MADRID.- Es la segunda vez que la ganadería industrial hace estallar una crisis
de Gobierno. La división entre las ramas socialista y de Unidas Podemos
se ha agudizado en los últimos días, después de que el ministro de
Consumo, Alberto Garzón, volviera a hacer hincapié en los efectos
negativos de las macrogranjas para el medio ambiente y la salud pública
del país. Como ya ocurrió en el mes de julio, la derecha ha intensificado los ataques contra dirigente de Izquierda Unida,
acusándole de ir en contra de los intereses de los productores
agropecuarios de España, aunque éste sólo hacía referencia a las granjas
intensivas, es decir, a las grandes compañías del sector, recuerda Público.
Ese mismo discurso, en buena parte, ha sido comprado por algunos sectores del PSOE y por el propio Pedro Sánchez,
que por miedo al rechazo del sector ganadero han dejado de lado a
Garzón, a pesar de que los datos científicos le respaldan.
Si en el mes
de julio –cuando Consumo lanzó una campaña en las redes sociales para
promover una dieta menos cárnica y más saludable– el presidente del
Gobierno zanjaba la polémica defendiendo su gusto por "un chuletón al punto", esta vez ha rebajado el tono y ha ensalzado en una entrevista en la Cadena SER "la extraordinaria calidad del sector cárnico de nuestro país".
Margarita Robles, ministra de Defensa, y Luis Planas, ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca, también han salido al paso y han dejado
de lado a Garzón. Fuera del Gobierno, los presidentes autonómicos
socialistas de Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura (Emiliano
García-Page, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara) han atacado al ministro de Unidas Podemos y llegando a pedir su salida del Ejecutivo, alineándose así con las reclamaciones de las derechas y de la patronal agropecuaria.
Esta postura –entre el silencio y la crítica– ha dejado desprotegido a Garzón –que asegura que acabará la legislatura–,
pero también ha servido para dar pábulo al negacionismo científico que
rechaza las implicaciones climáticas y sanitarias de la ganadería.
El
propio Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) alertaba de ello en su informe de 2019,
donde la comunidad científica plasmaba los efectos climáticos de la
producción agropecuaria y alertaba sobre la necesidad de cambiar los
hábitos de consumo para reducir el peso de la carne en la dieta.
La forma en la que se produce es importante. Eso es lo que ha dicho
Garzón al señalar a las macrogranjas y es lo que dicen los estudios de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Multidisciplinary Digital Publishing Institute (DMPI).
Con los datos comparativos de estos dos organismos científicos,
cogiendo la producción porcina como referencia, se revela que la
producción intensiva de cerdo genera unos 10 kg de CO2 por cada kilo de
carne frente a los 6,5 kg CO2 de por cada kilo del modelo extensivo
tradicional.
Esta diferencia, extrapolable a prácticamente todos los
animales de granja, se debe a que el modelo industrial requiere de un
mayor consumo energético para la cría además de requerir una gran
cantidad de soja para piensos, cuyo cultivo es responsable del
incremento de la deforestación global. En estas diferencias se
contemplan, no sólo las emisiones de toda la cadena de producción y
suministro, sino también el potencial de captura de carbono de cada uno
de los modelos, algo que, dependiendo del tipo de animal, puede
beneficiar y rebajar el impacto del sistema extensivo.
La organización ecologista Amigos de la Tierra elaboró un informe con la colaboración de investigadores del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y de la Universidad de Helsinki
en el que analizaba los diferentes impactos ambientales entre el modelo
industrial y el modelo de ganadería extensiva. Los datos revelan que la
producción tradicional y de corte sostenible puede generar emisiones
similares a las que se producen en las macrogranjas si se interpreta por
unidad de producto.
Sin embargo, el estudio advierte de que existe un
fondo natural de emisiones de herbívoros que no se está teniendo en
cuenta, las cuales, dependiendo del ecosistema, pueden llegar a igualar o
superar las del ganado doméstico. En ese sentido, según señalan los
investigadores, las emisiones netas serían más bajas. A ello se añade el
mencionado potencial de captura de carbono en pastizales, que puede
contribuir a rebajar el impacto de la producción.
La producción intensiva de alimentos cárnicos no sólo tiene impactos
negativos desde el punto de vista ambiental. La industrialización de las
granjas responde, en buena medida, a la creciente demanda de carne en
la sociedad. Tanto es así que en España se consume hasta cuatro veces más carne de lo recomendado por las autoridades sanitarias,
según los datos de la organización Justicia Alimentaria. Este tipo de
dietas basadas en el sobreconsumo de filetes es responsable de la muerte
prematura de 9,8 millones de personas en el mundo desde 2017, según The Lancet.
Las
macrogranjas, además, son un creciente problema de salud pública, pues
la cría intensiva de animales –sobre todo el porcino– se presenta como
una amenaza para la calidad de los acuíferos debido a la contaminación
de los acuíferos derivada de la filtración de los purines y heces. En
España, estos vertidos se han descontrolado y son un problema que afecta
al territorio rural, con zonas donde el acceso al agua potable del grifo es casi un privilegio.
Castilla y León es un buen ejemplo de ello, pues la burbuja de las
macrogranjas ha contaminado las masas de agua de las que beben 387
municipios, según datos de la Junta. El problema ha llegado a la Unión
Europea, que anunció en el mes de diciembre que llevaría a España ante
el Tribunal de Justicia de la UE por el exceso de nitratos de origen agrario en las masas de agua de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Balears, Islas Canarias, Madrid y País Valencià.
En los último días, al posicionarse del lado del lobby macroganadero, el
PSOE no sólo ha dado la espalda a las evidencias científicas, sino que
se ha negado a sí mismo y ha mostrado cierta incoherencia en su
discurso.
La reacción a las palabras de Garzón contrastan con el escaso
ruido que produjo la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
cuando en 2020 cargaba contra las macrogranjas "sin control previo" y
sus efectos nocivos para el entorno natural. "Esto no es ni economía
sostenible ni recuperación duradera. Es una chapuza cuyos efectos
pagaremos todos", advertía en una publicación de Twitter.
La falta de apoyo a Garzón no sólo sorprende porque Ribera ya postuló en
una línea similar a la suya hace meses, sino también por las propias
iniciativas que el Gobierno ha aprobado en el último año. El presidente
Pedro Sánchez presentó en el mes de mayo de 2021 la Estrategia España 2050,
un extenso documento en el que se aborda los cambios estructurales que
el país debe afrontar en las próximas décadas para adaptarse a la crisis
climática.
En esa publicación, elaborada por más de cien expertos de
la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, se hablaba ya de la necesidad de reducir el consumo de carne para disminuir la huella de carbono del sector alimentario.
"Esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de
las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía. De hecho,
probablemente ayudará a mejorarlas. Numerosos estudios señalan que el
consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable,
que el 55% cambia de móvil cuando el anterior que tenía aún seguía
funcionando, y que el consumo de energía es muy superior al necesario",
dice el texto.
En la web del Ministerio para la Transición Ecológica se pueden encontrar otras referencias similares. En 2019, el equipo de Ribera recogía una publicación de The Lancet
que pedía un descenso del 50% del consumo de carnes rojas para mediados
de siglo: "Una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos
alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios
ambientales".
Los últimos sondeos, que vaticinan un posible ascenso de PP y Vox en
unas hipotéticas elecciones, así como los comicios de Castilla y León,
donde la ganadería tiene un peso importante, pueden explicar la falta de
contundencia de los socialistas para reconocer la problemática social
de las macrogranjas. El miedo a un levantamiento en el campo, algo que
Luis Planas ya sufrió en enero de 2020 en Don Benito (Badajoz) y el uso
interesado de la derecha del conflicto han dejado al PSOE en una
situación complicada.
El ruido
generado podría beneficiar a la derecha, que ha retorcido las
declaraciones de Garzón y le ha acusado en repetidas ocasiones de actuar
contra el sector ganadero en su conjunto, incluidas las pequeñas
familias agrarias que, en muchas ocasiones ven sus tierras perjudicadas
por el despliegue de las granjas intensivas. De hecho, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que en 2018 reclamaba mayores restricciones para las macrogranjas, ha pedido la dimisión del responsable de Consumo.
