Herguedas (IU) denuncia hipocresía en las ordenanzas municipales sobre prostitución

MURCIA.- La portavoz de la Presidencia de IU en la Región, Esther Herguedas, ha denunciado la "hipocresía" de las ordenanzas municipales que establecen multas a personas que ejercen la prostitución ya que, en su opinión, "persiguen la inmoralidad pero no la explotación sexual".

   Herguedas se ha referido de esta forma a la existencia de una normativa municipal en Santomera desde 2008 por la que dos trabajadores del sexo "han sido penalizados con sendas multas de 1.500 euros" por ejercer la prostitución, según informó el coordinador del Comité de Apoyo a Trabajadoras y trabajadores del Sexo (CATS), Nacho Pardo.

   Según Herguedas, estas ordenanzas "hacen caer el peso de la ley sobre el eslabón más débil de la cadena, las mujeres prostitutas, mientras protegen a los principales responsables de esta forma de explotación, los proxenetas y los mal llamados clientes y empresarios del sexo".

   Ha indicado que la prostitución "es una de las caras de la violencia de género ante la que hay que tener tolerancia cero", y ha propuesto que los municipios desarrollen, junto a las asociaciones de mujeres, planes de acción integral para promover la erradicación de la explotación sexual.

   Al respecto, ha concluido que estos planes "también podrían incluir la elaboración de ordenanzas que en lugar de regular la prostitución combatan la explotación, con el fin de abordar un marco legislativo más coherente, equitativo y justo".

Por una democracia social y ecológica / Teresa Vicente *

Si el modelo de mercado actual no vale como modelo de desarrollo social sostenible, queremos cambiar de modelo.

Que el modelo de mercado no sirva para garantizar los derechos humanos es la prueba más clara de su ilegitimidad en el marco democrático actual. En un Estado de Derecho social y democrático como el nuestro, la defensa de los derechos humanos pasa por exigir a los poderes públicos que asuman su obligación constitucional de protección social, y obligar a las Administraciones públicas a que cesen en sus políticas de recortes sociales.

En este sentido, como coordinada de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, y miembro de la Asociación de Jóvenes Juristas, de la Coordinadora de ONG para el desarrollo y del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, con ocasión del día internacional de los derechos humanos y con el propósito de manifestar el compromiso ciudadano con la fuerza vinculante de estos derechos, quiero expresar aquí el contenido de nuestro Manifesto:

Que los profundos cambios sociales y ecológicos que caracterizan a la actual sociedad planetaria plantean la exigencia de avanzar hacia una Justicia global desde el paradigma de la justicia distributiva en sentido social y ecológico.

Esta exigencia se concreta en el reconocimiento jurídico de los derechos sociales y los derechos ecológicos como derechos humanos básicos que deben garantizar todos los Estados de Derecho o democracias del siglo XXI.

En este sentido, queremos resaltar lo siguiente:

El rapto de los derechos sociales por las democracias actuales al someter la garantía de los derechos sociales a las exigencia económicas de un mercado sin límites.

La reducción del presupuesto destinado a la Ayuda Internacional al Desarrollo sin tener en cuenta las graves consecuencias socio-económicas que genera, con un aumento de la desigualdad y de la pobreza mundial.

El recorte del presupuesto destinado a las políticas sociales por parte de las Administraciones públicas —central, regional y local—, lo que genera un aumento de la exclusión social y una caída del movimiento asociativo.

En particular queremos señalar la enorme reducción del presupuesto destinado a la acción social y al movimiento asociativo por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, lo que aumenta la degradación de la población más desfavorecida —personas, familias y territorios— y el declive de un movimiento asociativo que se ha ido tejiendo durante muchos años y que constituye un extraordinario capital social en nuestra Región.

Por todo ello, afirmamos que los derechos sociales y las políticas sociales que los hacen efectivos deben ser respetados y reconocidos como exigencias materiales de justicia que deben condicionar el desarrollo económico.

El orden económico basado en el consumo prescinde del orden ético y es insostenible social y ecológicamente. El capitalismo de mercado ha decidido privatizar las materias primas y las fuentes de energía, que son bienes comunes de la humanidad, provocando una grave lesión en los derechos ecológicos. El sistema económico ha decidido utilizar las fuerzas de trabajo como mercancías efímeras para asegurar la acumulación de la riqueza privada, provocando un grave retroceso en los derechos sociales.

Por todo ello es importante una alternativa basada en los valores de la solidaridad, la participación y la integración para hacer realidad otros modelos sociales diferentes a la cultura del consumo. Sólo una democracia social y ecológica es un proyecto viable que puede desafiar la historia presente y devolver al pueblo su dignidad y a la tierra su vitalidad.

Diego Illán asegura que el desleal en el tema del Puerto de Cartagena ha sido Miguel del Toro

CARTAGENA.- El presidente de la patronal cartagenera COEC, Diego Illán, no está dispuesto a que los adjetivos desleales y traidores se apliquen al colectivo que representa por la lucha que mantienen con la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM) por ocupar una plaza en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria.
Illán aprovechó para hacer un llamamiento a la unidad y a la serenidad. Para el dirigente empresarial este llamamiento no es contradictorio con el hecho de que los servicios jurídicos de la COEC estén elaborando un informe sobre las consecuencias de segregarse de la CROEM cuyo avance estará listo antes de Navidad.

«Nosotros no somos contradictorios. En Cartagena, hemos dado ejemplo de unidad empresarial desde siempre. Yo estoy en contra de la radicalización pero toda esta situación es consecuencia de unas actuaciones unilaterales. Lo que no es de lógica es que yo, que soy vicepresidente de CROEM, me tenga que enterar por un amigo de que dos días antes se ha reunido la directiva de este organismo y han decidido nombrar al representante en el Puerto, eso sí es deslealtad», destacó Illán.
 

El presidente de COEC echó en cara a Miguel del Toro, que suspendiera la reunión que tenían previsto celebrar para debatir este tema «alegando razones incomprensibles».

A pesar de esto, Illán insistió en que los empresarios cartageneros quieren unidad, tras lo cual reiteró que antes de Navidad analizarán el informe jurídico para conocer las consecuencias de una posible separación de COEC de la CROEM.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, reivindicó el papel protagonista del órgano que representa «en la toma de decisiones de organismos establecidos en la comarca de Cartagena», en clara alusión a la disputa que también mantienen con la Cámara de Comercio de Murcia por ocupar el único sillón del Puerto que está reservado a estos organismos.

La nueva normativa estatal que exime a las empresas de pagar las cuotas a las Cámaras de Comercio mereció duras críticas por parte de Martínez, que recordó que el papel fundamental de estos organismos para la internacionalización de las empresas, el desarrollo de las pymes y la creación de nuevos negocios. «Espero que nos reinventemos», señaló a 'La Opinión'.

La alcaldesa cartagenera, Pilar Barreiro, se mostró ya clara y contundente en la defensa de los empresarios de Cartagena en su disputa por el sillón del consejo de administración de la Autoridad Portuaria que mantienen con la confederación regional CROEM.

Barreiro recordó a los empresarios que están en la «obligación» de participar en el diseño de las infraestructuras que determinarán el desarrollo de la comarca. Y coincidió con las palabras del presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Martínez, quien defendió el papel fundamental de la entidad en la toma de decisiones que afectan a los intereses de la comarca.

«Hay que evitar mensajes localistas, inútiles y contraproducentes»,  sentenció la alcaldesa y diputada a Cortes.

Valcárcel comienza a abandonar a su suerte a los implicados de su partido en temas de presunta corrupción

TOTANA.- Las declaraciones del presidente regional del PP, Ramón Luis Valcárcel, en su reciente visita a Librilla, anunciando que Martínez Andreo no volverá a ser candidato en Totana, da la razón – aunque tres años tarde- a la oposición municipal que viene requiriendo la adopción de medidas por su parte, y ha permitido las actuaciones del alcalde y su equipo, hasta límites muy complicados de solucionar, según nota de IU.

"A cinco meses de las elecciones, el PP pretende hacer un borrón y cuenta nueva, intentando que los vecinos de Totana olviden los desmanes que se han cometido desde hace años por los últimos dos alcaldes, acusados de graves delitos por la Justicia y que fueron elegidos en las candidaturas del Partido Popular, apoyados por Ramón Luís Valcárcel.

Los dirigentes regionales del PP, han estado “haciendo la vista gorda”, cuando deberían haber actuado hace años y evitar las peleas entre concejales del Equipo de Gobierno en el Pleno, dimisiones, enfrentamientos y, lo que es peor, que Martínez Andreo haya seguido utilizando la Institución Municipal como si de su cortijo se tratase.

“Con una deuda que supera los 100 millones de euros, la plantilla que se ha duplicado en función de intereses políticos, la persecución sistemática a los ciudadanos que no piensan como Andreo y su entorno o la presencia constante en la prensa, con escándalos y decisiones judiciales, el PP regional, ha coadyuvado a la actual situación, que solo podría retomarse con un amplio acuerdo entre los Grupos Municipales, desterrando métodos utilizados hasta ahora y cuyos resultados no pueden ser mas desastrosos…”, afirma el concejal de IU y coordinador local, Juan José Cánovas.

Valcárcel llega tarde al intentar lavarse las manos, como Pilatos, cuando su responsabilidad política de la situación en Totana, está muy clara y debe dar cuenta a los ciudadanos de este pueblo. Desde IU, se exige una respuesta inmediata para reconducir la situación a las vías del consenso y entendimiento, recuperando la confianza de los empresarios, inversores y comerciantes para adoptar medidas, como la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana que responda a los intereses del pueblo, se frene el despilfarro y los sueldazos en el Ayuntamiento y se afronte una recuperación económica, social y de convivencia que los vecinos demandan a los grupos municipales.

“Si no se adoptan medidas serias y rigurosas de inmediato, la situación que dibuja el presidente Valcárcel, puede empeorar, con el crecimiento de la deuda, aumentando el despotismo de Andreo, que arrastra al pueblo de Totana, al profundo agujero en el que lo han metido, por la mala planificación, nula visión política y nefasta gestión de las arcas públicas…”, remacha Cánovas.

NN GG del PP en Cieza pide explicaciones públicas al director de la MCT por sus declaraciones sobre los trihalometanos

CIEZA.- NN GG del PP en Cieza pide explicaciones públicas all director de la MCT por sus declaraciones sobre los trihalometanos. La petición se formula ante las declaraciones publicadas por diversos blogs regionales informativos como 'Murcia Confidencial', en las que el director de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Andrés Martínez, afirmaba ante el comité de empresa de la Mancomunidad textualmente que "lo de los trihalometanos es una chorrada, ya que no hay ningún problema por eso", haciendo referencia al compuesto químico, que según este organismo era el principal problema de las aguas del Segura y por el que se justificaba, según ellos, la obra de entubamiento de parte los caudales del río. 

Nuevas Generaciones del PP de Cieza pide que se den explicaciones públicas a la ciudadanía de toda la comarca de la Vega Alta y de Calasparra, ya que "según la Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, la causa única y principal de realizar el proyecto para entubar los caudales del río Segura que se destinan a consumo humano, era la de que en ocasiones muy puntuales estos trihalometanos superaban los índices permitidos".

Tras estas declaraciones en NNGG creen que "se pone de manifiesto una vez más la mentira y el oscurantismo que estos estamentos están llevando con el proyecto de entubamiento, y cuyo único fin es el de entubar por el simple hecho de hacerlo, sí o sí. El director de la MCT, con estas declaraciones, reconoce que lo de los trihalometanos era solo una justificación banal para que el proyecto se realizase".

"Otra de las perlas que nos dejó en su alocución el director de la MCT -añade la organización- fue el momento en el que dijo 'es legal que con el agua de la MCT se rieguen directamente campos de golf' y que 'la Ley no prohíbe eso'. Una vez más este señor está dejando, con su desconocimiento de la legislación vigente, a la MCT en evidencia, ya que la ley actual es clara en este tema y prohíbe tajantemente regar los campos de golf con agua potable. Con sus declaraciones sólo mancha el buen nombre de la Región de Murcia y el excelente uso de los recursos hídricos que actualmente hacemos en nuestra comunidad".

NNGG del PP de Cieza cree que "se está jugando con la salud económica, medioambiental y sociocultural de varios municipios, e incluso con los sentimientos de nuestro municipio. Éste no es un tema para jugar o para gastar bromas, buscando superfluas justificaciones, que luego los mismos responsables con la palabra 'chorrada' reconocen que así lo son".

"Se desmonta así -dice el colectivo- el gran invento del riesgo para la salud pública que en su día estos estamentos vendieron a algún medio de comunicación regional para crear incertidumbre a la población con este asunto e intentar ponerla de su lado".

Finalmente el comunicado del colectivo político reitera "el compromiso de nuestra organización, si cabe con estas declaraciones, con más rotundidad, contra el proyecto de entubamiento de parte de los caudales que actualmente discurren por nuestro río Segura, y nuestra firmeza por defender esta postura ante quien corresponda".