MURCIA.- La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se
celebra hoy, 15 de marzo, ha querido recordar la necesidad, por parte de
la Administración Pública, de trabajar verdaderamente en la promoción
del consumo, dado que desde siempre ha sido una cuestión infravalorada y
continuamente denunciada por la organización.
En
este sentido, el presidente de Consumur, Roberto Barceló Vivancos, ha
manifestado que "en nuestra región, en el Día Mundial de los Derechos
del Consumidor (15 de marzo), es mucho lo que está por hacer, pero poco
que celebrar, al menos desde Consumur, empezando porque no tenemos una
verdadera política de consumo, no hay una línea vertebradora y clara de
lo que debería ser un desarrollo integral sobre cuantos temas nos
afectan al ciudadano, algunos de gran relevancia y dentro de las
competencias que a través de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empresa debiera llevar a cabo la Dirección General de Consumo, creada,
al menos en esta legislatura como una apuesta independiente y no como
apéndice como hasta ahora, en otros espacios compartidos con Artesanía y
Comercio, pero aun así con deficitarios recursos económicos y humanos
para llevar a cabo tan labor ingente”.
“Baste
señalar que apenas oscila entre 7 y 9 los inspectores para toda la
región, que además sus memorias anuales repletas de miles de
inspecciones de productos pero que resulta de un modo lógico imposible
aceptarlas, además del reducido número de productos que inspeccionan, y
algunas de ellas que solo requieren un inspección ocular rápida como
los mejillones, denuncia realizada por nosotros de un distribuidor
importante de la alimentación, y a la que tardaron meses en dar una
respuesta que ni siquiera había sido fruto de su trabajo, sino decisión
tomada por esa empresa, debido a la presión que ejercimos. No hay nunca
sanciones ejemplarizantes.
Presupuestos para las
organizaciones de consumidores y usuarios (la mayoría existen más en
papel que en la realidad), para este año de 80.000 euros (Consumur en
2023, 10.000 euros).
Presupuestos ridículos para el conjunto del servicio.
Junta Arbitral de Consumo, lo único que funcionaba, cada vez más debilitada.
Asociaciones
que forman parte del Consejo Regional de los Consumidores y Usuarios,
que no existen, pero se les mantiene; Consumur no está en el mismo
porque no somos representativos (sic).
Sin
desarrollo reglamentario de la Mesa de las Asociaciones de los
Consumidores y Usuarios, articulada en Ley a propuesta de Consumur.
Servicios
dependientes de esta Dirección General que nadie conoce, además de que
su labor es prácticamente nula (Servicio Regional de Defensa de la
Competencia).
Falta de auditorías de oficio para
conocer la realidad (irrealidad) asociativa, a muchas de ellas se las
financian y su labor es solo reflejo de un photocall (elemento
decorativo). No se quieren hacer las mismas.
Aportación
de documentación falsa por parte de asociaciones que se las declaran
más representativas y se sabe que no cumplen los requisitos.
Con
el nuevo director general, algunas actuaciones como las que se llevan a
cabo estos días con motivo del Día Mundial de los Derechos de los
Consumidores, están bien, es un escaparate y una forma de visibilizar el
consumo, pero eso debe ser en paralelo para desarrollar los grandes
temas, tanto los arriba enumerados a modo de ejemplo, como en aquellos
otros donde debe llevarse a cabo la verdadera política educativa en los
centros (Consumur lo hace), campañas de promoción, concienciación
vivienda, sanidad, movilidad, precios, agua…. dentro del margen de las
competencias que esta Dirección General tiene.
La política de consumo siempre ha sido una asignatura menor para cualquier gobierno y cualquier partido."
