A pesar del ruido, del estrépito catalán, la Gürtel ha
vuelto a manifestarse con unas conclusiones de la fiscalía que son una
impugnación a la totalidad del PP, del gobierno, de Rajoy, durante más
de veinte años: una asociación de malhechores para saquear las cuentas
públicas a todos los niveles. Desde los sobresueldos del presidente con
cargo a la caja B, hasta las comisiones en todas las adjudicaciones y la
financiación ilegal.
El PP lleva veinte años ganando elecciones
ilegalmente, haciendo trampas. Todas sus decisiones son nulas e
ilegales. Todas. Incluida la de aplicar el 155. ¿Con qué autoridad
invoca la legalidad un gobierno todo él ilegal? Un gobierno que debería
haber dimitido hace mucho y haberse puesto a disposición de los
tribunales.
Con
el PP en el gobierno, España no es una democracia ni un Estado de
derecho, por más que los medios y publicistas nacionalistas españoles
(prácticamente todos) así lo aseguren. Es imposible llamar Estado de
derecho a un país gobernado por un partido fuera de la ley. No solo por
encima de la ley, sino fuera de ella. Todos los actos de este gobierno
son ilegales de origen y por lo tanto, de ejercicio.
Por
eso centra su atención el triunvirato nacional español en Cataluña.
Para desviar la atención de ese hecho que, sin embargo, está en la
conciencia de todos y empieza a ser valorado en el extranjero, en donde
ya se piden explicaciones detalladas de cómo funcionan las instituciones
en España. El hecho de la carencia de legitimidad del gobierno para
abordar lo catalán.
Esta
le viene prestada por el apoyo del PSOE (C's no añade nada en punto a
legitimidad), que quiere tranquilizar su conciencia moderando la
aplicación del 155, como si eso fuera posible. Al estar ya activado,
haya o no elecciones autonómicas, el gobierno ha impuesto su criterio de
efecto "máximo". De entrar, entramos a saco. Pero hay un plazo de
procedimiento y en él la Generalitat tiene previsto declarar la DI y la
República Catalana en legítima defensa. Fin de fiesta.
Sigue
siendo asombroso cómo, a la vista de los acontecimientos, el
triunvirato nacional español no se entera de en dónde se ha metido. Da
por hecho que destituir autoridades y cargos, clausurar el Parlamento,
intervenir a los Mossos, cortocircuitar (supongo) las administraciones
locales, secuestrar los medios de comunicación será coser y cantar.
Enfrente tiene una rebelión ya anunciada y muy vigilada desde el
exterior, en donde se multiplican las iniciativas intervencionistas. El
Parlamento danés, por ejemplo, debate sobre la independencia de
Cataluña.
Aun
suponiendo que esta ocupación fuera posible (y no se ve si no se hace
con fuerza armada), queda vencer la resistencia de la calle. El gobierno
parece dar por descontado que esa resistencia durará una semana y,
después, la gente se resignará a ser gobernada desde fuera, como una
colonia.
Solo
este propósito debiera poner sobre aviso al PSOE de que la situación no
es de recibo. No es solamente que prestarse a reprimir sin más una
movilización social durante una semana debiera repugnar a cualquier
sensibilidad de izquierda. Es que, además, será inútil porque el alcance
y la profundidad de la movilización social catalana son mucho mayores
de lo que la capacidad represiva del Estado pueda controlar.
El
155 es la puerta abierta a la dictadura. Que se invoque la democracia
no quiere decir nada. Todas sus perspectivas hacen imposible un retorno a
esta pero cada vez más posible un intento dictatorial renovado a base
de prohibir partidos políticos independentistas. Algo que el PSOE tendrá
que tragar o denunciar, corriendo el riesgo de que también lo prohíban a
él. Nunca se sabe con la derecha que no suele defrauda en su gobierno:
te mete en una guerra exterior o interior.
Y
como quiera que el gobierno anuncia su decisión de aplicar el 155 en
cualquier caso y haga ya lo que haga la Generalitat solo deja a esta la
posibilidad de proclamar la República Catalana en efecto, en legítima defensa.
La independencia de Cataluña
Mi artículo de hoy en elMón.cat
titulado "La independencia es inevitable". No es solamente que el Estado
sea incapaz de frenarla o impedirla, no. Es inevitable porque, llegados
hasta aquí, nadie puede obstaculizarla, ni las dudas, temores y
vacilaciones de última hora entre los indepes.
A
la vista de cómo ha gestionado el asunto el bloque nacional español,
Cataluña no tiene más remedio que declarar la independencia mañana, si
quiere sobrevivir. De otra forma, la maquinaria del 155 pretenderá
aplastarla (otra cosa es que lo consiga) estableciendo la dictadura.
Sabe el bloque que con un estado de excepción encubierto, suprimiendo el
govern y el Parlamento, interviniendo a los mossos y
controlando los medios audiovisuales no tendrá suficiente. Se verá
obligado a suprimir los derechos de asociación, reunión y manifestación
y, quizá, a imponer un toque de queda. Tendrá que prohibir los partidos y
asociaciones independentistas.
Al PP esto le parecerá muy bien porque está acorde con su espíritu y realidad franquista.
¿Y al PSOE? ¿También le parecerá bien haberse convertido en un partido fascista?
Y
aun peor: un partido fascista que sirve también para encubrir el saqueo
sistemático del país por la banda de ladrones que apoya.
Sigue el texto en castellano:
La independencia es inevitable
Si
se declara ya como si se deja en el limbo; si se consigue mañana o
dentro de una semana o unos meses o para cuando Deulofeu anuncia el fin
del imperio español, 2029. Da igual. La próxima independencia de
Catalunya es una certidumbre con la que el mundo en general y Europa en
particular tienen que contar y, de hecho, ya están haciéndolo.
Desde
aquellos lejanos días del fallido y vigente Estatuto de 2006, hoy
vulnerado por este golpe de Estado de matachines decimonónicos, estuvo
claro que Cataluña no tenía encaje dentro de España. Y ello no porque
chocara con el gobierno de turno y, confuso por ello, como señalan los
españolistas menos tarugos, confundiera gobierno con Estado. Nada más
falso.
En
España no hace falta “confundir” el gobierno y el Estado porque todos
los gobiernos tienen fundamento en el mismo Estado y este los
condiciona, sean del color que sean. El primer ataque contra el Estatut
de Maragall vino con el PP y Rajoy recogiendo firmas “contra Cataluña” y
en defensa de, mirabile dictu, un referéndum. Era un ataque desde la oposición.
El
segundo vino del Parlamento español de la mano del especialista en
cepillados, Alfonso Guerra, y el pacto entre Zapatero y Mas para
consensuar un Estatuto “cepillado”, “rebajado”. Era un ataque desde el
Parlamento y el gobierno.
El
tercero y definitivo, luego del voto afirmativo en referéndum catalán,
vino del Tribunal Constitucional, que negó la condición nacional a
Cataluña e inconstitucionalizó lo que le pareció bien. Era un ataque
desde un órgano político que se hace pasar por Tribunal de justicia.
Así
que si algo es atacado, rechazado, anulado por el gobierno, el
Parlamento, la oposición y los tribunales, no parece exageración decir
que es atacado por el Estado. No por este o aquel gobierno que son
esencialmente transitorios sino por el Estado sin más, en conjunto, por
todo el Estado. Si Cataluña insiste en su condición nacional, es decir,
persevera en su esencia y naturaleza, el Estado español trata de
aniquilarla.
Las
últimas semanas han sido ricas en esperpentos. El gobierno se salta la
legalidad que invoca y decreta una situación de excepción en Cataluña y
una dictadura seudoconstitucional que quiere extender al resto del
Estado, de momento a Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. En pleno
siglo XXI.
Sumisa y, en el fondo, cómplice de esta arbitrariedad, la
izquierda socialista suscribe el atropello en Catalunya y se inventa una
vergonzosa excusa para justificar que los socialistas se alíen con la
derecha nacionalcatólica y franquista de siempre, con el PP: la de que,
cuando se haya “pacificado” Catalunya, se procederá a una reforma de la
Constitución que no se creen ni ellos.
Ya
no basta con una reforma de esta Constitución que nadie respeta ni
respetó jamás porque fue el enésimo engaño para perpetuar el dominio de
la oligarquía parasitaria tradicional española y el sojuzgamiento de
Catalunya. Ahora ya solo queda aceptar lo que una separación negociada
de esta, convertida en flamante República Catalana, pueda deparar y ver
si la izquierda española es capaz de imponer un referéndum sobre
Monarquía/República en lo que quede de España.
Viéndose
perdido, el nacionalismo español recurrió a su última carta, que ya no
es un ejército cuya inclinación al golpe militar está coartada por la
OTAN, sino su capitán general, el Rey. Lo ha sacado dos veces en un
breve lapso, las dos intransigente, insensible, amenazador, jugándose la
corona con el respaldo al partido más corrupto e ilegal de la historia
de España. Un Borbón que seguirá el destino de su bisabuelo.
Porque
a Catalunya ya no hay gobierno ni Estado españoles que puedan
contenerla, ni con la ayuda de un PSOE convertido en diligente lacayo de
la derecha más monárquica y reaccionaria. Su fuerza no reside en su
poderío militar (inexistente), ni en su riqueza económica (que es mucha y
muy codiciada por la metrópoli madrileña), sino en la generalizada y
decidida voluntad política de emancipación del pueblo en su conjunto.
Reside en la amplia movilización a través de las organizaciones sociales
y los partidos políticos. Reside en la conexión entre esta sociedad y
sus instituciones representativas que, habiendo reconocido el mandato
del pueblo, lo ejecutan.
El
Estado español (el gobierno y sus palafreneros socialistas y de C’s)
blande un estado de excepción camuflado bajo un artículo 155 de la
Constitución que, no sabiendo cómo se emplea, juzga le da carta blanca
para actuar según su convicción y talante autoritarios, dictatoriales.
Cree que censurando, reprimiendo, apaleando, procesando y encarcelando
conseguirá reducir a Catalunya a su condición de colonia disimulada
hasta la fecha y que ahora ha quedado patente.
En
su falta de ética, principios y respeto a la ley, el Estado español,
probablemente con el beneplácito del Borbón, puede tender una trampa a
Puigdemont y valerse de cualquier leguleyería de la vicepresidenta para
detenerlo y encarcelarlo. Una felonía de este tipo (frecuente, por lo
demás, en el fascismo español) no solo no resolvería nada sino que
aceleraría el proceso de independencia y el apoyo exterior que esté
recibe cada vez más crecido.
Precisamente
porque saben que la independencia es inevitable, quieren su nacimiento
como dicta la Biblia, con sangre. Sangre que, derramarse (más) caerá
sobre sus cabezas. Sobre todo las de una izquierda que ya no tiene de
tal ni el nombre.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
