viernes, 30 de marzo de 2012

Aprobada la protección del entorno de la Noria y el Acueducto de La Ñora


MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la delimitación del entorno de protección de la Noria y el Acueducto de La Ñora, en Murcia. El espacio abarca la parcela donde se ubica el conjunto y el entorno que lo rodea.

   Con esta medida se garantiza la protección visual de ambas construcciones. La Rueda de la Huerta, en La Ñora, está declarada como Bien de Interés Cultural en 1982 y es, junto con la Rueda de Alcantarilla, uno de los símbolos de la Huerta de Murcia.
   La noria actual fue construida en 1936 y reemplazó otra más antigua de madera que data de 1399. La noria actual tiene un diámetro de diez metros.
   El acueducto que acompaña a la noria tiene una longitud de unos 220 metros. Sus orígenes se remontan al Siglo XV. Se distinguen dos partes, una primera, la más cercana a la noria, que es la más antigua, y una segunda, que formaría parte del crecimiento de la Huerta.

Bruselas propone aumentar el presupuesto para promover productos agroalimentarios europeos

BRUSELAS.- El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se ha mostrado partidario este viernes de aumentar el presupuesto comunitario destinado a promover los productos agroalimentarios europeos porque considera que los instrumentos de promoción existentes "no están a la altura del potencial de este sector".

   "Una vez una que el presupuesto de la PAC (Política Agrícola Común) se decida, veremos de qué manera se puede reforzar la asignación presupuestaria para una promoción agroalimentaria más ambiciosa", ha explicado el comisario europeo en rueda de prensa en la que ha presentado "algunas opciones" para mejorar en este ámbito.
   Ciolos ha recordado que en la actualidad el sector de las frutas y legumbres cuenta con un presupuesto anual para actividades de promoción de "alrededor de 30, 35 millones de euros por año", mientras que el sector del vino recibió por su parte unos 112 millones de euros en 2011. "Para el resto, sólo tenemos 50 millones de euros por año", ha recordado.
   "Si los Estados miembros y el Parlamento (Europeo) apoyan a la Comisión en esta propuesta de reforzar la promoción agroalimentaria, presentaremos después un instrumento con presupuesto reforzado, utilizando los recursos puestos a disposición de la Política Agrícola Común", ha precisado. "Con el margen presupuestario que nos podamos permitir", ha recalcado.
   Si se redujeran "menos del 1%" los pagos directos a los Estados miembros, Ciolos ha calculado que podría "llegar a financiar por año una política de promoción de varios cientos de millones de euros". También ha avanzado que se podrían utilizar fondos "con un margen mucho más reducido" una vez se eliminen "en los próximos meses" las restituciones a las exportaciones para sectores "donde no se justifican".
 "Es una cuestión de ver cómo utilizar de forma más eficaz el dinero que tenemos", ha insistido.
   Respecto a la posibilidad de que el sector de las frutas y hortalizas y del vino, que ya tienen partidas asignadas específicas se pudieran beneficiar de más ayudas, el comisario ha dejado claro que "no está decidido" y que barajan "varias opciones".
   "Podemos mantener una partida de presupuesto específica para estos sectores y otra parte, dentro de un enfoque más amplio en el que, incluido el vino y las frutas y las hortalizas, se puedan promover junto con otros tipos de productos", ha explicado.
   "Es el momento de discutir cuál es la manera más eficaz de utilizar los recursos financieros a nuestra disposición para obtener el máximo de resultados", ha apostillado, si bien ha defendido la necesidad de definir una estrategia de promoción "más fuerte".
 "Si queremos desarrollar algo más grande, tenemos que ver cómo garantizamos la sinergia entre productos complementarios", ha explicado en todo caso.
   El Ejecutivo comunitario propone, además de reforzar las iniciativas de promoción conjuntas de varios países en el exterior y de distintos productos a la vez, poner en marcha programas de ayudas "más atractivos" y "garantizar una gestión que sea más simple y con más impacto" y también "reforzar la sinergia entre los diferentes instrumentos, respetando la especificidad de cada sector".
   Ciolos también está abierto a discutir la posibilidad de aumentar el nivel de cofinanciación de los programas de promoción junto con los Estados miembros. "Tenemos que ver si tenemos que aumentar el nivel de cofinanciación o mantener el nivel actual, teniendo en cuenta que la cofinanciación significa más dinero, más presupuesto para la cofinanciación", ha explicado. Ello no debe perjudicar sin embargo a los países "con problemas" para confinanciar su parte.
   El Ejecutivo comunitario también estudia la opción de implicar al sector privado y "combinar" los instrumentos de promoción públicos y privados "para algún tipo de mercados, alguna categoría de productos".
   La Comisión discutirá ahora su propuesta con el sector agroalimentario y los Estados miembros antes de presentar una propuesta legislativa concreta "de aquí a finales de año", ha explicado el comisario del ramo. "La idea es utilizar el dinero de manera más eficaz", ha insistido.
   Ciolos ha justificado la necesidad de reforzar la promoción por "las señales alentadoras para los próximos años" que apuntan a un aumento de la capacidad exportadora tras recordar que en 2011 las exportaciones agroalimentarias europeas se elevaron a "más de 100.000 millones de euros".
 "El balance es positivo. Exportamos más de lo que importamos", ha explicado.
   El comisario ha recordado que la producción europea "tiene un valor añadido" teniendo en cuenta "la calidad" de los productos, especialmente de los elaborados y por ello la propuesta del Ejecutivo comunitario se propone mejorar también el grado de conocimiento entre los consumidores de las especificidades de los productos europeos y poner en valor las denominaciones de origen o los productos biológicos entre otros.

UPyD afirma que el estancamiento del PIB en 2011 es la consecuencia de la "pésima gestión"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado la gestión del Gobierno regional, a la que ha calificado como "pésima", tras conocerse los datos del INE que sitúan a la Región como una de las tres CCAA en las que no creció el PIB durante el año 2011, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado. 

   Sánchez ha responsabilizado directamente de ese estancamiento al Gobierno de Valcárcel, en contraste con el crecimiento en 14 Comunidades. Además, ha señalado que el ejecutivo murciano debería haber previsto que la caída de la actividad económica en la Región sería de mayor intensidad, como consecuencia del modelo de desarrollo urbanístico sobredimensionado "instalado" en la Región.
   Y es que, en su opinión, la consecuencia más grave de ese dato de estancamiento del PIB, es que la Región tiene un 5 por ciento más de paro que la medina nacional. La cifra de PIB por habitante es de 19.144 euros por habitante, 4.127 euros por debajo de la media nacional.
   En este sentido, el coordinador regional de UPyD ha resumido que todos los índices estadísticos económicos indican que la Región está cada vez más "empobrecida", y ha reclamado medidas que reactiven la "paralizada" actividad económica de la Región.
   Así, entre ellas, ha vuelto a insistir en la necesidad de que "de una vez por todas" el Gobierno regional haga frente al pago a los proveedores.
   Sánchez ha recordado las medidas que UPyD ha propuesto para que la Administración regional priorice y disponga de más liquidez. Entre ellas está la eliminación de todos los consorcios, entes y organismos públicos no relacionados directamente con sectores productivos y de los que no afecten de forma directa a las prestaciones sociales básicas, ni a asociaciones de acción social con proyectos de actuación directos.
   Finalmente, se encuentra entre estas medidas la privatización de la televisión regional, respetando todos los puestos de trabajo. "Todos los organismos y entes no relacionados con los servicios públicos básicos, deben ser consideradas no prioritarias y se debe acometer su supresión en un momento tan crítico como el que atravesamos".

El presupuesto nacional de 2012 prevé un recorte de "más de 27.000 millones de euros"

MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes su proyecto de presupuesto para 2012, que prevé un recorte de "más de 27.000 millones de euros", sobre todo mediante la congelación del salario de los funcionarios y una bajada de los presupuestos de los ministerios del 16,9% en promedio.

"Estamos ante una situacion límite", reconoció la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros, y "nuestra primera obligación es volver a encontrar unas cuentas públicas saneadas".
España se ha comprometido a reducir de aquí a finales de 2012 su déficit público del 8,51% al 5,3% du PIB.

El mayor ajuste de la democracia

Tan sólo 24 horas después de la primera huelga general de la legislatura, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro anunció el mayor ajuste de la democracia con unos presupuestos que combinan fuertes recortes con una reforma tributaria que va de la amnistía fiscal a menores deducciones en el impuesto de sociedades.
En una multitudinaria rueda de prensa, a la que incluso acudieron periodistas de otros países europeos, el Gobierno anunció un ajuste de 27.300 millones de euros entre un menor gasto, mayores ingresos y una reducción de las transferencias a las comunidades autónomas.
En un momento de fuerte crispación social por la reforma laboral y los recortes sociales, la más sorprendente de las medidas desveladas por el titular de Hacienda fue una de carácter "excepcional para incentivar la tributación de las rentas no declaradas" con la que pretenden recaudar unos 2.500 millones de euros.
En vísperas de aprobar un nuevo paquete de medidas para luchar contra el fraude, el Gobierno se cuidó mucho de hablar de amnistía fiscal aunque la medida funcionará de facto como tal, imponiendo una tributación del 10 por ciento a los capitales ocultos aflorados y un gravamen especial del 8 por ciento para la repatriación de dividendos, todo con la idea de apoyar la consecución del objetivo del 5,3 por ciento de déficit público negociado con Bruselas.
"El objetivo del 5,3 por ciento es irrenunciable", afirmaron en varias ocasiones el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Para lograr la consabida meta, además de una subida del impuesto del tabaco con el que pretende recaudar 150 millones de euros adicionales, Montoro anunció una serie de modificaciones en el impuesto de sociedades, fundamentalmente con la eliminación de deducciones, que proyectan una recaudación total de 19.564 millones de euros en 2012, casi 3.000 millones más que en 2011, pese a la crisis.
Con la amenaza de una inminente recesión, el nuevo presupuesto incluye diversas modificaciones del impuesto de sociedades, algunas con carácter temporal y otras permanentes, con las que prevé lograr unos ingresos de 5.350 millones de euros y paliar así la prevista caída de ingresos por la crisis económica.
En el proyecto de presupuestos, elaborado con la base de una proyección de descenso del 1,7 por ciento del PIB, se eliminan 1.389 millones de euros de ayuda al desarrollo y reducen en 1.429 millones de euros el gasto en infraestructuras, además de 1.624 millones de euros menos en políticas de empleo.
Sin embargo, y tras las decepciones cosechadas en las elecciones autonómicas de Asturias y Andalucía por el Partido Popular, el Ejecutivo sí mantuvo la actualización prevista de las pensiones.
En total, teniendo en cuenta el aumento del IRPF aprobado a principios de año, el Estado aumentaría este año los ingresos tributarios en 12.314 millones de euros. Además, para optimizar la recaudación, el Gobierno pretende aprobar en el próximo consejo de ministros un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal.
"Son medidas extraordinarias en una situación extraordinaria", dijo el titular de Hacienda después de que su Gobierno afrontase la víspera una huelga general con masivas manifestaciones en las calles en contra de la reforma laboral y los recortes.
Tras pactar con Bruselas un objetivo de déficit público para 2012 del 5,3 por ciento, el Gobierno revisó también el viernes el cuadro macro presentado a principios de marzo, confirmando que el peso del ajuste previsto recaerá sobre la Administración Central.
El Gobierno del PP, que el 2 de marzo proyectaba un déficit del 5,8 por ciento para 2012, ha ajustado las cinco décimas del nuevo objetivo íntegramente en la Administración Central, para la que proyecta ahora un déficit del 3,5 por ciento a fin de año.
Con un recorte del gasto público de casi un 17 por ciento, la España de los más de cinco millones de parados vivirá este año una congelación de los salarios de los funcionarios públicos combinado con un aumento de su jornada laboral.
Una vez despejada la gran incógnita del presupuesto del Gobierno, la gran pregunta que se hacen ahora los economistas es de dónde van a reducir las regiones los 15.000 millones de euros adicionales a los 27.500 millones de euros que recortará el Gobierno central.
Las autonomías tienen ahora que desvelar su recorte de gastos o aumento de ingresos, con la lacra adicional de unas menores transferencias por parte del Estado de 4.000 millones de euros.

Siguen las promesas para Lorca

MURCIA.- Los damnificados por el terremoto de Lorca cobrarán en un plazo de entre tres y cuatro semanas todas las subvenciones que están concedidas por la Comunidad en virtud de la línea de crédito ICO que se formalizará en los próximos días, se ha vuelto a prometer hoy. 

   Y así lo ha anunciado en Murcia el subsecretario de Fomento, Mario Garcés, quien ha dado cuenta de las medidas que se han aprobado, mediante un Real Decreto Ley, en el Consejo de Ministros de este viernes destinadas a agilizar el pago de las ayudas a los afectados, así como para reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca.
   Según Garcés, quedarían pendientes de pago ahora mismo en torno a unos 195 millones de euros, "proyectanto la estimación sobre solicitudes presentadas y atendiendo las solicitudes que están pendientes de concederse".
   Dentro de este Real Decreto Ley, Garcés también ha adelantado que el objetivo será que una vez que las ayudas lleguen a los damnificados se "apliquen adecuadamente a la finalidad".
   "Queremos reconstruir Lorca, que las ayudas se apliquen a un destino cierto", ha dicho Garcés, de forma que los vecinos tendrán un plazo para edificar de forma voluntaria.
   No obstante, ha advertido que si en un plazo de dos meses desde que se concede la subvención y sin que se haya presentado la solicitud para la concesión de licencia municipal no se llega a un acuerdo a la hora de reedificar las viviendas demolidas "se procederá a una ejecución subsidiaria".
   Es decir, ha explicado, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) "procederá a la reedificación de los inmuebles que son solares" como agente edificador, de manera que el incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al procedimiento de reintegro.
   Con el objetivo de garantizar de forma urgente que las ayudas sean satisfechas con la mayor celeridad posible, así como que la ciudad de Lorca se reconstruya a corto plazo, el Consejo de Ministros ha aprobado este Real Decreto.
   En virtud de este decreto, el ICO suscribirá a partir de la próxima semana un contrato de prestación del servicio de caja con las entidades financieras ubicadas en Lorca y los beneficiarios de estas ayudas percibirán en su cuenta corriente la ayuda reconocida.
   Entre las novedades, Garcés ha destacado que el procedimiento de pago a los beneficiarios mediante el abono por las entidades financieras con sede en Lorca, previo contrato de prestación de servicio de caja con el ICO, se aplicará para las ayudas de alquiler de viviendas y reposición de enseres; para reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas; y para reparación, rehabilitación y reconstrucción de locales o establecimientos mercantiles, industriales o de servicios.
   Para ello, en relación con las ayudas no destinadas a enseres y alquiler, deberán cumplir los requisitos establecidos en dicho Real Decreto Ley y en la normativa autonómica, que prevén el desembolso del 50 por ciento de la ayuda al inicio, el pago del resto contra la presentación de los documentos que acreditan la realización de las obras de construcción o rehabilitación, así como la obligación de solicitar la licencia de obras en el plazo de dos meses desde la resolución de la concesión de la ayuda.
   El procedimiento de financiación de estas ayudas, cofinanciadas entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se regirá por los siguientes criterios.
   En primer lugar, el ICO creará una línea de crédito denominada ICO-LORCA, por importe máximo de 115 millones de euros, ampliable en caso de necesidad, previo acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
   Este importe corresponde a las ayudas que la Comunidad tendrá que abonar y, para ello, el ICO suscribirá un préstamo con ésta. El principal, los intereses y, en su caso, la comisión estarán cubiertos con la retención a efectuar a favor del ICO de los recursos del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma.
   La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia satisfarán al ICO el importe correspondiente a las ayudas reconocidas a los beneficiarios, en proporción a su porcentaje de financiación atribuido.
   La parte correspondiente a la Administración General del Estado irá financiada con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria y se liberará conforme se vayan aprobando las ayudas.
   El incremento de gasto para la Administración General del Estado se deriva de la parte correspondiente a los ingresos que el Estado dejará de percibir por los beneficios fiscales y los aplazamientos de las deuda tributarias, cuya cuantía será similar a la del ejercicio anterior.
   Por otro lado, la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación Económica de Lorca, Inmaculada García, ha subrayado que este decreto "está muy trabajado, matizado, intenso" y en el que se recogen una serie de medidas de calado, entre las que ha citado la prórroga de las ayudas fiscales que existían en anteriores decretos y también el aplazamiento de las deudas tributarias devengadas por el Impuesto sobre Sociedades y por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2011.
   En el aspecto fiscal, ha mencionado como novedad que todas las ayudas y plusvalías, en referencia a las ganancias por las indemnizaciones del Consorcio, "estarán exentas de pagar impuestos sobre la renta y las sociedades".
   También se ha incluido una ayuda de un millón de euros para los comerciantes y se ha dado un plazo de nueve meses para el Plan de dinamización de Lorca, conocido como el 'Plan Lorca', ha indicado García.
   Desde la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, si titular, Antonio Sevilla, ha resaltado que el problema de Lorca es un problema de Estado "que se reconoce".
   Por su parte, el alcalde, Francisco Jódar, ha afirmado que de lo que se está tratando actualmente es de "salir de la fase de la emergencia, ya que Lorca necesita comenzar la reconstrucción de la ciudad".
   Tras recordar que el anterior Gobierno socialista dijo que las ayudas "se manifestaron insuficientes y que había hecho todo lo que había podido", ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ha conseguido un avance importante con el Plan Lorca", reconociendo, no obstante, que "hacen falta más cosas y el trabajo continúa".
   Para concluir, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, ha resaltado el trabajo coordinado de las tres administraciones que "a pesar de las críticas, ha sido un trabajo silencioso con un resultado exitoso, el decreto de este viernes".

Banco CAM estima unas necesidades de 674 millones

MADRID.- Banco CAM ha cifrado en 674 millones de euros las necesidades de provisiones y capital extra para cumplir con la reforma financiera y 'limpiar' su balance de activos inmobiliarios, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

   En concreto, la entidad adquirida por Sabadell precisa de 470 millones en provisiones y calcula unos requerimientos de capital adicional de unos 204 millones. Según precisó Banco CAM, las provisiones se absorberán durante este año como parte del proceso de integración con Sabadell.
   Las provisiones adicionales necesarias para cubrir crédito dudoso o subestándar ascienden a 283 millones y para los activos inmobiliarios en balance, a 134 millones. La provisión anticíclica requerida para el crédito promotor se estima en 53 millones.  
   La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) revisó este miércoles su cuenta de resultados del ejercicio 2010, con una reducción de la ganancia del 70%, hasta 75,5 millones de euros, tras registrar saneamientos por importe de 168 millones en 2011.

La Región de Murcia queda instalada en el furgón de cola de las españolas

MADRID.- Un total de ocho comunidades autónomas crecieron por encima de la media nacional (0,7%) el año pasado y solo Extremadura registró una tasa negativa, según la Contabilidad Regional de España que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Canarias (+2,1%), Baleares (+1,8%) y Navarra (+1,5%) fueron las regiones que más crecieron en 2011 y registraron las tres un crecimiento igual o superior a la media de la UE-27 (+1,5%).
   Además, otros cinco territorios obtuvieron registros de crecimiento mejores que la media nacional: País Vasco (+1,3%), Castilla y León (+1,3%), Madrid (+0,9%), La Rioja (+0,8%) y Cataluña (+0,8%).
   Cantabria creció lo mismo que la media española (+0,7%), mientras que por debajo se quedaron la Comunidad Valenciana (+0,4%), Ceuta (+0,4%), Asturias (+0,3%), Aragón (+0,3%), Galicia (+0,3%), Melilla (+0,2%) y Andalucía (+0,2%).
   Las comunidades que obtuvieron los peores registros de crecimiento fueron Extremadura (-0,3%) y Murcia y Castilla-La Mancha, ambas con un crecimiento nulo en el año 2011.
   Según el INE, las diferencias en los resultados del PIB en las comunidades se explican por la evolución de las ramas industriales y de los servicios, ya que el resto de actividades han registrado crecimientos similares en todas las regiones.
   De hecho, los mayores crecimientos en Canarias y Baleares se sustentan, sobre todo, en la aportación de la actividad turística, muy por encima de la registrada en años precedentes. En Navarra, en cambio, el factor principal es la evolución de la industria de manufacturas y de servicios ligados a las tecnologías de la información.
   Por otro lado, País vaso ocupa la primera posición si se mira al PIB per cápita, con 31.288 euros por habitante, seguido de Navarra (30.068 euros), Madrid (29.731 euros) y Cataluña (27.430 euros).
   Otras tres comunidades superaron la media nacional en 2011 (23.271 euros): La Rioja (26.129 euros), Aragón (25.920 euros) y Baleares (24.585 euros). Justo por debajo de la media se quedaron Castilla y León (23.146 euros), Cantabria (22.981 euros) y Asturias (21.976 euros).
   A continuación se situaron Galicia (21.112 euros), Comunidad Valenciana (20.583 euros), Ceuta (20.045 euros), Canarias (19.806 euros), Murcia (19.144 euros) y Castilla-La Mancha (18.568 euros). Extremadura (16.149 euros), Andalucía (17.587 euros) y Melilla (18.454 euros) cierran la lista.
   En términos relativos, el PIB per cápita de País Vasco fue un 34,5% superior a la media nacional, el de Navarra un 29,2% mayor y el de Madrid, un 27,8%. En cambio, el PIB por habitante de Andalucía se situó un 24,4% por debajo del dato nacional y el de Extremadura, un 30,6%.
   En cualquier caso, todos los territorios, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, incrementaron su PIB por habitante en 2011, encabezadas por País Vasco, Castilla y León , La Rioja y Navarra.
   El INE analiza también las variaciones interanuales del PIB real correspondientes al periodo 2008-2011 y asegura que, por los crecimientos negativos de la actividad en 2009 y 2010, el crecimiento medio nacional del periodo fue negativo (-1,05%). Todas las comunidades registraron tasas negativas.
   Aún así, un total de diez territorios mejoraron dicho registro. Encabezan la lista Melilla (-0,13%), Castilla y León (-0,24%), Ceuta (-0,33%) y Navarra (-0,33%). Por el contrario, las que mostraron un menor crecimiento medio fueron la Comunidad Valenciana (-2,07%), Murcia (-1,68%) y Castilla-La Mancha (-1,61%).
   Por otro lado, el INE pone de manifiesto que los hogares con más renta disponible por habitante en 2009 fueron los de País Vasco, con 20.416 euros, cifra que supera en un 31,8% a la media nacional (15.488 euros).
   A continuación se situó Navarra (19.503 euros), Madrid (18.643 euros) y Cataluña (17.661 euros), mientras que Extremadura (11.841 euros) y Andalucía (12.644 euros) presentaron los registros más bajos.

También cuentan mentiras para tontos en los Emiratos Árabes Unidos

RAS AL JAIMAH.- Un 'resort' de vacaciones en Emiratos Árabes Unidos que usará la marca del Real Madrid, campeón de nueve copas de Europa, aún tiene que finalizar sus opciones de financiación para construcción del complejo de 1.000 millones de dólares, dijo el jueves el consejero delegado del proyecto, Louis-Armand de Rouge.

El 'resort' de 50 hectáreas, que tiene que construirse en una isla artificial en el emirato de Ras al Jaimah, tiene previsto abrir en enero de 2015. Seguirá a otros proyectos audaces en los vecinos Dubái y Abu Dabi, como la torre más alta del mundo, un parque temático de la marca Ferrari y unas islas artificiales con forma de palmera.
"El único problema que podemos encontrar es seleccionar inversores, no es tanto si tenemos el dinero para hacerlo, sino quién participará, porque ya hay muchas personas que quieren comprar la mayor parte del mismo", dijo Louis-Armand de Rouge, consejero delegado del Real Madrid Resort Island, en una rueda de prensa.
La empresa con sede en Luxemburgo celebrará 'road shows' en abril para captar posibles inversores.
"La idea es tener unos seis meses de estudio desde ahora hasta final de año y luego construir durante dos años", dijo Rouge.
Esta confianza en el proyecto existe pese al fracaso de una serie de proyectos en Emiratos al hilo de la crisis financiera, como un plan urbanístico y campo de golf con el nombre de Tiger Woods.
Entre los posibles inversores del resort hay "particulares, instituciones privadas y algunas instituciones financieras", dijo Rouge.
Declinó revelar cuánto invertiría el Real Madrid en el resort, que contará con un hotel de 450 habitaciones, un puerto deportivo, un club de yates y un museo del Real Madrid, además de un parque de atracciones y un estadio con capacidad de 10.000 personas.
"No hay modo en que esto ponga en peligro la seguridad financiera del Real Madrid", dijo Rouge.
El Madrid afirma tener 300 millones de seguidores en todo el mundo - un 4 por ciento de la población mundial. Un 60 por ciento de estos viven en Asia, un punto que Rouge consideró crucial a la hora de decidir construir el 'resort' en Emiratos.

El Gobierno sancionará los incumplimientos autonómicos de déficit a partir de mayo

MADRID.- El Gobierno podrá sancionar los incumplimientos de las comunidades autónomas en materia de déficit a partir del mes de mayo, cuando se prevé que entre en vigor definitivamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que este jueves ha pasado su primer trámite parlamentario en el Congreso con el debate de las enmiendas de totalidad.

   Según han indicado fuentes 'populares', el próximo martes está previsto que el texto normativo pase a ponencia, donde un grupo de diputados de todas las fuerzas políticas presentes en la Comisión de Hacienda redactarán, a puerta cerrada, un informe en base al texto remitido por el Plenario y a las enmiendas parciales que se acepten de entre las más de 200 que se han presentado.
   El documento deberá estar listo a final de semana para que el lunes 9 de abril pueda ser debatido en la comisión del ramo, junto con las enmiendas parciales que aún queden vivas. Tras votar, se emitirá un dictamen, con los cambios que se hayan aceptado, que se remitirá de nuevo al Pleno de la Cámara baja, que lo someterá a consideración el jueves 12.
   El texto que se apruebe se remitirá entonces al Senado, que puede interponer un veto, poco probable ante la mayoría absoluta del PP; introducir enmiendas, con lo que el proyecto debería ser votado de nuevo en el Pleno del Congreso; o aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido, en cuyo caso la ley quedaría ya definitivamente aprobada.
   El Gobierno cuenta con que el procedimiento finalice de esta manera, con lo que la nueva normativa de estabilidad presupuestaria podría entrar en vigor ya a principios del mes de mayo. A partir de ese momento "el Gobierno ejercerá todos los controles y pondrá en marcha todos los mecanismos para asegurar que las administraciones públicas cumplen el objetivo de déficit público establecido", según ha indicado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa.
   Hasta entonces, el PP seguirá intentando conseguir el apoyo del PSOE, que en la votación a las enmiendas de totalidad de este jueves se ha abstenido, amenazando con votar en contra de la ley si el Ejecutivo no recupera los términos acordados entre los dos partidos mayoritarios el pasado verano en la reforma constitucional.
   Y es que los socialistas consideran que el PP ha modificado el acuerdo, al fijar un límite de déficit estructural a partir de 2020 del cero por ciento en lugar del 0,4 por ciento que, dicen, se acordó el mes de agosto pasado. Ahora, esa cifra se reserva para los casos de emergencia o catástrofe natural, y también para los momentos en que se realicen reformas estructurales con impacto presupuestario a lo largo de varios ejercicios.
   Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el proyecto de ley recoge el acuerdo original y traspone el Pacto Fiscal Europeo, por lo que ha pedido "responsabilidad" al resto de partidos para que apoyen una norma que, según ha dicho, servirá a España para ganar credibilidad y emprender la senda de la recuperación económica.
   No obstante, el rechazo de los socialistas no será el único que el PP encuentre en la tramitación parlamentaria de la ley. CiU también ha rechazado el texto en sus términos actuales por considerar que invade algunas competencias autonómicas --queja en la que coincide con otros partidos como PNV, CC, ERC o BNG-- y por no tener en cuenta el punto del que parte cada administración autonómica.
   Y es que a partir de ahora todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto similar al de la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.
   Además, el incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año y, en caso de incumplimientos, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.
   El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta también para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.
   Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.
   Junto con el límite de déficit, la nueva ley fija en un 60 por ciento del PIB la deuda máxima que podrán tener el conjunto de las administraciones públicas --13 por ciento para las comunidades autónomas--.
   Para conseguir estos objetivos, el proyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.
   En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.
   El proyecto de ley contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto. Esta exigencia es uno de los puntos más criticados por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y por otras formaciones minoritarias (Geroa Bai, CC, ERC o BNG), que rechazan la falta de adaptación de la ley a la situación de cada región y que se dé prioridad al déficit cero por encima de la recuperación económica o la creación de empleo.