MURCIA.- La Red de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN), que aglutina a casi una treintena de asociaciones, da un toque de atención a los políticos de cara a la elaboración de sus programas electorales con motivo de las elecciones del 22 de mayo porque, según ha explicado su presidente, Jesús Salmerón, "en situación de crisis no se puede recortar en acción social" con más de 400.000 murcianos bajo el umbral de la pobreza.
Y es que, recordó en rueda de prensa, la Región de Murcia es la segunda comunidad con mayor porcentaje de personas que viven en esta situación, con casi un 30 por ciento, seguida de Andalucía; lo que, según la organización, "es algo intolerable". A lo que se une una cobertura "insuficiente" de la Renta Básica de Inserción, que sólo perciben unas mil familias murcianas.
Los poderes públicos, subrayó Salmerón a este punto, tienen la obligación constitucional de garantizar, mediante el desarrollo de una política económica y social progresiva, el desarrollo humano y democrático, la inclusión social y la participación ciudadana.
El crecimiento económico ha agravado las desigualdades sociales en los últimos años y no ha supuesto una reducción de la pobreza ni exclusión social. Por lo que, a su juicio, "es el momento de crecer distribuyendo, ya no vale decir que primero hay que crecer para después distribuir".
"Una sociedad más cohesionada crea más capital social, favorece la iniciativa ciudadana, evita la emigración y el despoblamiento, crea condiciones para el desarrollo del tejido productivo, fomenta la armonía social, garantiza la seguridad, la convivencia y en definitiva el dinamismo económico", añadió.
Según EAPN, "se hace necesario entre todos poner en marcha en la Comunidad planes o estrategias de inclusión que duren al menos el periodo de la legislatura porque el panorama en Murcia es desolador".
Por ello, presentan un documento con 110 propuestas con el fin de que las formaciones políticas las atiendan y comprendan el interés de la Red de cambiar las perspectivas, porque, subrayó la organización, "hay que dejar de buscar culpables para buscar soluciones y alternativas".
Se trata, indicó, "de hacerse más permeables a la realidad, críticos y asumir los cambios, porque gobierne quien gobierne hay muchas cosas por modificar". De hecho, lamentó, "no hay un plan de seguimiento, donde establecer prioridades y objetivos".
Así la Red de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, que asegura que analiza buscar financiación privada, subrayó que "la situación de crisis actual obliga a que se intervenga de manera decisiva y clara".
Entre sus objetivos y propuestas se encuentran poner el crecimiento económico al servicio del desarrollo social, garantizar los derechos y profundizar en los mismos; situar la protección social como parte esencial de la política económica y mejorar el modelo de protección social, "buscando un pacto o acuerdo regional por la inclusión, con el apoyo e implicación del conjunto de las fuerzas políticas, sociales y económicas de la Región".
Así como recaudar más "de modo más progresivo y gastar de modo más justo", erradicar la pobreza severa, el chavolismo y la infravivienda, la igualdad educativa, garantizar la ocupación y formación de los desempleados de larga duración y el acceso a los suministros básicos de agua, gas y electricidad.
Introducir mejoras de coordinación entre administraciones públicas con otros actores sociales, entre los que figure el tercer sector de acción social. En cuanto a las propuestas para reforzar el papel de este tercer sector, EAPN destaca mejorar la gobernanza en las políticas de inclusión sobre la base de compromisos mutuos, la búsqueda del consenso y el pacto social o el desarrollo del Método Abierto de Coordinación (MAC) en el plano autonómico y municipal.
El reconocimiento del papel esencial que juega este sector en las políticas de inclusión y de la necesidad de participación en todas las fases del proceso de las políticas sociales de la Región, el establecimiento de sistemas de interlocución más estable, la corresponsabilización en las políticas públicas, son otras de las propuestas.
Finalmente, la organización subraya el compromiso por parte del tercer sector, en realizar mejoras internas, que pasan por la coordinación, la transparencia, la búsqueda de mayor compromiso y eficiencia.
