MADRID.- El pasado 13 de noviembre el Tribunal de Cuentas aprobaba el Informe sobre la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del Sistema Portuario Estatal de los ejercicios 2014 y 2015, según La Gaceta.
Un informe que la
Fundación Hay Derecho -integrada por notarios, abogados del Estado y catedráticos-
califica como “demoledor”
. “En él se habla de incumplimientos de la normativa vigente, de
inversiones ineficientes e incluso contraproducentes, de
infrautilización de infraestructuras, de procedimientos de concesión
‘sospechosos’ y de falta de transparencia”, explican desde
Hay Derecho.
Una realidad que ya denunciaba en enero el notario
Rodrigo Tena, patrono
fundador de
Hay Derecho, en un extenso y
esclarecedor artículo
que, por su interés, reproducimos a continuación. Mezcla entre
“corrupción y capitalismo de amiguetes”, licitaciones, ofertas a la baja
y sobrecostes presuntamente compensatorios… ¿Qué pasa en los puertos
españoles? Marejada a fuerte marejada… y no por el mar.
“De un tiempo a esta parte los principales puertos del país están muy
revueltos, y no precisamente por causa del estado de la mar, sino más
bien por causa del Estado, sin más.
En realidad, tal cosa no
debería extrañar a nadie, porque uno de los más claros síntomas del
Estado clientelar y del capitalismo de amiguetes es el descontrol en la
gestión de los recursos públicos, especialmente a la hora de adjudicar y
vigilar la obra pública, y en los puertos se hace mucho de eso.
En
este momento han llegado a conocimiento público (y quizás por eso
pueden ser solo la punta del iceberg) escándalos de sobrecostes y
descontrol en las adjudicaciones nada menos que en una decena de puertos
españoles, y no precisamente insignificantes.
Rápido (y resumido) estado de revista:
1.- Gijón
Como consecuencia de la ampliación del puerto de El Musel, la Fiscalía,
la Abogacía del Estado y el Tribunal de Cuentas han denunciado
irregularidades contables que apuntan a un beneficio por parte de la
unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de las obras (entre ellas
ACS y FCC), a costa de sobrecostes pagados por la Autoridad Portuaria,
lo que ha dado lugar a una investigación actualmente en curso en la
Audiencia Nacional.
2.- Pasajes
Como
consecuencia de la construcción de la lonja de pescados del puerto, el
jefe penal de la Abogacía del Estado ha denunciado sobrecostes
“gigantescos e inexplicables” (pues superan los cinco millones respecto a
los quince en que fue adjudicada la obra a una UTE, integrada entre
otras empresas por FCC) en base a certificaciones manipuladas y
desaparecidas. El Fiscal ha remitido a los juzgados de San Sebastián una
denuncia por seis presuntos delitos (prevaricación, malversación de
caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa,
cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas).
3.- Barcelona
Como consecuencia de la ampliación
del Dique Este del Puerto de Barcelona existen en la actualidad nueve
procesados por estafa y falsedad en documento mercantil, todos ellos
directivos de la UTE encargada de las obras (entre la que se encuentra,
entre otras, FCC). El fiscal pide penas de hasta diez años de cárcel. La
Autoridad Portuaria considera que el fraude puede alcanzar la friolera
de 47 millones de euros.
4.- Valencia
Como
consecuencia de distintas actuaciones realizadas por la Autoridad
Portuaria de Valencia (entre ellas obras de ampliación) hay tres causas
abiertas en los juzgados valencianos, que investigan presuntos fraudes
que podrían alcanzar los 40 millones de euros, aunque algunas
acusaciones particulares lo elevan a 83 millones.
5.- Las Palmas
Como consecuencia de las numerosas irregularidades detectadas en las
obras del muelle de La Esfinge y del dique Sur, se abrió un expediente
por parte de la Unión Europea que desembocó en que Puertos de Las Palmas
perdiera 11 millones de euros de fondos comunitarios, así como unas
diligencias penales a instancia de la Fiscalía en relación a estos
mismos hechos y que se tramitan en un Juzgado de Instrucción Las Palmas
de Gran Canaria. Entre las empresas de la UTE adjudicataria figuraba
FCC.
6.- Baleares
Como consecuencia de un contrato de explotación de amarres en Mahón e
Ibiza se ha abierto un proceso penal contra trece personas, entre
quienes se encuentra el expresidente de la Autoridad Portuaria de
Baleares, ex altos funcionarios de este organismo y numerosos
empresarios vinculados con la mercantil beneficiaria, entre ellos su
dueño, Díaz Ferrán. Todo ello por los presuntos delitos de alteración de
precios de concursos y subastas públicas, prevaricación, revelación de
secretos, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales
públicos y pertenencia a organización criminal. En Formentera hay otro
caso parecido.
7.- Cartagena, Algeciras, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña, San Roque, Ferrol…
El Tribunal de Cuentas Europeo ha denunciado el sobrecoste de 22.5
millones en tres proyectos de ampliación del puerto de Cartagena, en un
informe que deja muy mal parados también a otros puertos españoles, como
consecuencia de obras costosas mal diseñadas o infrautilizadas. En el
caso de la tercera fase del puerto de Algeciras cuestiona 73 millones,
siendo el sobrecoste de 67 millones. En Santa Cruz el sobrecoste fue de
medio millón. Especialmente crítico se ha mostrado con las inversiones
realizadas en los puertos españoles que ya examinó en el 2010 y que ha
vuelto ahora a reexaminar (Coruña, San Roque, Ferrol y Las Palmas).
El papel de FCC
Quizás al lector le haya sorprendido
encontrarse con la misma empresa –FCC- en muchos de los casos
denunciados. ¿Es algo casual? Es difícil saberlo, pero una
pista interesante nos la ofrece esta noticia sobre la adjudicación de la
obra del muelle de Raos en el Puerto de Santander a… FCC, tras
presentar una oferta a la baja de casi el 32%. Es decir, el proyecto
sale a licitación por casi 25 millones de euros, pero la empresa ofrece
hacerlo por 17,2, y se lo lleva, claro. Todo fenomenal para los
intereses públicos, ¿no?
Pues obviamente no podemos estar seguros, a la
vista de los casos de sobrecostes denunciados. Porque la práctica
corrupta consiste precisamente en eso, como se denunció en el caso de
Gijón, en donde también participaba FCC. Previo presunto acuerdo entre
alguien del Puerto y alguien de la UTE, se concierta una licitación a la
baja para llevarse la adjudicación, desplazando así a la posible
competencia, pero pactando también los sobrecostes que se van a facturar
con posterioridad para recuperar con creces la diferencia. Perfecta
mezcla entre corrupción y capitalismo de amiguetes.
En fin, un
escenario absolutamente lamentable que parece no preocupar a nadie.
Desde luego no parece que preocupe mucho a Puertos del Estado, que es el
Organismo Público encargado de la ejecución de la política portuaria
del gobierno y de la coordinación y control de eficiencia del sistema
portuario, y cuyo Presidente, desde hace unos cuantos años, es José
Llorca Ortega.
En teoría los puertos son gestionados por las CCAA (desde
que Aznar necesitó utilizar esta carta para conseguir el apoyo de CiU a
su primer Gobierno), aunque cada uno tiene sus particularidades. Pero
el control que realiza de manera directa o indirecta Puertos del Estado
es incuestionable. Para comprobarlo basta pinchar en esta noticia
relativa al escándalo asturiano, en donde se nos informa que la última
palabra en la toma de decisiones dentro de la cadena de agentes e
instituciones que intervinieron en la ampliación la tuvieron Puertos del
Estado y el Ministerio de Fomento.
Según fuentes presentes en su
declaración, Menéndez Rexach, uno de los investigados, afirmó que ‘nada
se podía hacer sin la autorización final de Puertos del Estado’.
Quizás
por todo eso en el caso vasco, y según esta otra noticia, el
Departamento vasco de Medio Ambiente y Política Territorial ha eludido
toda responsabilidad en la gestión del puerto de Pasajes, que es
«competencia única y exclusiva del Gobierno español». El Gobierno vasco,
en un comunicado, ha advertido de que «no va a permitir que se le
responsabilice de una gestión cuyo control, supervisión, inspección e
intervención corresponden al Gobierno español».
Si esto es así,
sorprende que tras esta catarata de escándalos el nuevo ministro haya
confirmado sin más al Sr. Llorca. Nos preguntamos qué tiene que pasar en
nuestro Estado clientelar para que a uno le sustituyan. Aunque quizás
se trata precisamente de eso, de que en un Estado clientelar te pueden
cesar por cualquier cosa menos, precisamente, por cultivar amistades
peligrosas.
Al fin y al cabo, el Sr. Llorca tiene una amplia experiencia
en este tipo de asuntos, especialmente desde su época en el consejo de
administración de Puertos de las Palmas, coincidiendo con las graves
incidencias e irregularidades denunciadas como consecuencia de las obras
del muelle de La Esfinge.
Según relata esta noticia, que cuenta también
las conexiones del Sr. Llorca con algunos de los implicados en ese
escándalo, se llegó a romper un acta de recepción en donde el inspector
de las obras (realizadas por una UTE entre cuyas empresas se incluía la
inevitable FCC) hacía constar una gran cantidad de incidencias derivadas
de modificaciones ejecutadas al margen del proyecto, sin que nadie
dijese ni pio. Está visto: en los muelles españoles también impera la
ley del silencio”.
