miércoles, 15 de febrero de 2012

La Asociación de Bebés Robados constata hasta 40 casos y apunta a varios hospitales de la Región

MURCIA.- La Asociación de Bebés Robados en Murcia --nacida en septiembre de 2011-- ha hecho este miércoles su presentación oficial a través de la directora, Inés Madrigal, quien ha cifrado en 40 los casos de familias afectadas que hay actualmente en la Región, de los que ocho están en Fiscalía y en menos de un mes se presentarán tres o cuatro denuncias más.

   Madrigal, afincada en Murcia desde hace 18 años aunque nacida presuntamente en Madrid, en la Clínica San Ramón, dirigida por el conocido doctor Vela, es presumiblemente bebé robado, al ser regalada a su madre por el mencionado doctor.
   Durante la rueda de prensa, ha apuntado a las coincidencias que empiezan a aparecer de médicos y hospitales en la Región de Murcia, aunque ha declinado hacer públicas las identidades de los facultativos. No obstante, no ha dudado en señalar a un conjunto de hospitales murcianos y colegios de adopción "irregulares" de los que han ido saliendo casos.
   Acompañada del abogado valenciano, Enrique Vila; y el gerente de Neodiagnostica S.L, Laboratorio de Genética y Toxicología Forense, Jaume Buj, la presidenta de la Asociación de Bebés Robados en Murcia ha justificado el nacimiento de este organismo argumentando que se hace con la "necesidad de dar al afectado una atención pormenorizada y personalizada, al ver que los afectados se dirigen a nosotros y van buscando ayuda".
   Y es que, ha señalado Madrigal, "han ido apareciendo casos de forma paulatina y se conocen hasta 40 familias afectadas, lo que hace necesaria una asociación fuerte en la Región" que persigue "la búsqueda de la verdad, ayudar a esclarecer los hechos de lo que ocurrió, despejar las dudas que las madres puedan tener en referencia a los robos de sus hijos y ayudar al que quiera encontrar y conocer sus verdaderos orígenes, su familia biológica".
   Aunque reconoce la dificultad existente por el tiempo transcurrido, en algunos casos hasta 40 años, ha expresado su deseo de que "la Administración y el Gobierno murciano, sean de la ideología que sean, muestren su más sincero apoyo y solidaridad para poder llevar a cabo nuestras respectivas búsquedas y paliar el dolor existente en familias de afectados".
   Por su parte, el abogado Vila ha resaltado que "se está empezando a demostrar la existencia de una trama nacional" de compra-venta de bebés, por lo que ha animado a que se luche hasta el final a pesar de las trabas.
   La primera de ellas, ha recordado, era la concerniente a que los asuntos hubieran prescrito y que han superado positivamente, ya que "la situación actual es que estos delitos siguen en vigor y se pueden investigar".
   "La tendencia judicial es que estos delitos puedan ser perseguidos y se condene cuando se encuentre a la red de mafiosos que se dedicaban a enriquecerse vendiendo libros", ha indicado el letrado, que descubrió por casualidad a los 18 años que era adoptado.
   La segunda traba con la que se han encontrado, ha criticado, es que "muchos fiscales están archivando por supuesta falta de pruebas".
   Por ello, ha advertido que estas situaciones "no se pueden permitir", tachando de "vergonzoso" la actividad de algunos jueces y fiscales que le hace pensar que tras esto "hay una clara intención y una directriz no escrita para que los asuntos se archiven como sea".
   Otro caso al que ha hecho mención es aquel que ha reconocido la existencia de un delito, que no ha prescrito, pero que como el ginecólogo ha fallecido "se acabó", tras lo que ha añadido que "no solo está implicado este médico, sino que hay que buscar a los religiosos, auxiliares, el director de la clínica donde se produjo el robo; y esto tampoco se está haciendo".
   En esta línea, ha comentado que de las 15 exhumaciones practicadas a instancia judicial "solo se han encontrado huesos de bebés en una de ellas y en las 14 restantes las tumbas estaban vacías".
   Al considerar que puede tratarse de un "crimen organizado", Vila entiende que se entendería como "un delito contra la Humanidad", apelando así al Tribunal Penal Internacional y de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que "es uno de los escándalos más grandes de la Europa Occidental del siglo XX".
   "No he escuchado a ningún político todavía decir lo siento, o ayudar a afectado poniendo la justicia gratuita o hacer pruebas de ADN gratuitas", ha reprobado este abogado.
   Uno de los casos más significativos en Murcia es el de Pepi Díaz, que busca a sus dos hermanos que le dijeron que habían muerto al nacer, en 1972 y 1973. Según le ha contado su madre, los dos bebés fueron atendidos por la misma matrona pero no le dejaron que los viera cuando murieron, poniendo trabas para que les entregaran los cuerpos de sus hermanos.
   Supuestamente, ha relatado, "mis hermanos están enterrados en una zanja común y ahora en un osario". En concreto, del segundo hermano solo existe un enterramiento, mientras que del primero está la ficha de su madre de cuanto ingresó en el hospital por parto con un número de historia que no existe.
   El primero de sus hermanos falleció, según le dijeron a su madre, a los dos días de nacer y el segundo, la matrona cuando lo levantó le dijo a la madre que pesaba 4 kilos pero que se lo llevaba porque estaba muerto, no dándole ni siquiera tiempo a oírlo llorar.
   Otro caso es el de la misma presidenta de la Asociación, que le fue regalada a su madre adoptiva al ser prematura y no arriesgarse a ser vendida y que falleciera a los días. Ha contado que sabía perfectamente cuando tomó la decisión de que denunciaba a su madre, a quien ha defendido por el hecho de que "tenía una ilusión enorme pero como no podía tener niños, intentó adoptar".
   También ha recordado que el cura al que conoció durante toda su vida, ya fallecido, le dijo a su madre que había tenido suerte al recibir un regalo así, porque había familias que pagaban hasta un millón de pesetas por aquellos tiempos.
   Además, le aconsejaron a su madre la posibilidad de que simulara el embarazo y que cuando saliera a la calle, fingiera estar mareada, pero todo al final "se precipitó y fui entregada porque no era vendible al ser prematura".
   Madrigal también ha sacado a colación casos de mujeres embarazadas que nunca dijeron nada porque "no querían que se las tomara por locas", incluso algunas de ellas fueron indirectamente amenazadas advirtiéndoles que el psiquiátrico estaba una planta más arriba.

Sanidad no tiene conocimiento de ninguna denuncia

 

Moody's le pega otro hachazo a la solvencia de la Región de Murcia

MADRID.- La agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota de ocho Comunidades Autónomas y ha dejado a Cataluña con una calificación de 'Baa3', un escalón por encima del denominado 'bono basura'.

   Las comunidades afectadas son Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Además, la agencia de calificación también rebaja la nota a las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.
   De esta forma, Cataluña pasa de una calificación de 'Baa3' a una de 'Baa2' --existe un moderado riesgo de crédito--, y la sitúa un escalón por encima del denominado 'bono basura'.
   La Región de Murcia ha visto igualmente rebajada su calificación, de 'Baa2' a 'Baa1', dos escalones por encima del 'bono basura'. En cuanto al resto de comunidades afectadas, Extremadura, Madrid y Galicia bajan dos escalones, de 'A3' a 'A1', estas dos últimas con perspectiva negativa.
   Andalucía y Castilla León pasan de 'A3' a 'A2', esta última con perspectiva negativa, mientras que el País Vasco pasa de 'A2' a 'Aa3', con perspectiva negativa.
   Esta revisión de las calificaciones, según explica Moody's, se produce tras la rebaja de la nota de las calificaciones soberanas de España este martes y "la fuerte correlación entre la sub-soberano y el riesgo de crédito soberano, que se refleja en los vínculos macroeconómicos y fiscales, los factores institucionales y condiciones de los mercados financieros".

IU-Verdes acusa al PP de "intentar ocultar" su responsabilidad en el acuerdo UE-Marruecos

MURCIA.- El portavoz de la Presidencia de IU-Verdes en la Región de Murcia, José María Ortega, ha denunciado públicamente la "campaña de contaminación informativa" que ha impulsado el PP para "intentar ocultar que es el verdadero responsable" del acuerdo agrícola con Marruecos.

   En un comunicado de prensa, Ortega ha dicho que el grupo Popular "cuenta con mayoría en las instituciones comunitarias y, por tanto, es el único responsable del futuro de este acuerdo", cuyas consecuencias, a juicio del dirigente de IU-Verdes, "arruinarán decenas de explotaciones en la Región de Murcia".
   Así, ha señalado que la Administración autonómica "intenta arremeter" contra los sindicatos y otros actores europeos "que no tienen un papel vinculante en la aprobación del acuerdo con el fin de ocultar a la opinión pública la realidad sobre el acuerdo".
   "Los viajes del jefe del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, a Bruselas, supuestamente a defender la agricultura murciana han sido más una exhibición floclórica y una visita a su próximo destino que otra cosa", ha concluido Ortega.

El PSRM considera "injustificable" que el PP haya votado en contra de un Plan regional contra la pobreza

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha considerado "injustificable" que el PP haya votado en contra de la petición de un Plan regional de lucha contra la pobreza.

   Y es que la Asamblea Regional ha debatido este miércoles una moción del PSOE en la que se reclamaba dicho plan, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   El Grupo Parlamentario Socialista justificaba esta petición en base a los "altos índices" de pobreza existentes en la Comunidad Autónoma, que se incrementan progresivamente, superando ya el 30 por ciento de la población y a más de ocho puntos de la media nacional.
   La moción defendida por la diputada Teresa Rosique ha sido votada en contra por el PP, que ha presentado una enmienda a la totalidad aplazando 'sine die' la respuesta a la pobreza regional y dejándola a expensas de la aprobación del Plan regional de Servicios Sociales.
   A su juicio, el Gobierno regional "debía haber aprobado dicho plan hace siete años, para elaborar posteriormente las políticas sectoriales contra la pobreza".
   Rosique ha denunciado que "el Partido Popular con su voto en contra ha abandonado a su suerte a las miles de personas que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social en esta Comunidad Autónoma y ha querido decirles que no hay prisa para resolver este grave problema".
   De este modo, ha criticado que "tendrán que seguir esperando hasta que el Gobierno regional se decida a cumplir la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2003 y presente el Plan regional de Servicios Sociales que debería estar desde 2005 y que todavía no ha elaborado. "Después, se verá", ha zanjado.
   La diputada considera que "frenar este grave problema debería ser prioritario para el Gobierno regional. Estamos hablando de miles de personas en la Región de Murcia que sufren una situación insostenible y que no pueden seguir esperando soluciones que no llegan", concluyó.

El frenazo del consumo en la Región hace retroceder el IPC

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) disminuyó un 1,4 por ciento en la Región de Murcia durante el pasado mes de enero, y la tasa interanual se situó en el 1,8 por ciento, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, los precios bajaron en la Región un 1,4 por ciento, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el 1,8 por ciento.
   Por grupos, los más inflacionistas fueron Transporte (1,6 por ciento), Otros (0,6 por ciento), Vivienda (0,5 por ciento), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3 por ciento) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,1 por ciento).
   Por contra, la congelación de precios en Enseñanza y el descenso experimentado en Vestido y calzado (-16,1 por ciento), Ocio y Cultura (-3,1 por ciento), Comunicaciones (-2,1 por ciento), Medicina (-0,4 por ciento), Menaje (-0,3 por ciento) y Hoteles, cafés y restaurantes (-0,2 por ciento).

UPyD afirma que "el desastre" de la CAM es resultado de la gestión politizada de las cajas

MURCIA.-   El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha responsabilizado al PP y PSOE del "desastre de la CAM", algo que parece que todo el mundo veía venir "pero que fue, ignorado voluntariamente, también por todos". 

   En este sentido, ha criticado que tanto el PSOE como el PP hicieron oídos sordos a las proposiciones y mociones realizadas por UPyD solicitando la reforma del modelo de las cajas de ahorro desde hace más de tres años.
   Además, ha lamentado el incesante goteo de irregularidades de las que se van teniendo noticia. Entre ellas, la que se ha conocido de que los antiguos gestores, ahora expedientados, no cumplieron durante cuatro años los requerimientos del Banco de España, que al final intervino la entidad. También se ha sabido que se pagaron dietas a directivos a espaldas de la Asamblea General.
   Sánchez ha recordado que Rosa Díez presentó en el Congreso de los Diputados a mediados de 2009, una interpelación urgente al Gobierno sobre la necesidad de despolitizar los órganos de gobierno y la gestión de las cajas, separar la obra social de la actividad bancaria y crear un nuevo consejo social consultivo con presencia de las administraciones públicas "Tanto el PSOE como el PP desoyeron la moción, que incluso fue calificada  por algunos de poco democrática.", ha puntualizado Sánchez.
   Ha señalado que la deficiencia en la gestión y el interés por  "no soltar" el control político de las cajas, no tiene colores políticos  Y  para avalar ese dato, ha citado que al ejemplo de la intervención de la CAM, entidad ubicada en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por el PP, se le puede contraponer en la  comunidad  castellano manchega, gobernada por el PSOE, el de Caja Castilla La Mancha,  igualmente intervenida.
   Sánchez ha comentado que "lamentablemente casos como el de la CAM  han dado la razón a UPyD sobre la necesidad de la reforma". Cuando el PSOE y el PP la han acometido, "ésta se ha hecho también de forma deficiente por la tozudez e intereses políticos de los dos partidos a dejar de controlar los órganos de gestión desde las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos".
   Por ello el grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso de los Diputados ha avanzado su intención de promover la apertura de una comisión de investigación donde se depuren "responsabilidades políticas y penales, si las hubiera, en la quiebra de  las diferentes cajas de ahorro, entre ellas la CAM", ha concluido Sánchez.

El Banco de España conocía las irregularidades de la CAM desde 2008

ALICANTE.- El Banco de España detectó irregularidades en la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) en los cuatro últimos años, y así se lo comunicó a sus directivos a través de una serie de requerimientos que, al no ser atendidos como debían, terminaron con la intervención de la entidad en julio del año pasado con el objetivo de «evitar su colapso» y perjudicar a millones de clientes e impositores. 

Los directivos no corrigieron los fallos y la deficiente gestión y en algunos casos incumplieron el requerimiento y las advertencias del supervisor, como ocurrió en marzo de 2011, cuatro meses antes de la nacionalización de la Caja. 
El expediente disciplinario abierto por el Banco de España contra a anterior cúpula de la CAM y los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control subraya que la Dirección General de Supervisión realizó «trabajos puntuales de inspección 'in situ' de 2008 a 2011».
Por otra parte, a Fiscalía Anticorrupción está estudiando presentar una querella contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras comprobar la existencia de las irregularidades denunciadas por el Banco de España en su concesión de una pensión vitalicia anual de casi 369.497 euros, según confirmaron fuentes del Ministerio Fiscal. 
Las mismas fuentes explicaron que las unidades de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción han analizado la documentación enviada por los interventores del Banco de España en la que figuran las irregularidades por las que el supervisor le impuso un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre.
"Las irregularidades son las que detectó el Banco de España en la carta de despido, se está analizando si existen indicios delictivos", explicaron las mismas fuentes, quienes matizaron que los hechos pueden constituir sanciones administrativas.
Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".
En caso de que se determinen posibles delitos, los fiscales encargados podrían presentar una querella individual contra Amorós por estos hechos o unir sus acusaciones a la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska contra la CAM por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Esta investigación parte de la denuncia presentada por un particular.
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias.
La exdirectora general de la CAM acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.