La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov
Quisiera comenzar estas líneas expresando mi más sincera satisfacción por la rápida mejoría del consejero Cruz tras el brutal atentado terrorista que sufrió el pasado sábado día 15, y felicitar asimismo a los servidores públicos del hospital Reina Sofía por su diligente actuación. Quiero, Pedro Alberto, transmitirte mi cariño y desearte una rápida y completa recuperación tanto física como psicológica. Cualquier tipo de violencia es intolerable en una sociedad democrática como la nuestra, así que mi deseo hoy es reflexionar sobre la violencia que estos días sacude nuestra Región y que, como la izquierda de Valcárcel, es poliédrica.
Profunda es la admiración que profeso por nuestro presidente. Pasada una semana desde la vil agresión al señor Cruz, la policía parece no tener nada clara la autoría de los hechos. Nuestro presidente, sin embargo, sabe desde el primer momento que la responsabilidad del ataque se debe a esa masa difusa que es la izquierda ´recalcitrante´. No es de extrañar que tras sus declaraciones no hayan faltado personas que se han sentido violentadas por esta asignación colectiva de responsabilidades y por el intento de vincular la agresión a las manifestaciones pacíficas que miles de ciudadanos vienen protagonizando estos días en defensa de una educación y una sanidad públicas y de calidad.
El revuelo despertado en los medios de comunicación tras la infame agresión ha conseguido parcialmente desviar del debate público el brutal recorte que el Gobierno regional ha asestado a la sanidad y la educación públicas. Los trabajadores públicos no están manifestándose solo contra el segundo recorte que han sufrido sus nóminas en pocos meses: se han recortado las ayudas sociales (por hijos, estudios, discapacidad…), han visto suspendido su plan de pensiones y cobrarán un 75% de su sueldo mientras estén de baja (imagine el lector la repercusión de esta medida para enfermedades de larga duración). Los recortes también afectarán a la financiación y calidad de los servicios. Los claustros docentes acaban de conocer que durante el año que acaba de comenzar la asignación presupuestaria concedida por la consejería de Educación a los centros se reducirá de media un 10%, cuando la promesa era que el recorte no superara el 3,6%.
Profunda es la admiración que profeso por nuestro presidente. Pasada una semana desde la vil agresión al señor Cruz, la policía parece no tener nada clara la autoría de los hechos. Nuestro presidente, sin embargo, sabe desde el primer momento que la responsabilidad del ataque se debe a esa masa difusa que es la izquierda ´recalcitrante´. No es de extrañar que tras sus declaraciones no hayan faltado personas que se han sentido violentadas por esta asignación colectiva de responsabilidades y por el intento de vincular la agresión a las manifestaciones pacíficas que miles de ciudadanos vienen protagonizando estos días en defensa de una educación y una sanidad públicas y de calidad.
El revuelo despertado en los medios de comunicación tras la infame agresión ha conseguido parcialmente desviar del debate público el brutal recorte que el Gobierno regional ha asestado a la sanidad y la educación públicas. Los trabajadores públicos no están manifestándose solo contra el segundo recorte que han sufrido sus nóminas en pocos meses: se han recortado las ayudas sociales (por hijos, estudios, discapacidad…), han visto suspendido su plan de pensiones y cobrarán un 75% de su sueldo mientras estén de baja (imagine el lector la repercusión de esta medida para enfermedades de larga duración). Los recortes también afectarán a la financiación y calidad de los servicios. Los claustros docentes acaban de conocer que durante el año que acaba de comenzar la asignación presupuestaria concedida por la consejería de Educación a los centros se reducirá de media un 10%, cuando la promesa era que el recorte no superara el 3,6%.
El Bonolibro ha pasado a la historia. Estas medidas afectarán directamente al bolsillo de las familias murcianas. Cabe recordar que Ley de Medidas Extraordinarias fue tramitada y aprobada por nuestra Asamblea Regional en dos días, un 23 de diciembre, sin debate alguno ni posibilidad de enmiendas, derogando unilateralmente los acuerdos adoptados en la negociación colectiva durante los últimos doce años. No creo cometer un exceso si califico este proceso de ultraviolencia estructural.
Los violentos sucesos no acaban aquí: muchos coincidirán en que no son palabras amistosas que José Antonio Ruiz Vivo llame a los manifestantes ´ultraizquierda´ y ´cojosmanteca´, o que el flamante consejero de Justicia, don Manuel Campos tildara en vísperas de Navidad de ´privilegiados´ a los trabajadores públicos, esos cuyos incrementos salariales apenas consiguieron mantener el envite de la inflación en los años en los que casi todos éramos ricos. Intentar enredar a la ciudadanía confundiendo derechos con privilegios es una estrategia si cabe más deplorable.
Los violentos sucesos no acaban aquí: muchos coincidirán en que no son palabras amistosas que José Antonio Ruiz Vivo llame a los manifestantes ´ultraizquierda´ y ´cojosmanteca´, o que el flamante consejero de Justicia, don Manuel Campos tildara en vísperas de Navidad de ´privilegiados´ a los trabajadores públicos, esos cuyos incrementos salariales apenas consiguieron mantener el envite de la inflación en los años en los que casi todos éramos ricos. Intentar enredar a la ciudadanía confundiendo derechos con privilegios es una estrategia si cabe más deplorable.
¿Deberíamos considerar violento que el señor Valcárcel llame ´pelo panocha´ a la candidata a la presidencia de la Región, la señora Retegui? ¿Deben sentirse los sindicatos violentados cuando la consejera de Presidencia del Gobierno regional, María Pedro Reverte, encuentra ´coincidencias sospechosas´ entre la lamentable agresión y las últimas reformas que afectarán al número de delegados sindicales? ¿Se sentirá el señor delegado del Gobierno violentado cuando el PP le ha responsabilizado en tromba de la agresión cometida por tres (o dos) desalmados y que nadie pudo anticipar?
Los centros educativos no solo han visto brutalmente recortados sus presupuestos y verán reducir su número de efectivos en 2.000 de aquí al curso que viene. También han venido recibiendo órdenes sobre aquellas cuestiones que pueden o no debatirse en los claustros o vetando el uso de carteles informativos a la comunidad, cuestiones que parecen rozar peligrosamente el derecho fundamental a la libertad de expresión. Violenta es la misiva que el señor Constantino Sotoca ha dirigido a los docentes, responsabilizando del desajuste presupuestario regional al Gobierno de España, y afirmando que el único perjuicio económico directo infligido a los docentes es la reducción de su complemento de productividad.
Debo confesar que me violenta profundamente el tratamiento que ha recibido el ciudadano José David B.L., ´Joseda´ por parte de aquellos que tienen el deber de respetar la presunción de inocencia no solo de los políticos corruptos de los que rebosa nuestra tierra. Me violentan los sueldos y pensiones de nuestros dirigentes y exdirigentes, que no se someten a recorte alguno. Más de un ciudadano se siente violentado viendo que el Estado ya ha movilizado 12.000 millones de euros públicos para rescatar a las irresponsables cajas de ahorro (privadas), 915 millones de los cuales han ido a parar al SIP de Cajamurcia, mientras el número de desahucios y parados sin cobertura sigue creciendo.
Toda violencia es rechazable e injustificable. Repasado el panorama, parece que el lanzamiento de huevos a una fachada, del que no me siento orgulloso, es la cara más liviana de la violencia poliédrica que tanto nos ocupa estos días. En todas nuestras manos está detenerla.
Los centros educativos no solo han visto brutalmente recortados sus presupuestos y verán reducir su número de efectivos en 2.000 de aquí al curso que viene. También han venido recibiendo órdenes sobre aquellas cuestiones que pueden o no debatirse en los claustros o vetando el uso de carteles informativos a la comunidad, cuestiones que parecen rozar peligrosamente el derecho fundamental a la libertad de expresión. Violenta es la misiva que el señor Constantino Sotoca ha dirigido a los docentes, responsabilizando del desajuste presupuestario regional al Gobierno de España, y afirmando que el único perjuicio económico directo infligido a los docentes es la reducción de su complemento de productividad.
Debo confesar que me violenta profundamente el tratamiento que ha recibido el ciudadano José David B.L., ´Joseda´ por parte de aquellos que tienen el deber de respetar la presunción de inocencia no solo de los políticos corruptos de los que rebosa nuestra tierra. Me violentan los sueldos y pensiones de nuestros dirigentes y exdirigentes, que no se someten a recorte alguno. Más de un ciudadano se siente violentado viendo que el Estado ya ha movilizado 12.000 millones de euros públicos para rescatar a las irresponsables cajas de ahorro (privadas), 915 millones de los cuales han ido a parar al SIP de Cajamurcia, mientras el número de desahucios y parados sin cobertura sigue creciendo.
Toda violencia es rechazable e injustificable. Repasado el panorama, parece que el lanzamiento de huevos a una fachada, del que no me siento orgulloso, es la cara más liviana de la violencia poliédrica que tanto nos ocupa estos días. En todas nuestras manos está detenerla.
(*) Miembro del Foro Ciudadano
