MADRID.- El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que el Gobierno
interpuso contra la normativa de la Región de Murcia que en 2021 afectó
al Mar Menor y los regadíos ilegales. El pleno, por unanimidad, entiende
que la reforma del Ejecutivo de López Miras no invadía competencias
estatales y que sí existía la situación de urgencia que el Gobierno
regional puso encima de la mesa para impulsar la reforma.
La protección jurídica del Mar Menor, en la Región de Murcia, lleva
varios años en manos de los tribunales y el Constitucional acaba de dar
la razón al Ejecutivo regional frente al
Gobierno central.
El pleno, según acaba de hacer público el tribunal de
garantías, ha desestimado el recurso del Gobierno central contra la
reforma que el Ejecutivo murciano puso en marcha para modificar la ley
de recuperación del Mar Menor
y, en su opinión, rebajar el nivel de protección en algunos aspectos
clave como la restitución de explotaciones de regadío ilegales a su
estado natural.
La ley de protección y recuperación del Mar Menor salió adelante a mediados de 2020 en la Asamblea regional con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos.
Una norma que, entre otras cosas, ampliaba a 1.500 metros la
prohibición de utilizar fertilizantes químicos y obligaba a restituir
regadíos ilegales.
En plena alarma por el deterioro del Mar Menor y los vertidos a la laguna,
la nueva norma afectaba los regadíos ilegales que suponen el 20% del
total de los cultivos de la zona: esos regadíos deben volver a secano o a
“un estado natural compatible con el uso forestal” eliminando
infraestructura de riego, cultivos e implantando masa forestales para
retener nitratos.
La segunda reforma del Ejecutivo de la Región de Murcia llegó
poco más de un año después. Una norma que, igualmente, reconocía la
“situación crítica” del estado ecológico de la zona pero que, según el
Gobierno central, reducía la protección otorgada al Mar Menor, sobre
todo en materia de regadíos. Lo hacía porque, según el recurso, exigía
la existencia de una actuación administrativa previa de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS) de prohibir y sancionar el regadío para
obligar a su restitución.
La agilización de “la tramitación de los
expedientes de restitución de cultivos” -una de las herramientas
fundamentales de la política autonómica de protección del Mar Menor
frente al vertido de nutrientes de origen agrario- está supeditada a “la
previa existencia de una resolución firme en vía administrativa” de la
CHS, señala el Tribunal Constitucional.
Según el razonamiento de la demanda del Gobierno central las
“vulneraciones” del Ejecutivo murciano “resultarían, en síntesis, del
hecho de que la norma autonómica estaría atribuyendo a las decisiones
adoptadas por un órgano del Estado –el organismo de cuenca– efectos
adicionales a los previstos en la legislación estatal”, argumentos que
han sido rechazados por este tribunal de garantías.
En lo que respecta
“a los motivos de impugnación de carácter competencial”, el Tribunal ha
decidido que, tal y como habían sido formulados, debían ser desestimados
“por basarse sobre una lectura incorrecta y descontextualizada de los
preceptos e incisos impugnados”.
Ahora el Constitucional avala esta segunda reforma del Ejecutivo
de la Región. Los magistrados entienden que sí existía una “concreta
coyuntura medioambiental que exige una rápida respuesta”, citando entre
otras cosas los graves episodios de hipoxia de 2021. También descartan
que la normativa invadiera competencias estatales.
“No afecta a las
competencias estatales, sino que se limita a disciplinar la actuación
administrativa de la propia comunidad autónoma”, dice el Constitucional.
Desde la 'sopa verde' -tal
y como se denominó la proliferación de algas en la laguna que impedía
ver a más de medio metro de distancia las aguas- en el verano de 2016,
se han sucedido crisis muy graves en el Mar Menor, como las dos anoxias
-falta de oxígeno en el agua- de 2019 y 2021, en las que toneladas de
peces muertos aparecieron en la orilla durante varios días por dicha
falta de oxígeno.
Este 'ecocidio', tal y como lo han descrito las organizaciones
ecologistas, se debe en un 80%, según la mayor parte de los estudios
científicos, a los nutrientes procedentes de la agricultura y la
ganadería en el entorno de la laguna. Tanto el Gobierno nacional como el
regional se han enfrentado durante estas crisis culpando al otro de la
responsabilidad del estado de la laguna, aunque la mayoría de las
competencias le corresponden al Gobierno regional.
Finalmente, la ley no ha cambiado y las competencias de Agricultura han recaído en la consejera del PP Sara Rubira,
primera mujer en presidir una comunidad de regantes en la Región,
mientras que el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo
(Vox), también se ha quedado con las competencias de Ordenación del Territorio que pueden afectar al estado de la laguna.
Una victoria a manos de la sociedad fue la aprobación definitiva en septiembre del año pasado en el Senado de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
que recogió más de 600.000 firmas para dotar de personalidad jurídica a
la laguna, aunque todavía no se ha formado el Comité de Representantes
contemplado en el artículo 3 de la citada ley debido a que el Consejo de
Ministros no ha aprobado el reglamento que desarrolla esta norma.
La Oficina Técnica del Mar Menor, que nació de la colaboración
de la CHS con la Dirección General del Agua que depende del Ministerio
de Transición Ecológica, ha emitido recientemente un informe en el que
se afirma que en 2022 entraron al Mar Menor 456 toneladas de nitratos directamente
a través de las ramblas.
También entraron 18,5 toneladas de fosfatos,
llegados a través de avenidas u originados por arrastres de tierras de
cultivo o lavados de suelos en los que se encuentran elevadas
concentraciones debido a los fertilizantes orgánicos, según este mismo
informe.
