26 de marzo de 2012 proveniente de la Universidad Católica San Antonio, de Guadalupe (Murcia, España).
  • Una pepita supuestamente de oro dirigida al pontífice de parte del director del ARU Lima (Perú), Guido del Castillo.
  • Y un ejemplar de La Eneida del s. XVI, traducida por Annibal Caro, un regalo para el papa de la 'Familia de Pomezia'.

EL PAPEL DEL INFORMÁTICO
Además, el juez instructor envía también a juicio a un empleado de la Secretaría de Estado del Vaticano, el informático Claudio Sciarpelletti, para responder por el delito de encubrimiento, aunque, según la sentencia, no procede la acusación por delito de violación de la confidencialidad ni por delito de complicidad en el delito de robo agravado "por insuficiencia de pruebas".

Concretamente, la sentencia revela que, según se lee en el acta de interrogatorio y detención de los acusados, se encontró en un cajón de escritorio de la oficina de Sciarpelletti "un sobre de tamaño mediano color blanco, cerrado" en el que se leía 'Personal P. Gabriel' y "con el sello azul de la 'Secretaría de Estado. Oficina de Información y documentación'". 

Según se señala, se incautaron documentos que aparecían en el libro editado por Gianluigi Nuzzi 'Su Santidad. Los papeles secretos de Benedicto XVI', especialmente en el capítulo titulado 'Napoleón en el Vaticano'.

El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, ha puntualizado que el papel que ha desempeñado el informático Sciarpelletti ha sido "marginal" y ha aclarado que el papa podría perdonar a los dos acusados de una sola vez, aunque no ha concretado si está dispuesto a hacerlo. Lombardi ha revelado que ambos podrían ser juzgados en una sola sesión que, en cualquier caso, no se celebraría como pronto hasta finales de septiembre, ya que el tribunal que deberá determinar su inocencia o culpabilidad se encuentra de vacaciones hasta el 20 del próximo mes. 

Paolo Gabriele fue arrestado por la filtración de cartas confidenciales del Papa el 23 de mayo y permaneció 60 días en una celda de seguridad de la gendarmería vaticana, periodo durante el cual se llevó a cabo la investigación formal. 

El pasado 21 de julio obtuvo el arresto domiciliario y, desde entonces, se encuentra en su casa dentro de la Ciudad del Vaticano con su esposa y sus tres hijos.

Los inmigrantes usan con menor frecuencia la mayoría de servicios sanitarios que la población española

ZARAGOZA.-   Las personas inmigrantes utilizan con menor frecuencia que la población española la mayor parte de los servicios sanitarios, según se pone de manifiesto en un informe elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) sobre la realidad de la atención sanitaria a las personas inmigrantes en España y las consecuencias de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.

   Este estudio, realizado por Francisco Javier Falo Forniés, profesional con más de 25 años de experiencia en salud pública y colaborador de ECODES, se ha efectuado ante la publicación del real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones y la propuesta de hacer pagar a los inmigrantes sin papeles 710 euros anuales por la asistencia sanitaria.
   ECODES ha mostrado su "preocupación" por las repercusiones que pueden derivarse de estas medidas. Respecto al informe, refleja que "pueden ser variadas" las razones por las que las personas inmigrantes utilizan con menor frecuencia que la población española la mayor parte de los servicios sanitarios.
   Entre ellas, menciona la menor necesidad, las dificultades en la accesibilidad al sistema y los problemas de comunicación, para subrayar que el coste de la atención de la población inmigrante "es menor que para los propios de aquí".
   Según el informe, y al igual que ocurre con la población autóctona, "hay que acudir a los determinantes ambientales y sociales para explicar la frecuencia y la tipología de servicios sanitarios a los que se acude".
   El estudio, además, hace énfasis en las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación de las nuevas medidas. "Las personas no dejarán de enfermar porque un decreto lo regule, simplemente los esconderemos y, si hay que atenderlos, lo haremos en un recurso más caro y especializado, el de las urgencias", apunta el estudio.
   Agrega que no hay que olvidar la necesidad que puede haber de intervención en problemas de salud pública "para cortar la transmisión de enfermedades, imposible de plantear si quien padece una enfermedad no tiene medios para ser atendido o comprar medicamentos".