miércoles, 20 de febrero de 2013

El PSRM solicita una comisión que investigue los créditos adjudicados a directivos de la CAM

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Francisco Oñate, ha solicitado la constitución de una comisión especial que investigue los créditos que desde el Instituto de Crédito Oficial y el de Crédito y Finanzas "se han adjudicado a directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)".

   En concreto, considera que "Murcia tendrá algo que decir" en el "hundimiento de la CAM", que es "uno de los mayores escándalos político-financieros de España".
   Estas declaraciones han tenido lugar hoy en la Asamblea Regional, donde se ha debatido y votado la correspondiente moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y donde Oñate ha añadido que la desaparición de la CAM "supone perdida de dinero de la obra social", tan importante "para las empresas".
   Y también ha indicado, respecto a la investigación que se está llevando a cabo en las Cortes Valencianas sobre este tema, que en Murcia "no podemos esperar que otros hagan nuestro trabajo". Y ha instado a "investigar, por responsabilidad política", así como ha señalado que "el vicepresidente de esta Comunidad está en un expediente sancionador del Banco de España y ha tenido que ir a dar explicaciones a las Cortes Valencianas".
   En cambio, el Grupo Parlamentario Popular, a través su diputado, José Antonio Ruiz Vivo, ha presentado una enmienda a la totalidad, ya que esta moción "es equivocarnos de ventanilla", pues este asunto "ya está siendo investigado en las Cortes Valencianas, en la Audiencia Nacional, la Comisión del Mercado de Valores y por el Banco de España". Y ha recordado que "el Instituto de Crédito Oficial no es competencia de la Comunidad Autónoma". Por lo que ha concluido que "el tema está residenciado donde corresponde".
   Y por su parte, José Antonio Pujante, de IU-Verdes, ha señalado en su intervención que su grupo "apoya la iniciativa Socialista", ya que "se está bloqueando la posibilidad de que se investigue aquí". Finalmente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, no ha salido adelante.

España y Marruecos constituirán un grupo específico de trabajo sobre el tomate

MADRID.- Las administraciones de España y Marruecos, tras mantener un encuentro en Casablanca en el marco del Comité Mixto Hispano-Marroquí de frutas y hortalizas, constituido el pasado mes de diciembre en Madrid, han confirmado que crearán un grupo específico de trabajo sobre el tomate.

   En el seno de este grupo, los profesionales del sector podrán intercambiar información sobre avances de producciones y superficies, calendarios de comercialización, análisis de la situación del mercado en el tomate y seguimiento del acuerdo UE-Marruecos.
   Este grupo de trabajo se reuniría dos veces al año, al comienzo y a mediados de la campaña, si bien en 2013, y para su constitución, la convocatoria se haría para el mes de marzo. Posteriormente, y una vez finalizada la campaña, tendrá lugar la reunión plenaria del Comité Mixto, prevista para principios de junio, donde se consensuarán las conclusiones.
   A esta reunión en Casablanca asistieron el director general de producciones y mercado agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas, y el director general del organismo autónomo de control y coordinación de exportaciones de Marruecos.  
   En este encuentro se analizó también la evolución de la actual campaña y se designó puntos de contacto en ambas administraciones para intercambios periódicos de información sobre aspectos de especial interés para España en el cumplimiento del acuerdo UE-Marruecos, y para afrontar los problemas puntuales que pudieran surgir a lo largo de la campaña.
   Con esta reunión se reafirma la línea de diálogo, promovida por el Ministerio, como mejor vía para conseguir el buen funcionamiento del acuerdo UE-Marruecos y, en consecuencia, del mercado de los diferentes productos hortofrutícolas.

La Comisión Europea abre un expediente sancionador por encontrarse en "situación ilegal" el vertedero de Jumilla

JUMILLA.- El alcalde de Jumilla, Enrique Jiménez, ha informado que el vertedero "se encuentra en una situación ilegal, lo que ha llevado a la Comisión Europea a abrir un proceso de infracción que si no se subsana en unos meses podría acabar en una sanción económica muy elevada por ser un delito medioambiental". 

   En concreto, se trata de un vertedero de residuos en Jumilla y cuatro escombreras más que "incumplen la normativa comunitaria". Al respecto, Jiménez ha comentado que ya tenía conocimiento del inicio de este expediente sancionador por la Comisión Europea, ya que la semana pasada la Dirección General "mantuvo una reunión en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente", y en esa misma semana, él mismo mantuvo otra reunión en la Dirección General de Medio Ambiente para conocer este expediente sancionador.
   La Comisión Europea, según Jiménez, "se toma muy en serio el respeto al medio ambiente y también que se subsanen las graves deficiencias en los vertederos a nivel europeo".
   "En España hay ocho CCAA con deficiencias graves, y en Murcia la situación más precaria se da en nuestro vertedero, pues para cumplir la normativa comunitaria y evitar la sanción debería rehabilitarse el entorno y mejorar las condiciones de seguridad e higiene", ha explicado.
   De hecho, ha subrayado que "ya se han dado varios accidentes graves en las instalaciones, así como acreditar que no se reciben vertidos no autorizados y sellar los tres vasos que ya están colmatados, poniendo en marcha el cuarto vaso, que compete al Ayuntamiento, y si no se hace habría que llevar la basura a Ulea". A pesar de todo, ha afirmado que "se espera que a finales de febrero esté solucionado y se evite la sanción económica".
   En la anterior legislatura, recuerda, "se tomó el acuerdo por unanimidad y a propuesta del grupo municipal socialista, de cerrar definitivamente el vertedero por las graves irregularidades que presentaba, pidiendo responsabilidades a la empresa concesionaria de las deficiencias y de los graves problemas medioambientales existentes, problemas que el propio gobierno socialista conocía".
   El Consistorio informa que "este último año y medio se han hecho las cosas bien, por lo que se espera que se solucione en un par de meses".

Los economistas alertan que la situación económica regional ha empeorado en un año

MURCIA.- El 80,4 por ciento de los encuestados en el barómetro anual del Colegio de Economistas consideran que la situación económica regional ha empeorado respecto a un año atrás debido al paro o al escaso gasto en I+D+i por parte de las empresas, y la suspenden con un 2,81 sobre diez, frente al 3,25 nacional; puntuación similar a la anterior edición (junio de 2012), siendo los asalariados del sector público los que peor la han valorado (2,41 puntos), según se refleja en el décimo tercer Barómetro del Colegio profesional, correspondiente a enero.

   Solo el 17,8 por ciento opina que la situación de la economía regional sigue igual que hace un año y un 1,9 por ciento de los encuestados ha percibido mejoría. A pesar de ello, y aunque la puntuación actual es inferior a la que fue pronosticada en el pasado mes de enero "lo que denota que la evolución de la coyuntura ha sido peor de la prevista", los encuestados prevén una ligera mejoría en el ámbito regional y nacional para dentro de seis meses, subiendo la nota media tres décimas, hasta el 3,14 y 3,61, respectivamente.
   Respecto a la situación económica personal en relación con un año atrás, solo el 7 por ciento de los encuestados --empresarios, profesionales por cuenta propia, asalariados del sector privado y público, sobre todo bajo el área de asesoría y consultoría--, manifiestan estar mejor; el 36,9 por ciento declara encontrarse igual que hace un año y el 56,1 por ciento que su situación ha empeorado, especialmente los empleados del sector público (66,7%).
   Esto, según ha indicado el director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Francisco Javier Pardo, "supone un descenso de tres puntos en relación con los resultados del barómetro de junio"; le siguen los empresarios y profesionales por cuenta propia, que alcanza el 54,9 por ciento.
   Además, el 60,4 por ciento destaca como fortalezas de la economía regional "las condiciones naturales de gran potencial para el desarrollo del sector agroalimentario, el turismo residencial y las energías renovables", la gran competitividad en determinados productos (40,6%) y el creciente grado de innovación, técnica y gerencial en la agricultura e industria agroalimentaria (34,6%).
   Entre las debilidades, el 56,7 por ciento menciona el paro, el 49,3 por ciento, el escaso gasto en I+D+i por parte de las empresas y en tercer lugar, con el 39,6 por ciento, las informaciones sobre corrupción y tratos de favor, "que es el porcentaje más alto que este debilidad ha obtenido en todas las ediciones del barómetro", según ha detallado en rueda de prensa el vicedecano del Colegio de Economistas, José Ignacio Gras, quien ha señalado que el segundo mayor fue en diciembre de 2007, con un 29 por ciento, y que este valor "hipoteca" mucho el crecimiento, "genera desconfianza e incertidumbre".
   En cuanto a los sectores sobre los que recaen unas ligeras expectativas de crecimiento, según el barómetro, --realizado por formulario on-line entre diciembre y enero--, son la industria agroalimentaria, la agricultura, así como el turismo, ocio y hostelería, que reciben una puntuación de 5,49, 5,46 y 5,20 sobre diez, respectivamente.
   Por contra, ha añadido Gras en la rueda de prensa de presentación del barómetro, el sector de la construcción es el menos valorado hacia adelante, con un 1,86, "indicativo de que se espera que continúe el proceso de ajuste en este sector".
   Sobre la evolución de la situación económica-financiera de las empresas y familias de la Región para los próximos meses, el 60,8 por ciento de los encuestados considera que la situación seguirá igual en el caso de las empresas y el 55,8 por ciento hace la misma consideración para las familias.
   En cuanto a la evolución de la demanda de consumo por parte de los hogares, un 47,9 por ciento de los entrevistados considera que sufrirá una disminución en los próximos seis meses y un 72,2 por ciento emite la misma respuesta en relación con la compra de viviendas.
   Es decir, que los economistas perciben una situación más deteriorada para los hogares que para las empresas, "lo cual, posiblemente, esté relacionado con la elevada tasa de desempleo y el crecimiento número de hogares con todos sus miembros activos en el paro".
   Por último, los encuestados conceden gran importancia a la inclusión de contenidos de carácter económico-financiero en la enseñanza obligatoria y post-obligatoria, y consideran necesaria la elaboración de un plan estratégico, flexible y a corto plazo, con una vigencia de dos años, una vez que llegue a su fin el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia 2007-2013.
   En este sentido, el 62 por ciento hace hincapié en la necesidad de captar inversores, abrirse al exterior y buscar nuevos mercados para la elaboración del plan estratégico regional, así como invertir en I+D+i y tecnologías de la información (50,7%).
   En tercer lugar, los encuestados destacan el ámbito de la educación, empleabilidad y la formación de los recursos humanos, y resaltan como ámbitos el sector del turismo, ocio y hostelería, seguida de la industria alimentaria y otras industrias (metal, calzado, mueble, plásticos).
   Finalmente, el decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, ha señalado que "hay que ser optimistas, no perder un minuto más" y "no ser cobardes" a la hora de tomar medidas, como por ejemplo sería, ha puntualizado, rebajar el seguro de autónomos a unos 50 euros y ampliar el periodo a los 36-42 meses.
   Al tiempo que ha afirmado, en base a los datos del barómetro, que "hay necesidad y ganas de que la situación económica regional mejore y ver el final del túnel".

UPyD Murcia reclama un estudio "exhaustivo" que determine la titularidad del patrimonio del Consistorio


MURCIA.- El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, ha requerido por escrito al concejal de Contratación y Patrimonio, Cosme Ruiz, para que "realice un estudio exhaustivo que determine la titularidad del patrimonio del Consistorio, con objeto de comprobar su adecuado registro". 

   Asimismo, indica, "si tiene constancia de otros casos similares y qué medidas se han tomado para evitar que vuelvan a producirse hechos como este".
   Tras calificar de "inaudito" que el Teatro Circo "no tenga debidamente registrada su propiedad a nombre del Consistorio y que además tenga un problema de embargo", ha señalado que "no es un hecho aislado, como se ha podido comprobar con el complejo JC1 o con el aparcamiento del antiguo estadio de 'La Condomina'".
   Para el concejal de la formación magenta, este hecho "exige explicaciones de cómo se ha llegado a esta situación y de qué manera se ha gestionado este registro".
   Como explica Rubén Juan Serna, "todo con ello con la finalidad de saber si esta situación ocasiona un perjuicio económico para las arcas del Ayuntamiento y por extensión a los bolsillos de todos los murcianos".

IU-Verdes exigirá responsabilidades por la pérdida del Teatro Circo

MURCIA.-   La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha calificado este miércoles de "muy grave" el embargo del Teatro Circo al mantenerse la propiedad en manos de una de las promotoras que firmaron el correspondiente convenio urbanístico.

   Herguedas ha anunciado que su grupo exigirá que se depuren las responsabilidades que hayan podido cometerse por el incumplimiento de la obligación de inscribir este bien en el registro correspondiente, lo que ha provocado una pérdida patrimonial de 8,3 millones para el municipio.
   Asimismo, ha exigido al alcalde, Miguel Ángel Cámara, que explique las acciones que realizó para garantizar el bien municipal tras conocer a través del fiscal ante el que declaraba como imputado por el caso Umbra que el Teatro Circo seguía aún a nombre de los promotores y además existía un embargo municipal.

PSOE Murcia tacha de "inadmisible" que Cámara "permita que el Teatro Circo "haya sido embargado"

MURCIA.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, considera "inadmisible" que el alcalde Miguel Ángel Cámara "haya permitido que el Teatro Circo haya sido embargado por 8,3 millones de euros por la Agencia Tributaria al no haber sido escriturado por el Ayuntamiento". 

   A juicio de López, esta información confirma "la mala gestión de Cámara que está provocando que el Ayuntamiento haga aguas por todas partes y que nadie asuma ninguna responsabilidad".
   Es una "situación clara de desgobierno a la que Cámara debería poner fin, con su dimisión inmediata, porque su gestión está claramente cuestionada".
   En su opinión, "queda más que confirmado que a lo largo de estos años se han firmado convenios alegremente que después no se han controlado y que están generando graves perjuicios al patrimonio de todos los murcianos debido a la desidia de un Gobierno local sin rumbo, cuyo máximo responsable está claramente pendiente de otras cuestiones".
   Para finalizar, López destaca que "lo peor de todo es que lo ocurrido con el Teatro Circo no es un hecho aislado o un despiste puntual, si tenemos en cuenta otras cuestiones como el aparcamiento de la Vieja Condomina (explotado por el Real Murcia desde el 2006 a pesar de ser de titularidad municipal), el convenio con Intersa sobre el JC1 o la titularidad de la plaza de la Hortícola, por citar algunos ejemplos".

El Comité de Huelga calcula que el 62 por ciento de jueces y fiscales de la Región han secundado la huelga

MURCIA/MADRID.- El Comité Nacional de Huelga calcula que el 62 por ciento de jueces y fiscales de la Región de Murcia han secundado la huelga convocada por las asociaciones contra las reformas legislativas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

   Un total de 2.553 de jueces y fiscales de toda España ha secundado este miércoles la jornada de huelga, lo que representa un 62 por ciento de la Carrera, según datos del Comité Nacional de Huelga.
   Cientos de jueces, fiscales, abogados y funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado a estas horas ante las sedes judiciales para escenificar el malestar contra las políticas de Gallardón, en  particular, contra la falta de medios y la politización del Consejo General del Poder Judicial.
   El Comité Nacional de Huelga, formado por cinco asociaciones de jueces y fiscales, ha informado que se han suspendido 10.000 juicios y señalamientos en toda España.
   En los juzgados de Instrucción de la madrileña Plaza de Castilla, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha expuesto que la jornada de paro ha sido secundada en un 66 por ciento en Madrid, en un 56 por ciento en Cataluña, en un 74 por ciento en Extremadura y en un 79 por ciento en Andalucía.
   Ha indicado que en Aragón ha sido respaldada por un 71 por ciento, en Valencia por un 59 por ciento, en el País Vasco por un 58 por ciento y en Murcia por un 62 por ciento. Los representantes de las asociaciones judiciales y fiscales han leído un manifiesto en el que critican la falta de respaldo del Consejo General del Poder Judicial y emplazan a Gallardón a abrir un cauce de diálogo para impedir la escalada del conflicto.

La huelga de jueces y fiscales es secundada por 82 magistrados en la Región y el 54,66% de las unidades judiciales


MURCIA.- La huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas legislativas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido secundada por 82 magistrados en la Región de Murcia y el 54,66 por ciento de las unidades judiciales, según los datos recabados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.

En concreto, la Presidencia del TSJ de la Región ha recibido 82 comunicaciones por parte de jueces y magistrados manifestando su intención de ejercer el derecho a huelga, según informaron fuentes del Tribunal en un comunicado.
En cualquier caso, el TSJ informa que los jueces y magistrados que han comunicado el ejercicio de la huelga y han atendido diligencias y señalamientos han sido computados como jueces y magistrados en huelga.
En total, en la Región de Murcia hay 150 unidades judiciales, aunque sólo 135 de ellas están en activo porque no todas están cubiertas. Así pues, 82 de estas unidades se han declarado en huelga, lo que supone un seguimiento del 54,66 por ciento, calculado en base a la totalidad de 150 unidades.
En cuanto a los órganos colegiados, en el TSJ hay dos unidades en huelga, lo que supone un seguimiento del 12,5 por ciento; mientras que en la Audiencia Provincial hay siete unidades en huelga, lo que supone una adhesión del 36,8 por ciento.
Por partidos judiciales y en lo que respecta a los órganos unipersonales, en Murcia hay 39 unidades en huelga (73,58 por ciento); en Cartagena hay 13 unidades en huelga (68,42 por ciento); en Caravaca de la Cruz hay una unidad en huelga (33,33 por ciento); en Cieza hay cuatro unidades en huelga (100 por ciento).
En Jumilla no hay ninguna unidad en huelga; mientras que en Lorca la movilización ha sido secundada por cuatro unidades (44,44 por ciento); en Molina de Segura hay cuatro unidades en huelga (57,14 por ciento); en Mula hay una unidad en huelga (50 por ciento); en San Javier hay tres unidades en huelga (30 por ciento); en Totana hay tres unidades en huelga (75 por ciento); y en Yecla hay una unidad en huelga (50 por ciento).
El TSJ explica que no hay incidencias significativas, y sólo se han producido suspensiones registradas por órganos colegiados y unipersonales de los 11 partidos judiciales.
En concreto, el el partido judicial de Cartagena han tenido lugar seis suspensiones en Primera Instancia; 28 en Instrucción; 15 en Social; seis en Penal; ninguna en Contencioso-administrativo; y ninguna en Violencia sobre la Mujer.
En el partido judicial de Caravaca de la Cruz han habido cuatro suspensiones; en el partido judicial de Cieza se han producido dos suspensiones; en el partido judicial de Jumilla no ha habido ninguna suspensión; en el partido de Lorca se han producido 19 suspensiones; en Molina de Segura se han producido tres suspensiones; y en el partido de Mula han habido dos suspensiones.
En el partido judicial de Murcia no se han producido suspensiones en la Audiencia Provincial, ni en Social ni en Violencia sobre la Mujer; pero se han producido 28 suspensiones en Primera Instancia: Suspensiones; siete en Contencioso-administrativo; seis en Penal; y 53 en Instrucción.
En el partido judicial de San Javier se han desarrollado 21 suspensiones; mientras que en Yecla y Totana no ha habido suspensiones.

Los administradores instan al Juzgado a iniciar el proceso de liquidación del aeropuerto de Ciudad Real

CIUDAD REAL.- Los tres administradores concursales de la sociedad CR Aeropuertos S.L., propietaria del aeropuerto de Ciudad Real, han instado a la titular del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Ciudad Real a que inicie el proceso de disolución de la sociedad.

   A este respecto, según han informado fuentes cercanas al caso, el próximo lunes el Consejo de Administración se reunirá para estudiar esta situación.
   Tras cumplir con las fases previas del concurso de acreedores de la sociedad, decretado en junio de 2010, los administradores, según las fuentes consultadas, han alegado falta de fondos para el mantenimiento de las instalaciones.
   Esta decisión coincide en el tiempo con el final del año de suspensión de actividades también acordada por la titular del Juzgado de lo Mercantil y que se cumplirá en las próximas semanas.
   El Consejo de Administración tiene nueve miembros, de los cuales cinco corresponden al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), que se hizo con la mayoría al asumir la participación de Caja Castilla-La Mancha (CCM) cuando esta fue intervenida.
   La decisión del Consejo de Administración no es vinculante dado que también tendrá que pronunciarse la Junta General de Accionistas y, en todo caso, la última decisión dependerá del Juzgado de lo Mercantil.
   Posteriormente, según han confirmado estas fuentes, la juez deberá consultar con las partes afectadas, por lo que la decisión sobre la disolución o no de la compañía no sería inmediata.