miércoles, 20 de noviembre de 2013

La Murcia de Valcárcel encabeza la lista donde más hogares llegan con mucha dificultad a fin de mes


MURCIA.- La Región de Murcia encabeza la lista donde más hogares llegan con mucha dificultad a fin de mes, con un 24,8 por ciento, esto es, casi uno de cada cuatro, según se desprende de los resultados provisionales de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2013 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En el conjunto del país, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,6 por ciento de la población residente en España en 2013, frente al 22,2 por ciento registrado el año anterior. En la Murcia de Valcárcel la tasa de riesgo de pobreza se encuentra ya en el 29,9 por ciento.
   La encuesta destaca la disminución de esta tasa entre los mayores de 65 años (de 2,6 puntos entre 2012 y 2013) mientras que la tasa de los menores de 16 años baja 1,2 puntos. La encuesta también considera en el cálculo el valor de la vivienda en la que reside el hogar que, en el caso de los mayores de 65 años --mayoritariamente propietaria de su vivienda--, presenta el menor porcentaje de riesgo de pobreza, que se sitúa en el 6,3 por ciento en 2013.
   La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. Es decir, precisa el INE, no mide la pobreza absoluta sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población.
   La encuesta añade que los hogares españoles tienen unos ingresos medios anuales de 23.123 euros, lo que supone una reducción del 3,5% respecto a 2011. Por este motivo, el INE indica que al disminuir los ingresos de la población también disminuye el umbral de riesgo de pobreza que, en este 2013, se sitúa para los hogares de una persona en 7.040 euros, un 2,0 por ciento menos que el estimado en el año anterior, mientras que en hogares compuestos por dos adultos y dos menores, el umbral es de 14.784 euros.
   En la encuesta también se menciona el Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020), un nuevo indicador agregado que combina el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo. Es decir, que se usa para aquel sector de la población que está, al menos, en alguna de esas tres situaciones.
   En 2013, el indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 28,0 por ciento de la población residente en España, frente al 28,2 por ciento registrado en 2012 y el 27,7 por ciento en 2011.
   El INE también publica este miércoles los resultados definitivos de la ECV del año 2012 (ingresos de 2011), que permiten una desagregación más detallada de la tasa de riesgo de pobreza y del ingreso medio en función de características como el nivel de estudios o el tipo de hogar.
   Así, la tasa de riesgo de pobreza, sin considerar el alquiler imputado, difiere en función del nivel de formación del individuo ya que el 27,1 por ciento de la población que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a la educación primaria o inferior está en riesgo de pobreza. Por su parte, cuando el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa se reduce al 9,4 por ciento.
   En cuanto a las tasas de riesgo de pobreza respecto al tipo de hogar, el 36,9 por ciento del total de personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo se sitúan en riesgo de pobreza. En relación con la actividad, el 40,3 por ciento de los parados está en riesgo de pobreza mientras que el 10,7 por ciento de los jubilados se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
   Por último, atendiendo a la nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza es del 18,5 por ciento para los españoles, del 31,2 por ciento para los extranjeros de la Unión Europea (UE) y del 46,0 por ciento para las personas cuya nacionalidad no es de un país de la UE.
   Por otro lado, el 16,9% de los hogares españoles tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, el porcentaje más alto registrado en todo el periodo de crisis, según el INE. En 2012, los hogares que expresaban mucha dificultad para llegar a fin de mes eran el 13,5%, es decir, 3,4 puntos menos que los que se encuentran en esta situación este año.
   Por comunidades, Murcia encabeza la lista donde más hogares llegan con mucha dificultad a fin de mes, con un 24,8%, esto es, casi uno de cada cuatro. Le siguen Andalucía (23,4%) y Extremadura (20,9%), mientras que las regiones con los porcentajes más bajos son Navarra (4,7%), Asturias (7,1%) y Castilla y León (8,5%).
   La estadística también revela que el 40,9% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, proporción que ha descendido respecto a 2012, cuando los hogares en esta situación alcanzaban el 41,4%.
   Además, el INE apunta que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se ha situado este año en el 45,8%, también cifra récord en la crisis, y bastante superior a la de 2007 (37%).
   La encuesta revela además que el 79,2% los hogares españoles tenía una vivienda en propiedad en 2012. De ellos, el 50,7% no pagaba hipoteca, mientras el 28,5% poseía vivienda en propiedad pero con una hipoteca pendiente. Otro 12% de los hogares estaba pagando un alquiler a precio de mercado, el 2,5% vivía de alquiler, pero a precios inferiores al mercado y el 6,3% disfrutaba de una vivienda gratuita.

El Parlamento Europeo solicita a Ecologistas en Acción información sobre El Gorguel


CARTAGENA.- El Parlamento Europeo ha remitido un escrito a Ecologistas en Acción solicitándole información sobre el estado de tramitación del proyecto de Instalación de una Terminal de Contenedores en El Gorguel.

   Según expone la organización, la Secretaría de la Comisión del Parlamento Europeo ha solicitado información sobre el estado de tramitación de dicho proyecto, con el fin de estar al tanto de si se está cumpliendo o no la legislación europea en materia de medio ambiente.
   La solicitud responde un año después a la petición parlamentaria que envió Ecologistas a Europa para alertar de los posibles impactos sobre la Red Natura 2000 del proyecto de macropuerto que la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) proyecta en El Gorguel.
   En este sentido, Ecologistas en Acción recuerda que la Comisión de Peticiones destacó que las autoridades competentes tendrán que asegurar el cumplimiento de los requisitos recogidos en el artículo 6 de la Directiva Hábitats, que entre otros, marcan que en caso de que repercusiones negativas sobre espacios de la Red Natura 2000, el proyecto solo podrá autorizarse a falta de soluciones alternativas, si es de interés público de primer orden y a condición de que se adopten las medidas compensatorias necesarias para proteger la coherencia de la red Natura 2000, y que por tanto se mantendrían vigilantes ante este proyecto.
   El colectivo ecologista ha informado a la Secretaria del Parlamento que tras analizar en profundidad el contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), la asociación presentó un amplio informe de alegaciones donde solicita expresamente que se deseche este proyecto ya que, entre otras cosas, "incumple sobre manera las recomendaciones realizadas por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino", ya que tanto en el ISA como en el Plan Director de la Nueva Dársena "se impone la alternativa de ubicación del Gorguel por encima de todas las demás, algo que es contrario a la base del análisis del alternativas que exige la ley".
   Natalia Martín, responsable de Medio Marino, destaca que "en la respuesta a Europa hemos reiterado nuestro absoluto rechazo a este megalómano proyecto. El análisis ambiental del ISA ha sido tomado por la consultora y por la APC como un mero trámite para conseguir sus objetivos" y añade que "la calidad del ISA es bastante deficiente en cuanto a al análisis de la realidad ambiental y social de la zona, mostrando por ello escaso rigor científico y técnico".
   Ecologistas en Acción comunica que seguirá muy de cerca el trámite de este proyecto, asegurando que se cumpla la legislación nacional e internacional vigente, y tomando las medidas necesarias para que El Gorguel siga conservando sus elevados valores para el uso y disfrute de toda la sociedad "y no acabe sepultado por un proyecto megalómano, innecesario y que dispone de una alternativa clara que en su día se vendió con los mismos argumentos y que ya ha producido importantes impactos, pero que sin embargo está inconclusa e infrautilizada", como es la Dársena de Escombreras.

CCOO, UGT y USO se unen a la Marcha de Mareas y esperan que el TSJ rectifique la decisión "dictatorial" de la Delegación del Gobierno

MURCIA.- CCOO, UGT y USO han hecho un llamamiento a la sociedad para que este sábado salgan a la calle y se manifiesten contra "los recortes y la política de austeridad" de los gobiernos nacional y regional. Así, los sindicatos, bajo el lema 'Emplea tu fuerza', se han sumado a la movilización de la Marcha de Mareas y se unirán en la Plaza Fuensanta, de Murcia, punto donde confluirán las distintas mareas.

   Respecto al "alegato" que ha realizado la Delegación del Gobierno en relación al recorrido propuesto por la Marcha de Mareas, los sindicatos confían en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia "anule" dicha decisión y mantengan la marcha tal como estaba desde un principio.
   Y es que, ha asegurado el secretario general de UGT en Murcia, Antonio Jiménez, "no se va a producir ningún tipo de colapso de tráfico e inseguridad de las personas, ya que los manifestantes son gente solidaria".
   Disconformes entonces con el alegato de la Delegación de Gobierno, que ha propuesto un recorrido alternativo, Jiménez ha expresado su convencimiento de que el TSJ "rectificará esa decisión arbitraria y dictatorial de la Delegación del Gobierno".
   Por su parte, el secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, que ha aclarado que "no se solicita permiso para el ejercicio de los derechos fundamentales, sino que se comunica", ha advertido que "por primera vez una Delegación del Gobierno redacta un texto prohibiendo en esos términos el desarrollo de esa manifestación que habíamos comunicado los sindicatos".
   Por otro lado, lamenta, "por primera vez conocemos que la Delegación, sin poner encima de la mesa los argumentos y el informe que dice tener del Ayuntamiento de Murcia, modifica el itinerario de una manifestación, la primera vez que conozcamos en la historia democrática de la Región y eso denota cierto nerviosismo y el aislamiento social en el que se encuentra el PP".

La suerte de la 'Marcha de las Mareas' está ahora en manos del TSJRM y no de la Delegación del Gobierno


MURCIA.- La Delegación del Gobierno en la Región se ha opuesto al recorrido escogido para el desarrollo de la Marcha de Mareas del próximo sábado en Murcia alegando que "supone un peligro para la seguridad ciudadana" y ha propuesto un trayecto alternativo que los convocantes consideran "inaceptable", por lo que los organizadores han recurrido esta decisión a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, según '20 Minutos'. 

La Marcha había sido convocada por más de un centenar de organizaciones sociales, profesionales y sindicales bajo el lema 'Contra los gobiernos que destruyen los derechos. Por un sistema democrático al servicio de la ciudadanía ¡Gobierno dimisión!', con el fin de denunciar los "recortes ilegítimos de derechos de la ciudadanía en diferentes áreas que persiguen dejarnos sin Estado del Bienestar". 
Los organizadores habían convocado diversas concentraciones a las 18.00 horas en distintos puntos de toda la ciudad, desde los que tomarían la salida las ocho diferentes 'Mareas' que componen la Marcha. Todas ellas tenían previsto confluir en la plaza de la Fuensanta, de Murcia, frente a El Corte Inglés de la avenida Libertad y, desde allí, partir todas juntas por la Gran Vía hasta la plaza Martínez Tornel, en la cuesta del Puente de los Peligros. 
 En concreto, la Marea Blanca en defensa de la Sanidad pública tenía previsto salir del Hospital Morales Meseguer; la Marea Verde que lucha por la Educación tenía previsto concentrarse en la Consejería de Educación, Universidades y Empleo; y la Marea contra los desahucios y por el derecho a la vivienda tenía previsto reunirse en la Consejería de Obras Públicas. Además, la Marea Negra contra los recortes en el empleo público había sido convocada en la Glorieta de España; la Marea por el empleo digno y la renta básica saldría desde el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de Ronda Norte); y la Marea por las pensiones dignas o Yayoflautas se unirían a la Marcha desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la avenida Alfonso X. Igualmente, la Marea Naranja contra los recortes en servicios sociales y la Dependencia iba a congregarse en la Plaza Circular; y la Plataforma Prosoterramiento, a favor del transporte público y Costera Sur se reuniría en el paso a nivel de Torre de Romo-Santiago el Mayor. 
La Delegación del Gobierno ha autorizado estos puntos de salida y la manifestación final desde la plaza de la Fuensanta y desde el barrio del Carmen hasta la plaza Martínez Tornel. Sin embargo, el problema es que la Delegación "no autoriza el corte de calles para que las distintas Mareas lleguen hasta la plaza de la Fuensanta" alegando como "excusa" que "no se puede garantizar la seguridad ciudadana"
Así lo han hecho saber los organizadores del evento, quienes pidieron permiso a la Delegación del Gobierno con 16 días de antelación, seis días más del plazo que es preceptivo, ya que la Ley establece que es obligatorio comunicar las manifestaciones con diez días de adelanto. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha contestado "cinco días antes de la manifestación" denegando la solicitud original y ofreciendo alternativas que, a juicio de los convocantes, "son inaceptables y desvirtúan la Marcha"
Además, lamentan que ahora "ya es tarde" y "no hay tiempo para modificar el recorrido". Creen que hay "motivos políticos". En concreto, la Delegación del Gobierno "autoriza los puntos de concentración y salida de la manifestación, así como los puntos de llegada, pero rechaza los recorridos para llegar de unos lugares a otros", según ha señalado el portavoz de los convocantes, miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Molina de Segura y del Frente de Acción Estudiantil (FAI), Fernando Miñana. 
 Los convocantes creen que esta resolución de la Delegación del Gobierno "no se ajusta a derecho", y critican que "se están coartando derechos como el derecho a manifestación o a la libertad de expresión". Por contra, creen que el verdadero motivo por el que el Gobierno se opone al trayecto es porque "tiene miedo", ya que la manifestación "va a ser masiva"
 Como gesto de "buena voluntad", representantes de la organización de la Marcha de Mareas se han dirigido a la Delegación del Gobierno para intentar mantener una reunión con el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, pero este encuentro ha sido denegado. Media hora después, habrían recibido una llamada y fueron recibidos por el secretario general de la Delegación. Ante la falta de acuerdo, la Delegación les ha ofrecido presentar otra solicitud de manifestación o que recurran al TSJ. Puesto que "ya no hay tiempo de solicitar otra manifestación", los organizadores han decidido acudir a la Justicia para reclamar que se les permita "ejercer este derecho"
La Delegación esgrime que, de producirse la convocatoria de ocho manifestaciones, "no se garantiza el paso de vehículos de emergencias y los accesos a centros sanitarios", pero los convocantes consideran que detrás se esconden "motivos políticos propios de una dictadura, encaminados a coartar el derecho a la libertad de expresión o a la manifestación". Además, reprochan que el argumento esgrimido por la Delegación, consistente en que no se pueden cortar las calles, "serviría también como motivo para prohibir otras manifestaciones culturales o religiosas, como las procesiones de Semana Santa, el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina"
 Por ejemplo, critican que la celebración de una victoria deportiva se produce "en el mismo momento y se establece el dispositivo de seguridad paralelamente", por lo que se preguntan "por qué se tiene que prohibir una manifestación". Los organizadores no se han plegado a las intenciones de la Delegación y han mantenido la convocatoria en los mismos términos, tanto en los recorridos como en la fecha y los horarios. 
En este sentido, han confirmado un recurso al TSJ y la respuesta "tiene que llegar antes de la fecha de la Manifestación". No obstante, han recordado que "hay precedentes" de otras manifestaciones en las que la Delegación del Gobierno "ha intentado hacer la misma maniobra", pero que el TSJ autorizó finalmente, como la manifestación contra la guerra de Irak o la manifestación contra los recortes de hace unos años. 
Miñana lamenta que la Delegación "no tiene ninguna voluntad de acuerdo" y los organizadores de la Marcha mantienen la convocatoria a pesar de todo. Además, confían en que la Justicia les dé la razón. "No hay motivos de seguridad ciudadana, sino motivos de carácter político, en tanto que otro tipo de manifestaciones culturales o festivas sí se están permitiendo", según Miñana, quien ha hecho un llamamiento "masivo" a la población para que salga ese día a manifestarse y a defender sus derechos. 
El portavoz de la Marcha ha explicado que el motivo de la manifestación es también denunciar públicamente que el dinero que podría ser destinado a estos servicios sociales "está sirviendo para rescatar a la banca o directamente se pierde con la corrupción". A su juicio, "están empleando la crisis para imponer un modelo neoliberal y establecer un gobierno en contra de los ciudadanos", por lo que exigen que el Ejecutivo "esté sometido a la voluntad de los ciudadanos".

Carta a todas tus catástrofes / Fernando Miñana y Ángel L. Hernández *

Señores y señoras del Gobierno, partidos que promueven los recortes y las reformas antisociales, grandes empresas y bancos que despiden y desahucian, les dirigimos esta carta con el ánimo encendido, no lo negamos.

En primer lugar permitidnos que no moderemos nuestro lenguaje. No queremos ser moderados si eso implica asumir los recortes, comprender las reformas estructurales, aceptar que millones de jóvenes no tengan futuro y millones de personas no tengan presente, para que un puñado de grandes empresas sigan sacando tajada de la situación. No podemos responder con moderación a una emergencia social, como tampoco con desesperanza ante a catástrofe, porque esta catástrofe tiene culpables y, sobre todo, soluciones.

Miles de los nuestros han sido desahuciados, muchos más despedidos de sus trabajos, otros tantos expulsados de las aulas por no poder pagar las abusivas tasas académicas, miles expulsados de la sanidad, muchos enfermos crónicos condenados a muerte al no poder pagar sus medicamentos, otros derretidos a multas por ejercer su derecho a la protesta pacifica, miles cuidando a personas dependientes por la inacción del Estado. Millones en el paro, también millones sin cobrar ya prestación alguna, otros tantos en la exclusión social.

Una auténtica catástrofe humana que hemos tenido a bien llamar crisis. Una insultante sucesión de datos, estadísticas que reflejan millones de vidas rotas por los criminales mecanismos de este modelo de sociedad.

No se sorprendan de que muchos hayamos decidido no quedarnos quietos ante esto y empezar a construir la alternativa. Educación, sanidad, desahuciados, pensionistas, servicios sociales, trabajadores y parados estamos cada vez más decididos a que esto cambie de una vez.

No, no se asusten de que hayamos decidido hablar de democracia. De la democracia de los 'escraches', de la democracia de la manifestación multitudinaria, de la democracia de las huelgas y los piquetes, de la democracia del debate en el espacio publico. En definitiva, hablamos de la DEMOCRACIA con mayúsculas que el pueblo va construyendo por encima de un régimen que solo nos garantiza miseria y represión.

Y sí, tengan el mismo miedo que nosotros tenemos a perderlo todo, a verse un día en la calle sin nada, a ver como su mundo se derrumba y como tienes que dar un giro de 180 grados en tu vida. Porque cuando ustedes han decidido que es más importante mantener las altas tasas de beneficios de las grandes empresas y la banca que el trabajo digno, la educación de todos, la sanidad, pensiones o servicios sociales, cuando ustedes tienen claro que un 57% de paro juvenil es el negocio que les permite esclavizar mano de obra, o cuando ustedes se niegan, día sí día también, a dar explicaciones por sus errores, estafas y corruptelas, ustedes nos están abriendo los ojos y están poniendo en nuestras cabezas la necesidad de cambiar esto de una vez. Sepan que esa realidad que ustedes están generando en su infinita avaricia ya se está volviendo en su contra, y que hoy no solo tienen a miles de ciudadanos movilizados y organizados en toda España, sino que tienen a todos esos ciudadanos con una conciencia cada vez mayor de que somos muchos contra unos pocos. Ustedes nos están llevando a unirnos para acabar con su negocio y para construir la alternativa. Tengan ustedes claro que estamos haciendo camino, y que ese camino se llama en Murcia Marcha de Mareas.

Nuestro llamamiento es a llenar las calles de Murcia el día 23 de noviembre, pero también, y ante todo, a que demos un paso más en la construcción de la alternativa: es responsabilidad de todos el hacer que el que no ha salido nunca a manifestarse lo haga, que el que se manifiesta, se organice, que el que se rebela contra una injusticia sufrida vea que es la misma que sufren todos, que el que hoy está luchando por cualquier conflicto sectorial sea consciente de que es igual de importante pelear por un mundo más justo...

Contra los Gobiernos que destruyen derechos. Por un sistema democrático al servicio de la ciudadanía. ¡Gobierno dimisión!

(*)  Portavoces de 'Marcha de Mareas'

A desurbanizar / Felipe Iracheta *

Yo pregunto a los presentes

si no se han puesto a pensar

que esta tierra es de nosotros

y no de los que tengan más.

Yo pregunto si en la tierra

nunca habrá pensado usted

que si las manos son nuestras

es nuestro lo que nos den.

A desalambrar, a desalambrar

que la tierra es nuestra

tuya y de aquel…


Esto cantaba Víctor Jara antes de que Pinochet lo asesinara por el peligro que representaba empuñar una guitarra como toda arma.

Salvando las distancias y empuñando pluma y papel, pienso que aquí también ha llegado la hora desalambrar, de eliminar las alambradas virtuales, pintadas en un plano, que transforman un suelo rústico en urbanizable incrementando con ello el valor de los terrenos, un arma de doble filo de efecto bumerang que se ha tornado en contra de más de un iluso propietario que en vez de recibir el maná de los viejos tiempos, reciben el impuesto del IBI actualizado.

Por ello, lo que toca ahora es desurbanizar, dejar la tierra como estaba sin mas atributos que los que le son inherentes a su naturaleza rústica. Desurbanizar significa desclasificar la inmensa cantidad de suelo que en los gloriosos años de la burbuja inmobiliaria se reclasificó estúpidamente a lo largo y ancho de la geografía murciana, para mayor gloria y bolsillo de especuladores y algún que otro afortunado y para ruina y desgracia de inversores, propietarios, agricultores y el sector agropecuario en general, incluido el sector conservero.

Agricultores, propietarios e incluso inversores de buena fe, clamaban por la reclasificación de sus tierras y así obtener grandes plusvalías. Creían que les iba a salir gratis por eso de que a nadie le amarga un dulce, pero no ha sido así. El algunos casos se vendió el alma al diablo y se firmaron engañosos convenios urbanísticos cuyas contraprestaciones ahora no pueden pagar, en otros se vendió con opciones de compra o a cambio de obra y ahora no tienen ni el dinero ni los terrenos que el comprador hipotecó al banco y por último los mas afortunados siguen con la frustración de sus tierras baldías en espera de mejores tiempo.

Pero hete aquí, que no contaban con la pérfida Hacienda, si, con la hacienda pública siempre ávida de recaudación a través del IBI, que llegada la hora revisó los valores catastrales en función de la clasificación urbanística del terreno y les pegó el estacazo. Tierra recalificada, tierra revalorizada e impuesto correspondiente, impuesto que ahora escuece hasta el punto de que los que antes clamaban por la reclasificación ahora claman por la desclasificación.

Los impuestos, digamos que eran soportables cuando existían expectativas, ahora no hay expectativa alguna y solo quedan los impuestos, préstamos e hipotecas resultantes de vender la piel del oso antes de cazarlo, agua para todos, pisos para todos, mercedes para todos.

La crisis económica y particularmente en lo tocante al estallido de burbuja inmobiliaria, está poniendo las cosas en su sitio, nos devuelve a la realidad de lo que debía ser el urbanismo y no a la del urbanismo disparatado que nuestros responsables públicos nos pusieron delante de nuestras narices como si de una zanahoria se tratara. El error, el inmenso error que cometieron les proporcionó enorme rédito político, hasta el punto que la huerta tradicional de grandes propietarios de derechas, aparceros y medieros de izquierda, se transformó en la huerta de pequeños propietarios devenidos en conservadores.

La incompetencia y la responsabilidad de haber alentado falsas expectativas y con ello llevado a la ruina a haciendas y hacendados, empresarios, industriales, inversores y afines, nunca la van a reconocer sus responsables porque se creen poseídos de la verdad absoluta del liberalismo urbanístico que nos invade al margen de toda racionalidad y porque en algunos casos tendrían que devolver la pasta, la mordida y demás prebendas que la reclasificación urbanística proporcionaba.

Está ahora por ver, y este es el dilema, si los otrora entusiastas de enladrillar el municipio todo, están ahora por la labor de desurbanizar y devolver a las tierras sus verdaderos atributos rústicos, como demandan los pequeños y medianos propietarios que al fin y al cabo son los que votan en el municipio que es lo que en el fondo les importa, o si por el contrario habrá que estar a lo que manden los grandes propietarios y los bancos que mantienen hipervaloradas fincas e hipotecas por eso de la cuenta de resultados y balances, al menos hasta que se la endosen, mejor dicho nos la endosen, al mal llamado banco malo.

Para mayor complejidad nos podemos encontrar con lo sucedido en Irlanda e Islandia, también afectadas por la crisis y la burbuja inmobiliaria donde han optado por demoler casas y urbanizaciones completas para mantener los precios y equilibrar la oferta y la demanda, algo así como hacemos aquí con los limones y tomates cuando hay excedentes. No se si llegaremos hasta ese extremo, de lo que si estoy seguro es de que solo se demolerán casas si existe el riesgo, mas que probable por el camino que vamos, de que sean ocupadas por los desahuciados “antes muerta que sencilla”

¡Es el urbanismo, estúpido!

(*) Arquitecto y miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

Diego de Ramón solicita prisión preventiva o pulsera telemática para varios imputados en el 'caso Umbra'

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, una vez retomadas las actuaciones por el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 8 de los de Murcia, David Castillejos, y en base a los informes del fiscal anticorrupción adscrito a esta causa, Juan Pablo Lozano, a la vista del informe de la Agencia Tributaria que se incorpora y de la personación de la Asociación 'Huermur', solicita, de momento, el ingreso en prisión preventiva de varios de los imputados en el llamado 'caso Umbra' como representante de la acusación popular.

Quedando a salvo posteriormente las opciones que resulten de las pruebas y el desarrollo de la actuación instructora de este caso, esos imputados serían Jesús Samper Vidal, Alberto Guerra Tchuschke, Fernando Berberena Loperena y Joaquín Peñalver Motas.

Dicho ingreso en prisión se solicita en el Centro Penitenciario más próximo a la capital; es decir el de Sangonera la Verde, y sin fianza, por la posible participación entre dichos imputados a la hora de poder influir en las presentes pruebas o futuras que se realicen, o de forma sustitutoria la pulsera telemática en la muñeca o en el pie, para tener un control más efectivo del recorrido personal en sus acciones, por parte de la Policía Judicial.

Para ello se deberá dar traslado, de conformidad con el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y siguientes, y con audiencia de las partes personadas como acusación. 

Igualmente, solicita se dé traslado al SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) para que utilice todos los medios humanos, técnicos y económicos en averiguar posibles salidas de dinero a países de Centroamérica y América del Sur, especialmente Argentina y, más en concreto, la ciudad de Buenos Aires; si hubiera participantes argentinos en la Sociedad Entidad Urbanística Casino de Murcia, como son Proyectos Inmobiliario Mar D'Arco S.L. y la sociedad Promotora de Actividades e Inversiones Futuras S.L., que desarrolló el convenio de Lo Navarro, en el que el Ayuntamiento de Murcia aumentó la edificabilidad a cambio de la rehabilitación del Teatro Circo, de Murcia.

También solicita a la UDEF de la Dirección General de la Policía Nacional, para que investigue desde el año 2005, el incremento patrimonial de todos los imputados, a nombre propio, familiares, sociedades interpuestas o testaferros, a través del rastreo digitalizado vía satélite en los movimientos económicos que pudieran relacionarse entre los imputados con entidades bancarias cruzadas, transferencias, o salidas de dinero a paraísos fiscales, o financiación en empresas o fundaciones públicas o privadas.

La partida de inicio es los propios convenios objeto de esta fase instructora, en cuanto al inventario de patrimonio en la cesión de suelo obligatoria que debería figurar en el Patrimonio municipal, y el estado actual de ese inventario, justificando la baja o cese patrimonial de las cesiones de suelo que tenían que haber hecho.

De Ramón dice dejar a salvo posteriores peticiones  sobre el resto de imputados, según se desarrolle el estudio de la acusación popular, y para ello solicita al juez instructor en su escrito que señale día para la práctica de audiencia de las partes en que determine su ingreso en prisión, al objeto de poder influir en las actuaciones, o subsidiariamente la pulsera telemática para un mayor control.

 También solicita que, ante la perturbación grave de la acción judicial en fase instructora y pese a que todavía no se han valorado las pruebas que una de las partes pretende anular, se dé traslado al Consejo General del Poder Judicial para que sean totalmente protegidos el juez instructor y el ministerio fiscal, recordando que no se puede nombrar a otro juez y fiscal que nos agrade, sino el que viene designado por la jurisdicción territorial.

Finalmente De Ramón solicita que, a través de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, vigente con nuestro país al ser miembro de pleno derecho, se dé traslado a la misma para que, a través de su personación, se siga este proceso con la mayor transparencia legal que pueda existir.

También que se dé traslado al Consejo de Europa en virtud del Convenio Penal sobre la Corrupción núm. 173/ de la C.E., de fecha 27 de enero del año 1999. Y al Comité de las Regiones de la Unión Europea sobre la Decisión nº26/2004, de 10 de febrero del año 2004, relativa a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades.

Igualmente,  y a petición de esta acusación popular, a Transparencia Internacional en España para que se persone en esta causa a raíz de una iniciativa suya al Parlamento Europeo, para que en las próximas elecciones de mayo no pueda presentarse ninguna persona procesada o imputada en temas de corrupción.